Rumbo al circo Hoenir Sarthou:

Semanario Voces

Vivimos un tiempo en que la agenda pública está poblada por temas distractivos, que tienen por fin hacernos discutir y destinar tiempos legislativos e institucionales a asuntos menores e incluso falsos (como la supuesta discriminación en Coffe shop) y a supuestas soluciones legislativas que en realidad nada solucionan (como la creación del femicidio).

Lo grave es que esos temas conllevan la destrucción de principios sustanciales de la convivencia social tal como la conocemos. Estos dos casos lo demuestran. En ellos de ponen en cuestión dos principios fundamentales: la libertad de expresión, y la igualdad ante la ley.

Escribo este artículo sin expectativas, casi desinteresado de sus efectos prácticos, quizá por aquello de que ciertas cosas deben ser dichas sin importar los resultados.

Para un lector desatento, el tema de esta nota serán dos hechos recientes: el episodio de denuncia e intervención de la Intendencia respecto del establecimiento “Coffe shop” por reproducir en un pizarrón cierta frase de un personaje de una película de Tarantino; y la aprobación unánime por el Senado de una reforma al artículo 312 del Código Penal, por la que se incluye al “femicidio” como una variante de homicidio muy especialmente agravado (15 a 30 años de penitenciaría).

Sin embargo, de lo que realmente quiero hablar, lo que en verdad me parece importante considerar, es otra cosa. Un fenómeno cultural que se manifiesta en esos dos hechos pero también en muchos otros, a los que nos hemos ido acostumbrando casi sin notarlo.

El episodio de “Coffe shop” tiene ribetes grotescos, que serían humorísticos si no pusieran en evidencia la cruda mezcla de ignorancia, prejuicio y autoritarismo en personas que ocupan cargos públicos destacados, mezcla que, al parecer, comparte cierta parte de la población.

El decano Rodrigo Arim no tiene obligación de saber de cine y la Directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo tampoco. En rigor, no tienen por qué saber de cine, ni de literatura, ni de filosofía, ni de ciencia política. Tienen derecho a ignorar esas y muchas otras áreas del conocimiento. En cambio, tienen obligación de conocer un poco la Constitución y algunas normas básicas todavía vigentes en nuestro país. Por ejemplo, deberían saber que la expresión del pensamiento es libre y que nadie debería ser sancionado por publicar ideas propias o ajenas, siempre que la publicación no configure por sí misma un delito o instigue a la comisión de delitos. Deberían saber que el derecho castiga actos, no la simple expresión de ideas.

La discriminación en el ingreso a un local comercial, para ser delito, debe materializarse en una política de admisión. Debería demostrarse que el local niega el ingreso a cierta categoría de personas para acusar y sancionar a sus propietarios. En este caso, la frase del personaje de Tarantino (“No se admiten perros ni mexicanos”) no era el anuncio de una política de admisión del establecimiento comercial. En otras palabras: el cartel sería una infracción a la ley si expresara un criterio efectivo de admisión arbitrariamente restrictivo, cosa que en este caso no ocurría. ¡Habría sido tan fácil evitar el incidente tan solo con preguntar en el local qué significaba el cartel y si realmente se prohibía el ingreso de mexicanos! Pero tanto el denunciante como los funcionarios intervinientes prefirieron prejuzgar que existía discriminación y desatar la persecución estatal y el linchamiento virtual del establecimiento y de sus dueños.

Como nota curiosa, el denunciante afirmó en Twitter que el propietario del local era norteamericano (lo que podría considerarse discriminatorio, además de a medias falso). Otra curiosidad es que ciertos locales comerciales, en los que actúan “estripers” masculinos, prohíben efectivamente el ingreso de público masculino, sin que eso haya alterado nunca a las autoridades departamentales o nacionales.

El otro episodio relevante es la aprobación en el Senado, por unanimidad, de la reforma del artículo 312 del Código Penal, para incluir a la figura del femicidio como un homicidio muy especialmente agravado, con pena de 15 a 30 años de penitenciaría, que contrastan con la de 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría para el homicidio común y la de 10 a 24 años de penitenciaría para los homicidios especialmente agravados.

La reforma tiene varios aspectos preocupantes. Uno es que crea una modalidad de homicidio en que la víctima sólo puede ser mujer y el victimario, aunque no se lo dice expresamente, sólo puede ser hombre. El uso de la expresión “el autor”, en lugar de “el autor o autora”, para referirse al victimario, así lo indica, sobre todo porque la misma ley usa expresiones como “hijas o hijos” cuando quiere abarcar a los dos sexos.

Otro aspecto preocupante es que la tipificación del femicidio, definido como causar la muerte de una mujer por motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer, se convierte en un verdadero chicle, capaz de convertir en femicido a cualquier cosa. Así, de acuerdo al literal a) del artículo en la redacción propuesta, será prueba del odio o menosprecio a la condición de mujer “Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica, o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente que (la omisión del “de” debe de ser una licencia legislativa) el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”.

Esa definición amplísima de la violencia previa hace que toda muerte de una mujer por alguien que tenga alguna relación con ella (salvo que la mate un desconocido usando mira telescópica) pueda ser tipificada como femicidio.

En los debates previos sobre este proyecto se ha señalado hasta el cansancio que la creación de la figura del femicidio no prevendrá ni disminuirá las muertes por violencia dentro de la pareja. No lo ha hecho en ninguno de los países que la han creado y la aplican. No lo hace ni lo hará porque, como política legislativa, está equivocada. La violencia en la pareja o ex pareja no es una conducta racional ni especulativa. Y es falso que se funde en la idea de propiedad o de odio y menosprecio a la condición de mujer. Por lo tanto, tratándose de una conducta que suele cometerse en estados de alteración emocional y psicológica (por eso va acompañada con tanta frecuencia por el suicidio) de nada servirá ponerle a esa conducta un nuevo nombre ni asignarle una pena mucho mayor. Esto es tan evidente que ya nadie, ni siquiera las organizaciones feministas, defiende el proyecto alegando sus efectos positivos. Simplemente se habla de “emitir una señal” o, peor aun, se excita la reacción de rechazo que a todos nos producen esos asesinatos, para promover una respuesta irracional y a todas luces equivocada.

