Comunicado Uruguay Libre de Megaminería
++ Venció el último plazo del que disponía Aratirí para llevar a cabo su proyecto.
++ Suspenderemos la recolección de firmas, pero el propósito no ha cambiado.
++ La minería metalífera a cielo abierto no es una vía de desarrollo para Uruguay.
En estos días se completaron todos los plazos previstos en la Ley de Minería de Gran Porte para la firma de un contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el proyecto deben pasar al Registro de Vacancias de la Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) quedando a disposición de posibles interesados.
La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minera le asignó un alto valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo otras firmas privadas interesadas, mal le puede ser útil al gobierno hacer un gasto por esa información.
Con el paso del tiempo se evidenció algo que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas en que el precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011.
Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí ni que su aporte económico al país sería irrisorio, intentó acelerar la autorización ambiental e ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando bienes del dominio público.
Es más, la Ley de Minería de Gran Porte sólo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país fueron rechazadas.
¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados.
Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con el de Aratirí. Algo similar habría ocurrido si se hubieran iniciado las expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa de Rocha.
El 2 de diciembre de 2013 se constituyó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de realizar un plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que prohíba esta minería en todo el territorio nacional.
Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se reafirmó en la calle donde esa preocupación se tradujo en la disposición para firmar las papeletas.
La derrota del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer ese proyecto.
Llegada a la Plaza Independencia de la 4ta. Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, que mostró la resistencia de amplios sectores de la población uruguaya contra el proyecto de Aratirí.
En el corto y mediano plazo, propuestas como la de Aratirí no son probables, pero la amenaza estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de tierras.
Si observamos lo que ocurre con las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. La extracción de oro en Minas de Corrales está prácticamente agotada, pero la minera Orosur viene estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos en otros departamentos, que destrozan y contaminan los suelos y las aguas con una sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados.
¿Qué hace el gobierno? Le concede subvenciones y exenciones, la exonera del pago del canon de producción, le permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias para las empresas, no ofrece nada más que empleos transitorios.
En el presente, hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no pierden vigencia, podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario hacerlo.
Seguiremos cumpliendo con el ideario de Artigas cuando dijo:
* No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad.
* Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana.
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