Socióloga, licenciada en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de distintas agencias de cooperación europeas en materias de género, pobreza y desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes y líderes sociales en materias de género y teoría feminista.
Ha participado en proyectos de su especialidad financiados por Cepal, Bid y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población, UNFPA.
La socióloga Arteaga escribió esta nota exclusiva para el Blog.
La
caída de un mito
A
un año del llamado estallido social, como se ha denominado al
proceso que se inició el 18 de octubre del 2019, Chile ya es un
país completamente distinto. En estos apenas doce meses
transcurridos desde esa fecha, los casi 18 millones de personas que
viven en esta franja de tierra larga y angosta - como repetíamos
en la escuela- ya no son los mismos.
Descubrieron,
por ejemplo, que ya no están solos ni son seres aislados donde
cada cual debe arreglárselas por su cuenta para mantener su empleo,
si lo tiene; que también la vecina y la familia del frente y las de
más allá, están igualmente ahogadas con los créditos hipotecarios
y no duermen por el temor a perder su casa; que al igual que los
demás, ellos se sobresaltan cada vez que suena el timbre, pensando
se trata de otra cobranza judicial del colegio, del instituto o la
guardería, que no han logrado cancelar a tiempo; como les ocurre con
el abono mensual que debieran hacer a la tarjeta de crédito que les
dieron en el supermercado, y que ya no da para más. Y ni hablar de
las cuentas impagas de los servicios básicos, de las cuotas de los
celulares o del plasma que sacaron de la multitienda hace unos meses.
O lo que deben por el auto, ya que no les alcanza con lo que les
pagan o lo que logran juntar trabajando por cuenta propia. Y ni
hablaré del dentista o los lentes que necesita la niña, de unos
días de vacaciones, o de las cataratas de la abuela, que no se
atreve a salir porque apenas se ve las manos, dice ella, y para que
le den hora para 6 meses más, con suerte, prefiere quedarse en casa
.
Y
eso fue lo que pasó el 18 de octubre 2019: no se trataba sólo de
seguir el ejemplo de los estudiantes de secundaria, invitando dentro
de las estaciones del Metro a evadir el pago del boleto, oponiéndose
al alza de $30 anunciada por el gobierno.
Porque
de pronto esa chispita de ingenio estudiantil no estaba
refiriéndose únicamente a los $30 pesos del boleto del Metro, sino
a los 30 años de abusos, de desigualdad, de corrupción y de
privilegios reinantes en el país. Al temor cotidiano a perder el
empleo; a tener que trabajar 12, 14 o más horas diarias, para
luego no llegar a fin de mes; a las esperas eternas en los
consultorios, por no poder pagar atención privada de salud; a la
inevitable necesidad de pagar peajes a los dueños de las carreteras,
todas privadas; a la inestabilidad laboral, con trabajos sin
contratos y por tanto sin cobertura de salud ni previsión; a la
crueldad de tener que escoger a cual entre los hijos o hijas podrían
pagarle matrícula y endeudarse por 15 años para que pudiera
estudiar en la universidad.
¿No
éramos un ejemplo a imitar, con cifras macroeconómicas que nos
distinguían por lejos de nuestros vecinos? ¿un país que se
vanagloriaba de ostentar el PBI más alto de la región,
ubicándonos en la posición 41 entre las economías del mundo?
Pues
no. De pronto toda esta imagen de país que en algún momento a
muchos les enorgullecía, se reveló tal cual era: un mito
comunicacional establecido para incentivar a la población a consumir
haciéndonos creer que el mercado se encargaría de conducirnos a un
bienestar generalizado.
El
despertar
De
hecho, la realidad golpeó con fuerza a la población, al igual que
la pandemia, tras la movilización de los estudiantes. Los pesares
individuales se transformaron en un clamor colectivo, reflejado en
demandas, voces y emblemas comunes, y un lugar que se transformaría
en el símbolo de las aspiraciones populares. Así, la rotonda donde
convergen algunas de las más importantes arterias de Santiago,
próxima al río Mapocho, fue rebautizada perdiendo su nombre oficial
de Plaza Italia, para transformarse en la Plaza de la Dignidad, que
no sólo ha sido el principal lugar de convergencia de las protestas
sociales, mayoritariamente pacífica, sino a la vez escenario de la
brutal represión ejercida por el gobierno, con un balance que sitúa
a Chile con el récord mundial de civiles con daño ocular total o
severo, producto de disparos dirigidos de perdigones y bombas
lacrimógenas de la policía, la cual pese a tres informes de
entidades internacionales ( Naciones Unidas, Human Right Watch y
Amnistía Internacional) dando cuenta de la violación de los
Derechos Humanos durante las movilizaciones, – todos desestimados
por las autoridades – han continuado con su actuar con el apoyo
irrestricto del gobierno.