Además de ser inútil, la nueva figura penal consagra una distinción discriminatoria, por la que matar a una mujer pasa a ser penalmente más grave que matar a un hombre o a un niño. Es decir, se viola el principio de igualdad en un área tan básica como lo es la protección de la vida, sin ni siquiera poder sostener que se lograrán los resultados supuestamente buscados.

¿Por qué se vota por unanimidad en el Senado una disposición discriminatoria que, por añadidura, será ineficaz para lograr los efectos alegados?

Vivimos un tiempo en que la agenda pública está poblada por temas distractivos, que tienen por fin hacernos discutir y destinar tiempos legislativos e institucionales a asuntos menores e incluso falsos (como la supuesta discriminación en Coffe shop) y a supuestas soluciones legislativas que en realidad nada solucionan (como la creación del femicidio).

Lo grave es que esos temas conllevan la destrucción de principios sustanciales de la convivencia social tal como la conocemos. Estos dos casos lo demuestran. En ellos de ponen en cuestión dos principios fundamentales: la libertad de expresión, y la igualdad ante la ley.

Las soluciones buscadas, la intervención represiva de los organismos públicos en el caso de Coffe shop, y la aprobación del femicido por el senado, transgreden alegremente esos dos principios. Sin contar otros, como que los organismos públicos deben actuar dentro de sus competencias y no deben invocar faltas administrativas (por ejemplo, control de autorización de Bomberos) para castigar por razones ideológicas.

¿Cuál es el verdadero fondo del asunto?

Principios jurídicos como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley son resultado de luchas centenarias contra el autoritarismo y la caza de brujas ideológicas. Quien crea que esos principios están asegurados se equivoca. Sólo un cuidadoso control sobre las autoridades puede evitar que esos vicios del poder reaparezcan.

Sin embargo, vivimos un tiempo en que los derechos esenciales, y los trabajosos mecanismos establecidos para garantizarlos, son sustituidos por corrientes emotivas que se erigen en leyes, arbitrarias e imprevisibles, como suelen ser las corrientes emotivas. Así, si me indigna la muerte de un caballo en la Rural, propongo prohibir las jineteadas, sin importar si la muerte es accidental ni cuántas personas vivan de esa actividad; si puedo exhibir mi amplitud mental persiguiendo a un imaginario norteamericano discriminador de mexicanos, claro que apoyaré que lo persigan, aunque la discriminación sea falsa; y si me indigna la muerte de mujeres, vale votar una ley aunque haga trizas el principio de igualdad y no sirva para impedir las muertes.

Lo que importa es mi emoción, no los resultados ni los perjuicios que ocasione el satisfacerla.

Resolver los conflictos humanos con soluciones racionales y equitativas es un largo camino. Si, cansados de ese camino dificultoso, decidimos sustituirlo por el libre juego de las emociones, acicateadas por la publicidad y el deseo de satisfacción inmediata, iremos en otra dirección.

Los linchamientos y el circo romano se basaron siempre en la satisfacción de las emociones primarias colectivas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TRIUNFO DE TRUMP? INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou:

