Ya está. Ahora queda más claro para qué fue
Tabaré Vázquez a China.
Se acaba de confirmar esta semana que la
empresa pesquera china ShanDong BaoMa (el nombre aparece escrito de diversas
maneras en la prensa, pero se refiere siempre al mismo grupo empresarial) se
instalará en Uruguay con un puerto, una planta procesadora de pescado e
instalaciones para la reparación de barcos, en las que los voceros de la
empresa estiman que repararán unas quinientas embarcaciones por año.
Por supuesto, además del puerto, la empresa china
recibirá del Estado una zona franca, la consabida exoneración tributaria, un
estratégico y legitimado acceso al Océano Atlántico y la implícita facilidad de
pescar en nuestras aguas territoriales y en las de nuestros vecinos, sin contar
con las “condiciones” que se establecerán en los contratos -seguramente “reservados”-
en que se documentará el negocio. Para obtener esa friolera de ventajas, la
empresa china, según sus propios voceros, invertirá unos 200 millones de
dólares (la cuarta parte de lo que gastamos en ANCAP) y generará menos de
trescientos puestos de trabajo.
Conviene recordar que las empresas pesqueras
chinas, de las que ShanDong BaoMa es una de las más grandes, han agotado ya la
riqueza pesquera de los mares chinos y se han vuelto un azote para el resto del
mundo, mediante la práctica de pescar depredadoramente y sin autorización de
los Estados afectados, uno de los cuales es Argentina.
Afortunadamente todo eso va a cambiar. Ahora,
los cientos de pesqueros chinos irregulares que deambulan por el Atlántico y
sus alrededores tendrán una base legítima de operaciones en territorio uruguayo
y serán celosamente controlados por nuestra Armada. No puedo ni imaginar lo preocupados
que estarán los chinos por nuestros controles y lo felices que se sentirán
nuestros vecinos.
El modelo al que apuestan el gobierno y su
equipo económico no puede quedar más a la vista. La cuestión es conseguir
inversión extranjera, a cualquier precio, a cambio de entregar lo que sea: la
soberanía, las aguas territoriales, la riqueza pesquera propia y ajena, el
acceso al Atlántico, la costa en que se instalará el puerto, el derecho a
cobrar impuestos, la relación con los países vecinos. En síntesis: lo que sea.
Y todo hace suponer que esto no es más que el inicio, que la relación con China
–con o sin TLC- correrá por carriles como esos.
Mientras este asunto se cocinaba en las ollas
del Ejecutivo y de los ministerios involucrados, en el Parlamento se producía
una extraña mutación que le permitió al gobierno, una vez más, eludir controles
e investigaciones, esta vez sobre la intervención de la empresa “Aire fresco”
(integrada por personas del entorno directo de José Mujica) en los negocios con
Venezuela.
La postura del diputado Gonzalo Mujica, electo
primero por el MPP, pasado luego al astorismo, convertido después en diputado
frenteamplista independiente y ahora parado en la puerta de salida del Frente
Amplio, podría haber cambiado la correlación de fuerzas parlamentarias y
permitido que otro asunto económico oscuro fuera investigado. Pero eso no
ocurrió, porque el único voto parlamentario de la Unidad Popular vino en
auxilio del gobierno y reemplazó al del diputado Mujica para asegurar el
secreto y la impunidad.
Como Unidad Popular llegó al Parlamento con mi
voto, entre muchos otros, me siento obligado a decir que me equivoqué
profundamente al votarlo, o que Unidad Popular se equivocó profundamente en el
tema “Aire fresco”, y también en la apreciación de lo que estaba en juego en el
asunto.
El argumento de la UP para negarse a votar la
creación de la comisión investigadora fue que las denuncias que afectan al
gobierno de Venezuela son, por definición, una jugada del imperialismo
norteamericano para derrocar al gobierno “bolivariano socialista del Siglo XXI”
e imponer en Venezuela una dictadura fascista.
Los argumentos para demoler esa justificación
son incontables. Éstos son sólo algunos de los más obvios. En primer lugar, la
corrupción de quienes gobiernan, sean uruguayos, venezolanos o chinos, es un
ataque directo a los intereses del pueblo del que se trate. Por lo tanto,
encubrir la corrupción, del gobierno que sea, es un acto profundamente reaccionario.
En segundo lugar, la lógica de “barra brava”, para la que los mismos hechos son
o no delito según si los comete un “gobierno amigo” o un “gobierno enemigo”, es
absolutamente funcional al deterioro de la confianza de las sociedades en sus
sistemas políticos. Y esa destrucción de la confianza sirve inevitablemente a
los intereses económicos que quieren –necesitan- que los Estados y los sistemas
republicanos pierdan credibilidad y dejen de ser un obstáculo o un control para
sus negocios. En tercer lugar, la actitud es una contradicción en sí misma, ya
que negarse a investigar, alegando que la investigación podría perjudicar al
gobierno venezolano, fortalece la presunción de que los gobernantes venezolanos
algo tienen que ocultar en esos negocios. Y, en cuarto y último lugar, la
actitud de la UP significa ignorar que su principal compromiso como fuerza
legislativa es con el pueblo uruguayo, que tiene derecho a que todos sus
legisladores –y en especial los que dicen representar a los intereses populares-
ejerzan debidamente la función para la que se los llevó al Parlamento.
Alguno se preguntará qué tienen que ver los
negocios con China y la investigación sobre “Aire fresco”. La respuesta es sencilla: casi todo. En los
dos casos se trata de negocios con intereses extranjeros que pueden perjudicar a
los intereses del país y del pueblo uruguayo. Por lo tanto, la regla para medir
y para actuar ante ellos debe ser la misma. No es posible, en un marco de
coherencia, oponerse a los negocios perjudiciales para nuestros intereses con
una empresa china y acallar otros negocios, también factiblemente perjudiciales
para nuestros intereses, sólo porque del otro lado está el gobierno venezolano
(y aun eso en la hipótesis de que a la UP no se le ocurra decir que, después de
todo, China sigue siendo un país comunista).
Corren tiempos nuevos, en que ni los intereses
económicos ni las posturas políticas pueden ser analizados como lo eran hace
treinta o cuarenta años. “Izquierda” y “derecha” ya nada significan si una y
otra no perciben que el gran tema de nuestra época es si, como sociedad, vamos
a poder mantener cierto control sobre los intereses económicos globales que nos
invaden económica, política y culturalmente.
La sumisión incondicional, ideológica, ante la
inversión extranjera, así como la corrupción de quienes deben representarnos en
esa clase de negocios, son en estos momentos armas de autodestrucción social.
Quien fomenta a una o encubre a la otra actúa contra los intereses más
delicados de la sociedad uruguaya. Diga lo que diga y se embandere como se
embandere.
