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lunes, 15 de julio de 2013

En dos años se duplicaron los reclamos por daño ambiental

En dos años se duplicaron los reclamos por daño ambiental

El Observador

El Mvotma debió utilizar $ 40 millones para contratar más personal


Mientras actores políticos y sociales cuestionan el impacto ambiental de distintas obras proyectadas por el gobierno –como la inversión en magaminería de Aratirí, el puerto de aguas profundas en Rocha, o el puente de Laguna Garzón–,  las denuncias por problemas ambientales crecieron gradualmente en los últimos dos años.

Durante el año 2012 el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) recibió 100 denuncias por problemas ambientales, informó el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, durante su comparecencia del jueves ante la comisión de Hacienda de Diputados, en el marco de la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas.

El centenar de denuncias recibidas el año pasado por el ministerio casi duplica a las 60 que hubo en 2010. El ritmo de crecimiento de reclamos es sostenido ya que en 2011 fueron 80 los problemas ambientales advertidos.

El gobierno discute la aplicación de políticas de prevención ambiental para distintas obras o inversiones y a su vez enfrenta cuestionamientos por la calidad del agua, la multiplicación de denuncias denota un incremento de la preocupación de la población por los fenómenos ambientales.

“Hemos tratado de desarrollar la denuncia como un método de apoyo en la gestión ambiental desde la sociedad”, dijo Rucks. Además, el año pasado la cartera recibió 75 solicitudes de acceso a la información pública.

En relación a las sanciones aplicadas, en 2012 hubo 65 multas por un total de 11.720 Unidades Reajustables (cerca de $ 7 millones), seis apercibimientos a emprendimientos por omisiones, y diez suspensiones de actividades.

Más inversión
Del mismo modo que crecieron las denuncias, en los últimos años aumentaron la cantidad de empresas que solicitan permisos para realizar emprendimientos con riesgo ambiental, según informó el director nacional de Medio Ambiente.

En 2012 fueron aprobadas 179 solicitudes de autorizaciones ambientales previas. Hubo 80 que pertenecieron al rubro forestal, 59 a proyectos de minería, 39 a proyectos de construcción en la faja de defensa de costa (tanto urbanizaciones como grupos de viviendas localizadas en esas áreas) y 12 a proyectos de energía, en su mayoría eólica. Además fueron aprobados 22 proyectos industriales.

“El gran desafío que tuvo la Dinama en el 2012 fue dar respuesta, desde el punto de vista de la gestión ambiental, al proceso del desarrollo económico y social del país, que debería acompañarse y acompasarse de medidas de fortalecimiento de las capacidades de gestión, sobre todo de mayor eficiencia y eficacia en el desempeño institucional”, dijo Rucks a los parlamentarios.

Durante la sesión, la evolución de la cantidad de proyectos fue advertida al señalar los estudios de impacto ambiental que realizó la cartera sobre la totalidad de proyectos. En cuatro años, la cantidad de informes casi se duplicaron. Mientras en  2008 hubo 30 estudios de impacto, en 2012 fueron 56.

Rucks señaló que el incremento de la actividad administrativa en la cartera llevó al Mvotma a aumentar la cantidad de funcionarios, para lo que dispuso de un presupuesto de $40 millones.

“En cuanto a las autorizaciones ambientales de operación, de nueve aprobaciones en 2008, pasamos a aprobar 40 en el 2012”, ejemplificó el jerarca.


Defendieron política de vivienda

 

 Durante su comparecencia en el Parlamento, el Ministerio de Vivienda defendió la política de incentivo a la inversión privada en viviendas de interés social, una iniciativa que permite acceder a la casa propia a familias de clase media.
“En el año 2012, de las 4.002 viviendas que ingresaron en 118 proyectos aspirando a los beneficios que otorga esta ley, fueron 2.527 las que efectivamente, en ese período, obtuvieron la promoción e iniciaron obras”, dijo la directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry. La ley que habilitó esa política facilita la financiación  del inmueble. Mediante el Banco Hipotecario, la persona debe entregar  entre el 10% y el 30% del costo final del inmueble y el resto es financiado en cuotas a 20 o 25 años.

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