ONU rechaza decisión de SCJ
Delitos permanentes
Expertos de la ONU expresaron el martes su preocupación ante
decisiones de la Suprema Corte de Justicia que determinaron el cierre de
dos causas por torturas, desapariciones y homicidios durante la
dictadura militar, informó la oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en un comunicado.
Según Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de
la Verdad, la Justicia y la Reparación, "ninguna disposición legal o
práctica nacional, incluidas las amnistías, pueden ser válidamente
invocadas por el Estado como excusas para no avanzar con las
investigaciones de las atrocidades cometidas, de acuerdo con el derecho
internacional".
De Greiff dijo que es "preocupante que aún permanezcan impunes los
crímenes cometidos durante la dictadura y que las vías de acceso a la
justicia y a la compensación de las víctimas de estos crímenes y sus
familiares aparentemente se vuelvan a cerrar".
Por su parte, el relator especial sobre Tortura, Juan Méndez, señaló que
"Uruguay tiene la obligación de investigar, juzgar y castigar a los
culpables de estos crímenes y de reparar adecuadamente a las víctimas".
Esta obligación, añadió Méndez, "implica tanto derogar la legislación
nacional y remover cualquier obstáculo que favorezca la impunidad de los
responsables de violaciones graves de los derechos humanos como la
tortura, como también tomar todas las medidas positivas necesarias para
que esas violaciones sean investigadas, y los culpables juzgados".
A su vez, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas emitió una
nota donde señaló que "todo acto de desaparición forzada se debe
considerar delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la
suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan
esclarecido los hechos".
Los expertos de la ONU recordaron que a partir de febrero de este año la
Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de dos
artículos de la ley que anuló la Ley de Caducidad, de 2011, que
permitían que violaciones a los derechos humanos cometidos durante el
régimen militar sean investigados.
A su vez, Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre Independencia de los
Magristrados, señaló que "como agentes del Estado, los magistrados
tienen la obligación y la responsabilidad de asegurar el respeto y la
promoción de los derechos humanos y el estado de derecho".
"Esto entraña el deber de asegurar, de manera proactiva, el respeto de
las normas internacionales de derechos humanos, tanto en las
deliberaciones de los tribunales como en la aplicación de los
procedimientos judiciales", agregó.
Montevideo Portal
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