Socióloga, licenciada
en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de distintas
agencias de cooperación europeas en materias de género, pobreza y
desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes y líderes
sociales en materias de género y teoría feminista. Ha participado
en proyectos de su especialidad financiados por Cepal, Bid y el Fondo
de las Naciones Unidas en Materia de Población, UNFPA.
La socióloga Arteaga
escribió esta nota exclusiva para el Blog.
Sin
duda, Chile es un país insólito: es lo menos que se puede decir
de un territorio cuyos 19 millones y algo de habitantes, se
encuentran desde la Revuelta Social de octubre de 2019 en medio de
una incertidumbre que en lugar de despejarse con el paso de los meses
pareciera profundizarse diariamente, ante un Jefe de Estado que
pareciera carecer de la capacidad para leer la realidad y por tanto
no logra – o se resiste – a dar las respuestas satisfactorias
básicas que espera la ciudadanía.
Así,
la escasa resonancia que en sus decisiones han tenido factores
anteriores a la Revuelta de octubre 2019, los cuales pese al
tiempo transcurrido se mantienen invariables como es la enorme
desigualdad económica y social que marca al país, el derrumbe de la
confiabilidad en los partidos políticos, o el malestar
generalizado frente a la impavidez de la institucionalidad respecto
a los múltiples casos de corrupción que han tenido entre sus
principales ejecutores a altos mandos de Fuerzas Armadas y
Carabineros, a conspicuos representantes del empresariado y de la
oligarquía chilena, y a los propios partidos políticos,
transversalmente receptores de financiamiento ilegal que éstos les
proporcionaron, sin que hasta hoy, salvo casos excepcionales, se
hayan tomado medidas drásticas al respecto.
El
sesgo porfiadamente neoliberal del Presidente Piñera, continúa
impidiéndole abordar a cabalidad las situaciones críticas por las
que atraviesa el país; su insistencia en apelar prioritariamente
a la protección de la economía en lugar que velar por la salud de
la población, y su nula capacidad de escucha en relación a las
advertencias del Colegio Médico y de expertos virólogos e
infectólogos que insistentemente le han señalado el fracaso de las
estrategias sanitarias adoptadas, se manifiesta de manera
indiscutible en la bajísima aprobación de su gestión, la cual
ha variado entre un 6% (récord único en la historia) y en el
mejor de los casos ha bordeado el 20%. Ello, pese a contar con el
apoyo irrestricto de los principales medios de comunicación,
(canales de tv abierta y prensa escrita) todos en manos de grandes
empresarios de la derecha tradicional, a quienes mantiene como sus
interlocutores privilegiados.
Así
y todo, se pensó en algún momento que la llegada de la pandemia
podría favorecer al gobierno, ganándose una opinión pública
dispuesta a confiar en las declaraciones del Primer Mandatario que en
marzo 2020 había asegurado que “el país está preparado” y
por tanto no había razón para preocuparse, ya que incluso se estaba
mejor que en algunos países europeos, tales como España e Italia,
entre otros.
Sin
embargo, habiéndose cumplido ya un año desde la llegada del corona
virus, esa apuesta no dio los resultados esperados porque se enfrentó
a la innegable evidencia que dejó al descubierto el Covid-19.
Esto es, que el país no era un “oasis” dentro de la región,
como lo describiera poco antes que en el territorio apareciera tan
campante la pandemia.
Muy
por el contrario, el escenario de privilegio al que aludía estaba
muy lejos de representar al país en su conjunto. Estaba asumiendo,
de hecho, que sus habitantes compartían la suerte de un sector
minoritario específico de la población - que apenas representa el
20% del total – que se concentra mayoritariamente en las 3
Comunas más ricas del Gran Santiago. Esto es, las mismas que en el
Plebiscito de octubre 2020 optaron en bloque por la opción
Rechazo, demostrando con ello su negativa a eliminar de una vez por
todas la Constitución redactada por el régimen militar en 1980,
camisa de fuerza que impuso a rajatabla el modelo neoliberal de
economía y sociedad instalado en el país desde hace más de tres
décadas.
En
este contexto, sin duda sorprendió que no obstante la ceguera
compartida por los personeros del gobierno para percibir la
realidad del país en su heterogeneidad y carencias, ésta fuera
reconocida por el propio Ministro de Salud al declarar públicamente
que ignoraba la situación de vulnerabilidad y el grado de
hacinamiento reinante en la mayoría de las comunas de los sectores
periféricos del Gran Santiago. Pero eso no fue todo. Pocos días
después, refiriéndose a las estrategias gubernamentales previstas
para encarar la pandemia, expresó abiertamente que todas habían
sido un fracaso y se habían “derrumbado como un castillo de
naipes”. Tras estas declaraciones, el Jefe de la Cartera de Salud
renunció a su cargo en junio del 2020, justo un día antes que se
diera a conocer que la cifra de contagios diarios a nivel nacional,
había superado los 6.900 casos.