El
malestar popular expresado en las manifestaciones ha tenido
fundamentos innegables. El Banco Central, por ejemplo, dio a conocer
una realidad alarmante, al señalar que el nivel de endeudamiento de
las familias chilenas a diciembre de 2019 había llegado al récord
histórico de 74,5%, indicando que el pago de créditos hipotecarios
y los de consumo absorbían la mayor parte de sus ingresos. Al mismo
tiempo, en los medios se daba a conocer las enormes ganancias
obtenidas en dicho año por las entidades bancarias y financieras,
las ISAPRES ( instituciones del sistema de salud privado), las AFP
(sistema de administración de los fondos de pensiones individuales)
y algunas cadenas de grandes tiendas y supermercados, las que en
general, no obstante la pandemia, han visto aumentar notablemente sus
ingresos.
Desde
entonces, multitudes en las calles, en los barrios y avenidas, han
estado exigiendo se ponga fin y se juzgue realmente la corrupción
impune de los grandes empresarios que se coludieron para fijar
precios y estafar a los consumidores, y que obtuvieron salidas
“honrosas” tras ser condenados. Están gritando y pintando en los
muros, qué respeto le podemos tener a un Presidente que evadió
durante 30 años el pago de contribuciones de su casa de veraneo a
orillas de un lago y que fue condenado en dictadura por enriquecerse
usando información privilegiada. O a una policía ( Carabineros) y
dos ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército y Armada) cuyos altos
mandos y oficialidad se hicieron de miles de millones de dólares a
través de compras ficticias de pasajes y facturaciones falsas, cuyos
juicios aún están en curso.
¿Quiénes
se manifiestan?
En
este plano, es cuestión de ver las imágenes sobre los
acontecimientos. No hay banderas de partidos, ni de sindicatos,
clubes deportivos ni de de agrupaciones. Sólo la chilena y del
Walmapu, es decir, de la nación mapuche, cada vez más reconocida en
sus derechos y acosada por las fuerzas policiales gubernamentales en
su territorio de la Araucanía.
Tampoco
figuran los sindicatos, pues han sido históricamente durante y tras
la dictadura militar impedidos de constituirse y ejercer su función
libremente, debido a una multiplicidad de obstáculos legales que
favorecen a los empleadores y que en todos estos años no han sido
modificados.
Tampoco
símbolos o emblemas feministas, cuyas impresionantes movilizaciones
han jugado un rol importantísimo en visibilizar su realidad, el
derecho a decidir sobre su cuerpo y a una vida sin acoso ni
violencia, demandas que han permeado de manera impensable a la
sociedad en su conjunto. Importantes logros se han alcanzado, por
ejemplo, en cuanto las denuncias de acoso y violencia sexual al
interior de las universidades e institutos técnicos, consiguiendo la
expulsión o renuncia de un número significativo de docentes que
actuaban en impunidad. El feminismo y los derechos de las mujeres ya
son parte y actoras muy importantes en las actuales movilizaciones y
demandas sociales.
La
reacción del gobierno
En
estos meses todo el país ha gritado y dicho en coro todo lo que se
sabía y se sentía individualmente y que nadie hablaba. De hecho,
en la actualidad no hay institución que se salve en términos de
legitimidad. Chile entero tiene muy presente cómo empresarios
financiaron a parlamentarios de todo el espectro político para
lograr leyes que los favorecieran. Y cómo, ante una ciudadanía
atónita, tras el juicio se ordenara a los dos principales
involucrados, como única condena, seguir por algunas semanas
cursos de filosofía y ética en una de las universidades más
elitistas de país. Por su parte, los parlamentarios beneficiados con
los dineros empresariales siguen ocupando sus sitios en el Congreso.
Al
desprestigio y falta de legitimidad del empresariado y de la clase
política en la actualidad, se ha sumado entonces una similar
apreciación respecto al sistema jurídico ( salvo raras excepciones
) cuyas condonaciones de multas a empresarios y políticos han sido
escandalosas. A todo lo señalado se añade la caída estrepitosa de
otro histórico baluarte en la sociedad chilena: la corrupción y
encubrimiento de delitos sexuales dentro de las iglesias,
fundamentalmente en la católica.
Es
síntesis, de pronto la ciudadanía y el país entero se encontró
sin referentes. Los que alguna vez fueron baluartes de la
ciudadanía, (fuerzas armadas gloriosas, policía ejemplar en la
región, estabilidad política, una iglesia protectora, ejemplos
de funcionamiento institucional y sobriedad, todo eso se fue al
tacho. Tal “oasis”en la región, al decir del propio presidente
Piñera, no existía. Era un mito anestesiante en medio del delirio
consumista.
