Contaminación con plomo en asentamientos

la diaria

Hugo Gonzalez y Virginia Martineto, ayer mientras realizaban mediciones de cantidad de plomo en el suelo en el Asentamiento Aquiles Lanza. Foto: Pablo Nogueira

Ya te vas a mejorar

Tratamiento de contaminación en asentamientos se enfrenta con dificultades en acceso a la información y trabajo.

En los últimos meses se han registrado varios casos de contaminación con plomo en asentamientos de Montevideo. Sin embargo, no se descubrieron por cambios en los hábitos de las personas ni en su entorno, sino porque, motivados por distintos factores, algunos vecinos decidieron realizarse los análisis correspondientes. Estos casos se registran en barrios que están en proceso de realojo y en los que se realizan diversas intervenciones públicas y privadas que van en diversos sentidos, igual que las respuestas que reciben muchos de sus habitantes.

Entrevistado por la diaria, el director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Fernando Cabezudo, reconoció que durante el comienzo del proceso de realojo del barrio Lavalleja hubo demoras y silencios que pueden haber impacientado a vecinos de la zona, sobre todo teniendo en cuenta la aparición de casos de familias contaminadas con plomo (ver ladiaria.com.uy/articulo/2013/11/por-salud/). Sin embargo, el jerarca explicó que ello se debió a que el propio equipo del PIAI se vio sorprendido con la novedad de la existencia de contaminación por plomo, algo que no había aparecido en todo el proceso en que el organismo se dedicó a recabar información social y ambiental de la zona.
El jerarca explicó que los procesos de realojo o regularización en el marco del PIAI se inician con una fase previa de perfil de proyecto, y recién al final de esa etapa se establece si la obra es un proyecto a financiar por el programa. “Esa fase previa se hace con mucha reserva, ya que si uno llega al barrio diciendo que existe la posibilidad de regularizar, eso genera expectativas. ¿Qué pasa si después no se puede hacer? Se actúa por respeto a la gente, por las expectativas legítimas que genera la información de que un terreno podría ser regularizable”, fundamentó. Añadió que esta fase se hace sin trabajo de campo en el barrio y se recopila información que se encuentra en distintos organismos como la Intendencia de Montevideo (IM), los municipios, otros datos que ya tiene el programa, datos de censos, fotos satelitales de Google, entre otros.
En la medida en que la situación del barrio cumple con una serie de condiciones, se decide si el proyecto es financiable. En ese momento se inicia un proceso licitatorio para la contratación de una consultora que se ocupará de elaborar un proyecto de intervención, una vez que se firma el contrato. Cabezudo señaló que todo ese proceso se hizo durante 2012 y en diciembre de ese año se suscribió el contrato con la consultora. Según explicó, el “primer desembarco” en el barrio se hizo para presentar el programa y a la firma que trabajaría con la gente, todo mediante el régimen de asamblea. “Es un proceso participativo de construcción de la solución; por un lado, la gente se apropia del proyecto, señala demandas legítimas que pueden ser distintas a las de otros barrios, pero además aporta un conocimiento experto, no técnico sino de quien vive en el lugar”, reflexionó.

Un imprevisto

En la asamblea del 18 de diciembre de 2012 para la presentación del proyecto, una señora dijo que sus hijos tienen problemas por el plomo, lo que significó una sorpresa para los técnicos, porque ese tipo de contaminación no había aparecido en toda la información secundaria relevada en la primera etapa. La presencia de plomo en cantidades elevadas fue entonces el primer tema a descartar o confirmar, pero recién en febrero de 2013, porque en enero “no funciona nada”, según describió Cabezudo. La firma tomó diez muestras de suelo en las que se constató la presencia de plomo, por lo que el tipo de contrato con la firma empezó a cambiar mucho y el PIAI tuvo que recorrer un proceso de contratación con la firma Ecotech, especialista en temas ambientales, que hizo un análisis sobre 100 muestras. Dicho estudio recién se pudo concluir en mayo, y se reconfirmó la presencia de plomo, pero con datos más precisos que indicaban la distribución dentro del asentamiento, porque se encuentra sólo en algunos lotes y debido al enterramiento de baterías y a restos de la clasificación de residuos que realizan algunas familias del barrio.
“Si todo el barrio estaba con problemas vinculados con el plomo se cuestionaba la viabilidad de la intervención, pero como estaba ubicado en algunos lugares específicos, se reorientó el contrato con la firma a los efectos de ver cómo se resuelve. Para cuando llegue la obra definitiva [falta más de un año], ver cuáles son las medidas de sustitución de suelo, remediación, etcétera. Sin perjuicio de eso, había que actuar inmediatamente. Lo primero fue informarles a las familias, por eso hubo una asamblea el 19 de abril, en la que se informó sobre el tema y sobre las próximas acciones”, recordó. En ese sentido, se trabajó con la Unidad Pediátrica Ambiental (UPA) y otros actores locales, y se confeccionó una lista con los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas para priorizar la toma de muestras de sangre.