Semanario Voces

¿Qué significa, realmente, el triunfo de Donald Trump?
Esa es la pregunta del millón. Una pregunta que probablemente admita al menos dos respuestas distintas. Una, si se mira a la elección como expresión de voluntad del pueblo estadounidense. Y otra si se analizan sus efectos como posible sustitución –al menos parcial- de las élites gobernantes y de las políticas impulsadas en los últimos años desde el Estado.
Respecto a la voluntad del pueblo estadounidense, las cosas parecen estar bastante claras. Trump detectó y logró sintonizar con las ideas y sentimientos de un extenso sector de la población que usualmente no tiene voz o no logra hacerse oír. Y ese sector, a través de su participación electoral (que es voluntaria), emitió algunos mensajes claros.
El primer mensaje es que están indignados con un modelo económico que ha reducido las fuentes de trabajo, en especial para los trabajadores industriales sin alta calificación, y que los ha endeudado con los bancos a través del crédito y las hipotecas. Basta recorrer comercios en los EEUU para percibir que todos los productos son fabricados en Japón, en China, en México, en la India o en Panamá, incluidos muy tradicionales productos “yanquis”, como los vaqueros “Levi´s”. Seguramente esa desterritorialización de la producción, típica de la “globalización” sea un gran negocio para los capitales, pero es ruinosa para la población estadounidense, acostumbrada a trabajos estables, buenos salarios y alto consumo. La crisis de las hipotecas inmobiliarias, que estalló en 2008, cuando mucha gente no pudo seguir pagándolas, fue precedida por un largo proceso de pérdida de fuentes de trabajo, particularmente en las regiones industriales, que el martes votaron mayoritariamente a Trump.
El segundo mensaje es de hartazgo ante las políticas de inmigración (que son vistas como otra amenaza a las fuentes de trabajo) y ante las “políticamente correctas” medidas de discriminación positiva, racial, sexual, religiosa, etc. Las pintorescas promesas de Trump, de separar a EEUU de México mediante un muro y de prohibir el ingreso de musulmanes, si bien seguramente irrealizables, despertaron la simpatía de mucha gente pobre, conservadora y tradicionalista que no suele figurar en el debate público.
El tercer mensaje es de rechazo a lo que se ha dado en llamar “la élite de Washington”. Ese rechazo, que parece dirigido contra todos los gobernantes, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, es probablemente una síntesis de los otros dos mensajes. Buena parte de la población estadounidense parece cansada de una élite política a la que ve como soberbia, poco confiable, insensible a sus problemas y servil a los grandes intereses económicos, demasiado preocupada por quedar bien ante las minorías raciales o sexuales, y comprometida en un ajedrez económico y militar internacional muy costoso e incomprensible para el estadounidense medio. Una vez más, las propuestas efectistas de Trump (el muro con México, cobrar los costos -como si ya no los cobraran- a los países en los que EEUU interviene militarmente) sintonizaron con ese sentimiento e hicieron que millones de estadounidenses de clase baja y media se identificaran con el obeso, rubicundo y tosco candidato. Eso también puede explicar la deserción, falta de apoyo o completa frialdad del aparato republicano durante la campaña electoral.
La expresión de voluntad popular ha desconcertado a mucha gente. Desde las burocracias partidarias hasta los militantes de los derechos humanos. Desde ciertos intereses económicos hasta las minorías beneficiadas por la “discriminación positiva”. Desde economistas y politólogos “sistémicos” hasta artistas e intelectuales “alternativos”.
Ese desconcierto proviene de que, tanto el modelo económico global como las políticas discriminadoras inversas, están acostumbradas a legitimarse a sí mismas por medios no muy democráticos, mediante la afirmación de que “el mundo va en esa dirección”, o “esto es lo que se viene”, u “oponerse a ésto es ir en contra de la historia”.
La elección de los EEUU anuncia que, al menos desde el punto de vista de la voluntad popular, no hay sentidos únicos en la historia, que toda pretendida irreversibilidad de los fenómenos sociales puede al menos ser puesta en duda. No es la primera vez que esto ocurre. El “Brexit” hace muy poco, el plebiscito convocado en Grecia ante las exigencias de la Unión Europea, y mucho antes, en 2004, el rechazo plebiscitario sufrido en varios países por el intento de aprobar una Constitución europea, son ejemplos palpables de que la globalización económica y la “corrección política” (en sus diversos sentidos) suelen no ser sentidas por los pueblos en la forma en que predican y predicen las dirigencias políticas.
Ahora, ¿qué cambios reales habrá en los EEUU, y por rebote en el resto del mundo, a partir del resultado electoral?
Esa es la pregunta realmente inquietante. Al respecto se barajan muchas hipótesis. Para unos, el triunfo de Trump representa una sorpresa terrible que habrá de desacomodar al sistema económico y social de los EEUU y del mundo. Para otros, apenas un cambio epidérmico y conservador que el sistema digerirá fácilmente. Finalmente, hay quienes sostienen que la imagen de Hillary Clinton como representante directa de los poderes económicos, políticos y militares dominantes, sin dejar de ser cierta, esconde que la verdadera apuesta de la cúpula económica-política-militar era en realidad Trump. Esta última teoría afirma que Trump le ofrece al pueblo una alternativa “gatopardezca”, la sensación de que todo va a cambiar, necesaria para que en realidad todo siga como está y mucha gente no se dé cuenta. Si esa hipótesis fuera cierta, tal vez Trump no sea sólo el tosco “outsider” que parece sino el resultado de una sutil y tremenda jugada estratégica del poder que está detrás de las apariencias políticas.
Sea como sea, resulta muy difícil que un presidente, Trump o quien sea, pueda cambiar ciertas cosas en los EEUU y en la economía mundial. Probablemente logre empeorar la situación de los inmigrantes, pero difícilmente, aunque lo intente, modificará demasiado el cronograma y los planes del sistema financiero global o de las corporaciones del petróleo y de las armas que dirigen en realidad la política exterior de los EEUU. Seguramente excluirá del aparato estatal a ciertos funcionarios políticos, pero probablemente serán figuras prescindibles, sustituibles por otras que danzarán al son de la misma o similar música.
Curiosamente, de los dos fenómenos analizados (el mensaje de un sector mayoritario del pueblo estadounidense, y los efectos reales del triunfo de Trump) el que me parece más importante es el primero. No porque uno simpatice con las actitudes racistas, sexistas y chovinistas de muchos votantes de Trump, sino porque –sumadas a otras expresiones populares que mencioné más arriba- son una señal de que el sistema no es tan plenamente capaz de domesticar y anestesiar a las personas como solemos creer.
El resultado de la elección en EEUU es la expresión de un fuerte malestar, justo en el corazón de la sociedad que uno creería más amoldada al sistema. Ese malestar podrá no acertar a descubrir sus verdaderas causas y soluciones. Pero, en un sistema injusto, el malestar social es una buena noticia. Quiere decir que todavía hay esperanza.

INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: China y Aire Fresco Semanario Voces

 Ya está. Ahora queda más claro para qué fue Tabaré Vázquez a China.

Se acaba de confirmar esta semana que la empresa pesquera china ShanDong BaoMa (el nombre aparece escrito de diversas maneras en la prensa, pero se refiere siempre al mismo grupo empresarial) se instalará en Uruguay con un puerto, una planta procesadora de pescado e instalaciones para la reparación de barcos, en las que los voceros de la empresa estiman que repararán unas quinientas embarcaciones por año.

Por supuesto, además del puerto, la empresa china recibirá del Estado una zona franca, la consabida exoneración tributaria, un estratégico y legitimado acceso al Océano Atlántico y la implícita facilidad de pescar en nuestras aguas territoriales y en las de nuestros vecinos, sin contar con las “condiciones” que se establecerán en los contratos -seguramente “reservados”- en que se documentará el negocio. Para obtener esa friolera de ventajas, la empresa china, según sus propios voceros, invertirá unos 200 millones de dólares (la cuarta parte de lo que gastamos en ANCAP) y generará menos de trescientos puestos de trabajo.

Conviene recordar que las empresas pesqueras chinas, de las que ShanDong BaoMa es una de las más grandes, han agotado ya la riqueza pesquera de los mares chinos y se han vuelto un azote para el resto del mundo, mediante la práctica de pescar depredadoramente y sin autorización de los Estados afectados, uno de los cuales es Argentina.

Afortunadamente todo eso va a cambiar. Ahora, los cientos de pesqueros chinos irregulares que deambulan por el Atlántico y sus alrededores tendrán una base legítima de operaciones en territorio uruguayo y serán celosamente controlados por nuestra Armada. No puedo ni imaginar lo preocupados que estarán los chinos por nuestros controles y lo felices que se sentirán nuestros vecinos.

El modelo al que apuestan el gobierno y su equipo económico no puede quedar más a la vista. La cuestión es conseguir inversión extranjera, a cualquier precio, a cambio de entregar lo que sea: la soberanía, las aguas territoriales, la riqueza pesquera propia y ajena, el acceso al Atlántico, la costa en que se instalará el puerto, el derecho a cobrar impuestos, la relación con los países vecinos. En síntesis: lo que sea. Y todo hace suponer que esto no es más que el inicio, que la relación con China –con o sin TLC- correrá por carriles como esos.

