Los uruguayos y las elecciones en Argentina - Por Daniel Chasqueti

                                          Politólogo Daniel Chasqueti

Los uruguayos insistimos en mirar la política argentina en términos izquierda-derecha,sin reparar que esos lentes no sirven para analizar lo que ocurre
allende el Plata. En Argentina, existen otros clivajes más importantes que, en cada instancia electoral, terminan imponiéndose como ejes primordiales de competencia. En la elección de ayer, los ejes
corrupción-transparencia, república-hegemonía, y
peronismo-antiperonismo,parecieron ser más importantes que las típicas definiciones de izquierda y derecha.

Aún así, en Uruguay,durante los días previos, los militantes de izquierda, sobre todo jóvenes, hicieron campaña en las redes sociales a favor de Scioli, y en
la noche del domingo, muchos dirigentes y simpatizantes de los partidos tradicionales expresaron, de igual modo, su convicción de que el triunfo de Macri suponía una derrota para el Frente Amplio. Si ambos grupos hubieran sido prudentes, podrían haber reparado que la mayoría del
electorado argentino no votaba izquierdas o derechas sino que estaba cansado de la prepotencia, la corrupción y las prácticas hegemónicas del grupo gobernante.

Otro tanto ocurre con el tema Venezuela. Una parte de nuestra izquierda se siente sublimemente
comprometida con el gobierno de Maduro, mientras que una parte de la derecha ha tomado como leitmotiv el combate contra él. Algunos
lúcidos analistas de la política de ese país muestran que ni la izquierda está toda en el gobierno, ni la derecha es tan sana y pura, y que la escena política venezolana está plagada de matices y contradicciones.

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Los uruguayos y las elecciones en Argentina - Zoom Politikon / Columnistas - Montevideo Portal

Una tenaza sobre el gobierno por Daniel Chasquetti

Zoom Politikon


Autor: Doctor en Ciencia Política.
Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.


La salida de José Mujica del gobierno provocó la ruptura de un acuerdo implícito entre el MPP y el FLS. Durante cinco años el entendimiento entre estos sectores brindó estabilidad y certeza al gobierno del Frente Amplio. Unos y otros se toleraron, discutieron y sobre todo, cooperaron para sacar adelante las iniciativas del Presidente. Esto fue muy claro en el Parlamento, donde el entendimiento entre ambos, determinaba la suerte de cada proyecto de ley. Es cierto que en muchas ocasiones, la relación se tensó generando conflictos que cobraron estado público (por ejemplo, cuando el presidente propuso el IASS contra la opinión de Astori o cuando Mujica alentó a su equipo económico en OPP a tener mayor protagonismo),  pero como me dijo una conocida senadora, "lo normal era que esos grupos se pelearan para la tribuna pero luego, en privado, se pusieran de acuerdo para impulsar determinadas decisiones". Esa convergencia restó visibilidad y protagonismo a sus aliados naturales, el PCU (del MPP) y el PS (del FLS), los cuales quedaron normalmente relegados ante el ritmo decisorio que imponían los pragmáticos aliados.

Con la llegada de Tabaré Vázquez al gobierno, el compromiso entre el MPP y el FLS culminó, generándose así un nuevo escenario, muy parecido al observado en el lustro anterior (2005-2010). De un lado, quedaban los moderados liderados por Vázquez y Astori, y del otro, los radicales y disconformes con Mujica a la cabeza. En ese cambio influyó decisivamente el nuevo Presidente, cuando a 48 horas de haber alcanzado la victoria designó un gabinete con clara predominancia de los sectores moderados, sin tomar en cuenta que la bancada parlamentaria del partido de gobierno está integrada por una mayoría abrumadora liderada por Mujica. Este es un problema de incongruencia y sobre ello me extendí en la columna pasada.

El segundo factor que influyó en la reconfiguración de un nuevo escenario interno del Frente Amplio, fue el resultado de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. El MPP realizó en esa oportunidad una apuesta importante al intentar obtener 5 o 6 Intendencias. Sin embargo, el MPP consiguió sólo dos gobiernos, los de Canelones y Rocha, y sufrió una durísima derrota en la capital del país. El resultado de la elección departamental cerró un proceso donde la alianza moderada liderada por Vázquez acumulaba más poder del que el ala izquierda podía tolerar: controlaba la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la política económica, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Presidencia del Frente Amplio.

Ante esta situación comenzó a tejerse una estrategia con el objetivo de reequilibrar el escenario interno del gobierno y del Frente Amplio. Podríamos imaginar una estrategia parecida a una tenaza sobre el gobierno. Según el diccionario de la Real Academia Española, toda tenaza cuenta con brazos metálicos semicirculares y acabados en un filo, unidos por un eje que permite que sus puntas se unan o separen. El primer brazo de la tenaza estratégica lo constituye la bancada parlamentaria, capaz de frenar, modificar o sustituir los proyectos que envía el gobierno. Esto ya ha sucedido con algunas iniciativas (por ejemplo, el FONDES) y promete seguir ocurriendo durante todo el período. El segundo brazo de la tenaza lo conforma la estructura interna del Frente Amplio, controlada por el PCU y el MPP, y bajo cuya supervisión se procesó la renuncia de Mónica Xavier de la Presidencia partidaria. Desde ese ámbito se pretende alcanzar definiciones acerca de una serie de políticas polémicas del gobierno con el fin de condicionar y marcar rumbos alternativos (un ejemplo formidable de esta estrategia es lo que está sucediendo con el TISA).