La base está

Consultado acerca del grado de conocimiento de la situación de contaminación en los asentamientos, Cabezudo se remitió a analizar la experiencia de Lavalleja. “Cuando hicimos el trabajo previo, en ningún registro del sector salud o de la IM existía constancia de la existencia de plomo. Tal vez puedo hacer una generalización errónea, pero no creo que se haya hecho una investigación sistemática del territorio nacional para establecer dónde hay. Lo que sí existen son las técnicas que permiten verificar si está presente o no en determinado lugar”. En diálogo con la diaria, la directora de la División de Control y Calidad Ambiental de la IM, Gabriela Feola, explicó que esa dependencia mide la contaminación en distintos territorios a pedido de entidades particulares y también cuenta con un mapeo propio de Montevideo.
En cuanto a la contaminación en la tierra, recientemente la IM accedió a tecnología que permite establecer resultados primarios en el momento en que se realiza la medición, aunque luego debe ser constatado con los resultados de los análisis tradicionales del laboratorio. Se trata de un aparato que se coloca en el suelo y en pocos segundos establece la cantidad de metales presentes en esa porción de tierra. Sin embargo, para la contaminación de metales vía aérea la tecnología no está tan al alcance. Según explicó Feola, hay un informe semanal de la calidad del aire, pero no incluye la presencia de metales, aunque ese estudio también puede realizarse, explicó.

Finalmente, en setiembre de este año se procesó la ampliación del contrato con la consultora para abordar los temas de contaminación de suelo, que si bien ya venía trabajando, era necesario formalizar el vínculo. Cabezudo indicó que para el 4 de octubre se convocó una asamblea en la que se comunicó a las familias que el proceso de regularización seguía adelante y se les informó de las medidas de mitigación que se adoptarán. “La explicación ‘estamos trabajando’ que se daba no me satisface como ciudadano, pero era la realidad; cuando tenga las respuestas te las voy a dar”, reconoció el titular del PIAI. Además, dijo que el proceso ya está encarrilado y que el PIAI cuenta con los elementos técnicos para seguir ejecutando el proyecto, y que se está trabajando en la implementación de las medidas de mitigación del plomo.

Salida

Pese a que algunos actores barriales manifiestan su disconformidad con la medida y pretenden el realojo total, desde el PIAI se afirma que la remediación del suelo va a ser la solución, mientras que la población está siendo dirigida a los centros de salud de la zona. Al respecto, Cabezudo indicó que hubo alguna dificultad con la UPA porque los reactivos que se usan en los análisis son escasos y deben ser importados, lo que hizo que algunos resultados de exámenes se atrasaran.
Además, las medidas de mitigación y prevención que intentan implementarse consisten en el aislamiento de los pisos de tierra, mejorar el acceso al agua potable para realizar una instalación provisoria, instruir a las familias. “En materia de salud, lo que hacemos es articular y derivar, y el tema que nos tiene ocupados en estos días es buscar alguna solución de baños provisorios, a la espera de que llegue la obra definitiva. Eso es difícil porque la obra de fondo va a ser una red de saneamiento, estamos analizando que quizá la red provisoria sea la definitiva, por lo que dejaría de ser una medida de mitigación”.
Consultado acerca de la manifiesta desinformación de varios vecinos del barrio, el jerarca se mostró sorprendido y dijo que él mismo estuvo en las asambleas, acompañado por técnicos del PIAI y de la UPA. Dijo también que el programa no financia ninguna obra que no tenga la aprobación de al menos 70% de los vecinos beneficiarios, y aseguró que a la gente no se la obliga a decir que sí. “Cuando se llega a la instancia de aprobación es el mejor indicador de que la gente se apropia de la propuesta y cree que es lo mejor para el barrio”, concluyó.
Por su parte, Gabriela, vecina del barrio, dijo que si bien las asambleas fueron bastante concurridas, no todos asisten. “En la última que solicitaron fue gente a decir lo que ya sabíamos, que el realojo es complicado por el tema del plomo”, se quejó. Además, la vecina dice haberse asesorado sobre el proceso y sabe que le corresponde una vivienda y no “lo que ellos quieran”. Sobre el plan del realojo sabe que “van a hacer casas un poco más al fondo”, con la intención de juntar dos barrios.