Mientras este asunto se cocinaba en las ollas del Ejecutivo y de los ministerios involucrados, en el Parlamento se producía una extraña mutación que le permitió al gobierno, una vez más, eludir controles e investigaciones, esta vez sobre la intervención de la empresa “Aire fresco” (integrada por personas del entorno directo de José Mujica) en los negocios con Venezuela.

La postura del diputado Gonzalo Mujica, electo primero por el MPP, pasado luego al astorismo, convertido después en diputado frenteamplista independiente y ahora parado en la puerta de salida del Frente Amplio, podría haber cambiado la correlación de fuerzas parlamentarias y permitido que otro asunto económico oscuro fuera investigado. Pero eso no ocurrió, porque el único voto parlamentario de la Unidad Popular vino en auxilio del gobierno y reemplazó al del diputado Mujica para asegurar el secreto y la impunidad.

Como Unidad Popular llegó al Parlamento con mi voto, entre muchos otros, me siento obligado a decir que me equivoqué profundamente al votarlo, o que Unidad Popular se equivocó profundamente en el tema “Aire fresco”, y también en la apreciación de lo que estaba en juego en el asunto.       

El argumento de la UP para negarse a votar la creación de la comisión investigadora fue que las denuncias que afectan al gobierno de Venezuela son, por definición, una jugada del imperialismo norteamericano para derrocar al gobierno “bolivariano socialista del Siglo XXI” e imponer en Venezuela una dictadura fascista.

Los argumentos para demoler esa justificación son incontables. Éstos son sólo algunos de los más obvios. En primer lugar, la corrupción de quienes gobiernan, sean uruguayos, venezolanos o chinos, es un ataque directo a los intereses del pueblo del que se trate. Por lo tanto, encubrir la corrupción, del gobierno que sea, es un acto profundamente reaccionario. En segundo lugar, la lógica de “barra brava”, para la que los mismos hechos son o no delito según si los comete un “gobierno amigo” o un “gobierno enemigo”, es absolutamente funcional al deterioro de la confianza de las sociedades en sus sistemas políticos. Y esa destrucción de la confianza sirve inevitablemente a los intereses económicos que quieren –necesitan- que los Estados y los sistemas republicanos pierdan credibilidad y dejen de ser un obstáculo o un control para sus negocios. En tercer lugar, la actitud es una contradicción en sí misma, ya que negarse a investigar, alegando que la investigación podría perjudicar al gobierno venezolano, fortalece la presunción de que los gobernantes venezolanos algo tienen que ocultar en esos negocios. Y, en cuarto y último lugar, la actitud de la UP significa ignorar que su principal compromiso como fuerza legislativa es con el pueblo uruguayo, que tiene derecho a que todos sus legisladores –y en especial los que dicen representar a los intereses populares- ejerzan debidamente la función para la que se los llevó al Parlamento.

Alguno se preguntará qué tienen que ver los negocios con China y la investigación sobre “Aire fresco”.  La respuesta es sencilla: casi todo. En los dos casos se trata de negocios con intereses extranjeros que pueden perjudicar a los intereses del país y del pueblo uruguayo. Por lo tanto, la regla para medir y para actuar ante ellos debe ser la misma. No es posible, en un marco de coherencia, oponerse a los negocios perjudiciales para nuestros intereses con una empresa china y acallar otros negocios, también factiblemente perjudiciales para nuestros intereses, sólo porque del otro lado está el gobierno venezolano (y aun eso en la hipótesis de que a la UP no se le ocurra decir que, después de todo, China sigue siendo un país comunista).

Corren tiempos nuevos, en que ni los intereses económicos ni las posturas políticas pueden ser analizados como lo eran hace treinta o cuarenta años. “Izquierda” y “derecha” ya nada significan si una y otra no perciben que el gran tema de nuestra época es si, como sociedad, vamos a poder mantener cierto control sobre los intereses económicos globales que nos invaden económica, política y culturalmente.

La sumisión incondicional, ideológica, ante la inversión extranjera, así como la corrupción de quienes deben representarnos en esa clase de negocios, son en estos momentos armas de autodestrucción social. Quien fomenta a una o encubre a la otra actúa contra los intereses más delicados de la sociedad uruguaya. Diga lo que diga y se embandere como se embandere.      

DIYAB EN LA NIEBLA Hoenir Sarthou:

