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jueves, 10 de septiembre de 2015

Las conclusiones sobre el TISA Por Alberto Couriel


Luego de varios meses de análisis, discusiones y debates el Presidente Tabaré Vázquez tomó la decisión de que Uruguay se retire de las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA). Vázquez le había solicitado la opinión a la fuerza política, que en su Plenario del 5 de setiembre resolvió, por 117 votos contra 22 la inconveniencia de mantener su participación en el acuerdo del TISA. Vázquez acató la decisión del Frente Amplio, asegurando la unidad de la fuerza política y la necesidad de gobernar con el FA y no con la oposición, como estaban solicitando los líderes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente. La resolución del FA no responde a razones ideológicas, sino a un análisis muy fino de las ventajas y problemas de lo que se conoce del acuerdo. Lo mismo ocurrió con el Tratado de Libre Comercio con EE UU en el 2006. Nos imponían el mismo tratado que habían firmado con Perú, sin poder realizar ninguna modificación. Uruguay no tenía un buen estudio sobre los distintos sectores de actividad económica para distinguir que era positivo abrir y que había que seguir protegiendo. Surgían altos costos en las compras estatales, en las normas de competencia, en la propiedad intelectual y en servicios. Las ventajas en materia de inversiones ya se habían otorgado en el acuerdo sobre protección y promoción de inversiones. Las dificultades del TISA surgieron del conocimiento del acuerdo, a través de filtraciones de las negociaciones secretas entre sus distintos integrantes. En lo personal trabajé con Roberto Kreimerman, José Quijano, Gerardo Caetano, Gonzalo Rodriguez Gigena, Roberto Chiazzaro, Daniel Olesker y Viviana Barrreto para una declaración pública que mostraba con nitidez los aspectos negativos que contenía lo que se conocía del acuerdo. No eran elementos ideológicos porque lideraba EE UU. Era porque se trataba de un acuerdo plurilateral donde no estaban Argentina, Brasil, China, nuestros principales compradores, ni Rusia ni India. Era porque el Trato Nacional afectaba la política de compras estatales, Era porque había que presentar listas negativas y no positivas en el Trato Nacional. Eran por las clausulas de statu quo y “trinquete” que limitaban la acción del Estado. Era porque queremos defender las regulaciones sobre telecomunicaciones y servicios financieros. Era porque nos afecta la clausula de la nación más favorecida. Era porque las regulaciones tenían que ser objetivas, razonables e imparciales. Era porque sus disposiciones contrariaban con nitidez el programa del FA. Por ejemplo, el TISA supone una mínima intervención del Estado, pero debía impulsar la liberalización y desregulación, mientras en el programa del FA se plantea la intervención del Estado para conducir, orientar y regular el proceso económico. Lo era porque seguramente las controversias entre inversor y el Estado se resolverían en Tribunales Internacionales.
Los que están a favor, especialmente los dirigentes políticos de los partidos de la oposición y los representantes empresariales del sector privado, lo defienden porque significa una apertura, una liberalización y desregulación, porque sostienen que el libre juego del mercado resolverán todos los problemas económicos y sociales. Hay más elementos ideológicos que propuestas concretas que nos puedan beneficiar. Se sostiene también que puede haber algunas formas de represalias por retirarnos. No firmamos el TLC con EE UU y nada pasó. Se firmó el Tifa, un acuerdo parcial que nos dio entrada a los cítricos y a la carne ovina. Se plantea también que el Uruguay se aísla del comercio internacional. Sin acuerdos, en los últimos 10 años las exportaciones de Uruguay crecieron 16% acumulativo anual, lo que es un verdadero récord nacional, con la ayuda de la suba de los precios internacionales. El país alcanzó a obtener 178 mercados extranjeros de destino lo que muestra la extraordinaria capacidad de abrir nuevos mercados. En este período, Uruguay recibió inversión extranjera directa por montos muy elevados, desconocidos en la historia del país. Y todo esto sin realizar nuevos acuerdos.
El país necesita acuerdos comerciales. Puede hacer acuerdos parciales, por ejemplo como el Tifa, con China como acaban de efectivizar Argentina y Brasil. La mirada de mediano y largo plazo es de una inserción internacional basada en los conocimientos, en la exportación de bienes y servicios con alto y medio contenido tecnológico. Esto no se obtiene en los acuerdos en discusión, que nos pueden favorecer para seguir colocando recursos naturales, lo que logramos sin acuerdos. Los acuerdos en discusión, como los TLC, el acuerdo del Pacífico, el Transpacífico, ni el TISA no nos ayudan a exportar conocimiento, ni valor agregado. Para ello es fundamental la integración económica centrada en la complementariedad productiva, en la participación de cadenas de valor regionales con valor agregado y contenido tecnológico. Esta es la ruta para el futuro. Esto es lo que debieran reflexionar los empresarios nacionales.
El Presidente Vázquez le pidió opinión a la fuerza política. Para los debates era muy difícil encontrar representantes defensores del TISA. El Ministerio de Relaciones Exteriores no los proporcionaba. Los comités de base del FA realizaron reuniones para informarse sobre el TISA el 25 de agosto y fueron tomando posición de manera negativa. En el plenario nacional la inmensa mayoría de los expositores fundamentaron en contra del Tisa con argumentos diversos. Los que parecían estar a favor manifestaban dudas sobre los contenidos del acuerdo, pero querían acompañar las posiciones de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas. Una abrumadora mayoría de 117 votos a 22 definió la posición de la fuerza política para retirarse de las negociaciones. Tabaré acató la decisión de la fuerza política, profundizó la unidad frentista, decidió gobernar con el partido y no contra el partido. El plenario del FA no votó contra Tabaré, que nunca había manifestado su posición. Votó por sus convicciones de lo que considera positivo para el Uruguay. La fuerza política debe apoyar a su gobierno y controlarlo para el cumplimiento del programa de gobierno. Es importante que tome posición en los temas más trascendentes, y el TISA lo era. También reiteramos que se requieren cambios en su orgánica para cumplir adecuadamente sus funciones.