A estos dos brazos estratégicos se suma un tercero configurado por el accionar del movimiento sindical, actor político controlado por dirigentes afines mayoritariamente a los sectores izquierdistas del Frente Amplio. Su formidable poder fue alimentado durante diez años por los propios gobiernos frenteamplistas a través de leyes que favorecieron su organización (ley de fueros sindicales, ley de negociación colectiva, etc.) y políticas públicas que reportaron beneficios sustantivos para los trabajadores (desempleo moderado, aumento constante del salario real, etc.) y cuyo crédito ha sido reclamado permanentemente por la actual dirigencia sindical. Como el movimiento sindical es poderoso y cuenta con una extraordinaria capacidad de veto sobre cualquier reforma que el gobierno pretenda impulsar, sus decisiones también condicionan y constriñen el desempeño del gobierno.

Por tanto, la tenaza sobre el gobierno opera con una bancada parlamentaria que opera como un guardián de los logros anteriores, una estructura partidaria dispuesta a recomendar rumbos y un movimiento sindical poniendo en jaque cualquier reforma de política pública que el gobierno pretenda impulsar. Quienes lean este análisis podrán imaginar -correctamente- que se avecinan tiempos difíciles para el gobierno de Tabaré Vázquez. Sin embargo, debemos recordar que toda tenaza puede unir o separar sus puntas según la voluntad de quien la manipule. Al respecto conviene recordar que no existe un único ejecutor, sino un colectivo de actores deseosos de ser tomados en cuenta. La lista comenzaría con Mujica, seguiría con Lorier y continuaría con Sendic y varios dirigentes sindicales. Si se piensa bien, ninguno de los nombrados está interesado en que las puntas de la tenaza se unan y el gobierno se sumerja en una crisis irresoluble. Su objetivo es más modesto y consisten en apretar para que el gobierno considere sus puntos de vista o para que ciertas políticas del gobierno de Mujica no sean revertidas.

Por tanto, es probable que en los próximos meses, y tal vez años, la interna del Frente Amplio y del gobierno se mueva al ritmo que los operadores de la tenaza deseen, a menos que Vázquez modifique su estrategia y consiga romper algunos de los supuestos básicos de este esquema. O que el FLS y el MPP consigan una aproximación parecida a la que observamos en el período anterior. Sin embargo, por el momento, nada de eso parece estar a la vista y el conflicto público entre moderados y radicales tenderá a ser un episodio recurrente.

Incongruencia Análisis de Daniel Chasquetti

Muchos se preguntan qué ocurre con el gobierno, por qué existen tantas voces dispares, por qué muchos de sus miembros no aparecen convencidos del rumbo, por qué hay cortocircuitos, diferencias, etc. Hay muchas explicaciones para esta situación, tantas que podrían escribirse decenas de páginas sin temor a repetir respuestas. En esta columna me concentraré en un único problema al cual considero importante y que siguiendo la literatura de ciencia política, denomino "incongruencia del gabinete". La descripción podría ser más o menos la siguiente:

Por un lado está el gabinete cuya integración expresa con claridad las preferencias del presidente. Por otro está la bancada parlamentaria cuya composición es muy distinta. Como ambos actores (gabinete y bancada) presentan configuraciones distintas, se generan diferentes grados de compromiso con el rumbo del gobierno. Como las preferencias del gabinete probablemente no sean las mismas que la de la bancada, cada tema de política pública estará sujeto a debate, negociación y ajuste, que consumirá las energías del partido en el gobierno. En el Parlamento, muchos miembros oficialistas no se sentirán identificados con el rumbo que desarrolla el gobierno y al no tener un fuerte vínculo con el gabinete, tendrán el campo libre para actuar unilateralmente (1). Eso se traduce en retrasos al proceso legislativo (baja productividad), muchas enmiendas a las propuestas del gobierno (costos altos de transacción) y discursos públicos que debilitan la posición gubernamental en muchas áreas de la política pública. Desde mi perspectiva, este es uno de los principales problemas que enfrenta el segundo gobierno de Vázquez. Los problemas probablemente se irán acentuando en la medida en que la distancia entre las preferencias del ministro promedio y las del legislador promedio no se acorten.

Las pruebas empíricas que puedo ofrecer se basan en los siguientes términos (2). El reconocido politólogo brasileño Octavio Amorim Neto propuso en 1998 el Índice de Congruencia Partidista del Gabinete (ICPG). Su intención era medir la relación entre la distribución de carteras en el gabinete y el peso legislativo de los partidos (o fracciones) que lo integran. Cuando el gabinete no incluye a ningún ministro de los partidos (o fracciones) que apoyan legislativamente al presidente, el valor del índice será 0 (absoluta incongruencia). Cuando el gabinete presenta una relación perfecta entre proporción de ministros y proporción de escaños legislativos de los partidos (o fracciones), el valor será 1 (absoluta congruencia). La presencia de ministros sin filiación partidaria (independientes) hace caer el valor del índice. La fórmula matemática es sencilla:

ICPG= 1-1/2S(Si-Mi)

donde Mi es la proporción de ministerios que reciben los partidos (o fracciones) cuando se integran el gabinete, y Si la proporción de escaños legislativos que aportan los partidos (o fracciones) que ingresan al gabinete (3). El cálculo puede ser realizado en base a los partidos (en caso de ser un gobierno de coalición) o las fracciones (para cualquier tipo de gobierno en Uruguay).

