DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
El presidente de la República firmó ayer
la resolución que cierra el acto administrativo de la Dirección General
Impositiva que pretendía cobrarle US$ 10 millones por evasión de
impuestos por pases de jugadores.
El Poder Ejecutivo dio por cerrado ayer el
caso Francisco "Paco" Casal a quien desde 2008 pretendía cobrarle US$ 10
millones por una presunta evasión tributaria del Impuesto a la Renta de
Industria y Comercio (ICIR) y el Impuesto a la Renta de Actividades
Económicas (IRAE) por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007.
El presidente José Mujica firmó una resolución que
establece la clausura del expediente con lo que se “resguarda al Estado
de juicios reparatorios patrimoniales derivados de la eventual
anulación” a través de la Justicia por medio del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA), informó El Observador.
Casal había presentado en marzo un recurso a la
Presidencia solicitando que se cerrara el caso. En ese sentido es que el
gobierno decidió hacer lugar al pedido a cambio de que Casal firmara un
documento en el que renuncia “a la promoción de cualquier clase de
accionamiento para obtener reparación por daños y perjuicios
patrimoniales o morales, directos o indirectos derivados de la actuación
de la administración”, informó el matutino.
La renuncia a hacer juicios es de Casal y de Daniel
Delgado, Jorge Chijane, José Herrera, Gonzalo Madrid, Carlos Aguilera,
Sergio Hermida y el contador del grupo Julio Szafrán, otros contratistas
implicados.
En paralelo, hoy los abogados de Casal, Leonardo
Costa y Óscar Brum, presentarán una copia de la resolución ante el TCA
con el objetivo de que se cierre el expediente por el que Casal pidió
que se anule el acto de la DGI y presentarán otro escrito ante el
juzgado civil para que se levanten los embargos de US$ 10 millones sobre
los contratistas.
El
sábado 26 de octubre, El País informó que la solución pasaba por firmar
una resolución anulando el acto de la DGI al amparo del derecho de
avocación que tiene la Presidencia, para lo cual era necesaria la firma
del ministro Lorenzo.
A nivel de la Presidencia se consideraba "muy probable" que el recurso
que la defensa de Casal entabló ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo resultase favorable y determinase que no debe nada a la
DGI, por lo que podría demandar al Estado. Según Búsqueda, dicha demanda
podría ser por unos US$ 300 millones por negocios perdidos.
La última palabra para concretar el acuerdo la había
tenido el expresidente Tabaré Vázquez el 7 de noviembre cuando se
pronunció a favor de un acuerdo entre el gobierno y Casal sobre la
deuda. Ese día aseguró que es mejor "un mal arreglo" que "un buen pleito".
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