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viernes, 4 de mayo de 2018

Las víctimas olvidadas del terrorismo estatal Niños y adolescentes familiares .CRYSOL




En una embestida reaccionaria, el Parlamento cedió ante las presiones del Poder Ejecutivo liderado por Juan María Bordaberry y declaró el Estado de Guerra Interno, el 15 de Abril de 1972. De una manera inconstitucional, sin que la Suprema Corte de Justicia emitiera ningún comentario, con los votos del Partido Colorado y algunos votos del Partido Nacional, trasladó
las atribuciones propias del Poder Judicial a las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y a sus tribunales militares: juzgar a los ciudadanos civiles por delitos civiles.
Esta declaración alteró sustancial y negativamente la institucionalidad democrática republicana mucho antes que el pronunciamiento militar del 9 de febrero de 1973 o la disolución de las Cámaras el 27 de junio. Las Fuerzas Armadas avanzaban a paso militar sobre la institucionalidad.
Como resultado de esta declaración comenzó una enorme represión en todo el país. A los dos días, el asesinato de 8 obreros en la Seccional 20 del Partido Comunista fue el anuncio de la nueva etapa que se comenzaba a vivir con las Fuerzas Conjuntas (FFCC) desempeñando un rol
decisivo.Más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos, más de doscientos asesinados, miles de detenidos, decenas de niños secuestrados, casi un centenar nacidos en cautiverio, miles de exiliados, de despedidos y destituidos, la población categorizada y silenciada. Falta de libertad
en todos los planos.
La detención masiva de ciudadanos, la privación de libertad por períodos prolongados y asociada siempre a la tortura, brutal, despiadada, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas (FFAA) para aterrorizar a la población, destruir a los opositores y mantenerse en el gobierno.
Durante el terrorismo de Estado más de 7.000 ciudadanos fueron formalmente condenados,sin ninguna garantía legal, por tribunales militares y recluidos en centros de detención. Los mismos, básicamente el Penal de Punta de Rieles y el de Libertad, fueron diseñados para la
destrucción física, psicológica y moral de que quienes fueron confinados en ellos.
En el caso uruguayo, según Serpaj, los prisioneros permanecieron recluidos durante un promedio de 6,6 años, luego de más de 100 días detenidos antes de ser sometidos a un juez sumariante, tipo Cnel ® Rodolfo Alvarez, procesado el año pasado por complicidad en torturas
en el Centro Clandestino de Detención de la Tablada.
Se ensañaron con los prisioneros y sus familiares
Las Fuerzas Conjuntas de la época, lideradas por el Ejército Nacional, se ensañaron con los prisioneros y también sin ningún pudor ni vergüenza, ni arrepentimiento institucional, hasta el momento, con sus familiares directos, los más débiles. Sus hijos fueron también víctimas directas de dicho accionar. El mismo aún, no ha sido formalmente reconocido hasta el
momento por el Estado.
Los hijos y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos sufrieron durante los allanamientos, en los momentos en que irrumpían en los hogares para las detenciones, en “las ratoneras”, cuando concurrían a visitarlos, a los cuarteles en todo el país, a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), a Cárcel Central y muy especialmente a los centros paradigmáticos de reclusión: la Cárcel de Paso de los Toros, el Penal de Punta de Rieles y el de Libertad.
La privación de la libertad de sus padres, en un 75% del sexo masculino, en una época en que los hombres eran los principales contribuyentes en las economías familiares, incidió negativamente en su modo y calidad de vida. Además del dolor y el sufrimiento emocional, del daño psíquico que la situación generó, influyó en sus posibilidades de estudiar, de acceder a la
salud, de crecer y desarrollar adecuadamente su potencial como individuos. A ello debe agregarse la estigma social que el clima represivo generó y las represalias que sobre ellos existió en todos los planos. Incidió negativamente en su formación y en las mismas posibilidades de desarrollo.
En el año 2009, a través de la Ley 18 596 promovida por Crysol, el Estado uruguayo reconoció a las niñas y niños que nacieron en cautiverio, durante la detención de sus madres o que permanecieron junto con ellas hasta seis meses. Fue un avance indudable.
Sin dudas fue un colectivo de víctimas, numeroso, que ha sido olvidado, sobre el cual no hay
estudios, ni trabajos. Hasta el momento, salvo Crysol, nadie ha reclamado por ellos ni levantado sus banderas. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por la prisión de sus padres, la exclusión social, los atropellos, los abusos sufridos. Sin dudas, muchos pudieron rehacer sus vidas exitosamente. Seguramente son minoría.El Estado uruguayo debe asumir su obligación con este sector de la población que ha sido tan duramente castigado. Sobre esta temática, y ante el planteo de Crysol en su momento, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ha planteado a Presidencia de la República que debe estudiarse la posibilidad de incorporar a este grupo humano al universo de víctimas amparadas por las leyes reparatorias. Hay que hacerlo. El grupo de trabajo que elabore la nueva ley
reparatoria que antes de fines de Mayo debe ser enviada al Parlamento debe contemplar seriamente esta alternativa. Es de estricta justicia.
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Opinando N° 5 año 7 – Miércoles 2 de mayo de 2018