Voces Semanario

INDISCIPLINA PARTIDARIA,

Si hay una palabra para describir la situación del sirio Diyab, esa palabra es “neblinosa”. Porque nada de lo que se cuenta sobre él es claro, creíble o congruente.
¿De qué fue acusado y por qué el ejército estadounidense lo encarceló y torturó durante doce años? ¿Por qué se le permitió salir de Guantánamo? ¿En qué calidad ingresó al Uruguay? ¿Es un refugiado o un prisionero? ¿Qué acordaron realmente Mujica y Obama? ¿Por qué se distanció del resto de los ex reclusos de Guantánamo? ¿Por qué su familia no ha venido a verlo? ¿Cómo llegó hasta Venezuela, sin dinero ni documentos y con muletas? ¿Por qué la policía uruguaya y la brasileña lo rastrearon cuando cruzó la frontera? ¿Por qué se presentó al consulado uruguayo, por qué fue detenido allí, por qué fue luego deportado por el gobierno venezolano, y por qué nuevamente al Uruguay? ¿Es posible que sobreviva más de una semana sin tomar agua? ¿Mintió su traductor respecto a las críticas al Uruguay? ¿Quién es realmente Diyab, y qué pretende?
Ninguna de esas interrogantes tiene una respuesta lógica o coherente. Por momentos, todo lo que rodea al sirio parece irreal, un guión de telenovela barata escrito por muchas manos, quizá una de las esquizofrénicas historias de “el Escribidor” de Vargas Llosa.
En medio de tantas versiones fantásticas y poco creíbles sobre estos hechos, no me resisto a escribir una más: la mía. No pretendo que sea tenida por verdadera, ni tampoco que sea creída. Si quieren, tómenla como una más de las fantasías miliunanochescas que este episodio ha generado.
Supongamos que Diyab, antes de ser capturado, fuera un discreto militante de su fe, quizá algo fanático pero no peligroso, alguien capaz, por ejemplo, de falsificar documentos para ayudar a sus hermanos de fe, pero no un hombre capaz de transformarse en bomba humana.
Ahora supongamos que fue denunciado por alguien y que el gobierno de Estados Unidos lo encarceló y lo torturó para investigarlo y medir su peligrosidad. Imaginemos que sus interrogadores llegaron a la conclusión de que es irreductiblemente musulmán y antinorteamericano, aunque no directamente peligroso. ¿Qué hacer con él en ese caso?
Imaginemos –bah, esto no es necesario imaginarlo- que el presidente estadounidense se comprometió a cerrar la cárcel de Guantánamo, demasiado oprobiosa aun para la escasa sensibilidad del público estadounidense. ¿Qué hacer con individuos como Diyab, no demasiado peligrosos pero probablemente convertidos en enemigos irreductibles de los EEUU luego del tratamiento recibido?
Imaginemos –ahora sí- que el presidente estadounidense recuerda que en un pequeño país sudamericano hay un presidente con credenciales guerrilleras que quiere vender naranjas en los EEUU y que además desea desesperadamente hacer méritos humanitarios para postularse al Nobel de la paz. ¿Qué mejor lugar que ese para enviar a esos presos incolocables?
Sigamos imaginando que los dos presidentes hacen un acuerdo, por el cual varios personajes como Diyab, y el propio Diyab, serán “aguantados” por unos años en territorio del paisito sudamericano, a cambio de lo cual el viejo ex guerrillero colocará naranjas y alguna otra cosilla en los EEUU y quedará hermosamente plantado como estrella de cine y postulante al Nobel. E imaginemos también que ese acuerdo se documentó en alguna clase de archivo reservado que verá la luz dentro de un cuarto de siglo, en uno de esos “strepteases” de sinceramiento y desclasificación documental que hacen los EEUU cada cierto tiempo.
El viejo presidente sudamericano dará varias y cambiantes versiones sobre los motivos por los que trajo a ese grupo de ex reclusos de Guantánamo. A veces dirá que lo hizo por humanidad, otras que lo hizo por naranjas, y otras por “dar una mano” a su colega yanqui. De todos modos, la sola mención de sus sentimientos humanitarios despertará cataratas de emoción solidaria en el pueblo del pequeño país. Emoción que durará hasta que alguno de los ex reclusos se queje por algo. Entonces la emoción se volverá odio hacia esos inexplicables ingratos muertos de hambre que no agradecen la hospitalidad compulsiva recibida.
Es de suponer que el viejo ex guerrillero, antes de cerrar el trato, consultó a su predecesor y sucesor en el cargo, el oncólogo amigo de Bush, y que éste se comprometió a respetar el acuerdo, lo que explica que los ex reclusos, incluido el incómodo Diyab, sigan aquí.
Ahora sólo nos falta imaginar que Diyab, el incómodo, no sea en realidad un loco ni un desagradecido, ni tampoco un tipo tan solitario y aislado como se dice. ¿Qué tal si es en verdad un militante consecuente, o un tipo justamente rencoroso, que se ha propuesto cobrarles al presi yanqui afrodescendiente, al vejete ex guerrillero y al oncólogo amigo de Bush los favores recibidos? ¿De qué manera? Bueno, quizá negándose al acuerdo que firmaron sus compañeros y forzando los límites de su encierro para evidenciar que no es libre. Tal vez pensó que, llegando a Caracas -con ayuda de personas, organizadas o no, que no conocemos- estaría en condiciones de negociar mejor, a través del consulado uruguayo, su ingreso en otro país. En ese caso, no contó con que, pese a su retórica antiimperialista y a sus diálogos con pajaricos, Maduro también está sujeto a amenazas de la principal potencia militar del mundo. Entonces, deportado e impedido de salir de este país y de ingresar a cualquier otro (desafiar las órdenes de un presidente estadounidense no es bueno para la salud de ningún gobernante), Diyab parece estar haciendo lo que le queda por hacer: poner a sus captores en evidencia mediante una huelga de hambre, haciéndoles pagar un precio político caro por su privación de libertad y quizá por su vida, si es que la huelga de hambre y sed va en serio.
Esta versión de la historia puede ser tan fantástica como las otras, pero tiene la virtud de ser más coherente internamente.
¿Cómo se metió Uruguay en semejante lío? ¿Nadie en el gobierno pensó en lo que significa el derecho de asilo y en la tradición uruguaya al respecto? ¿Nadie advirtió que nuestra Constitución no permite tener presos ajenos en nuestro territorio? ¿Alguien pensó en cómo seremos juzgados si Diyab muere aquí, y en qué consecuencias puede aparejarnos?
Muchos dirán ahora que la culpa es de Mujica, por su excesivo deseo de figurar y de quedar bien con los poderosos del mundo.
Sin embargo, no basta con culpar a los gobernantes para explicar el asunto. Este problema empezó –mal- el día en que los cinco prisioneros llegaron al Uruguay, encadenados y conducidos por marines estadounidenses. Eso ya olía horrible. Pero una oleada de pseudo solidaridad y de autocomplacencia hizo que mucha gente celebrara el hecho y aplaudiera a Mujica cuando dijo que quienes cuestionábamos su decisión éramos “unos almas podridas”.
Poco tiempo después, apenas los ex Guantánamo –en especial Diyab- empezaron a rechinar en la sociedad uruguaya, la solidaridad se transformó en rabia y despecho. Los insultos, “malagradecidos”, “incivilizados”, “váyanse a su país”, etc, sustituyeron a la solidaridad.
Más allá de este caso concreto, hay una conclusión importante que extraer: las emociones colectivas no son una buena guía para las decisiones políticas. Mucho menos para las decisiones jurídicas.
No se debió permitir el ingreso al país de personas privadas irregularmente de libertad. Ese es el principio básico. Es decir, claro que los sirios podían pedir refugio en Uruguay y Uruguay debía concederlo. Pero debían entrar como refugiados, libres de salir del país cómo, cuando y hacia donde quisieran o pudieran. Porque una cosa es dar refugio y otra trabajar de carcelero tercerizado.
Ese ingreso fue posible porque, como sociedad, desde hace tiempo, hemos olvidado la diferencia entre las leyes (los deberes, los derechos y sus garantías) y nuestras emociones momentáneas. Eso nos vuelve manipulables.
Una sociedad que olvida la importancia de las leyes que ella misma se ha dado y está dispuesta a desaplicarlas cada vez que la conmueven con cantos o llantos de sirenas, está expuesta a la manipulación y dispuesta a actuar con lógica de “barra brava”, que hoy endiosa a su ídolo y mañana lo lincha.
En el caso de Diyab y de sus compañeros, sería muy tranquilizador oír a representantes del gobierno decir que, como refugiados, son libres de salir del país cómo y cuando quieran. Aunque causara desagrado en los EEUU.
Porque esa es la regla. Y, cuando no hay reglas claras, cuando la vida y la muerte dependen de la emoción de la tribuna, todos podemos ser ídolos, pero todos podemos también ser linchados.

