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lunes, 1 de julio de 2013

Corte estima que hay 6.000 muertos habilitados para votar

Corte estima que hay 6.000 muertos habilitados para votar

La depuración del padrón lleva tiempo y no está informatizado


Cuando la Corte Electoral revisó el padrón de votantes antes de los comicios del 2009 se encontró con una fea noticia: había 30 mil personas muertas que, sin embargo, constaban como habilitadas para emitir el sufragio. Tras una profunda revisión, el organismo logró que el padrón quedara como nuevo. Pero, días tras día, con cada muerte aumenta el denominado “registro de cancelados” del que se encargan unos 25 funcionarios dedicados a dar de baja a los fallecidos.

“El problema es que la Corte no está informatizada y todo eso requiere de un esfuerzo humano importante. Ahora hay aproximadamente seis mil fallecimientos comunicados y pendientes de cancelación”, dijo a El Observador el ministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira.


Cada vez que muere una persona, debe haber una serie de comunicaciones entre las diferentes dependencias del país -los municipios que manejan los cementerios y el Registro Civil, entre otros- hasta que el dato llega a la Corte Electoral.


Pero, muchas veces, a la Corte le llega el nombre de la persona y el número de su cédula de identidad pero no el número de la Credencial Cívica. “Ahí hay que ponerse a investigar para conseguir todos los datos de la persona y, si tiene un nombre muy común, la cosa se complica más”, explicó Silveira. Los funcionarios le llaman “cancelación al firme” cuando la comunicación sobre el fallecimiento llega con todos los datos necesarios. En la Corte Electoral tienen además un registro en el que constan las personas que no están habilitadas para votar porque cayeron presas o por razones de salud mental. En el primer caso, luego de que desde el Poder Ejecutivo se comunica el encarcelamiento, un funcionario de la Corte debe ir a la prisión para sacarle las huellas digitales al detenido.


En realidad, la cantidad de personas muertas que no han sido dadas de baja no se presta en Uruguay para un fraude electoral. Además de ser un número relativamente bajo, debería haber personas dispuestas a intentar hacerse pasar por otro. Pero, en el caso de un llamado a las urnas como el del domingo 23 sobre el aborto, un padrón inflado podría haber sido decisivo si se bordeaba la cantidad necesaria para convocar a un referédum. En el 2010 fueron eliminadas del padrón varias personas mayores de cien años que se presumían muertas.


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