miércoles, 12 de julio de 2017

Más y mejor INDDHH Opinión





En las próximas semanas el Parlamento habrá de renovar el Consejo Directivo
de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo. Creada por la Ley
18 446 de diciembre de 2008, es una unidad dependiente del Parlamento pero
autónoma con el cometido específico de defender y promover los DDHH. En
estos días finalizan su mandato los primeros directivos que la misma ha tenido.
Dejan una institución funcionando y establecida. Salvo hechos puntuales que
han merecido reparos formulados por escrito, como corresponde, por parte de
Crysol, el balance es ampliamente favorable y positivo.
La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana, como reza el Preámbulo de la Declaración
Universal de los DDHH. La plena vigencia e implementación de las normas ya
establecidas y aprobadas es un salto sustancial en la calidad de vida de la
ciudadanía. La creación de la INDDHH ha sido un elemento importante, más
allá de los logros y/o fracasos, del mejoramiento de la calidad de vida de la
institucionalidad democrática.Dados algunos comentarios que han aparecido en la prensa en las últimas
semanas y que desnudan una muy escasa cultura en el plano de la normativa
en este plano, es necesario reiterar, una y otra vez, que las normas de DDHH
han sido aprobadas para proteger a los ciudadanos de los abusos que suelen
cometer los Estados y sus funcionarios. Es el sentido básico y esencial de
dichas normas: proteger a los ciudadanos de los agentes estatales, de milico y
de paisano. Las acciones de los privados, individuales o colectivos, se rigen por
las leyes generales de los diferentes códigos. Esas acciones son un ámbito
exclusivo de la justicia.
La INDDHH es una gran herramienta de la democracia para afirmar las normas
destinadas a dignificar la vida de todas las personas. Es un instrumento
fundamental y decisivo para aquellos ciudadanos más vulnerables, más
desprotegidos, que no tienen acceso a la propia organización, a conocer,
reclamar y demandar derechos.
La integración del próximo Consejo Directivo no es, por lo mismo, un tema
menor para quienes apostamos a fortalecer la institucionalidad democrática del
país para seguir avanzando. Sus futuros integrantes deben tener un sólido y
efectivo conocimiento y compromiso, indubitable, con las normas de DDHH, en
lo declarativo y también en cuanto al compromiso de vida. La dictadura cívico
militar y su terrible legado sobrevuela a la hora de promover, apoyar y
examinar candidaturas. No hay justificaciones ni explicaciones para las graves
violaciones a los DDHH. Quienes las aplican para el pasado reciente pueden
reiterarlas para el presente y el futuro. Y ser un peligro si integran el órgano
de conducción de la institución que tiene que defenderlos.
Vivimos en democracia y existe plena libertad de conciencia y de expresión.
Quienes hasta el día de hoy, a pesar de las múltiples evidencias en contrario
cultivan la “teoría de los dos demonios” para explicar el proceso uruguayo,
están en su legítimo derecho, sin importar su sexo, adhesión político-
partidaria, trayectoria académica o religiosa. La dictadura cívico militar fue una
verdadera tragedia para el país. La “teoría de los dos demonios” es la excusa
de los golpistas para disminuir las culpas por lo ocurrido. En Uruguay hubo un
solo demonio desatado: el terrorismo de Estado.
Continuidad y desequilibrio de género femenino
Tal como lo recomienda la propia ley sería recomendable que existiera
continuidad entre el Consejo directivo saliente y el nuevo para que no haya
que recomenzar de cero. La experiencia acumulada es importante. El
Parlamento debe tener muy presente este criterio al igual que lo reclamado por
decenas de organizaciones sociales: sería sumamente positivo mantener el
actual desequilibrio de género, es decir que haya mayoría femenina,nuevamente, en el próximo Consejo Directivo. Esta integración le hizo bien al
anterior Consejo Directivo y demostró que un organismo con mayoría de
integrantes mujeres puede funcionar perfectamente, aunque aún haya
resistencias en el Parlamento para aceptarlo.
Son insumos básicos a tener en cuenta, junto con la necesidad de seleccionar
integrantes que pongan de manifiesto su disposición a trabajar efectivamente,
de manera comprometida, por la causa de los más desvalidos, demostrando
independencia de criterio y disposición a hacer frente a las potenciales
presiones que puedan ser recibidas, tanto desde el poder como de los medios
de comunicación.
El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Con el
propósito de contribuir activamente al fortalecimiento de la Institución Nacional
de DDHH y Defensoría del Pueblo, Crysol presentó formalmente cuatro
candidatos para el proceso eleccionario de nuevas autoridades. Tres de los
candidatos son mujeres. Queremos Verdad, Justicia, Memoria y Reparación
para el pasado reciente como lo establece la Resolución 60/147 de las
Naciones Unidas, para que los hechos no vuelvan a reiterarse. Estamos
comprometidos con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, con
el presente y el futuro. Y con los más vulnerables. Por eso más y mejor
INDDHH.
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Opinando N° 9 – Año 6 – Miércoles 12 julio de 2017
crysol2003@yahoo.com.ar