Antes de mostrar los resultados, debe decirse que en la literatura politológica, se entiende que hay un nuevo gabinete presidencial cuando (i) asume un nuevo presidente; ii) se produce un cambio en la composición partidaria del mismo (por ejemplo se rompe una coalición de gobierno); o (iii) el presidente realiza cambios en el gabinete donde es relevado el 50% de los ministros (4). Estos tres criterios permiten decir que en Uruguay han habido pocos gabinetes desde 1985 a la fecha.

El cálculo del ICPG en base a las fracciones muestra los siguientes datos:

Gabinete				Período					ICPG
Sanguinetti				1985-90					0,899
Lacalle I				1990-92					0,818
Lacalle II				1990-93					0,742
Lacalle III				1993-95					0,754
Sanguinetti				1995-00					0,813
Batlle I				2000-02					0,910
Batlle II				2002-05					0,839
Vázquez				2005-10					0,801
Mujica				2010-15					0,835
Vázquez				2015					0,564

De acuerdo a datos de Amorim Neto (1998), la media del ICPG para 73 gobiernos de doce países de América Latina entre 1983 y 1997, era de 0.708. Como podrá observarse, ningún gabinete uruguayo anterior al actual gobierno estaba por debajo de ese promedio. Sin embargo, el segundo gobierno de Vázquez si lo está.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple: hay un problema de diseño. Primero, existen muchos ministros independientes que no representan a ningún sector parlamentario: María Julia Muñóz, Ernesto Murro, Víctor Rossi, Tabaré Aguirre o Marina Arismendi. Algunos son "tabarecistas" a secas, en tanto otros tienen afinidades con algún grupo. Sin embargo, ninguno de ellos puede ser plenamente identificado como representantes de un sector parlamentario (ni siquiera Marina Arismendi cuyos vínculos con el PCU oscilan con el paso del tiempo).

Segundo, existen varios grupos parlamentarios que no tienen representantes en el gabinete: Partido Comunista, PVP, IR, Cabildo, Compromiso Frenteamplista, Casa Grande. Estos sectores representan algo más de la quinta parte de la bancada y podría decirse que su vinculo con el gobierno es por demás débil. No aplica esto para el grupo de Sendic que controla la Vicepresidencia de la República, link poderoso con el gobierno. Sin embargo, el problema está en que su líder se encuentra a medio camino entre la bancada y el gobierno, y el grupo como tal no controla ni es responsable por ningún área específica de la política pública.

Tercero, el grupo mayor, o sea el MPP, está subrepresentado. Cuenta con solo dos ministros (Eduardo Bonomi y Carolina Cosse) pero controla algo más de la mitad de la bancada lo cual implica una situación de insatisfacción permanente. Podría agregarse a la lista de ministros mujiquistas a Fernández Huidobro pero dudo que los parlamentarios del MPP estén dispuestos a responder por él o a defenderlo hasta las últimas consecuencias. También podríamos considerar a Tabaré Aguerre como próximo o cercano al MPP, pero esa relación no es del todo clara para los parlamentarios del grupo. A todo esto se suma la natural defensa que el grupo hace de la gestión del ex presidente José Mujica, por lo que cada intento de reversión de políticas que realice el actual gobierno tendrá al MPP como natural obstáculo.

Finalmente, aparece el caso del Partido Socialista que cuenta con un único ministro (Jorge Baso) pero su pequeña bancada está dividida en dos corrientes bien difereciadas. La mayoría de los diputados son "garganistas" y por tanto no están representados en el gabinete, pero los senadores son "tabarecistas" y sí lo están (situación que se refuerza si sumamos el cargo de director de OPP -no considerado- ejercido por el socialista tabarecista Álvaro García). Parece lógico pensar que los diputados socialistas tienen muy pocos argumentos para sentirse identificados con un gobierno que no los toma en cuenta y donde, según su óptica, están casi todos menos ellos.

Por tanto, demasiados parlamentarios que no se sienten vinculados al gabinete y demasiados ministros que no cuentan con soportes sólidos en el parlamento. Esto a mi juicio es un gran problema. Para los que no se sienten representados será muy fácil criticar públicamente a los ministros o no ayudarlos en la consecución de sus metas. Con este diseño, se limita al máximo la transacción lógica de toda coalición legislativa: "hoy ayudamos a tu ministro y mañana ayudaremos al mío". Muchos no tienen ministros y muchos ministros no tienen quien los ayude.

