Archivo.
Adhocfotos / Santiago Mazzarovich
Este lunes a las 16:00 en la sede de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el
Movimiento Uruguay Libre brindará una conferencia de prensa para
presentar la información otorgada por el Gobierno sobre Aratirí.
El Gobierno entregó el viernes pasado la
información solicitada por el movimiento y durante el fin de semana
conformaron distintos grupos que analizaron los datos entregados; hoy
presentarán las conclusiones obtenidas.
El 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no dio lugar a la apelación del Gobierno y obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a hacer pública información sobre el proyecto minero, dentro de un plazo de 15 días.
Víctor Bachetta, en nombre de Uruguay Libre y amparado en el derecho de acceso a la información pública, había pedido al Gobierno información sobre el proyecto que se estaba llevando adelante; solicitud que la administración le había negado alegando que era propiedad de la empresa.
Por su parte, el integrante de Uruguay Libre Raúl Viñas dijo a El Espectador que si bien el Gobierno entregó parte de la información también presentó una lista del material que consideran de carácter confidencial y que no fue entregado: "No hay equipamiento novedoso ni especial para que esta empresa pudiera decir que va a utilizar de una manera diferente a lo que se hace en otros lados; por eso, entendemos que no se configura, en gran parte, ni el secreto comercial ni industrial".
Viñas agregó que analizarán esta lista y si consideran que no aplica el carácter de reservado, pedirán esa información. Además, adelantó que hay información en los documentos entregados que difiere con lo que la empresa difunde a través de la prensa.
"Se habla de que la empresa dice haber invertido 200 millones de dólares en sus estudios; cuando revisamos la información entregada encontramos que la cifra declarada era de solo 60 millones; es una diferencia interesante", apuntó Viñas.
Por otro lado, Viñas lamentó haber llegado hasta esta instancia para obtener la información, pero resaltó que el Poder Judicial reconoció el derecho de acceso a la información pública. Por último, señaló que el proyecto llevado adelante por Aratirí no es en beneficio de Uruguay y que seguirán analizando el material que reciban.
La semana pasada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulos decenas de permisos de prospección y servidumbres solicitados por Aratirí y aprobados en su momento por la Dirección Nacional de Minería y Geología al proyecto minero.
La decisión fue tomada a raíz de un recurso presentado por un grupo de casi 80 productores rurales afectados.
El fallo maneja como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos para la exploración, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos.
A partir de esta decisión, la empresa Zamin Ferrous, que está detrás del proyecto Aratirí deberá reiterar estos trámites desde cero.
El gobierno uruguayo tiene tiempo hasta el 28 de febrero para negociar el contrato con Aratirí.
BRASIL. Por su parte, Zamin Ferrous enfrenta una demanda por los efectos ambientales negativos que tuvo un incidente en la región donde opera actualmente.
El Ministerio Público del Estado de Amapá presentó una acción contra la empresa y contra sus principales accionistas, para los que pide la retención de sus bienes y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares.
De acuerdo a lo divulgado por Globo, los informes ambientales confirman que la actividad minera donde hoy opera Zamin contaminó un arroyo y otros tres cursos de agua.
Además, señala que debido a la acumulación del barro en las orillas de los arroyos por la actividad minera, los habitantes de la zona se vieron obligados a abandonar sus propiedades. De acuerdo a Zamin estos hechos no sucedieron durante su administración por lo que no es su responsabilidad.
El 5 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no dio lugar a la apelación del Gobierno y obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a hacer pública información sobre el proyecto minero, dentro de un plazo de 15 días.
Víctor Bachetta, en nombre de Uruguay Libre y amparado en el derecho de acceso a la información pública, había pedido al Gobierno información sobre el proyecto que se estaba llevando adelante; solicitud que la administración le había negado alegando que era propiedad de la empresa.
Por su parte, el integrante de Uruguay Libre Raúl Viñas dijo a El Espectador que si bien el Gobierno entregó parte de la información también presentó una lista del material que consideran de carácter confidencial y que no fue entregado: "No hay equipamiento novedoso ni especial para que esta empresa pudiera decir que va a utilizar de una manera diferente a lo que se hace en otros lados; por eso, entendemos que no se configura, en gran parte, ni el secreto comercial ni industrial".
Viñas agregó que analizarán esta lista y si consideran que no aplica el carácter de reservado, pedirán esa información. Además, adelantó que hay información en los documentos entregados que difiere con lo que la empresa difunde a través de la prensa.
"Se habla de que la empresa dice haber invertido 200 millones de dólares en sus estudios; cuando revisamos la información entregada encontramos que la cifra declarada era de solo 60 millones; es una diferencia interesante", apuntó Viñas.
Por otro lado, Viñas lamentó haber llegado hasta esta instancia para obtener la información, pero resaltó que el Poder Judicial reconoció el derecho de acceso a la información pública. Por último, señaló que el proyecto llevado adelante por Aratirí no es en beneficio de Uruguay y que seguirán analizando el material que reciban.
La semana pasada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulos decenas de permisos de prospección y servidumbres solicitados por Aratirí y aprobados en su momento por la Dirección Nacional de Minería y Geología al proyecto minero.
La decisión fue tomada a raíz de un recurso presentado por un grupo de casi 80 productores rurales afectados.
El fallo maneja como principal argumento que, cuando se tramitaron los permisos para la exploración, no se cumplió con el requisito de dar vista previa a los propietarios de los predios comprendidos.
A partir de esta decisión, la empresa Zamin Ferrous, que está detrás del proyecto Aratirí deberá reiterar estos trámites desde cero.
El gobierno uruguayo tiene tiempo hasta el 28 de febrero para negociar el contrato con Aratirí.
BRASIL. Por su parte, Zamin Ferrous enfrenta una demanda por los efectos ambientales negativos que tuvo un incidente en la región donde opera actualmente.
El Ministerio Público del Estado de Amapá presentó una acción contra la empresa y contra sus principales accionistas, para los que pide la retención de sus bienes y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares.
De acuerdo a lo divulgado por Globo, los informes ambientales confirman que la actividad minera donde hoy opera Zamin contaminó un arroyo y otros tres cursos de agua.
Además, señala que debido a la acumulación del barro en las orillas de los arroyos por la actividad minera, los habitantes de la zona se vieron obligados a abandonar sus propiedades. De acuerdo a Zamin estos hechos no sucedieron durante su administración por lo que no es su responsabilidad.
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