¨Todo funcionario público tiene obligación de denunciar aquellos ilícitos que descubre o se hacen bajo su conocimiento¨.
Ley Cristal 17.060. Articulo 175 del Coódigo Penal
¨Un narco a la fuga, un pasaporte y la renuncia del canciller: así Sebastián Marset acorrala al Gobierno de Uruguay
El ministro de Exteriores dimite tras la difusión de audios en los que pedía a su mano derecha que “perdiese” su teléfono móvil para ocultar un chat en el que se advertía sobre la peligrosidad de Marset¨ Titular de El Pais de España
Las cuatro renuncias inevitablemente aceptadas y la no investigación de los hechos por parte del Dr. Luis Lacalle Pou constituyen pruebas de ilícitos que se cometieron y de los cuales estuvo en conocimiento pleno. No es admisible en este caso, que fue engañado en su buena, y en este caso, cansada fe.
La destrucción de pruebas que formaban parte de una investigación (la coartada de que no era un expediente parece una broma de mal gusto), las reuniones previas donde se armó la mentira para dar al parlamento también son conductas no solo poco éticas, sino que constituyen una irregularidad que todo funcionario público debería denunciar.
En suma: todos los que han presentado renuncia, y el presidente mismo como funcionarios públicos no denunciaron ilícitos graves que se cometieron contra la administración publica.
El recurso de decir ¨la justicia fallarᨠelude el nucleo político del problema.
En reiteración real hay núcleos de corrupción que actúan o en el piso 4 o el piso 11 de la propia Torre Ejecutiva. No hay sinceramiento, ni investigación, y nuevamente el presidente delega responsabilidades y costos a otros. Ocurre que en este caso, él como funcionario público está involucrado en ilegalidades manifiestas. Dice: la justicia laudará.
Paradojas tiene la vida. La ex fiscal Gabriela Fosatti, posteó una crítica al Dr. Jorge Díaz, abogado de Carolina Ache. En su fundamentación sienta las bases del camino hacia un posible juicio político al Presidente.
Dice la Dra. Fossati: ¨Ache ejercía función pública, no comparto la estrategia de Díaz querer excluirla de su obligación de denunciar los hechos. Todos deben hacerse cargo de su cuota de responsabilidad. Todos la vimos callada en el Parlamento. Las malas prácitcas deben ser combatidas¨
Nos recuerda el Artículo 2 de la Ley 17.060 y el Artículo 175 del Código Penal.
La Ley 17.060 denominada Ley Cristal. Funcionarios Públicos
afirma
CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Artículo 1 La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:
A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. B) Tribunal de Cuentas.
C) Corte Electoral. D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.E) Gobiernos Departamentales.F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas públicas no estatales.
En el artículo 2 hace referencia al articulo 175 del Codigo Penal:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO VI - Artículo 175
(Concepto de funcionario público)
¨A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal¨
La supuesta legalidad en el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante más buscado no parece coherente luego de saber los intercambios sobre el tema y la reunión en el Comando Unificado de la Policía (Casona del Prado)
Tampoco es coherente con la iniciativa de reformar la constitución para avasallar el sagrado inviolable del hogar.
Es obvio que no se trata de defender derechos y garantías. La urgencia en entregarlo sin investigar o postegar para averiguar mas, todas las presiones y conexiones demuestran que hay una penetración alarmante del crimen organizado en estamentos que dependen del Poder Ejecutivo
Reiterando palabras de la ex fiscal, hoy militante herrerista de primera línea Dra. Fossati:
Todos deben hacerse cargo de su cuota de responsabilidad. Las malas prácticas deben ser combatidas. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar hechos ilícitos
Mas allá de si hay votos o no, se trata de la democracia. Es verdad que hay una necesaria sensatez para ser responsables del equilibro de la institucionalidad.
Los hechos son crudos, y la crisis que vivimos tiene un responsable que es el Presidente de la República. También es de sensatez y apego a la democracia ejercer el juicio que se merece el primer funcionario público. Enjuiciar a las máximas autoridades como se proclama es afirmar el principio que nadie es más que nadie.