Hace más de seis décadas, Luis Batlle Berres manifestó en un acto de campaña, rumbo a la elección noviembre de 1954: "…el Ejecutivo electo deberá mirar la geografía política de las Cámaras y según los números obtenidos por las distintas fracciones del Partido, hacer la distribución de los ministerios. No hay nada que inventar; no hay nada que innovar; no hay caminos nuevos, sino repetir los que la vida democrática del país nos ha enseñado..." (5)

Esa sentencia nos habla de una enseñanza histórica acerca de cómo diseñar el gobierno tomando en cuenta al Parlamento. El presidente no tiene forma de gobernar sin pasar por las cámaras y para eso debe construir apoyos legislativos considerando la correlación de fuerzas determinada por la ciudadanía. Eso lo sabía Batlle Berres, lo sabían sus antecesores y también lo deberían tomar en cuenta los gobernantes actuales.

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Notas.

(1) Al respecto, resulta muy ilustrativa la nota de contratapa del Semanario Búsqueda del 23 de julio de 2015, "Una reunión de diputados oficialistas previa a la discusión presupuestal dejó aislado al astorismo dentro de la bancada".

(2) Para una discusión más amplia sobre el tema de los gabinetes en Uruguay, ver Chasquetti, Daniel, Daniel Buquet y Antonio Cardarello (2013). "La designación de gabinetes en Uruguay: Estrategia legislativa, jerarquía de los ministerios y afiliación partidaria de los ministros", en América Latina Hoy 64, pp.15-40

(3) Amorim Neto, Octavio (1998). “Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of 10 Latin American Countries”. Paper presentado en el Meeting of the Latin American Studies Association, The Palmer House Hilton Hotel, Illinois, September 24-26, 1998.

(4) Lijphart, Arend (1984). Las Democracias Contemporáneas. Barcelona: Ariel.

(5) Discurso pronunciado por Luis Batlle Berres el 27 de marzo de 1954 en la ciudad de Mercedes al iniciar la campaña electoral de ese año. Ver Rompani, Santiago (1965:235) Luis Batlle Berres. Pensamiento y Acción. Alfa. Montevideo.

Predicciones sobre mayo Daniel Chasquetti

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Columnas de Daniel Chasquetti

25.Abr.2015

Muchos se preguntan si las elecciones departamentales de mayo arrojarán cambios en el concierto de poder subnacional. El resultado de octubre del año pasado mostró un incremento del caudal electoral del Frente Amplio en 16 departamentos y un retroceso en Montevideo, Maldonado y Canelones (1). Esas novedades alentaron las expectativas de diferentes actores políticos respecto al resultado de las elecciones departamentales y la posibilidad de cambios en la titularidad de algunas Intendencias.

Muchos analistas sostienen que las elecciones departamentales presentan una autonomía creciente respecto al escenario nacional. La evidencia empírica ofrecida es concluyente pues en varios departamentos del país se vota de un modo en octubre y de otro muy distinto en mayo (2).

Si ignoramos los resultados de octubre y nos concentramos únicamente en las tendencias mostradas por las elecciones departamentales luego de la reforma de 1996, podemos observar diferentes configuraciones de competencia subnacional. Por un lado están los departamentos que cuentan con un partido predominante perpetuado en el gobierno local, y por otro, los competitivos que presentan alternancias en la titularidad del gobierno. Entre ellos encontramos algunos casos intermedios que parecen moverse en diferentes direcciones. Veamos esto con detenimiento.

Los departamentos con un partido predominante son aquellos donde la diferencia entre el primero y el segundo en la última elección, ha sido mayor a los 25 puntos porcentuales: Tacuarembó, Flores, Durazno (Partido Nacional), Montevideo y Canelones (Frente Amplio). En estas circunscripciones, el partido gobernante está muy fuerte y las encuestas indican que no deberemos esperar cambios en la titularidad del ejecutivo (3). A este grupo podrían agregarse otros cuatro donde el partido ganador tomó entre 20 y 25 puntos de ventaja en 2010 y las encuestas indican que el escenario continuará incambiado: Rivera (Partido Colorado), San José, Soriano y Lavalleja (Partido Nacional). Por tanto, tenemos 9 departamentos con partido predominante donde seguramente no habrá cambios en la titularidad partidaria del gobierno. Obsérvese que en Canelones, Montevideo, Flores, Durazno y Lavalleja, el predominio del partido mayoritario se expresa no solo en mayo sino también en octubre, por los que esas hegemonías parecen ser muy sólidas. En los otros casos, sin embargo, se observan fenómenos de inconsistencia muy interesantes. En San José y Soriano el Frente Amplio le ganó al predominante Partido Nacional; en Tacuarembó hubo prácticamente un empate; y en Rivera el mayoritario Partido Colorado quedó tercero. Parece entonces evidente que estos son los departamentos con los escenarios locales más autónomos respecto al nivel nacional. O sea, es en estos cuatro casos donde la mayoría de la ciudadanía vota de un modo cuando hay que elegir presidente y de otro diferente cuando hay que elegir Intendente.

Los departamentos competitivos son aquellos donde la distancia entre el primero y el segundo ha sido inferior a los 10 puntos en la última elección: Florida, Paysandú, Río Negro, Treinta y Tres (Partido Nacional), Salto (Partido Colorado) y Artigas (Frente Amplio). En estos seis departamentos deberíamos esperar fuertes competencias entre partidos gobernantes y partidos opositores, y obviamente, algún cambio en la titularidad del gobierno.

