El edil blanco, Humberto Alfaro Mendoza, "Por el Camino de Wilson" expresó su preocupación por saber en qué situación se encuentra el litigio judicial que mantiene la Intendencia Departamental de Rocha con el empresario, Jesús Eduardo Beyhaut.
El Este
El juicio millonario que se estableció en su momento, según los datos brindados por los representantes jurídicos del particular, podría derivar en un planteo a una corte internacional, según lo indicado en conferencia de prensa.
La mencionada reclamación judicial se la conoce como las astreintes, multa por una sentencia no cumplida, siendoun término frecuente en la opinión pública de Rocha.
Todo empezó con un recurso de amparo presentado por el empresario, Jesús Eduardo Beyhaut, en defensa de poder atravesar tierras fiscales, ubicadas de manera estratégica en el cotizado balneario de Punta del Diablo.
La justica amparó al privado y mandató a la Intendencia de Rocha para que procediera a demoler decenas de fincas ubicadas en esas tierras fiscales de un balneario de gran proyección internacional, bajo riesgo ambiental ante la proliferación de fincas irregulares sobre la costa por aquellos años.
También se dispuso que de no cumplirse con la sentencia la Intendencia de Rocha debería pagar las astreintes, 20 Unidades Reajustables por día por cada una de las fincas no derribadas.
El edil, Humberto Alfaro Mendoza, también reconocido abogado del ámbito local, solicitó conocer en qué estado se encuentra el mencionado asunto.
Se informó, que habiendo una nueva administración que seguramente ya tomó conocimiento del tema en su totalidad, requiere que se invite por las comisiones de legislación y reglamento integradas, al Intendente, Aníbal Pereyra, o a quién designe, asesores jurídicos, para que informe sobre la situación.
El edil señaló "especialmente, que ésta información se requiere por si fuera necesario replantear soluciones, tal como lo hizo hace casi 20 años cuando se llegó a una transacción con toda la familia Beyhaut".
Meses atrás, El Este, dialogó con el abogado, Daniel Reyes, representante de Jesús Eduardo Beyhaut, indicando el profesional que "por cada día en que no se cumpliera con la demolición total se dispuso aplicar una sanción equivalente a 20 UR diarias". "Es decir que estas medidas conminatorias tienen en cuenta centralmente la demora". "La IDR (Intendencia Departamental de Rocha) no sólo no procedió en el sentido de destruir las construcciones en tiempo y forma sino que tampoco efectuó depósito alguno de la sanción económica que se le impuso". "Debido a ello, el monto por día desde la fecha de la sentencia que data de febrero de 1992, con algún exiguo período en que las mismas no se computan arribamos al monto que es de conocimiento público".
Reyes, fue consultado, sobre si existió o no un acuerdo entre Beyhaut y el gobierno departamental en su momento. Señaló, que "es evidente que si hubiera habido algún acuerdo transaccional el mismo debía haber sido presentado por ambas partes en el expediente y simultáneamente haber solicitado su aprobación por el Juez". "Para de esa forma dar por terminada la cuestión". "
Para el abogado, Daniel Reyes, "hay un incumplimiento de la IDR, que por lo tanto hay una deuda, por la que existe una condena y cuya liquidación es inminente".
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