El verdadero golpe de estado en el Uruguay se produjo el 9 de febrero de 1973, hace hoy exactamente 44 años, en que los militares tomaron el poder. El Ejército y la Fuerza Aérea se resistieron a acatar las órdenes del General Antonio Francese, Ministro de Defensa recién designado, reclamaron su renuncia y comenzaron a tener actividad política directamente a través de varios comunicados, desconociendo los preceptos constitucionales. La Armada, heroicamente comandada por el Contralmirante Juan José Zorrilla, se resistió al levantamiento bloqueando la Ciudad Vieja.
A las 0.40 del 9 de febrero de 1973, efectivos de la marina armaron una barricada de vehículos a lo largo de la calle Juan Carlos Gómez, dispuestos a enfrentar a los golpistas del Ejército y la Fuerza Aérea que se habían sublevado. Además, el destructor Artigas se ubicaba en la bahía apuntando hacia objetivos estratégicos. Aislados los puntos neurálgicos de la Ciudad Vieja, quedaron inaccesibles varias oficinas, comercios y viviendas. El punto de pasaje de la zona bloqueada al resto era a través de la calle Sarandí en la esquina del Cabildo (Ver Foto).
El primer mandatario Juan María Bordaberry, que al principio representaba la Constitución, ordenó a la Armada deponer su actitud en horas de la noche, aceptó la renuncia de Francese, pactó después con los mandos sublevados, consintió su tutelaje y se puso, nominalmente, al frente de la rebelión. El ordenamiento institucional que sostiene a una república, había sido vulnerado por los sectores a quienes la sociedad reserva el uso de la fuerza. Cruzaron la línea divisoria y, en lugar de someterse al poder político, pasaron a ejercerlo, iniciando un proceso que continuaría en junio con la clausura del parlamento y la proscripción de los partidos.
El levantamiento de los militares golpistas fue recibido con cierta indiferencia por la población desbordada por la violencia política, y contó con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y la mayoría de los sectores del Frente Amplio, y con el indisimulado aliento de la CNT. La gran mayoría de los medios de comunicación que respondían a esos grupos, fueron entusiastas en aprobar la insurrección, salvo la honrosa excepción de Carlos Quijano, quien desde Marcha advirtió sobre los peligros de pasar el poder a los uniformados. Los tupamaros que estaban presos hacía meses, y ya habían cesado su actividad guerrillera, habían negociado con los generales Estaban Cristi y Gregorio Alvarez, una alianza para crear un estado autoritario que levantara varias de las banderas que había enarbolado el MLN en su incursión guerrillera. La única condición era que públicamente anunciaran su confianza en que el Uruguay encontraría bajo el amparo de las FF AA, el camino hacia la prosperidad y el bienestar público. El pacto se frustró al no ser aceptado por Bordaberry[i].
Los servicios de inteligencia militar hicieron creer en febrero que los insurrectos apoyaban la línea peruanista, es decir que se inspiraban en el golpe de estado que había dado cinco años atrás en Perú el Gral. Juan Velazco Alvarado, instalando un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de orientación socialista
Jaime Pérez, uno de los principales líderes del Partido Comunista, confesó años después que el director de la inteligencia militar, Cnel. Ramón Trabal, le había entregado con antelación los comunicados 4 y 7 en que los militares fijaron su línea programática y difundieron el 9 y el 10 de febrero respectivamente.
En su gran mayoría, los dirigentes frenteamplistas estuvieron dispuestos a sacrificar la libertad, la república y las garantías constitucionales, con tal de instalar un gobierno autoritario que persiguiera sus fines. Así lo pagaron, cuando meses después descubrieron que la orientación del golpe era la contraria.
Wilson Ferreira Aldunate, líder del Partido Nacional, todavía conmocionado por haber perdido las elecciones por escasísimo margen en 1971, no defendió al presidente constitucional como hubiera sido de esperar, reclamó nuevas elecciones, y con ello facilitó la acción de los sublevados que al principio creyó se desarrollaba en el marco de la Constitución, tal como él mismo lo expresó meses después. Otros dirigentes nacionalistas, como Washington Beltrán, en cambio, no dudaron en rechazar la violación del orden institucional.
Aunque a muchos les cueste reconocerlo en un relato histórico acomodado a su medida, el único sector que se mantuvo firme e inflexible frente al golpe de estado fue el Batllismo, que formuló una decidida declaración pública condenando el pronunciamiento militar. Aportó a las tres principales figuras que heroicamente denunciaron y resistieron la ruptura institucional: el vicepresidente Jorge Sapelli, el senador Amílcar Vasconcellos y el Contralmirante Juan José Zorrilla. Además, Jorge Batlle había sido apresado en octubre anterior para debilitar el apoyo político al presidente, y Julio Sanguinetti había renunciado como Ministro de Educación para interpelar desde la Cámara de Diputados al Ministro de Defensa y denunciar que la escalada militar tenía nombre y apellido: Esteban Cristi.
Como en 1933, otra vez el Batllismo en la primera línea contra la dictadura, aún enfrentado a otros sectores del partido que se mostraron proclives.
Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado que dio comienzo a un oscuro período en la vida de la república, vaya desde aquí este homenaje a aquellos verdaderos héroes de nuestra institucionalidad.
[i] Ver nuestro libro “NOTICIA DEL GOLPE DE ESTADO. La toma del poder por los militares en febrero de 1973” Ediciones de la Plaza)
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