Los departamentos intermedios son aquellos donde la competencia podría estar cambiando por razones diversas y sobre las cuales no podemos extendernos. Rocha y Colonia tuvieron un claro dominio de un partido durante largo tiempo pero las encuestas indicarían que se están tornando competitivos. Cerro Largo y Maldonado ofrecen un panorama muy similar porque, a pesar de que en la pasada elección la diferencia entre los dos primeros partidos osciló entre 14 y 20 puntos, las encuestas hoy describen una fuerte competencia entre nacionalistas y frenteamplistas.

Por tanto, habría diez departamentos potencialmente competitivos en esta elección sobre los cuales debemos detenernos. La información disponible que reportan las encuestas indica que los niveles de competitividad no son similares en todos los casos. En Florida y Treinta y Tres, los sondeos muestran que el Partido Nacional retendría el gobierno. En Rocha, las encuestas muestran que el Frente Amplio es el nítido favorito; y en Colonia ocurre precisamente lo mismo pero con el Partido Nacional. De este modo, la cifra de departamentos con un resultado electoral incierto desciende a seis. En Salto, Paysandú y Río Negro, las encuestas muestran que el Frente Amplio marcha primero, en tanto en Artigas, Maldonado y Cerro Largo, quien va primero es el Partido Nacional. En los seis casos, la diferencia entre los dos principales competidores es mínima.

Por tanto, mi pronóstico sostiene lo siguiente: el Frente Amplio volverá a ganar en Montevideo, Canelones y seguramente en Rocha; el Partido Colorado hará lo propio en Rivera; y el Partido Nacional triunfará en Tacuarembó, Flores, Durazno, San José, Soriano, Lavalleja, Florida, Treinta y Tres y probablemente en Colonia. En seis departamentos existe incertidumbre sobre el resultado final. En cinco la competencia se desarrolla entre el Frente Amplio y el Partido Nacional (Paysandú, Río Negro, Artigas, Maldonado y Cerro Largo) y en uno entre el Frente Amplio y el Partido Colorado (Salto). Quien cliqueé aquí encontrará un mapa ilustrativo de esta predicción.

No hay dudas que las elecciones departamentales tienen su propia lógica determinada en buena medida por factores institucionales específicos: diez y nueve elecciones simultáneas; mayoría simple en la elección del ejecutivo departamental; reelección inmediata del Intendente; voto conjunto de los partidos para todos los cargos, incluido el de alcaldes y concejales del nivel municipal; y un legislativo departamental con mayoría automática y costos altos de entrada para los partidos menores. Además, se realizan en pleno período de luna de miel del presidente electo en noviembre, lo cual representa una ventaja para el partido en el gobierno nacional. A todo esto se agrega la influencia subyacente de la trayectoria previa de cada circunscripción, que determina identidades y rasgos culturales que pueden hacer una diferencia.

Las encuestas confirman los indicios que ofrece el estudio de los resultados previos. El sistema de partidos cuenta en el nivel subnacional con dos grandes actores, el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Colorado solo tiene chance en dos departamentos, y en los restantes, sus candidatos no sobrepasarán la línea crítica de los 10 puntos. Los partidos pequeños se tornan en estas instancias más débiles que en la escena nacional, dados los escasos incentivos que tienen para competir. El acto electoral del 10 de mayo será un mojón más de nuestro proceso democrático que mostrará tendencias de futuro. El fortalecimiento de dos grandes actores y el debilitamiento de los restantes, son un indicio sobre cuáles son las rutas que seguirá transitando nuestro sistema de partidos.

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Notas

(1) Entre esos departamentos, destacaban Cerro Largo con un amento del 4.8%; Lavalleja, con 3.9%; Colonia, 3.8%; o Salto con 3.6%.

(2) Un interesante análisis sobre este punto puede leerse en Santiago López Cariboni: ¿Cuán “locales” son las elecciones municipales en Uruguay? Estimando independencia de resultados y comportamientos electorales. Revista Uruguaya de Ciencia Política No. 16 año 2007. Disponible en http://www.fcs.edu.uy/archivos/L%C3%B3pez%20Cariboni.pdf

(3) Encuestas consultadas: Grupo Radar; Opción Consultores; Equipos Mori; Factum; Cifra; Ágora y Digítos.

Venezuela está más lejos que nunca de la democracia y la paz social. Por Daniel Chasquetti

Autor: Doctor en Ciencia Política. Profesor del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.