Ante
la creciente y continua protesta social, la reacción del gobierno
fue coherente con la lectura que hizo de las manifestaciones. Se
trataba de desórdenes mezclados con delincuencia y para ello el
mejor remedio era aumentar la dotación y respuesta policial. Es
decir, más carabineros ( es el nombre de la policía de seguridad
pública, dependiente del Ministerio del Interior) en las calles,
más guanacos (carros laza agua), más zorrillos (carros lanza gases)
y más Fuerzas Especiales, grupos de choque de carabineros
especializados en antiterrorismo.
Tal
actuación, naturalmente no tuvo resultados, y cientos de miles de
personas continuaron aglomerándose en los espacios públicos,
enfrentándose a carabineros. El actuar del gobierno en todo este
período se ha distinguido por un impresionante cúmulo de errores y
desaciertos, la incapacidad para dar una lectura política a los
acontecimientos, dejando de lado la visión prioritariamente
delincuencial que se le atribuye a las movilizaciones, a lo cual se
ha unido una actuación errática y poco empática del Presidente
Piñera, que ilustra su notable incapacidad para conectarse con la
demanda social y la naturaleza profunda y estructural de la situación
por la que atraviesa el país.
La
clase política no lo ha hecho mejor, más preocupada de mantener sus
cargos y privilegios, que de hacer una lectura crítica de los
acontecimientos y elaborar propuestas en consecuencia.
El
lenguaje bélico y desacertado del Presidente y su actitud
particularmente torpe y sesgada frente a las protestas, se ha visto
agravada con la pandemia, frente a la cual se tuvo inicialmente una
actitud exitista, declarando en enero que el país estaba mejor
preparado que ninguno de la región e incluso que algunos europeos,
lo cual a poco andar quedó demostrado que no era tal, llegando en
junio a hospitales colapsados y en la actualidad a una cantidad de
contagios y fallecidos (18.000 a la fecha) por demás alarmante.
La
propuesta de salida
Ante
la desastrosa situación del país en su conjunto, el hambre
generalizado en sectores más vulnerables, las altas cifras de
desempleo y la escasa respuesta del gobierno- más preocupado de
proteger la economía que la salud de la población- un grupo de
parlamentarios del oficialismo y de la oposición, en noviembre
2019, ante la evidente necesidad de responder a la crisis
institucional y reconociendo la camisa de fuerza representada por la
Constitución de Pinochet - que impide sustancialmente cualquiera
modificación sustantiva que garantice un estado democrático para
Chile- llegaron finalmente a un acuerdo y firmaron un pacto para una
nueva Constitución.
En
su dimensión más sustantiva, el acuerdo propone que a través de un
plebiscito de entrada, la ciudadanía podrá votar, en primer lugar,
si así lo desea (puesto que el voto en la actualidad es voluntario)
si Acuerda o Rechaza la idea de una nueva Constitución. Asimismo,
deberá pronunciarse si la nueva Constitución la debe redactar una
Convención Mixta , o una Convención Constitucional.
Si
se vota mayoritariamente por una Convención Mixta, significa que
estaría compuesta en un 50% por parlamentarios/as, y 50% por
ciudadanos/as elegidos para ese fin. Si se opta por la Convención
Constitucional, esta entidad estaría formada en un 100% por
independientes elegid@s por votación popular.
Tal
es la disyuntiva del próximo domingo 25 de octubre en Chile.
De
acuerdo a las encuestas, no cabe duda que la opción Apruebo será la
mayoritaria. Pero eso lo sabe la derecha. Lo que les interesa
fundamentalmente, es contar con la mayor cantidad posible de sus
representantes entre quienes se encarguen de la redacción de la
nueva constitución. Y para ello tienen a su favor que la ley
electoral vigente es parte de la Constitución pinochetista, que
determina que sólo pueden ser elegidos como constituyentes personas
que vayan en listas de partidos políticos.
Es
decir, no obstante la deslegitimidad de los parlamentarios y los
partidos políticos, ellos, de ganar la opción de Convención Mixta,
por ley serán actores privilegiados en la redacción de la nueva
Constitución, dejándose de lado o al arbitrio de los partidos
políticos a hombres y mujeres de reconocido prestigio cuyo aporte es
absolutamente necesario para el futuro del país y los cambios que
se requieren para que tengamos, por primera vez en la historia, una
Constitución democrática y participativa, que asegure el bienestar
y los derechos del país en su conjunto.