Ley Cristal 17.060. Articulo 175 del Coódigo Penal
¨Un narco a la fuga, un pasaporte y la renuncia del canciller: así Sebastián Marset acorrala al Gobierno de Uruguay
El ministro de Exteriores dimite tras la difusión de audios en los que pedía a su mano derecha que “perdiese” su teléfono móvil para ocultar un chat en el que se advertía sobre la peligrosidad de Marset¨ Titular de El Pais de España
Las cuatro renuncias inevitablemente aceptadas y la no investigación de los hechos por parte del Dr. Luis Lacalle Pou constituyen pruebas de ilícitos que se cometieron y de los cuales estuvo en conocimiento pleno. No es admisible en este caso, que fue engañado en su buena, y en este caso, cansada fe.
La destrucción de pruebas que formaban parte de una investigación (la coartada de que no era un expediente parece una broma de mal gusto), las reuniones previas donde se armó la mentira para dar al parlamento también son conductas no solo poco éticas, sino que constituyen una irregularidad que todo funcionario público debería denunciar.
En suma: todos los que han presentado renuncia, y el presidente mismo como funcionarios públicos no denunciaron ilícitos graves que se cometieron contra la administración publica.
El recurso de decir ¨la justicia fallarᨠelude el nucleo político del problema.
En reiteración real hay núcleos de corrupción que actúan o en el piso 4 o el piso 11 de la propia Torre Ejecutiva. No hay sinceramiento, ni investigación, y nuevamente el presidente delega responsabilidades y costos a otros. Ocurre que en este caso, él como funcionario público está involucrado en ilegalidades manifiestas. Dice: la justicia laudará.
Paradojas tiene la vida. La ex fiscal Gabriela Fosatti, posteó una crítica al Dr. Jorge Díaz, abogado de Carolina Ache. En su fundamentación sienta las bases del camino hacia un posible juicio político al Presidente.
Dice la Dra. Fossati: ¨Ache ejercía función pública, no comparto la estrategia de Díaz querer excluirla de su obligación de denunciar los hechos. Todos deben hacerse cargo de su cuota de responsabilidad. Todos la vimos callada en el Parlamento. Las malas prácitcas deben ser combatidas¨
Nos recuerda el Artículo 2 de la Ley 17.060 y el Artículo 175 del Código Penal.
La Ley 17.060 denominada Ley Cristal. Funcionarios Públicos
afirma
CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
Artículo 1 La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:
A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. B) Tribunal de Cuentas.
C) Corte Electoral. D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.E) Gobiernos Departamentales.F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas públicas no estatales.
En el artículo 2 hace referencia al articulo 175 del Codigo Penal:
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
CAPITULO VI - Artículo 175
(Concepto de funcionario público)
¨A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal¨
La supuesta legalidad en el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante más buscado no parece coherente luego de saber los intercambios sobre el tema y la reunión en el Comando Unificado de la Policía (Casona del Prado)
Tampoco es coherente con la iniciativa de reformar la constitución para avasallar el sagrado inviolable del hogar.
Es obvio que no se trata de defender derechos y garantías. La urgencia en entregarlo sin investigar o postegar para averiguar mas, todas las presiones y conexiones demuestran que hay una penetración alarmante del crimen organizado en estamentos que dependen del Poder Ejecutivo
Reiterando palabras de la ex fiscal, hoy militante herrerista de primera línea Dra. Fossati:
Todos deben hacerse cargo de su cuota de responsabilidad. Las malas prácticas deben ser combatidas. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar hechos ilícitos
Mas allá de si hay votos o no, se trata de la democracia. Es verdad que hay una necesaria sensatez para ser responsables del equilibro de la institucionalidad.
Los hechos son crudos, y la crisis que vivimos tiene un responsable que es el Presidente de la República. También es de sensatez y apego a la democracia ejercer el juicio que se merece el primer funcionario público. Enjuiciar a las máximas autoridades como se proclama es afirmar el principio que nadie es más que nadie.
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