El fiscal que denuncia a Cristina Fernández por negociar la "impunidad" de un atentado antisemita sufre las críticas del Gobierno y del juez que lleva el caso
Francisco Peregil
Buenos Aires
15 ENE 2015 - 18:50 CET
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, el pasado diciembre durante un acto celebrado en Buenos Aires.
/ MARCOS BRINDICCI (REUTERS)
Veinte años después del atentado antisemita de Buenos Aires donde
murieron 85 personas y 300 resultaron heridas, en la mayor matanza
perpetrada contra la comunidad judía desde la II Guerra Mundial, se ha
abierto en Argentina un avispero de acusaciones gravísimas. El fiscal
argentino que investiga el caso, Alberto Nisman, ha denunciado a la
presidenta, Cristina Fernández, nada más y nada menos que de encubrir,
junto a otros miembros del Gobierno y afines a él, a supuestos
terroristas iraníes a cambio de negociar petróleo para Argentina.
Distintos dirigentes del Gobierno calificaron la denuncia de ridícula y
demencial. Y el jueves por la mañana, el jefe de Gabinete resumió todos
los adjetivos en una frase: “disparatada, absurda, ilógica, irracional,
ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución
Nacional”.
Capitanich indicó además que la denuncia forma parte de una confabulación “golpista”, una estrategia deliberada donde además del fiscal Nisman estarían involucrados “algunos miembros y sectores del poder judicial”, “grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos” y grupos de espionaje descabezados el mes pasado por el Gobierno, además de “grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina”. Todo ello, añadió, “con el objeto no solamente de hostigar al gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista”. Capitanich añadió que los integrantes de esa confabulación pretenden instalar una agenda en los medios donde se oculten noticias positivas como el hecho de que la ciudad costera de Mar del Plata está batiendo un récord de turistas durante este verano austral.
El 18 de julio de 1994 la explosión de un coche bomba frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causó la muerte de 85 personas. Después de muchos pasos en falso dentro de la investigación, la justicia argentina apuntó hacia seis exaltos cargos iraníes. Pidió a Interpol en 2006 la orden de busca y captura e Interpol la concedió. El 27 de enero de 2013, Cristina Fernández anunció por Twitter un principio de acuerdo o memorando de entendimiento que contemplaba conocer la versión de los acusados, a los que se entrevistaría en Irán. El acuerdo se firmó sin el conocimiento del fiscal especial nombrado por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007), Alberto Nisman. Y es Nisman ahora quien esgrime un informe de 300 hojas en el que sostiene que Cristina Fernández creó una “diplomacia paralela” entre Irán y Argentina para transmitir las órdenes emitidas por la presidenta.
Nisman no dio a conocer el informe íntegro de 300 páginas, pero sí que hizo públicas algunas de las conversaciones telefónicas grabadas que le sirvieron para alcanzar sus conclusiones. En una de estas escuchas, registrada en mayo de 2013, dialogan el dirigente social kirchnerista Luis D’Elía con Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, quien en la denuncia de Nisman aparece como la “voz y oídos de Irán” en Argentina. D’ Elía le dice a Khalil: “Acá hay urgencia energética. Están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá (a Irán) (…) Están muy interesados en cambiar lo de aquellos (el petróleo) por granos y carne (...) La reunión fue porque lo pidió la jefa, eh... Estamos al más alto nivel”.
La denuncia de Nisman recayó en el despacho del Ariel Lijo, el mismo
que interrogó al vicepresidente Amado Boudou por negociaciones
incompatibles con su cargo. Lijo se encuentra de vacaciones y la jueza
que lo sustituye, María Servini de Cubría, determinó el jueves que sea
el propio Lijo quien se pronuncie sobre la denuncia de Nisman, una vez
que se incorpore tras las vacaciones.
Mientras tanto, el juez encargado de investigar el atentado de 1994, Rodolfo Canicoba Corral, criticó el jueves al fiscal Nisman. “Me he enterado de esto por los medios y es como mínimo desagradable”, señaló en declaraciones a Radio Nacional Rock. “[El fiscal] no ha tenido la delicadeza de hacerme llegar a mí parte de estas conclusiones a las que arriba. ” cuando él no desconoce que “el director del proceso soy yo”. “Me da la sensación de que es una cosa bastante dudosa desde el punto de vista de la legalidad. (…) El fiscal se ha arrogado facultades de investigar otras cosas fuera del procedimiento”.
En cuanto a las escuchas recabadas por Nisman en el proceso de su investigación, el juez indicó que él no las había ordenado. "Hay una confusión respecto de las escuchas porque no son un elemento de prueba en sí mismo”, señaló.