Exijo
una explicación
Siguiendo
el dicho de Condorito, (personaje popular de una tira cómica
nacional) , cabe preguntarse entonces ¿Y cómo se entiende que
trascurridos 9 meses desde que se llegara a tales cifras se registre
en la actualidad el mayor peak de contagios desde la aparición del
virus en el país, persistan cifras que superan los 7 mil casos
diarios, y que hoy se mantengan 16 millones de personas ( más del
80% de la población) en confinamiento, mientras simultáneamente
Chile ostenta un récord reconocido mundialmente de vacunaciones?
Miremos
un poco retrospectivamente: a las dos semanas de detectado el virus
en marzo 2020, el gobierno anunció el cierre por 15 días de
jardines infantiles y colegios públicos y privados. Inmediatamente
después, se decretó el cierre de fronteras marítimas y aéreas
para el ingreso de extranjeros y, dos días más tarde, se declaró
Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en todo el
territorio por 90 días, comenzando así a regir un Toque de Queda
que ha sido continuamente renovado, y que tras una año de vigencia
ininterrumpida continúa restringiendo seriamente las libertades
constitucionales de la ciudadanía.
El
18 de marzo 2020, al inicio del Estado de Excepción Constitucional,
en el país había 238 casos de covid-19 confirmados. Al 25 de marzo
recién pasado, habiendo transcurrido ya un año de la vigencia de
tal medida, se contabilizaron 954.762 casos, con 22.524 personas
fallecidas, cifra a la que si se agrega el número de muertes
probables por corona virus, supera los 30 mil decesos por esta causa
en el país.
Pese
a que en un régimen ultra presidencialista como el chileno, el
Estado de Excepción otorga múltiples atribuciones al Ejecutivo -
muchas de las cuales son delegadas a Jefes de la Defensa Nacional –
Chile aún no logra contener el avance de los estragos de la
pandemia, no obstante las limitaciones que ha impuesto el gobierno
no sólo a la libertad de movimiento, de reunión y locomoción,
sino también al derecho de propiedad y de bienes, además del cierre
temporal del comercio, de espacios públicos y áreas deportivas.
Y
no sólo se ha usado de manera generalizada este tipo de
atribuciones. De hecho, ante la alarma que provoca el constante
aumento de los contagios, se está recurriendo a la coacción de la
libertad de expresión, como ha sido la reciente prohibición a
los médicos de los servicios hospitalarios públicos para que se
refieran al número de fallecidos y condiciones de sus
establecimientos, muchos de los cuales están ya colapsados o al
borde de capacidad de atención a enfermos críticos. Ello, tras que
el informe del sistema Epivigilia del Ministerio de Salud (Minsal) ,
dando cuenta que hasta las primeras semanas de marzo, las personas
fallecidas por covid-19 sin ser hospitalizadas alcanzaban cifras
cercanas al 50% del total de las muertes provocadas por el virus.
Y
a lo anterior cabría añadir el descrédito de los principales
medios, especialmente de la televisión, por el constante silencio
que mantienen sobre los efectos sociales, económicos y culturales
de la pandemia, agudizados por el comportamiento lento, titubeante y
contradictorio de un gobierno que por un lado no duda en prolongar el
Estado de Excepción como “medida sanitaria” y, por otro,
mantiene abiertas las llegadas y salidas de pasajeros en el
principal aeropuerto del país, ha autorizado el funcionamiento de
grandes superficies comerciales y la apertura de los casinos de
juego, y se continúan otorgando cantidades de autorizaciones para
desplazarse dentro y fuera de localidades, no obstante de las
cuarentenas y las barreras sanitarias de acceso a zonas con altos
índices de contagio, conjuntamente con el llamado Permiso Único
Colectivo a empresas que se autoconsideran “esenciales” para que
sus emplead@s continúen desarrollando sus actividades.
Particularmente
alarmante ha sido en estos días el silencio de los medios ante
declaraciones periodísticas develando un posible conflicto de
interés del Presidente Piñera al beneficiar por Decreto a la cadena
Enjoy de casinos en Chile, con lo que se habría contravenido el
Fideicomiso Ciego de su cuantiosa fortuna que se le exigió antes de
asumir el gobierno, precisamente para evitar situaciones de esta
naturaleza.
Por
otra parte, no existe certeza que el Toque de Queda esté logrando
impactos positivos en la salud de la población. De hecho, ya se
contabilizan más de 170 mil detenidos por no respetarlo, situación
que acaba de ser desautorizada por la Corte Suprema de Justicia,
quien dictaminó que infringir tal medida no justifica la detención,
por cuanto se incurriría solamente en una falta y no en un delito.
