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No
es sencillo resumir los resultados del encuentro de los países miembros
de la Convención Marco en Cambio Climático de las Naciones Unidas, que
tuvo lugar en Lima (Perú). Su objetivo era ambicioso y también urgente.
Pero los resultados han sido muy discutibles. Les comparto una breve
reflexión publicada días atrás en el suplemento Ideas, del periódico
Página Siete de Bolivia.
En la cumbre de Lima se debía precisar el marco de un futuro
tratado, protocolo o mandato que impusiera restricciones sobre la
emisión de gases con efecto invernadero para contrarrestar el cambio
climático.Es un objetivo que se intenta alcanzar desde hace años, y se
esperaba concretarlo en Lima, dada la presión ciudadana y nuevos
reportes científicos confirmaron que el cambio climático es más grave de
lo esperado y que avanza más rápidamente.
Bajo los compromisos actuales, tales como el viejo Protocolo de
Kyoto, los únicos que tienen obligaciones de reducciones son las
naciones industrializadas. A los países en desarrollo, y entre ellos los
latinoamericanos, no se les exige limitar sus gases invernadero, aunque
pueden hacerlo voluntariamente. Pero es muy evidente que esa posición
es actualmente insostenible, ya que muchas naciones del sur han pasado
en los últimos años a estar entre los más grandes contaminantes del
planeta. Un nuevo acuerdo impondría obligaciones para todos los estados,
y allí surgen las confrontaciones y desavenencias.
Esas discrepancias quedaron en claro en Lima. Buena parte de las
naciones en desarrollo no desean limitar sus propias emisiones de gases
invernadero ya que las conciben como trabas a su progreso económico. Y
en caso que algo hicieran, quieren que los países ricos las compensen
económicamente por eso. Las naciones industrializados evitan reducir
todavía más sus gases invernadero, y nada quieren saber con una ayuda
financiera masiva.
De esta manera, en Lima, casi todos los países invocaban la gravedad
del cambio climático, pero en verdad evitaban asumir compromisos,
aunque usando argumentos muy distintos. Se llegó a un acuerdo porque era
tan vago e impreciso que no impone obligaciones ecológicas o
financieras, y deja casi todo abierto para seguir negociando un año más.
Viejos y nuevos contaminadores
La diversidad de argumentos para esquivar las responsabilidades ya
no puede ser analizada desde una perspectiva que separa dos bloques: el
“norte” y el “sur”. Es una simplificación sostener que sólo el norte es
el principal emisor de gases invernadero, y el sur, sin
responsabilidades, sufre las consecuencias. En los últimos años la
situación ha cambiado drásticamente, y entre los diez más grandes
contaminadores globales están entreverados países del sur y del norte.
El primer lugar lo ocupa China, que desplazó a Estados Unidos al
segundo sitio. Si se toma a los 28 países de la Unión Europea como un
conjunto, estarían en tercer lugar, pero a nivel individual ese sitio es
ocupado por India. A su vez, en esas primeras ubicaciones aparecen por
ejemplo Indonesia y Brasil, que emiten más que Japón o Alemania. Eso
explica que naciones como China o Brasil se resistan a aceptar
obligaciones a reducir sus emisiones, solo lleven adelante planes
voluntarios.
Se ha dicho muchas veces que esos indicadores totales no son muy
justos, y que deberían considerarse las emisiones por personas. Si así
se hace, una vez más aparece otra geografía ecológica. El punto de
referencia para lo que podrían llamarse “emisiones justas” son 2 ton de
CO2 por habitante en el planeta, y sin duda las naciones
industrializadas están muy sobrepasadas. Pero nosotros, en América del
Sur, también. Paraguay ocupa el primer lugar con 18.2 ton CO2 por
persona, el segundo lugar corresponde a Bolivia (14.8), y en el tercer
puesto está Venezuela (13.4). Todos los indicadores son contundentes:
nuestros países también son responsables.
Más de un lector se preguntará a qué se debe esta particular
situación de los latinoamericanos. Es que mientras en los países
industrializados el principal origen de las emisiones son los gases de
las fábricas y motores, en América del Sur su origen está en la
deforestación, las transformaciones agropecuarias y otros cambios en el
uso del suelo.
Aceptando que las principales emisiones tienen esos orígenes, queda
en claro que las políticas nacionales contra el cambio climático en
países como Bolivia, deben comenzar por cambiar sus estrategias de
desarrollo rural, modificar la tenencia de la tierra y detener la
deforestación. Se impone un cambio de rumbo que no es nada sencillo, y
que los Estados prefieren evitar, y rara vez mencionan en los cónclaves
internacionales.