INDISCIPLINA PARTIDARIA la columna de Hoenir Sarthou: Matar al mensajero

publicado a la‎(s)‎ 15/10/2014 23:07 por Semanario Voces

Las encuestas de intención de voto están empezando a señalar algo que la cúpula del Frente Amplio se ha negado porfiadamente, hasta ahora, a admitir y a considerar. El hecho es que el Frente parece haber perdido intención de voto. Y la ha perdido por los dos extremos, “por derecha” y “por izquierda”, por decirlo de algún modo. La pérdida de votos “por derecha” podría ser la causa, en parte, del crecimiento de la intención de voto al Partido Nacional (los votos “prestados”, ¿recuerdan?). Y sin duda es la causa del crecimiento de la intención de voto al Partido Independiente, que en las últimas encuestas alcanza un 3% de los votantes. En menor medida, algunos de esos disidentes “por derecha” podrían estar incrementando también la intención de voto en blanco o anulado.  La disminución frenteamplista “por izquierda” podría ser la causa tanto de la aparición de la Unidad Popular y del PERI en las encuestas, cada uno de ellos con aproximadamente un 1% de los votantes, como –en buena medida- del entre 3% y 4% que le asignan las mediciones al voto en blanco o anulado. Ese conjunto de factores hace que el Frente, a diez días de la “primera vuelta” electoral, cuente con una intención de voto varios puntos inferior a la que tenía en octubre de 2009. Eso prácticamente confirma dos hechos ya previstos por encuestadores y analistas: a) que habrá balotaje en noviembre; b) que el Frente no obtendría mayoría parlamentaria. Pero además insinúa otra cosa no tan previsible: que, de no producirse una reasignación importante de los votos en noviembre, incluso el triunfo en el balotaje podría estar comprometido.  La reacción no se hizo esperar. Buena parte de  la militancia frenteamplista salió agresivamente a la reconquista de votos. Y “agresivamente”, en este caso, no es una mera metáfora. No sé cómo estarán siendo tratados los ex votantes frenteamplistas que este año tienen entre sus opciones la de votar a Mieres o a Lacalle Pou. No lo sé porque no tengo ese perfil. Lo que sí puedo asegurar es que, para los disidentes “por izquierda”, es decir para los que tenemos como opciones votar en blanco, o anulado, o votar estratégicamente a alguna de las opciones de izquierda extrafrentista (UP, PERI, PT), la cosa no es sencilla. Acusaciones, insultos y descalificaciones son la moneda corriente con que se pagan la discrepancia y la crítica, en especial si ésta viene “por izquierda”. “Traidor”, “vendido”, “le hacés el juego a la derecha”, son sus expresiones más corrientes. Ese fenómeno pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, el preocupante grado de intolerancia que padece una parte de la militancia frenteamplista. Por otro, la torpeza con la que cierto núcleo militante termina profundizando el problema que pretende corregir. Hay una lógica perversa en la que muchos militantes frenteamplistas parecen caer. Es la idea de que todas las personas honestas y que no sean “de derecha” tienen la obligación moral de votar al Frente Amplio. La perversidad de esa idea radica en que invierte la lógica democrática. En lugar de ser el partido el que debe ganar a los ciudadanos con su discurso y sus prácticas, son los ciudadanos los que están obligados a votarlo aun cuando discrepen con su discurso o sus prácticas.     Muchos de los disidentes de izquierda son ex militantes, gente con experiencia sindical y política. ¿Alguien cree que acusarlos de traición los hará cambiar de opinión? Otros son gente joven, movidos por causas que sienten como nobles, como el “no a la baja”, pero sin militancia ni adhesión vital a la tradición frenteamplista. ¿Alguien piensa que la agresividad y la presión harán otra cosa que retraerlos de la actividad política? El Frente Amplio necesitará en el balotaje a todos los votos posibles. Las ofensas, las heridas, las decepciones y agravios que cause en octubre comprometerán sus chances de ganar en noviembre y de continuar en el gobierno. Eso deberían tenerlo presente quienes militan por él. Por otra parte, los disidentes carecen de organizaciones que los regimenten. Cada cual ha decidido su actitud electoral por su cuenta. Cada uno de ellos no es más que el emergente de un estado de ánimo más general al que no ha dado causa y que no controla. Enojarse con los discrepantes, por tanto, no es más que el viejo recurso de “matar al mensajero”, al portador del mensaje que no se quiere oír. Así las cosas, probablemente la cúpula frenteamplista  y sus candidatos deberán tomar una decisión. O bien continúan ignorando a los discrepantes y permitiendo que se los trate como traidores, con lo que arriesgan la elección, o bien admiten que algo no está marchando tan bien en la gestión de gobierno y se disponen a investigar y a considerar las razones de las discrepancias. Esa es la regla en una elección democrática. No al revés. Hasta ahora, la cúpula frenteamplista parece haber errado en los cálculos. Sus integrantes creyeron que la postulación de Tabaré Vázquez bastaría para dar por liquidada la elección. Tabaré Vázquez, mientras tanto, tensó al máximo la relación con el electorado tradicional del Frente. Su actitud ante los EEUU, su asociación con lo más retrógrado de la Iglesia Católica en el tema “aborto”, su jactancia, sus gestos demagógicos y su actitud autoritaria e imperial en la conducción, parecen haber agotado la paciencia de muchos frenteamplistas de la primera hora y también la de muchos jóvenes que hoy no se sienten representados por él. El gobierno de Mujica, por su parte, continuó las políticas económicas iniciadas por Vázquez y Astori, centradas en la  megainversión extranjera, sumándole además la desprolijidad administrativa, la idea de que la voluntad política puede pasar por arriba de todos los límites y garantías jurídicas, y la proliferación de verdaderos “comisarios políticos” de dudosa capacidad en casi todas las áreas del Estado. El resultado de todos esos factores está a la vista: el Frente ha perdido intención de voto. Una fuerza política tiene límites que no debe traspasar. Si se aleja demasiado de sus raíces, de las convicciones y de la sensibilidad de  la base humana que le dio origen, corre el riesgo de desnaturalizarse y de perder incluso los resultados electorales a los que ha apostado.   ¿Qué ocurrirá en el futuro? En octubre, contrariamente a los que muchos militantes frenteamplistas creen, no ocurrirá nada dramático. Ninguna de las fórmulas obtendrá el triunfo en primera vuelta, por lo que el gobierno no se definirá en ese momento. En lo parlamentario, es previsible que el Frente pierda algunos legisladores y que la representación parlamentaria se diversifique. Seguramente habrá más legisladores del Partido Independiente y probablemente ingrese alguno de la izquierda extrafrentista, de la Unidad Popular y/o del PERI. ¿Eso es terrible? No lo parece. A lo sumo permitirá oír a otras voces, hará necesaria la negociación para impulsar proyectos de ley,  e impondrá controles parlamentarios que hoy, con mayoría oficialista, no existen. De modo que la elección trascendente, en la que se definirá el gobierno, será la de noviembre. Para noviembre, la cúpula y la fórmula electoral del Frente se encontrarán probablemente ante una disyuntiva: u optan por seguir con el discurso triunfalista y acusatorio, sin admitir cuestionamientos, o investigan y atienden a las razones por las que han perdido votos, se sinceran, e intentan modificar algunas de sus líneas de acción. Sospecho que el transparentamiento de la gestión, la exposición pública de los motivos de las decisiones de gobierno, la admisión y enmienda sincera de los fallos e iregularidades, por ejemplo, sería un buen inicio y alentaría a todos los discrepantes, tanto “por derecha” como “por izquierda”. La pelota, entonces, está picando en la cancha de la cúpula frenteamplista.

