SUPREMA CORTE

Amnistía Internacional: a 40 años del golpe “crímenes del pasado siguen impunes”

“Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985”, puntualizó Amnistía Internacional, a través de su Directora de Programa Regional para América. Guadalupe Marengo, dijo que “a pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.

Viernes 28 de junio de 2013 | 09:57

Suprema Corte de Justicia / mw.nl

A.I. considera que “el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas” continúa siendo la ley de Caducidad, tras la decisión de la Suprema Corte de abrir “nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y por tanto sujetos a prescripción”.

Reclaman revisar “prontamente” decisión de la Corte

Guadalupe Marengo remarcó que “el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”.
Agregó en tal sentido que “el fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001”.
Recordó finalmente la delegada de A.I. que “Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.