En
una embestida reaccionaria, el Parlamento cedió ante las presiones
del Poder Ejecutivo liderado por Juan María Bordaberry y declaró el
Estado de Guerra Interno, el 15 de Abril de 1972. De una manera
inconstitucional, sin que la Suprema Corte de Justicia emitiera
ningún comentario, con los votos del Partido Colorado y algunos
votos del Partido Nacional, trasladó
las
atribuciones propias del Poder Judicial a las Fuerzas Conjuntas
(FFCC) y a sus tribunales militares: juzgar a los ciudadanos civiles
por delitos civiles.
Esta
declaración alteró sustancial y negativamente la institucionalidad
democrática republicana mucho antes que el pronunciamiento militar
del 9 de febrero de 1973 o la disolución de las Cámaras el 27 de
junio. Las Fuerzas Armadas avanzaban a paso militar sobre la
institucionalidad.
Como
resultado de esta declaración comenzó una enorme represión en todo
el país. A los dos días, el asesinato de 8 obreros en la Seccional
20 del Partido Comunista fue el anuncio de la nueva etapa que se
comenzaba a vivir con las Fuerzas Conjuntas (FFCC) desempeñando un
rol
decisivo.Más
de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos, más de doscientos
asesinados, miles de detenidos, decenas de niños secuestrados, casi
un centenar nacidos en cautiverio, miles de exiliados, de despedidos
y destituidos, la población categorizada y silenciada. Falta de
libertad
en
todos los planos.
La
detención masiva de ciudadanos, la privación de libertad por
períodos prolongados y asociada siempre a la tortura, brutal,
despiadada, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las
Fuerzas Armadas (FFAA) para aterrorizar a la población, destruir a
los opositores y mantenerse en el gobierno.
Durante
el terrorismo de Estado más de 7.000 ciudadanos fueron formalmente
condenados,sin ninguna garantía legal, por tribunales militares y
recluidos en centros de detención. Los mismos, básicamente el Penal
de Punta de Rieles y el de Libertad, fueron diseñados para la
destrucción
física, psicológica y moral de que quienes fueron confinados en
ellos.
En
el caso uruguayo, según Serpaj, los prisioneros permanecieron
recluidos durante un promedio de 6,6 años, luego de más de 100 días
detenidos antes de ser sometidos a un juez sumariante, tipo Cnel ®
Rodolfo Alvarez, procesado el año pasado por complicidad en torturas
en
el Centro Clandestino de Detención de la Tablada.
Se
ensañaron con los prisioneros y sus familiares
Las
Fuerzas Conjuntas de la época, lideradas por el Ejército Nacional,
se ensañaron con los prisioneros y también sin ningún pudor ni
vergüenza, ni arrepentimiento institucional, hasta el momento, con
sus familiares directos, los más débiles. Sus hijos fueron también
víctimas directas de dicho accionar. El mismo aún, no ha sido
formalmente reconocido hasta el
momento
por el Estado.
Los
hijos y adolescentes de la época que eran familiares directos de los
ex presos políticos sufrieron durante los allanamientos, en los
momentos en que irrumpían en los hogares para las detenciones, en
“las ratoneras”, cuando concurrían a visitarlos, a los cuarteles
en todo el país, a la Dirección Nacional de Información e
Inteligencia (DNII), a Cárcel Central y muy especialmente a los
centros paradigmáticos de reclusión: la Cárcel de Paso de los
Toros, el Penal de Punta de Rieles y el de Libertad.
La
privación de la libertad de sus padres, en un 75% del sexo
masculino, en una época en que los hombres eran los principales
contribuyentes en las economías familiares, incidió negativamente
en su modo y calidad de vida. Además del dolor y el sufrimiento
emocional, del daño psíquico que la situación generó, influyó en
sus posibilidades de estudiar, de acceder a la
salud,
de crecer y desarrollar adecuadamente su potencial como individuos. A
ello debe agregarse la estigma social que el clima represivo generó
y las represalias que sobre ellos existió en todos los planos.
Incidió negativamente en su formación y en las mismas posibilidades
de desarrollo.
En
el año 2009, a través de la Ley 18 596 promovida por Crysol, el
Estado uruguayo reconoció a las niñas y niños que nacieron en
cautiverio, durante la detención de sus madres o que permanecieron
junto con ellas hasta seis meses. Fue un avance indudable.
Sin
dudas fue un colectivo de víctimas, numeroso, que ha sido olvidado,
sobre el cual no hay
estudios,
ni trabajos. Hasta el momento, salvo Crysol, nadie ha reclamado por
ellos ni levantado sus banderas. Sus vidas quedaron marcadas para
siempre por la prisión de sus padres, la exclusión social, los
atropellos, los abusos sufridos. Sin dudas, muchos pudieron rehacer
sus vidas exitosamente. Seguramente son minoría.El Estado uruguayo
debe asumir su obligación con este sector de la población que ha
sido tan duramente castigado. Sobre esta temática, y ante el planteo
de Crysol en su momento, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ha
planteado a Presidencia de la República que debe estudiarse la
posibilidad de incorporar a este grupo humano al universo de víctimas
amparadas por las leyes reparatorias. Hay que hacerlo. El grupo de
trabajo que elabore la nueva ley
reparatoria
que antes de fines de Mayo debe ser enviada al Parlamento debe
contemplar seriamente esta alternativa. Es de estricta justicia.
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Opinando
N° 5 año 7 – Miércoles 2 de mayo de 2018
