Cristina Fenández y Timerman denunciados por el caso AMIA

La presidenta y el canciller están sospechados de encubrir la responsabilidad de Irán

El Observador

• ©
  

Un fiscal argentino denunció ayer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller, Héctor Timerman por un supuesto plan para encubrir a Irán de sus responsabilidades en el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
La dura denuncia de 300 páginas del fiscal Alberto Nisman constituye el último pleito de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con el sistema judicial argentino.
Nisman pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos argentinos (unos US$ 23 millones) de Fernández, de Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque y de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, por “acordar la impunidad de Irán” en este caso.
La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía y calificada como algo “ridículo” por el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.
El fiscal de la causa AMIA presentó la denuncia al considerar que en 2011 se empezó a “negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía”, según se lee en el documento, confirmaron fuentes de la fiscalía a la AFP.
De acuerdo con la denuncia de Nisman enviada al juzgado federal del magistrado Ariel Lijo, el gobierno de la presidenta ideó un “sofisticado plan delictivo” destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.
El fiscal calificó de “maniobra” la estrategia del gobierno que llevó a que se firmara en 2013 un memorando de entendimiento con Teherán con la participación del canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque y el dirigente oficialista Luis D’Elía.
La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cautela
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ONG a la que están adheridas 140 instituciones judías de la nación sudamericana, expresó su “conmoción y sorpresa” por esta denuncia contra el gobierno argentino, indicó su titular, Julio Schlosser.
“Hemos recibido con honda preocupación esta noticia. Para la DAIA, la causa AMIA es una cuestión de Estado. La preocupación que tenemos pasa porque hay un fiscal, que hemos visto en los títulos, en una situación que para nosotros es un vuelco inesperado”, reconoció Schlosser, quien se mantuvo cauteloso sobre la interpretación de la denuncia.
Otros líderes de la comunidad judía en Argentina prefirieron esperar a reunirse con el fiscal y otros protagonistas de esta causa antes de expresar su opinión por la denuncia que sostiene que el gobierno argentino decidió, negoció y organizó “la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”.
Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, atribuyó la denuncia a problemas internos dentro de la secretaría de Inteligencia y defendió la posición del gobierno.
“La presidenta tiene la potestad de firmar tratados y el Congreso debe aprobarlos. Es un sinsentido lo que está sucediendo (...) ¿Por qué no llamó a indagatoria a todos los senadores y diputados que lo votamos?”, se preguntó el exsenador, en referencia al acuerdo.
El fiscal Nisman sostiene que existen pruebas que indican que la posición oficial habría sido motivada “por el petróleo iraní” porque “se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado”.
El 18 de julio pasado se conmemoraron 20 años del ataque que dejó 85 muertos y 300 heridos en pleno centro de Buenos Aires. Cristina no ha asistido a los actos de aniversario de la AMIA desde 2011.
La firma de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como “inconstitucional” por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300 mil miembros, la mayor de América Latina.
El gobierno de Fernández ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012 espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de “encubrimiento agravado” de la llamada “conexión local”, que dio la logística para perpetrar el atentado.

Cinco puntos claves

Según informa el diario argentino La Nación el primer argumento en la denuncia contra la presidenta indica que “las evidencias demuestran que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Sra. Presidente” para obtener un acercamiento comercial con Irán.

El punto que marca la acción delictiva asegura que Cristina Fernández “ordenó desviar la investigación de la AMIA, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado”, lo que significa que decidió fabricar "la inocencia de Irán".

Se afirma también que “el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las órdenes emitidas por la Presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos”.

 Los canales para-estatales establecidos transmitieron –según La Nación- mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge Khalil. Luego eran enviados a las autoridades persas.

Otro punto vital señalado por el matutino argentino es que se refiere al personal de inteligencia involucrado en el caso, que “manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado”.