 Afirmar que Venezuela es una dictadura resulta tan erróneo como sostener que es una democracia. Lamentablemente, la república bolivariana se encuentra extraviada en algún punto intermedio entre ambos estadios políticos. Venezuela es un país que realiza elecciones limpias y competitivas regularmente pero muchos de los derechos típicos de la democracia no se cumplen. Esa contradicción responde al profundo desacuerdo de los actores respecto a las reglas básicas con que el sistema político debería funcionar. Hace dos semanas, se cumplió un año de la desaparición física de Robert Dahl, uno de los politólogos más influyentes del siglo XX. En su libro La Poliarquía (1971), Dahl enseña que el gobierno democrático debe brindar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos para formular y manifestar sus demandas sin sufrir por ello perjuicios o persecuciones. O sea, la democracia como régimen político debe garantizar libertad de expresión, de asociación, de votar representantes, elegibilidad de los principales cargos públicos, diversidad de fuentes de información; elecciones libres e imparciales; etc. Dahl denominó poliarquía al régimen que consagra esos derechos y señaló que la profundización o reversión de los mismos puede cambiar la naturaleza del régimen político. O sea, un país puede ser democrático en tanto haga cumplir ciertas garantías del juego político y si las vulnera dejará de serlo rápidamente para convertirse en algo muy diferente. De allí la metáfora de que la democracia es como una planta que requiere ser regada cada día. Exige cuidados, observancia y respeto a sus reglas básicas, algo que Venezuela no ha logrado en las últimas tres décadas. En los años setenta del siglo pasado, Venezuela había alcanzado un status poliárquico. La mayoría de los requisitos de Dahl se cumplían a cabalidad pues no sólo había elecciones limpias y regulares sino también alternancia en el ejercicio del poder. El país era admirado en la región por su desarrollo político, su pujanza económica y sus incipientes logros sociales. Mientras en el continente cundían las dictaduras militares, Venezuela recibía exiliados y sus gobernantes denunciaban en foros internacionales la situación oprobiosa sufrida por sus vecinos. Sin embargo, las cosas comenzaron a andar mal en los años ochenta. La crisis del petróleo asestó un duro golpe a su economía al tiempo que los partidos políticos tradicionales abandonaron su talante programático y adoptaron un estilo de hacer política de corte particularista. Los sucesos de corrupción comenzaron a multiplicarse mientras la economía ingresaba en un letargo interminable. Los organismos multilaterales tan propensos a las recetas recomendaron ajustes económicos que los gobiernos de la época cumplieron al pie de la letra. Por esos motivos, los noventa fueron años críticos, con protestas sociales, muertes en las calles, intentonas de golpe, un presidente destituido por corrupción, y unos partidos cada vez más alejados de la ciudadanía. El derrumbe se precipitó en 1998 con la aparición del comandante Hugo Chávez Frías, quien fue capaz de interpretar el desánimo y frustración de amplios sectores de la población. El salvador fue ungido para enfrentar la corrupción partidaria, la exclusión social y el crónico rezago económico. Para ese entonces, ya era un error considerar a Venezuela como una democracia en términos de Dahl. El régimen había dejado de ser una poliarquía para transformarse en un híbrido, muy próximo a la democracia delegativa tal cual la definiera Guillermo O´Donell. En el año 2000, el Comandante Chávez sancionó una nueva constitución mediante un método de reforma no previsto en las reglas de juego (consulta popular, elección de una Asamblea Constituyente, y plebiscito ratificatorio) lo cual generó un fuerte rechazo de sus opositores. El pacto constitutivo del nuevo período nacía sin el consenso imprescindible de los actores políticos pese contar con un innegable respaldo popular. La elección de autoridades bajo el nuevo formato permitió a Chávez concentrar un enorme poder político e institucional. El Congreso, la Corte de Justicia y el Tribunal Electoral respondían a la nueva hegemonía política y el espacio de la oposición quedaba reducido a unos pocos gobiernos regionales y locales. Chávez había sentado las bases para la construcción del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Transcurridos tres lustros de gobierno chavista, los resultados alcanzados lucen tan escasos como mediocres. Paradójicamente, la revolución bolivariana no consiguió escapar del mismo mal que sufrieron los anteriores gobiernos. Cuando el precio del barril de petróleo subía, el gobierno aumentaba el gasto público y lograba algunos avances interesantes en materia social, pero cuando el flujo de divisas menguaba comenzaban a surgir serios problemas. El desabastecimiento y la inflación fueron enrareciendo el clima social y la polarización entre gobierno y oposición se transformó en moneda corriente. Mientras los gobernantes eran observados por los opositores como intrusos que pretendían refundar al país sobre bases no liberales, los chavistas consideraban a sus opositores como resabios del antiguo régimen que trababan el avance de la revolución. Ambos bandos mostraban un escaso apego a los principios democráticos al considerarlos como un método instrumental para alcanzar ciertos fines. En muchas ocasiones, el gobierno persiguió y hostigó a los opositores, clausurando medios de comunicación y amenazando con expropiar sus bienes particulares. Los opositores, a su vez, no entendían razones, apoyaron primero un golpe militar, más tarde se abstuvieron en las elecciones legislativas y finalmente promovieron sin éxito un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Y así fueron pasando los años, con polarización y tensión social, y sin construir lo que Dahl denominó un sistema de mutuas garantías para la democracia. Bajo ese esquema, el gobierno debería percibir que el costo de suprimir a la oposición es más alto que el costo de tolerarla; y la oposición, al sentirse tolerada, podría alimentar la esperanza de alcanzar el gobierno mediante la conquista del voto popular. Nada de eso sucedió en Venezuela: fueron años de tensión y malestar. En estos días, la situación ha vuelto a agravarse con la detención del Alcalde de Caracas, la destitución de otros alcaldes y la muerte de jóvenes manifestantes en las calles. El drama tiene como telón de fondo a una economía en ruinas y un descontento popular en permanente ascenso. En un año con elecciones legislativas, Maduro prefirió perseguir a la oposición y centrar la agenda del país en el combate a un supuesto plan de golpe de Estado antes que afrontar y digerir una campaña electoral centrada en el fracaso económico y la carestía que vive el pueblo venezolano. Es evidente que el modelo económico chavista ha fracasado y que el pueblo venezolano espera cambios. Sin embargo ese camino de transformaciones se presenta tortuoso a la luz de la escasa disposición de los actores para encontrar entendimientos. El camino de la paz y la construcción democrática requiere del diálogo de las partes, algo que Maduro ni los líderes radicales de la oposición parecen querer. Reclamar acercamientos en torno a la institucionalidad democrática parece ser una posición muy razonable para todos aquellos que pretenden ayudar a Venezuela. No obstante, desde el exterior también debería señalarse, y obviamente censurarse, las persecuciones y encarcelamientos. La derecha partidaria del continente ha levantado a Venezuela como una bandera política, transformando un asunto de política internacional en un tema de política doméstica. Por ese motivo, las izquierdas latinoamericanas han quedado entrampadas en el dilema de sostener ciertos principios -condenando abusos y persecuciones-, o mantener la solidaridad sus socios gobernantes. A nadie se le escapa que Chávez y Maduro regaron de dólares la región durante la última década y que no pocos gobiernos progresistas le deben favores. El transcurso de los días aumentará el costo del silencio y colocará a los gobiernos de la región ante el deber de emitir una posición sobre el tema. Llama la atención, en lo que refiere a nuestro país, la ambigua posición asumida por el Frente Amplio en su declaración de esta semana, sobre todo si se toma en cuenta que el hecho de que sus viejos dirigentes fueron perseguidos por la dictadura militar y que algunos de sus grupos constitutivos sufrieron duramente el desborde autoritario anterior al golpe de 1973. A la larga, el desentendimiento acerca de las tropelías del gobierno de Maduro puede ser una posición equivocada ya que vulnera principios históricos de esa fuerza política y restará autoridad moral a sus dirigentes para hablar democracia en los próximos años. El nuevo gobierno de Vázquez podría enmendar el error hablando claro sobre la situación y evitar así que el principal partido del país permanezca entrampado en una posición de ambigüedad que casi raya la hipocresía. La construcción de la democracia en Venezuela será un dramático camino de aprendizajes y renuncias. Los recientes acontecimientos empujan al país en el sentido contrario. Los actores principales no parecen reaccionar y el escenario internacional terminará condenando al país al aislamiento. Como reza el título de esta ya larga columna, Venezuela está más lejos que nunca de la democracia y la paz social.