Vieja barriada sin fin

Pero los problemas de plomo no son patrimonio de una zona específica. En contacto con la diaria, un grupo de vecinos organizados de Malvín Norte explicó que también tienen problemas similares, y que deben enfrentarse las mismas dificultades para lograr soluciones. La realidad de Malvín Norte es visiblemente distinta de la de Lavalleja: los asentamientos de esa zona, particularmente Boix y Merino e Isla de Gaspar, se encuentran sobre lo que en la mitad del siglo XX se conocía como la cantera de los presos, porque allí iban los privados de libertad a picar piedra. Pero cuando dejaron de utilizarse con ese fin se fueron llenando con residuos, tanto por descartes de clasificadores como por su utilización como usina por camiones de otras zonas.
En 2005, la IM puso en marcha un proceso de regularización de estas dos zonas casi de forma paralela, que entre otras cosas implicó analizar la calidad del suelo. Según dijeron actores barriales, el primero de ellos no arrojó resultados de contaminación, pero cuando los vecinos denunciaron que el suelo emanaba líquidos se hicieron estudios más profundos que confirmaron la contaminación.
En Boix y Merino hay un gran espacio declarado no apto para vivienda por contaminación con plomo, mientras que la totalidad de Isla de Gaspar no está apto para regularizarse por el alto contenido de plomo, por lo que debe realojarse a las familias, según estudios que datan de 2008. Otro de los asentamientos de la zona es el Aquiles Lanza, que hasta hace pocos años no era tenido en cuenta por programas estatales, hasta que vecinos organizados lograron que se pusiera en agenda. En total, en la zona viven cerca de 4.000 personas, con un alto porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes.

A destiempo

Según relataron los vecinos, entran en conflicto el tiempo que lleva la relocalización o la mejora con el tiempo que la familia necesita, ya que los más afectados por la contaminación ambiental son los niños, que están en contacto con el suelo. Las situaciones de contaminación también se agravan con la estrategia laboral de clasificación, forma de sobrevivencia de gran parte de las familias de esos barrios. Además de que se hacen cargo de sus residuos y los de barrios cercanos, en Aquiles Lanza funciona un depósito intermediario de residuos, que compra a los recolectores para revender la materia prima a depósitos más grandes y formalizados.
Gladys vive en ese asentamiento desde hace algunos años y para subsistir vende cigarrillos, lo que a su vez lleva a que otros vecinos piensen que en su casa funciona una boca de venta de drogas y reciba allanamientos policiales bastante seguido. Ella vive con su compañero y sus siete hijos, que tienen entre uno y diez años, todos contaminados. A pesar de lo silenciosos que son los efectos del plomo en la salud, empezó a notar que a una de sus hijas se le caía el pelo. Fue al médico y poco antes de que se cerrara el diagnóstico de alopecia, decidieron que se hiciera un análisis de sangre, proceso que después siguió el resto de sus hijos.
A diferencia de los vecinos de Lavalleja, Gladys dijo no haber tenido problemas con la demora en la entrega de resultados, pero sí con el acceso a la información de su historia clínica y la de sus hijos. Según detalló, las maestras y los CAIF le piden un informe físico que pueda explicar trastornos en el rendimiento escolar, pero cuando se lo pide a la doctora que los atiende le dice que lo va a hacer pero que se precisa la firma de uno de sus superiores, y el documento se tranca. También necesita un informe similar para poder solicitar el realojo, algo que considera imprescindible para que sus hijos mejoren. Uno de ellos, el que tiene un año y medio, fue sometido a un tratamiento hace poco, en el que le dieron medicación y fue aislado, pero cuando volvió a la casa regresó a la misma situación de la que se fue. “Se fue de mi casa, le dieron la medicación y de 49,8 bajó a 9. Ellos dicen que salir del lugar del que vos estás es la solución, pero no te lo firman. Ahora estamos a la espera de los nuevos resultados, pero lo más probable es que haya subido, porque él sale a la calle a jugar y están todo el día”, lamentó.
Contó que tuvo una audiencia con la alcaldesa y le pidió que fueran a su casa con una hidrolavadora, pero le respondió que si bien el aparato estaba, no había personas para hacer ese trabajo, que quizá se podía gestionar con otro municipio. “Yo ya he planteado el realojo, planteé que por favor me hicieran una calle de asfalto, algo lo más prolijo posible, porque si no me quieren realojar que por lo menos me arreglen el lugar donde los niños juegan y se contaminan. Nosotros vivimos en una casa, pero de noche cerramos la puerta y no estamos mirando si los lateros que venden el cobre están quemando cables. Ellos queman y al otro día los niños salen y nosotros no podemos hacer otra casa además de barrer”, reclamó. Recientemente se logró el retiro de tierra del camino por el que se accede a su casa y la colocación de balasto en su lugar, aunque esa solución no conforma a Gladys, quien dice que cuando llueve parte de esa tierra entra al patio de su casa.

Trabajo social

Vecinos y organizaciones de la zona reclaman más trabajo social y se quejan de que las intervenciones ambientales no van acompañadas de la suficiente participación de la población. Consultado al respecto, Cabezudo señaló que los retrasos en la ejecución de las acciones se deben principalmente a cuestiones burocráticas que los procesos licitatorios deben cumplir para brindar mayores garantías. Con respecto al trabajo interinstitucional en el territorio, señaló que con los temas de salud el PIAI se limita a derivar a las personas a los centros correspondientes.
Otra queja de los actores barriales refiere al tipo de intervenciones, que en general no cubren todos los factores que influyen en temas de contaminación. Por ejemplo, reclaman que se sancionen normas que desalienten la quema de cables, como la prohibición de que Uruguay exporte cobre sin producirlo naturalmente, o que se regule el recambio de monitores y televisores, cuyas viejas carcasas pueden verse acumular en estos asentamientos.

Facundo Franco