Vázquez: El TISA no existe; salir no va impactar ni positivo ni negativo





"Si el TISA no existe no va a impactar ni positivo ni negativo
porque no sé siquiera si va existir. Nadie lo sabe, ni aun los que están
en lo más profundo del TISA", expresó.

Asimismo,
dijo que su decisión de apoyar la decisión del Frente Amplio estuvo
basada en su rol como "hombre de partido". "Estoy de acuerdo porque soy
frenteamplista y hay una gobierno del Frente en el ejercicio de gobierno. La ciudadanía votó su programa y es lo que hay que llevar adelante", señaló.


 Clic en el enlace para nota original

Vázquez: El TISA no existe; salir no va impactar ni positivo ni negativo | Tabaré Vázquez, TISA, Frente Amplio, Gobierno, presidente, Tisa

"ES INACEPTABLE QUE EL PLENARIO DEL FRENTE AMPLIO, DECIDA UN TEMA QUE DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO"

SENADOR JOSÉ CARLOS CARDOSO
EL RETIRO DEL TISA
El Este






El Plenario del Frente Amplio le “marcó la cancha” al presidente Vázquez en relación al TISA. ¿Cómo ve este momento político?

Vázquez siempre manejó al Frente Amplio cuando fue presidente, lo hizo también cuando fue intendente. Con el tema de la esencialidad los legisladores y los sectores lo dejaron solo y debió dar marcha atrás en un decreto inaplicable que lo único que hizo fue complicar las cosas.
Lo del TISA es más complicado aun políticamente. El presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos y sus decisiones es lógico que sean controladas, avaladas o rechazadas por el Parlamento pero no por un Plenario de su partido.


La gente está viendo quizás con asombro una situación creada en torno a un tema del que el propio gobierno no hablaba hasta hace muy poco. ¿Qué es el TISA y por qué pasa esto?

El TISA es un tratado comercial que no está vinculado a los productos tradicionales que vende el país. Refiere a otra lista de productos, los servicios, que tienen un gran peso en la economía nacional. Si bien nuestras exportaciones están lideradas por la carne, el Producto Bruto Interno, el PBI, la riqueza nacional, se construye a partir de la venta de los commodities: arroz, soja, carne, lácteos, pero además, la construcción económica tiene un fuerte componente en el sector servicios.
Hay aún poca información sobre el TISA  pero parece claro que está construyéndose allí un bloque alternativo a nivel mundial que seguramente va a liderar Estados Unidos.
Hoy sabemos que quedan afuera  China y Brasil, dos componentes muy importantes de la economía mundial, y también India.


¿Es bueno o malo para el Uruguay?
Con la información que hoy disponemos no podemos saber si avanzar en las negociaciones hubiera significado un beneficio grande para el Uruguay o  si en el futuro podría traer un perjuicio.
De todas maneras, Uruguay podía dejar las negociaciones en cualquier momento. Participar no comprometía al país y sí permitía tener buena información respecto a estas nuevas situaciones comerciales que se están dando a nivel mundial.



Si la decisión de abandonar las conversaciones la hubiera tomado el gobierno sin presiones, ¿mantendría usted una posición tan crítica como la que expresa hoy?

