Hace
exactamente medio siglo se aprobó en el senado la Ley 14.101 (más
conocida como Ley Sanguinetti), que pasó a regir la "enseñanza
pública primaria, normal, secundaria e industrial, denominándola
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION" (accesible en:
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/14101-1973/1).
Dicha ley eliminó la autonomía de Primaria, Secundaria y UTU, que
pasaron a depender del referido CO.NA.E, el cual se integra por cinco
miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo. En los Consejos de
Secundaria y UTU no sólo se pierde la autonomía, sino que se borra
de un plumazo la presencia de los representantes docentes elegidos
para conformar parte de la gobernanza de los referidos subsistemas.
Dicha representación se venía dando en Secundaria desde el año
1935 y en UTU desde 1942, bajo el saludable entendido de que es
fundamental tener Consejos con maestros y profesores participando
activamente en la elaboración y contralor de las políticas
educativas. El retroceso fue brutal: pérdida de autonomías
esenciales del sistema educativo, supresión total de los
representantes docentes y absoluta dependencia del poder político de
turno. Pocos meses después se da el golpe de estado cívico-militar
en nuestro país. Y la dictadura no mueve ni una coma de la Ley
14.101, la cual estará vigente durante toda esta nefasta etapa de
nuestra historia. Será sustituida en el regreso de la democracia,
por una "Ley de Emergencia en la Enseñanza" (Ley 15.739),
en el marco del gobierno de aquel mismo ministro de Educación y
Cultura que la había impulsado hacía poco más de una década
atrás. Esta ley da nacimiento a la denominación, todavía actual,
de CO.DI.CEN para el órgano central que gobierna nuestra educación,
sustituyéndose así al denominado CO.NA.E, y manteniéndose en todos
sus términos la subordinación de los Consejos de primaria,
secundaria y UTU. Aunque planteada como “provisoria”, la ley
15.739 se mantiene en pie durante más de veinte años y recién con
el primer gobierno del Frente Amplio se concretará la esperada Ley
General de la Educación (Ley 18.437) que, entre otros puntos a
destacar, efectivamente vuelve a restituir lo que la Ley Sanguinetti
eliminó: la representación docente en los Consejos, incluyendo
ahora a todos los subsistemas (uno de los tres consejeros, tanto en
Primaria como en Secundaria y UTU, pasa a ser elegido por voto de
todos los docentes) y hasta al propio CO.DI.CEN (dos de sus cinco
miembros, por primera vez, tendrán docentes elegidos por sus
colegas). Un avance significativo que nos volvía a poner en la línea
de la mejor tradición de nuestra historia educativa, pasándose a
contar nuevamente con los educadores en la gobernanza de su campo
de desarrollo profesional, elegidos con participación de todos los
maestros y profesores y reguladas por la Corte Electoral. Dicha ley,
sin embargo, pasará a sufrir importantes modificaciones a partir de
artículos presentes en la reciente Ley de Urgente Consideración
(LUC) del año 2020. Entre los principales cambios, tenemos la
eliminación del histórico formato de Consejo para Primaria,
Secundaria y UTU, que se convierten en Direcciones Generales,
barriendo así, otra vez, con la representación docente en los
subsistemas educativos básicos (sí se mantuvo en CO.DI.CEN),
implicando un retroceso hacia la ya regresiva Ley Sanguinetti (ley
14.101) del año 73', aquella que estuvo vigente durante toda la
dictadura. Y suma otra modificación muy regresiva en cuanto a la
participación en la construcción de los rumbos a tomarse en la
educación pública de aquellos que son sus principales actores: se
elimina el requisito -para ser Consejero o incluso Director General
de los ex Consejos- de haber sido docente en ámbitos de la ANEP. O
sea, se puede conducir Primaria o Secundaria, por ejemplo, sin haber
pisado ni una vez un aula pública en tales subsistemas. Para rematar
el duro golpe recibido por el sistema público y su autonomía, la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pasa a jugar
un rol de subordinación frente al Poder Ejecutivo de turno, en tanto
el político Ministerio de Educación Cultura (MEC) se convierte en
el principal rector y conductor de las políticas educativas a
llevarse adelante. Este breve repaso histórico, que nos lleva de la
Ley Sanguinetti a la regresiva LUC de nuestros años 20, es
pertinente para poder ubicarnos en qué punto estamos en cuanto a
ampliaciones o restricciones en la participación y gobernanza
educativa, justo en momentos en que se lleva adelante una nueva
reforma educativa. Han pasado 50 años de la Ley Sanguinetti. Hoy, ya
ni Consejos tenemos y los docentes la “miramos de afuera” incluso
más que hace medio siglo, cuando se implementó una ley que fue
abrazada (y no casualmente) en todos sus términos por la dictadura.
A veces, la historia supone avances. A veces, fuertes retrocesos.
Está en nosotros comenzar un necesario y pronto proceso de
recuperación de lo mejor de nuestra tradición. El desafío es
crucial para toda la sociedad uruguaya.
*Pablo Romero - Profesor de Filosofía (egresado del IPA), posgraduado como Especialista en Política y Gestión de la Educación, docente de Ética en Universidad CLAEH y docente de Filosofía e Informática en educación secundaria, se ha desempeñado como Docente de Argumentación en la Universidad Católica, profesor de Filosofía de la cultura en Fundación Itaú y docente tallerista en el Centro de Formación y Estudios del iNAU. Fundador y coordinador del Proyecto Cultural Arjé, es autor del premiado libro "Sobre el sentido de Educar" (Ediciones B-Penguin Random House, Montevideo, 2001) y co-autor de libros sobre el campo educativo a nivel nacional e internacional.