Desde medios afines al Gobierno, como el diario Página 12, la denuncia del fiscal ha sido tachada de inconsistente y basada en “hipótesis que no se comprobaron”. El periodista Raúl Kollmann escribe en este medio: “Nisman asegura que el pacto buscaba un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos: el país no importó nunca una gota de petróleo de Irán. El fiscal sostiene que se acordó que después de la firma del Memorando se levantarían los alertas rojos de captura contra los iraníes, pero que ese levantamiento no se concretó gracias a Interpol. Sin embargo, no son pocos los que recuerdan la carta del canciller Héctor Timerman al titular de Interpol, dos semanas después de la firma del Memorándum, en el que dice ‘la firma no produce cambio alguno en el status de los requerimientos de captura arriba mencionados”.
El fiscal Alberto Nisman tiene previsto comparecer el próximo lunes en el Congreso para informar sobre su imputación a Cristina Fernández.
Capitanich indicó además que la denuncia forma parte de una confabulación “golpista”, una estrategia deliberada donde además del fiscal Nisman estarían involucrados “algunos miembros y sectores del poder judicial”, “grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos” y grupos de espionaje descabezados el mes pasado por el Gobierno, además de “grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina”. Todo ello, añadió, “con el objeto no solamente de hostigar al gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista”. Capitanich añadió que los integrantes de esa confabulación pretenden instalar una agenda en los medios donde se oculten noticias positivas como el hecho de que la ciudad costera de Mar del Plata está batiendo un récord de turistas durante este verano austral.
El 18 de julio de 1994 la explosión de un coche bomba frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causó la muerte de 85 personas. Después de muchos pasos en falso dentro de la investigación, la justicia argentina apuntó hacia seis exaltos cargos iraníes. Pidió a Interpol en 2006 la orden de busca y captura e Interpol la concedió. El 27 de enero de 2013, Cristina Fernández anunció por Twitter un principio de acuerdo o memorando de entendimiento que contemplaba conocer la versión de los acusados, a los que se entrevistaría en Irán. El acuerdo se firmó sin el conocimiento del fiscal especial nombrado por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007), Alberto Nisman. Y es Nisman ahora quien esgrime un informe de 300 hojas en el que sostiene que Cristina Fernández creó una “diplomacia paralela” entre Irán y Argentina para transmitir las órdenes emitidas por la presidenta.
Nisman no dio a conocer el informe íntegro de 300 páginas, pero sí que hizo públicas algunas de las conversaciones telefónicas grabadas que le sirvieron para alcanzar sus conclusiones. En una de estas escuchas, registrada en mayo de 2013, dialogan el dirigente social kirchnerista Luis D’Elía con Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, quien en la denuncia de Nisman aparece como la “voz y oídos de Irán” en Argentina. D’ Elía le dice a Khalil: “Acá hay urgencia energética. Están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá (a Irán) (…) Están muy interesados en cambiar lo de aquellos (el petróleo) por granos y carne (...) La reunión fue porque lo pidió la jefa, eh... Estamos al más alto nivel”.
El fiscal se ha arrogado facultades de investigar otras cosas fuera del procedimientoJuez Rodolfo Canicoba Corral, encargado de investigar el atentado antisemita de 1994
Mientras tanto, el juez encargado de investigar el atentado de 1994, Rodolfo Canicoba Corral, criticó el jueves al fiscal Nisman. “Me he enterado de esto por los medios y es como mínimo desagradable”, señaló en declaraciones a Radio Nacional Rock. “[El fiscal] no ha tenido la delicadeza de hacerme llegar a mí parte de estas conclusiones a las que arriba. ” cuando él no desconoce que “el director del proceso soy yo”. “Me da la sensación de que es una cosa bastante dudosa desde el punto de vista de la legalidad. (…) El fiscal se ha arrogado facultades de investigar otras cosas fuera del procedimiento”.
En cuanto a las escuchas recabadas por Nisman en el proceso de su investigación, el juez indicó que él no las había ordenado. "Hay una confusión respecto de las escuchas porque no son un elemento de prueba en sí mismo”, señaló.
Desde medios afines al Gobierno, como el diario Página 12, la denuncia del fiscal ha sido tachada de inconsistente y basada en “hipótesis que no se comprobaron”. El periodista Raúl Kollmann escribe en este medio: “Nisman asegura que el pacto buscaba un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos: el país no importó nunca una gota de petróleo de Irán. El fiscal sostiene que se acordó que después de la firma del Memorando se levantarían los alertas rojos de captura contra los iraníes, pero que ese levantamiento no se concretó gracias a Interpol. Sin embargo, no son pocos los que recuerdan la carta del canciller Héctor Timerman al titular de Interpol, dos semanas después de la firma del Memorándum, en el que dice ‘la firma no produce cambio alguno en el status de los requerimientos de captura arriba mencionados”.
El fiscal Alberto Nisman tiene previsto comparecer el próximo lunes en el Congreso para informar sobre su imputación a Cristina Fernández.
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