Sería algo muy diferente. Si el gobierno hubiera analizado el tema después de participar de las negociaciones hasta el final o hasta que considerara que ese acuerdo podría ser perjudicial para el país, podría estarse de acuerdo o no con su decisión, pero estaríamos ante una situación racional. El país tuvo hasta ahora negociando en Europa un embajador especializado en temas comerciales. Lo lógico sería además que en una decisión tan importante se consultara a las demás fuerzas políticas y el Parlamento es el ámbito natural para tratar temas como este. Lo que no tiene ningún sentido es que la decisión de abandonar las negociaciones las tome el Plenario del Frente Amplio, compuesto por personas que no tienen en absoluto la información que seguramente tiene el gobierno.

 Entonces para usted la decisión de abandonar las negociaciones es equivocada.

 Soy coherente con lo que dije antes. No puedo asegurar que sea acertada o equivocada porque, reitero, no conocemos aún los componentes de ese acuerdo comercial. Cuando los tengamos vamos a hablar de qué fue lo que nos perdimos o qué fue lo que nos evitamos.
Lo que sí digo es que fue una decisión mal adoptada. El marco más adecuado de información en estos casos es manejado por el gobierno, por la Cancillería, no por los integrantes de la dirección de una fuerza política.
Fue una decisión con un perfil netamente ideológico y con una característica de estilo político partidario, no como una política de Estado.
Tenemos un gobierno cuyas diferencias internas están haciendo eclosión en este segundo período de Vázquez. No es la primera vez que pasa, recordemos cuando Tabaré Vázquez  habló del tren que pasa una sola vez.
 La oposición interna al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hizo que la propuesta del presidente se frustrara por la fuerza de una oposición liderada por su propio Canciller.
Aquel tren se perdió, este también, pero ahora todo es más difícil. Se terminó la bonanza, la economía puede desmejorar severamente y hoy el país tiene a un presidente cercado y debilitado por su propio partido.

miércoles, 3 de junio de 2015

TISA perjudicará a las empresas estatales e impedirá subsidios para el fomento de la producción audiovisual, sostienen expertos.

Daños colaterales

la diaria

Un análisis encargado por Redes-Amigos de la Tierra a expertos internacionales en el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), al que accedió la diaria, estudia los eventuales impactos que tendría para Uruguay la firma del acuerdo, a partir de los contenidos de los documentos de negociación filtrados hasta el momento. En términos generales, el informe concluye que para Uruguay será nociva la apertura de sectores en los que se restringe el número de empresas extranjeras que pueden participar (agua, generación de electricidad, refinación de combustible, plantación y procesamiento de marihuana) o directamente prohíbe la participación de empresas extranjeras (televisión, radio y diarios). Esto es así porque el TISA impide discriminar entre empresas nacionales y extranjeras en los sectores que se abren a la liberalización.
El informe concluye que Antel deberá poner su infraestructura al servicio de empresas extranjeras (antenas y fibra óptica) a un precio razonable. En materia de servicios financieros, de liberalizarse el sector se eliminaría cualquier preferencia para el Banco República (BROU) en sus vínculos con empresas estatales. No se podrá establecer disposiciones para que sólo las empresas locales sean proveedoras del Estado, ni establecer preferencias de precios para dichas empresas. Uruguay no es parte del acuerdo opcional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros, por lo cual las disposiciones del TISA implicarían un cambio radical a la normativa vigente del país.
Algunos beneficios que actualmente detentan las empresas estatales (de agua, electricidad, telefonía, bancarias, canales de televisión, casinos, refinerías, seguros) se eliminarían de suscribir Uruguay el TISA: recibir beneficios especiales por parte del BROU, o realizar, entre empresas del Estado, ventas a precios más bajos que los del mercado.
El análisis aclara que “es previsible que se excluya de esta regulación a los hospitales públicos, las escuelas públicas y las universidades públicas” (original en inglés, traducción de la periodista), ya que de lo contrario no podrían ser financiadas por el gobierno. Sin embargo, hay un número importante de empresas que pertenecen al Estado cuya actividad tiene un alcance internacional, y por tanto, no está claro hasta qué punto están habilitadas a ser subsidiadas: el sector portuario, el Correo, UTE, los canales de televisión públicos y las radios públicas.
Por otra parte, la mayoría de las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se verían cuestionadas en caso de aprobarse el TISA. No podrían establecerse cuotas de producción nacional y deberían eliminarse los subsidios al cine y otras formas de producción audiovisual nacional.
En conclusión, el estudio señala como efecto principal de la suscripción al acuerdo la reducción de los beneficios de los que hoy gozan las empresas estatales, con la consiguiente reducción de su volumen de negocios.