El vertiginoso ascenso de Lacalle Pou (parte 2)

Zoom Politikon
Columnas de Daniel Chasquetti
01.Sep.2014

En la primera parte de esta nota se realizó una breve descripción de la trayectoria política de Luis Lacalle Pou, con la intención de mostrar que: (i) el candidato no es un advenedizo en la política nacional; (ii) su periplo no ha sido un camino de rosas (ha tenido victorias y derrotas); (iii) cuenta con un gran talento y una asombrosa capacidad para sobreponerse a situaciones adversas; y (iv) su acceso a la precandidatura presidencial fue el resultado de una oportunidad bien aprovechada, donde debió enfrentar tanto al fuego enemigo como al fuego amigo.

Si bien ninguno de estos aspectos explica por sí solo su actual popularidad, sí nos aproximan a las condicionantes que originan el fenómeno. El momento mágico de esta historia (el vertiginoso ascenso) no está en el trayecto narrado hasta el momento sino un poco más adelante en el tiempo. Si todo hubiese ocurrido según el razonamiento esperado (por todos los observadores), Lacalle Pou debería haber sido derrotado por estrecho margen en la interna del Partido Nacional, convirtiéndose así en el compañero de fórmula de Jorge Larrañaga y en senador en la siguiente legislatura. Sin embargo, algo especial sucedió en algún punto del primer semestre del año 2014, que transformó a Lacalle Pou no solo en el ganador de la interna de su partido sino en el gran desafiante del candidato presidencial del gobierno.

Deshilvanando la madeja

Muchos tratan de entender lo ocurrido con Lacalle Pou pero muy pocos parecen dar en el clavo. En mi humilde opinión, el ascenso y popularidad de Lacalle Pou responde a dos factores combinados que operan sobre un escenario más o menos estable de la política uruguaya. Por un lado, el estado de ánimo de la sociedad uruguaya parece haber cambiado respecto a 2009, y por otro, Lacalle Pou fue el primero en percatarse de esa modificación y formular una estrategia apropiada para enfrentarla.

Comencemos con el factor estructural sobre el que operan estos procesos. Desde la crisis de 2002, Uruguay quedó dividido en dos grandes bloques políticos de casi similar tamaño. Uno de centro-izquierda, liderado por el Frente Amplio, y otro de centro-derecha, liderado por el Partido Nacional. En las elecciones de 2004, el bloque de izquierda fue apenas seis puntos mayor que el de derecha, y en la primera vuelta de 2009, la proporción se mantuvo en ese entorno. Si los votos que gana un bloque los pierde automáticamente el otro, podríamos pensar que la diferencia real entre bloques ha sido de solo un 3% del electorado. En otras palabas, los bloques son tan parejos en tamaño que pequeños movimientos del electorado pueden provocar diferencias en uno u otro sentido.