martes, 11 de julio de 2017

Crysol propone candidatos para integrar el Consejo Directivo de la INDDHH


Con el propósito de contribuir activamente al fortalecimiento de la Institución
Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo, Crysol presentó formalmente 4
candidatos para el proceso eleccionario de nuevas autoridades para integrar el
Consejo Directivo. La instancia eleccionaria se llevará a cabo próximamente
por parte de la Asamblea General del Parlamento.
Los candidatos presentados y que apoya explícitamente nuestra organización
son:
1) Dr. Juan Raúl Ferreira, ex preso político de la dictadura, actual integrante
del Consejo Directivo y cuya relección promovemos para mantener, tal como lo
recomienda la propia ley, una continuidad entre la actual y la futura
administración de la INDDHH, plenamente conscientes de que reúne los
atributos indispensables para continuar ejerciendo dicha función.
2) Dra. Ivonne Klingler, ex presa política, militante de nuestro colectivo
desde hace 15 años, con amplia dedicación y compromiso personal con todas
las actividades en las cuales se compromete. Lo ha demostrado durante su
militancia universitaria, clandestina durante la dictadura, y gremial
posteriormente, durante su actividad profesional como médica y como activista
en nuestro colectivo con una mirada amplia hacia el horizonte de los derechos
humanos como integralidad.
3) Dra. Marina Morelli, abogada, feminista y activista por los derechos de las
mujeres, se ha caracterizado por su compromiso en la defensa de los derechos
humanos en su integralidad particularmente, por su dedicación y firmeza en la
lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ha dedicado buena parte de su
carrera a promover el fortalecimiento del sistema de justicia en el país, para lo
cual ha liderado y articulado importantes iniciativas en la materia y en distintos
ámbitos.
4) Dra. Mariana Mota, jueza de gran renombre a nivel nacional e
internacional por haber abordado con coraje y auténtico compromiso lascausas de Derechos Humanos del terrorismo de Estado, pero también por su
dedicación al trabajo, sus conocimientos de la normativa de DDHH, por su
honestidad y honradez.
Respaldamos a los candidatos presentados por otras organizaciones sociales
que han venido trabajando junto a Crysol a los efectos de aunar esfuerzos para
definir criterios de integración de la nueva Comisión Directiva: Prof. Oscar
Destouet (FEUU), Virginia Martínez (Pit Cnt) y Dr. Wilder Tayler (Ielsur y
Serpaj). Reafirmamos el criterio, además, de que el Parlamento debe
privilegiar, a la hora de elegir integrantes para la conducción del órgano, a
candidatos propuestos desde la sociedad civil organizada, con amplio apoyo y
compromiso por parte de ella, manteniendo el actual desequilibrio de género
en su composición.
La creación de la INDDHH ha sido una gran conquista de la sociedad uruguaya.
Ha mejorado la calidad y la riqueza de la democracia del país. El primer
Consejo Directivo realizó una gestión afortunada, será recordada a lo largo de
los años por haber puesto los cimientos de un edificio que debe ampliarse y
nacionalizarse, llegando a la periferia capitalina y extenderse a todo el país.
La INDDHH debe continuar siendo el escudo protector de los Derechos
Humanos, con especial atención a aquellos ciudadanos que son los más
desprotegidos y más vulnerables en la sociedad. Sus integrantes deben tener
amplia y profunda independencia de criterio y valor para enfrentar las
presiones que puedan recibir por parte del Poder y de sus funcionarios.
Capacidad de gestión, actitud y aptitud para negociar y trabajar en equipo y la
disposición a vigilar la actuación de los gobernantes con una actitud
propositiva, valorando a las organizaciones de la sociedad civil que la integran,
antídoto contra el siempre vigente riesgo de la burocratización, son rasgos
fundamentales que deben poseer los futuros integrantes.
Adjuntamos también un conjunto de criterios que las organizaciones sociales
que participamos en la VI Asamblea Anual de la INDDHH hemos acordado a los
efectos de promover la renovación de autoridades del Consejo Directivo y en
base a los cuales, nuestra organización ha llevado a cabo su propuesta.
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