Carta abierta a Hoenir Sarthou Hector Musto

Hoenir, me dolés mucho. Recuerdo cuando eras de izquierda, cuando estabas para cambiar al país.

Te leía, te escuchaba en las tertulias de El Espectador... y cuántas veces compartí tu visión de izquierda, crítica pero de izquierda: criticar al FA desde adentro. Reconociendo las virtudes de los gobiernos que tenemos desde el 2005, pero sin casarte con nadie, marcando errores y carencias. Estaba bárbaro. No eras un alcahuete de esos que dicen que todo está bien... por el contrario.
Desde la izquierda, desde el FA, marcabas a fuego nuestros errores. Aportabas al cambio de nuestra fuerza política. Desde adentro. Veías y defendías nuestros aciertos, que fueron muchos -y los defendiste con gran altura intelectual- y de la misma manera, marcaste en qué le errábamos. Personalmente, te consideraba un intelectual orgánico. De los que hablaba Gramsci. Y desde allí, desde esa posición, aportaste mucho. Lo reconozco. Y te lo agradezco: había cosas que no veía y me ayudaste a pensar. Pero... en un momento crítico de nuestra historia, cuando se trata de profundizar en lo bueno, muy bueno que hicimos en muchas áreas, esas que vos mismo defendiste y, al mismo tiempo, corregir errores, te sumás a la derecha. Te guste o no. Votar en blanco, o a la UP o anulado en octubre, es sumarte a la derecha. Porque no sumás para Tabaré, quien puede no gustarte, sino que tampoco lo hacés para los legisladores que precisamos para que siga cambiando el país, en el sentido que vos mismo soñaste. Me dirás que hay errores. Que el FA se equivocó en muchas cosas. Caramba. ¿Cómo no equivocarse cuándo se intenta cambiar un país luego de siglo y medio? ¿Acaso soñabas que éramos perfectos? Pensar que soñabas eso, sería despreciar tu inteligencia. Todos sabíamos que en este camino íbamos a cometer errores; inclusive, que podrían existir compañeros "tentados por el poder". Todos los sabíamos. Vos también. Pero lo importante, lo que va a quedar, es el balance. ¿Qué pasó desde el 2005 a la fecha? No te lo voy a contar. Lo sabés muy bien. Y, en el fondo de tu alma, estoy seguro que sabés, tanto como yo, que el balance es más que positivo. Hacerte una lista de los aciertos, sería nuevamente despreciar tu capacidad. Y pedirte un balance, sería, también, menospreciarte, porque seguramente te consta que es positivo. Pero hace unos días, faltando poco para las elecciones, hacés público que no vas a votar al FA.
Decís que te duele. No me importa que te duela. Lo que me importa es que, aprovechando tu "fama", no solamente lo decidís para vos y tu conciencia, sino que lo hacés público: te sumás a la derecha públicamente. Hasta Búsqueda te destinó un cuarto de página. El "izquierdista" Hoenir Sarthou no vota al FA. El "radical" Hoenir no suma parlamentarios para continuar con el proceso de cambios. Te levanta Búsqueda. Supongo que estarás orgulloso de esa condecoración que te regala la derecha más inteligente. De cómo te usa. Solamente espero que en las mañanas, cuando te mirás al espejo, te aguantes la mirada. Sos como el personaje Gianni Perego que hizo Gassman en "Nos habíamos amado tanto". Allá vos. Allá vos... y acá nosotros, los que reconociendo errores, seguimos por la única ruta posible de cambios: el Frente Amplio.
Te deseo suerte, en la vida y ante el espejo.
Héctor Musto

Los desencantados de izquierda: EL VOTO DISCREPANTE Hoenir Sarthou

Voces

Habría querido que este momento no llegara nunca, porque lo que voy a decir me resulta muy doloroso. No voy a votar al Frente Amplio en la elección de octubre. Por primera vez, en más de cuarenta años, siento que no puedo ni debo hacerlo. Es una decisión individual e íntima (todas las decisiones lo son, en el fondo) pero no solitaria. Muchas personas de izquierda han decidido adoptar la misma actitud o la tienen en su horizonte y la están considerando. En mi caso, los motivos no son sorprendentes. Han sido anunciados con preocupación, desde hace años, en esta misma columna.