Algunas encuestas muestran que una parte de la sociedad ha mudado su estado de ánimo y parece exigir nuevos prospectos a la dirigencia política. El reclamo no se centra tanto en los contenidos de las políticas sino más bien en la forma en cómo la política se elabora, se comunica, y se vuelve realidad para los beneficiarios. La eficacia en los resultados cobra cada vez más vigencia. Así como hace cinco años los uruguayos creían que el siguiente gobierno debía mantener el rumbo, en la actualidad una mayoría piensa que la próxima administración debería introducir cambios (1).

En perspectiva, el reclamo social parece razonable pues la década de gobierno del Frente Amplio cambió al país (crecimiento, abatimiento pobreza, nuevos derechos, etc.). Esa mudanza ha sido tan significativa que lo que hasta ahora ha ofrecido el propio Frente Amplio parece poco, o simplemente más de lo mismo, respecto a las expectativas que en la sociedad se han desatado. Una parte de los uruguayos parece agradecerle al Frente Amplio por sus logros de gobierno pero ahora aguardan por algo realmente diferente. El slogan “Vamos bien” de la primera parte de la campaña de Tabaré Vázquez era lo opuesto a lo que una parte de la sociedad esperaba escuchar.

El cambio en el estado de ánimo no es el síntoma de una revolución latente. Parece ser un estado de sensibilidad donde los sectores medios hacen punta. Al reconocerse los logros del gobierno, estos uruguayos esperan una propuesta superadora y no contraria a lo que se ha hecho hasta el momento. Los discursos centrados en la reversión de políticas no tienen oportunidad con este estado de opinión pública. “El que vendrá”, parafraseando a Rodó, debe continuar con todo lo bueno que hizo hasta ahora el Frente Amplio, pero apuntar a más, lo cual significa completar, corregir y sobre todo, proponer nuevos horizontes. Esta lectura parece haberla hecho correctamente Lacalle Pou y su equipo de colaboradores en algún punto del primer semestre de 2013. El slogan “Por la positiva” sintoniza mejor con el estado anímico de esos sectores que las propuestas presentadas por la izquierda.

La confirmación de este diagnóstico lo brinda un ingenioso estudio de la empresa Factum, donde se compara la intención del voto del Frente Amplio hoy con la que tenía hace exactamente cinco años (2). Allí puede observarse que el partido de gobierno ha perdido 7 puntos porcentuales en Montevideo y solo 2 en el interior; que ha perdido 5 puntos entre las personas con enseñanza media y 9 entre los que cuentan con enseñanza superior; que ha perdido 6 puntos entre las personas con ingresos medios y 15 puntos entre los que cuentan con ingresos medio-alto. O sea, el perfil representativo de estos votantes sería el de un ciudadano montevideano, de ingresos medio o medio-alto con enseñanza media o terciaria completa. Ese ciudadano exige hoy novedades y ve en el candidato del Partido Nacional al portador del cambio.

Lacalle Pou tiene el mérito de haberlo comprendido antes que nadie, incluso que los analistas más avezados. Su estrategia ha sido extremadamente eficiente y podríamos caracterizarla como de baja polarización programática. Es decir, Lacalle Pou apoya —y promete continuar- todas las políticas populares del gobierno pero crítica únicamente las que generan mayor desconfianza. En su discurso solo hay lugar para el futuro y ni una palabra sobre el pasado, lo cual incluye a dirigentes (sobre todo de su partido) y a medidas desarrolladas por ambos partidos tradicionales. Lacalle Pou presenta unas pocas propuestas que generen más bien simpatía (asentamiento cero, rebaja del mínimo imponible del IRPF, etc.) y al mismo tiempo evitar discutir sobre eventuales decisiones que pueden generar conflictos en el futuro (por ejemplo, el importante déficit fiscal que acumula la economía uruguaya y la relación que éste guarda con la indexación salarial). Todo esto, combinado con un relato muy bien pensado que apela a la confianza en el futuro y sobre todo, en la forma en cómo este periplo se construye (la recompensa es el camino).

Con una base estructural compuesta por dos bloques del mismo peso, una pequeña modificación en las expectativas, interpretadas correctamente por el principal candidato del bando opositor, genera una elección más que reñida. El vertiginoso ascenso de Lacalle Pou responde entonces a una combinación de factores objetivos y subjetivos que operan sobre un escenario estable. El mérito de Lacalle Pou ha sido, sin dudas, adelantarse y realizar las movidas correctas. No obstante, nada indica que el candidato nacionalista haya ganado la elección pues los dos meses finales de campaña serán muy importantes. En la medida que su rival comprenda lo que está ocurriendo y actúe en consecuencia, puede darse el caso que el partido de gobierno alcance finalmente su tercer gobierno.

(1) Encuesta de Equipos Mori correspondiente al mes de agosto

(2) Ver http://www.factum.edu.uy/node/1529