jueves, 14 de mayo de 2015

Una amenaza a la educación de calidad




Los acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) o, más recientemente, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), plantean importantes retos de cara a la construcción y a la consolidación de sistemas educativos públicos, especialmente en los países del sur.
Estos acuerdos, una vez firmados, obligan a los gobiernos a garantizar a los proveedores de servicios transnacionales el acceso a sus mercados nacionales por tiempo indefinido, limitando la capacidad de regulación estatal. En el caso de la educación, dichos riesgos se multiplican por el papel estratégico que ésta desempeña en la promoción de la equidad social y la distribución de oportunidades, así como por su condición de derecho humano fundamental.
Los defensores del libre comercio consideran que la liberalización del sector educativo permitirá diversificar la oferta educativa y fomentar la competencia entre proveedores -lo cual, consideran, es sinónimo de la promoción de una oferta de calidad-. Ahora bien, la comunidad educativa es más bien escéptica respecto a esta tesis. La intromisión de los acuerdos comerciales en el campo educativo genera serias preocupaciones.
En primer lugar, respecto a la capacidad de regular de los estados. Los compromisos de liberalización adquiridos en el marco de acuerdos comerciales limitan la capacidad de los gobiernos a la hora de introducir nuevas regulaciones en el ámbito educativo, ya que éstas pueden ser consideradas “barreras comerciales” innecesarias. Nos referimos a temas clave en la regulación de todo sistema educativo, como pueden ser los requisitos de calificación del profesorado, o procesos de certificación de nuevos proveedores. Los acuerdos comerciales también pueden impedir que los gobiernos establezcan límites a las operaciones de los proveedores con fines de lucro, o al porcentaje de beneficios que éstos pueden repatriar en concepto de regalías.
Además, el control de la calidad. En ese sentido, desde el punto de vista del libre comercio, determinadas normas y procedimientos para la evaluación y acreditación de la calidad pueden ser percibidos como barreras comerciales. Además, la teoría de que a más proveedores, más competencia y, por ende, mejor calidad de los servicios no tiende a funcionar en el campo educativo, y menos aun en entornos con regulaciones débiles. De hecho, es habitual que los proveedores educativos con fines de lucro (sean transnacionales o locales) ofrezcan peores condiciones laborales a los docentes, tengan educadores con un nivel de calificación más bajo, o cuenten con infraestructuras más deficitarias en lo que respecta a laboratorios, acceso a bibliotecas, etcétera. Por ejemplo, en la Universidad Europea de Madrid (que pertenece a la empresa International Laureate) sólo 17,6% de los profesores tiene el título de doctor, mientras que la media en las universidades públicas españolas es 70%.
También afecta a la perspectiva del desarrollo. La apertura del sector educativo al comercio internacional puede dificultar la emergencia de una oferta local propia y adecuada en los países del sur. En palabras del profesor Philip Altbach, del Boston College, en un contexto de apertura comercial “los países en desarrollo estarán en desventaja considerable. Las instituciones académicas locales tendrán dificultades para competir con los proveedores internacionales que optan por crear instituciones en su país”.
En su momento, el AGCS de la Organización Mundial del Comercio (OMC) encontró mucha oposición en la comunidad educativa internacional y, como consecuencia de ello, muchos países se comprometieron a no ofrecer ni demandar la apertura comercial del sector educativo. No obstante, los países más interesados en la comercialización de servicios (incluyendo los servicios educativos) se han propuesto continuar avanzando en su liberalización mediante un nuevo acuerdo comercial con menor alcance territorial, el TISA.
Por los motivos expuestos brevemente en este artículo, los países deberían excluir la educación de las negociaciones del TISA. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), en el comunicado que emitió al término del Congreso Mundial de la Educación Superior en 2009, recomendó a los países miembros que no adquirieran compromisos de liberalización en el marco de la OMC. Ahora bien, más allá de esas medidas reactivas, cabe decir que la mejor vacuna contra los efectos de los acuerdos de libre comercio reside en la construcción de sistemas educativos públicos y de calidad. Es más que probable que los proveedores transnacionales con fines de lucro no encuentren muchas oportunidades de negocio en los países donde la oferta pública es suficiente, diversa y de excelencia.
Finalmente, oponerse al TISA (como al AGCS en su momento) no debe confundirse con oponerse a la internacionalización de la educación. Más bien al contrario. Los intercambios con fines no comerciales entre profesores y estudiantes de diferentes países, así como los consorcios internacionales para la creación de programas de estudio o de proyectos de investigación, no hacen más que reforzar el intercambio de ideas y la calidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, la cooperación internacional es otro de los instrumentos de los que dispone la comunidad educativa para oponerse a las dinámicas de transnacionalización del sector que se plantean desde una lógica meramente comercial o lucrativa.
Antoni Verger desde Universitat Autònoma de Barcelona, España