Si hay una cosa cierta es que los tiempos han cambiado y ahora el Frente Amplio se enfrenta a la novedosa experiencia de gobernar sin tener recursos para ello. En efecto, desde que ese partido llegó al gobierno hasta el año pasado, contó con la enorme fortuna de tener un contexto internacional extremadamente favorable. De hecho, la década que transcurrió desde el 2004 a 2014 fue una década de crecimiento económico fabuloso y excepcional; incluso algunos estudiosos la califican como la época de mayor prosperidad en la historia del país.
Por lo tanto, es recién al comienzo del tercer gobierno del Frente Amplio que este partido se enfrenta al fin de la bonanza y el comienzo de las dificultades. Por primera vez el tan manido “viento de cola” cesó y el motor del crecimiento se ha enlentecido fuertemente, al punto de hablar de detención de la actividad en algunos sectores relevantes.
Obviamente, el final de la fiesta deja en evidencia las “asignaturas pendientes”; en efecto el Frente Amplio no aprovechó la oportunidad para resolver asuntos de fondo como la educación, la seguridad o la inversión en infraestructura básica para acompañar el proceso de crecimiento de la economía. Por el contrario, fue extremadamente procíclico, al punto de multiplicar el gasto público en forma fabulosa. Basta decir que la predicción del gobierno de Mujica indicaba en su mensaje presupuestal de 2010 que el período culminaría con un déficit fiscal de 0.8% del PBI y, sin embargo, terminó alcanzando el 3.6% (ahora ya se proyecta el 4.3%), es decir que lo multiplicó por cuatro veces y media. Pavada de desfasaje del gasto.
El derroche y el despilfarro signaron buena parte del segundo gobierno del Frente Amplio, cuando además contó con el mayor impulso de las condiciones favorables de la economía internacional. El ejemplo de ANCAP es, hasta ahora, el más impactante. Baste decir que el descalabro empresarial llevó a que el gobierno tuviera que capitalizarla con U$ 622 millones, bastante más que todo el ajuste fiscal que ahora propone el gobierno.
Lo cierto es que ahora, ajuste fiscal mediante, el gobierno se enfrenta a una circunstancia adversa y sus aliados históricos comienzan a distanciarse y a exigir la continuidad de políticas y decisiones que ya eran excesivas en tiempos de expansión y que, ahora, se vuelven definitivamente inviables.
El PIT-CNT desenterró el “hacha de guerra” y el movimiento de jubilados también, sobre todo después de encontrarse con la triste “tomadura de pelo” de los $200.
Por otra parte, en la opinión pública también comienza a expresarse la decepción y el malestar. La aprobación al gobierno está mucho más baja que en el período anterior e, incluso, la intención de voto a favor del Frente Amplio (aunque estamos muy lejos de la próxima elección) se ubica alrededor de diez puntos porcentuales de lo que marcaba cinco años atrás, es decir en el mismo momento del período de gobierno anterior.
Pero la cosa no termina ahí. En la medida que el clima adverso se incrementa, empiezan a surgir episodios que expresan la vocación por “marcar distancias” con la gestión gubernamental. Tres ejemplos fuertes se registraron en la misma semana.
En primer lugar, y en forma insólita, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, salió a reclamar en los medios de comunicación, un cambio de la pauta salarial. Curiosamente, el responsable de las pautas salariales vigentes reclama la modificación de las pautas salariales contra su propio gobierno por la vía de declaraciones de prensa. Nunca visto. Por mucho menos de eso cualquier ministro en el mundo queda cesante.
¿Quién fijó las pautas salariales del gobierno? El conjunto del Consejo de Ministros con la participación protagónica del Ministro de Trabajo; el mismo que ahora reclama en público su modificación, pretendiendo cambiar de “lado del mostrador” agitando su cuestionamiento como si fuera el más conspicuo de los opositores, pero eso sí, sin abandonar el cargo.
Por cierto, el gobierno ratificó con buen criterio las pautas salariales vigentes, lo que nos parece muy razonable, en la medida que un cambio en la dirección reclamada por el Ministro de Trabajo hubiera significado el aliento a la consolidación de un espiral inflacionario totalmente inapropiado.
Además, la disyuntiva vigente en estos tiempos de dificultad es inexorablemente, en el campo de los trabajadores, entre salario y empleo; por lo que modificar las pautas salariales hoy implica optar por intentar mantener el poder adquisitivo del salario a expensas de los puestos de trabajo. Porque, aunque el gobierno sostenga que no habrá pérdida de salario real, todos sabemos que en las circunstancias actuales, la tendencia inexorable será que ello ocurra.
Es que en tiempos de dificultades no existe la opción entre lo lindo y lo feo, entre lo bueno o lo malo. En tiempos de crisis, hay que asumir que se debe elegir entre opciones costosas, entre lo malo y lo menos malo. Por eso, la discusión no es entre seguir aumentando el salario real o no aumentarlo; la disyuntiva es entre mantener el poder adquisitivo y de ese modo aumentar la pérdida de puestos de trabajo o asumir una postergación en las aspiraciones salariales para proteger la mantención de los lugares de trabajo.
Y la opción por el salario es, en esta coyuntura, una opción que impacta sobre los más débiles que serán los que perderán su empleo, en la medida que el ajuste de los costos en tiempos difíciles, si no se hace por salarios se hace por empleo. Por lo tanto, la alternativa más solidaria con los trabajadores es la postergación de los objetivos de mejora salarial para defender a quienes, de otro modo, perderían su empleo y, como son los más débiles y los menos protegidos serán también aquellos a los que les será más difícil recuperar su empleo.
Pero lo insólito es que el Ministro de Trabajo haya salido a desmarcarse de su propio gobierno y que, luego, desautorizado como lo fue, diga sin problema que se queda en el cargo. También es sorprendente que el presidente no lo sustituya.
Pero Murro logró su objetivo, hacer una “guiñada” al movimiento sindical y mostró que está dispuesto a “sacar la pata del lazo” del actual gobierno.
Un caso similar, también ocurrido en estos días, fue el episodio que protagonizó Daniel Olseker, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, el economista apareció la semana pasada manifestando públicamente en la movilización que organizó el movimiento sindical contra el ajuste fiscal. ¡Contra el ajuste fiscal de su gobierno que su Partido Socialista votará disciplinadamente en el Parlamento! Es difícil encontrar un ejemplo mayor de doble discurso y doble accionar.
Daniel Olesker no es parte de la oposición, fue ministro en la anterior administración del Frente Amplio, es senador suplente y su partido ha apoyado todas las decisiones del actual gobierno, y votará con total disciplina este ajuste cuestionado por los trabajadores organizados. Sin embargo, allí marchaba Olesker intentando “sacar la pata del lazo”.
Ese es, justamente, el factor común de estas actitudes, cuando “las papas queman” empieza a expresarse dentro del partido de gobierno un conjunto de voces que están totalmente vinculadas al gobierno que sin embargo no les gusta asumir la parte amarga de gobernar que es asumir responsabilidades y tomar decisiones difíciles e, incluso, dolorosas. Por el contrario, pretenden “hacerles comer la pastilla” a los “compañeros indignados” de que comparten su enojo y hasta hacen gala de una impostada oposición, aunque después votan y acompañan todas las decisiones del gobierno.
Saben que el apoyo ciudadano al Frente Amplio está en crisis y no quieren asumir las responsabilidades propias de sus cargos. El tiempo y la gente se encargarán de juzgar las distintas actitudes y conductas.
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