Así,
nos es de extrañar entonces que la resistencia a declarar
cuarentenas más drásticas, en lugar de las parciales a las que se
ha recurrido hasta ahora; la débil estrategia de testeo,
trazabilidad y aislamiento que se ha llevado a cabo; la falta de
soporte económico/ social a la población en una sociedad
reconocidamente desigual, y la puesta en marcha de medidas
inapropiadas y carentes de evidencia científica, como fueron los
permisos vacacionales y los cientos de miles de excepciones al
desplazamiento que otorga a diario Carabineros, cuerpo policial
que en principio debiera dedicarse a la seguridad ciudadana, pero que
ha rebasado con creces sus atribuciones reprimiendo con armas letales
las manifestaciones populares, dejando un saldo escalofriante de
pérdidas oculares, entre otras lesiones, que superan con creces lo
ocurrido en protestas recientes en Hong Kong, España o Francia.
Tales constituyen algunos de los factores considerable incidencia en
la dramática crisis en que se encuentra sumido el país.
¿Qué
hacer? El dilema de las elecciones de abril
El
Plebiscito del 25 de octubre 2020 dio inicio a un calendario
electoral extraordinariamente recargado, donde la ciudadanía
durante este 2021 deberá elegir nuevos alcaldes, gobernadores
regionales, concejales, los 155 integrantes de la Convención
Constituyente que se encargarán de redactar la nueva Carta Magna,
como así mismo senadores, diputados y presidente de la República.
A lo cual se agregaría, dentro del primer semestre del 2022, el
llamado Plebiscito de Salida, donde se deberá mediante voto
obligatorio, aprobar o rechazar el texto redactado para la nueva
Constitución.
Dado
el persistente número de contagios existentes en el país, el
gobierno impulsó hace algunos días una ley autorizando que en
lugar de un día, el acto electoral se realice en dos, el 10 y 11 de
abril próximo, buscando con ello disminuir las aglomeraciones en los
lugares de votación y facilitar la participación ciudadana.
En
un contexto donde en la actualidad más del 83% de la población se
encuentra en confinamiento total, y los contagios se mantienen por
sobre los 7000 diarios han surgido opiniones - entre ellas la del
Colegio Médico y la unanimidad del Comité Asesor Covid del gobierno
- pidiendo la postergación de las elecciones debido a la crítica
situación que enfrenta el país con un sistema hospitalario
prácticamente colapsado, incapaz de asumir mayor número de
pacientes de los que ya atiende.
No
obstante, el gobierno insiste en mantener las fechas, declarando que
confía en que junto a las medidas restrictivas adoptadas y el
cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, debe considerarse
la ventaja que representa el hecho que para los días de las
elecciones ya se encontraría vacunada parte importante de la
población mayor de 50 años.
Esta
última argumentación sin embargo, no se condice abiertamente con
la realidad que vive el país, donde el proceso de vacunación cubre
por ahora poco más de 6 millones de personas con la primera dosis,
( de un total que sobrepasa los 19 millones) y de 3 millones con
ambas dosis, en circunstancias que se requiere que al menos el 80%
de la población esté vacunada para que se aprecie un cambio real en
la situación.
Tras
esta reticencia a postergar las elecciones estaría la preocupación
del Presidente por la imagen país que se proyectaría en relación a
su gestión, por un lado, y que con el cambio de fechas y no
disponer de los resultados del acto eleccionario lo antes posible, se
desdibujaría en cierto modo el escenario de las futuras fuerzas
políticas, de cara a las presidenciales para el período 2022 –
2026 a realizarse, de mantenerse el calendario electoral, en
noviembre de este año 2021.
Finalmente,
ante la presión de los entes más especializados en materia de
salubridad como el Colegio Médico, numerosos especialistas, y
también parte importante del cuerpo de parlamentarios, el Ejecutivo
ha terminado contra su voluntad por claudicar, señalando en cadena
nacional que presentará una ley para postergar las elecciones de
abril, que se realizarían durante los días 15 y 16 de mayo.
Pero
con este mensaje no se pone fin al dilema eleccionario, puesto que de
inmediato la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, replanteó que
el cambio de fecha no es suficiente, puesto que necesariamente debe
ir acompañado de medidas sanitarias y una contundente ayuda
económica que permitan a la ciudadanía participar en las
elecciones de manera segura, “porque de lo contrario nos
encontraremos en 5 semanas con una situación igual o peor”.
¿Significará
esto que se cerrarán los malls y los casinos? ¿Que se restringirán
los millones de permisos diarios que otorga Carabineros? ¿ Que se
controlará a las empresas que se han declarado falsamente
“esenciales”, y que el gobierno rectificará la autorización que
acaba de brindar a las iglesias para la realización de cultos
presenciales? Estas son algunas de las preguntas que rondan en las
conversaciones.
Ojalá
así sea. Aunque la tendencia indica que más bien todo estaría por
verse…