Sintéticamente, no comparto las políticas que implican someter al país y a su población al modelo económico “global” de los capitales transnacionales, en el que, a pesar de los discursos, la mitad de los trabajadores gana menos de $15.000. Discrepo con el proceso de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, que se ha permitido en estos años. No estoy de acuerdo con los privilegios abusivos (exoneraciones tributarias, puertos, zonas francas, leyes hechas a la medida) concedidos a la gran inversión extranjera y negados en cambio a la inversión y al trabajo nacionales.

No creo que un gobierno de izquierda deba condicionar al país, al grado en que lo han hecho los dos últimos gobiernos, a inversiones estratégicamente discutibles y ambientalmente peligrosas, como las de UPM, Montes del Plata o Aratirí. Me indigna la ley de bancarización obligatoria (hipócritamente denominada “de inclusión financiera”), que favorece el endeudamiento de la población de menos recursos y significa la intromisión inevitable del capital financiero (los bancos) en todas las transacciones económicas, incluido el pago de los sueldos.

En materia de políticas sociales, se ha incurrido en algo que es –y será todavía más, en pocos años- una verdadera tragedia social: permitir la decadencia de la enseñanza pública. Cuando uno se entera de que más del 60% de la población juvenil no completa la enseñanza secundaria, hay poco más para decir. Significa que más de la mitad de la población no estará en condiciones de acceder a puestos de trabajos medianamente bien remunerados. ¿En qué clase de sociedad viviremos, entonces?

¿Alguien cree que se podrá seguir sobrellevando la marginalidad cultural creciente con subsidios del MIDES, internaciones en el INAU y más policía? Un gobierno que no jerarquiza a la enseñanza pública es, objetivamente, un gobierno reaccionario.

Se diga lo que se diga. A esas dos grandes discrepancias sustanciales (con el modelo económico y con las políticas sociales) se suma el abuso del secreto y la mentira, o el grosero maquillaje de la realidad. Lo que pasó en PLUNA, lo que pasa en ASSE, lo que sigue pasando en el SIRPA, no habría sido posible si no se cultivara el secreto, la práctica de “barrer hacia adentro”.

Tampoco son casos aislados. El secreto y la distorsión de la realidad, practicados desde el poder, son la antesala y el caldo de cultivo de la corrupción. Hay demasiados secretos y reservas en la gestión de gobierno. Los acuerdos con Montes del Plata y con Aratirí, los propósitos y la adjudicación de las obras de la regasificadora, su relación con el proyecto de Aratirí, lo que realmente pasará con Aratirí, las nuevas megainversiones en curso, las transacciones para traer al país a presos ilegítimos de los EEUU, el enorme crecimiento de la deuda externa del país, las tratativas con organismos internacionales, como la OCDE, para salir de las listas negras y grises, son temas de los que no se habla lo suficiente y sobre los que no se dispone de la información necesaria.

La exposición clara de la realidad, el planteamiento sincero de los problemas y de las estrategias propuestas para enfrentarlos, es, desde mi punto de vista, un requisito esencial para un gobierno democrático y popular. Todo problema, por grave que sea, todo error, por inexcusable que parezca, pueden ser entendidos y disculpados por una población a la que se le habla claro, con respeto, valor y honestidad intelectual. Los secretos, las ocultaciones, las verdades a medias, las estadísticas maquilladas, las simplificaciones abusivas, la publicidad aturdidora, en cambio, podrán engañar a los ilusos o ingenuos durante un tiempo.

Pero a la larga caen y generan el descrédito de los gobernantes y la desmoralización de la sociedad. Desde hace algunos años me está pasando que no creo en las versiones de la realidad que se difunden desde el gobierno. Siento que hay motivaciones y decisiones que no se expresan con franqueza. Quizá es eso lo que no me permite votar al Frente en octubre. Uno no puede ni debe consentir algo en lo que no cree.

Que me disculpen algunos amigos que no comparten mi escepticismo y están entusiasmados con volver a votar al Frente Amplio. Soy sincero y, como diría Vaz Ferreira, no estoy dispuesto a pasar por encima de un estado de mi conciencia. Llegado este punto (lo he hablado con otras personas que también comparten el dilema), dado que en octubre no se decidirá el gobierno sino la integración del Parlamento, para quien jamás votaría a una opción más conservadora que el Frente Amplio, se abren dos opciones: a) votar en blanco; o b) votar a alguno de los partidos testimoniales de izquierda. Las dos opciones me parecen moralmente respetables. Votar en blanco, porque es la sincera expresión de una falta de identificación con las propuestas políticas existentes y, de alguna forma, preanuncia la necesidad de cambios en el escenario y en los discursos políticos.

Votar a una de las opciones de izquierda extrafrentista, porque, sin favorecer el ingreso de más legisladores blancos o colorados, es una forma de posibilitar el ingreso al Parlamento de una voz crítica de izquierda que hoy no existe. Ninguna de las opciones es fácil ni perfecta. Pero nada en estos tiempos es fácil ni perfecto. De hecho, para muchas personas que no votarán al Frente en octubre (entre las que me incluyo), eso no significa renegar de la tradición frenteamplista.

En muchos sentidos, es una expresión de fidelidad a la tradición de izquierda que históricamente encarnó el Frente Amplio, aunque implique cuestionar a las autoridades y a la gestión de gobierno del Frente. La actual dirección del Frente Amplio reclama el voto basado en tres argumentos: que el país ha crecido materialmente durante sus gobiernos, que los asalariados y los pobres están mejor que antes, y que un gobierno blanco sería peor que lo que hay. La semana próxima intentaré analizar esos argumentos, confrontándolos con los problemas que la actual gestión del Frente genera. Y –aunque no lo aseguro- hilar más fino sobre las opciones que se nos presentan a los discrepantes de izquierda.