“Hay que tener cuidado con los equilibrios sociales, porque revolucionarios de papel podemos ser todos y revoluciones de papel pueden ser escritas por todos. El tema es el desafío genial, monstruoso, de transformar la teoría del papel en la práctica. Ahí es donde se juega el partido.
Entonces, no vayamos a casa a apoyar la cabeza en la almohada tranquilos porque hicimos la revolución de papel. Es más: esperaría una gran indignación contra nosotros mismos y contra el Estado que representamos. De lo contrario, la revolución de papel ni siquiera empieza adentro. ¡Tenemos esta ley desde el año 1989 y fue refrendada en el 2010! ¿Qué esperamos para actuar? ¿Qué espera la bancada oficialista para apretar a su Gobierno a fin de que empiece a cumplir con estas normas? Ya es tiempo; doce años de gestión parecen ser suficientes.
Tenemos que incluir. ¡Obvio que tenemos que incluir, pero no solo en el papel! ¡Tenemos que incluir en los hechos! Inclusiones de papel y revoluciones de escritorio se conocen muchas. ¡Hay que llevarlas adelante!
“Hoy tendría que haber 12.500 personas con discapacidades trabajando en el Estado, mientras apenas superan el millar. Solo el 0,43% de los puestos del Estado están en manos de personas con discapacidades. ¡Eso nos tiene que indignar! ¡Nos tiene que indignar! ¡Y más al Partido de Gobierno, que tiene la responsabilidad de presionar a su propio Poder Ejecutivo! ¡No basta con venir a hacer hermosos discursos por leyes que se aprueban, imponiendo un cupo también al sector privado! Estamos a favor: hay que apretar a todo el mundo y propender a que esto se cumpla. ¡Pero vamos a obligar al Estado, señores! ¡Vamos a empezar por barrer en casa!”, dijo en su exposición en sala.
Este es el texto completo de su intervención
SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).- Señor presidente: en este momento más de un millón de ojos, y muchos miles de esos ojos que no pueden ver, nos interpelan.
Debemos congratularnos del espíritu y de la idea que mueve y empuja este proyecto; la compartimos de cabo a rabo, porque los discapacitados no son blancos, colorados ni frenteamplistas, sino personas que sufren una minusvalía en el normal desarrollo de sus vidas. Como Estado debemos estar allí, a su lado, para ayudar, para proteger y, por sobre todo, para promover.
En el Partido Nacional nos sentimos muy cómodos tratando este tipo de temática. La señora diputada Gloria Rodríguez le ha dado un nombre que a mí mucho me gusta y en el que me siento incluido, más allá de un conjunto de proyectos presentados por el Partido Nacional que van en igual sentido: una nueva agenda de derechos humanos. Tenemos el compromiso de desarrollar una nueva agenda de derechos humanos. El Partido ha ido dando muestras de esa sensibilidad con la presentación de proyectos de ley respecto a los no videntes, al bullying, al mobbing ‑o acoso laboral‑ y a la alienación parental, que toma de víctimas y de rehenes a los niños. Además, quien habla presentó un proyecto para la creación de un programa nacional para la lucha contra el alzhéimer.
Esta lucha no es nueva en el país. No podemos caer en el facilismo de creer que todo esto nació ahora o por generación espontánea. El país tiene una historia institucional, prácticamente desde su nacimiento, de compromiso con las políticas sociales y de defensa de los más débiles. Es más: el tema de los discapacitados tampoco es nuevo; el cupo del 4% tiene veintisiete años, ya que es de 1989. La Ley N° 16.095 es la primera en fijar el cupo laboral del 4% en la esfera estatal, reiterado luego por el artículo 49 de la Ley Nº 18.651. Estas preocupaciones vienen in crescendo y van ganando espacios de aplicación.
Creemos sí que la ley se quedó corta y que debería haber comprendido algunas cosas más, que esperamos se incorporen al debate en el Senado. Felicitamos al señor diputado Óscar Andrade por la iniciativa. Nos sentimos representados por el trabajo que hizo el señor diputado Wilson Aparicio Ezquerra Alonso en la Comisión, proponiendo aditivos que lograron contemplar determinados equilibrios.
Acá no se marcha más que en un juego de ganar-ganar; nadie puede avasallar a alguien o a un sector, por más buenas intenciones que tenga. De lo contrario, aquello que uno quiere acumular a favor, termina siendo un tiro por la culata
Con estas cosas hay que tener cuidado; hay que tener cuidado con los equilibrios sociales, porque revolucionarios de papel podemos ser todos y revoluciones de papel pueden ser escritas por todos. El tema es el desafío genial, monstruoso, de transformar la teoría del papel en la práctica. Ahí es donde se juega el partido.
Entonces, no vayamos a casa a apoyar la cabeza en la almohada tranquilos porque hicimos la revolución de papel. Es más: esperaría una gran indignación contra nosotros mismos y contra el Estado que representamos. Hoy tendría que haber 12.500 personas con discapacidades trabajando en el Estado, mientras apenas superan el millar. Solo el 0,43% de los puestos del Estado están en manos de personas con discapacidades. ¡Eso nos tiene que indignar! ¡Nos tiene que indignar! ¡Y más al Partido de Gobierno, que tiene la responsabilidad de presionar a su propio Poder Ejecutivo! ¡No basta con venir a hacer hermosos discursos por leyes que se aprueban, imponiendo un cupo también al sector privado! Estamos a favor: hay que apretar a todo el mundo y propender a que esto se cumpla. ¡Pero vamos a obligar al Estado, señores! ¡Vamos a empezar por barrer en casa! De lo contrario, la revolución de papel ni siquiera empieza adentro. ¡Tenemos esta ley desde el año 1989 y fue refrendada en el 2010! ¿Qué esperamos para actuar? ¿Qué espera la bancada oficialista para apretar a su Gobierno a fin de que empiece a cumplir con estas normas? Ya es tiempo; doce años de gestión parecen ser suficientes.
Tenemos que incluir. ¡Obvio que tenemos que incluir, pero no solo en el papel! ¡Tenemos que incluir en los hechos! Inclusiones de papel y revoluciones de escritorio se conocen muchas. ¡Hay que llevarlas adelante! Descarto la buena voluntad y la buena disposición. Sé que es difícil, pero lo difícil no puede ser imposible. Lo difícil tiene que ser difícil, pero deben encontrase caminos de inserción. Por eso hay que apretar al Estado y en la esfera privada hay que jugar a la política de incentivos y no tan solo de represión. La represión es la consecuencia final cuando no hay respuesta. Al niño no le pego una cachetada para que se porte bien, sino que lo estimulo. Es muy simple; es un juego de premios y castigos: "Este fin de semana sales y vas al cine si hiciste bien los deberes". Obviamente, cuando me referí al cachetazo lo hice en forma eufemística, como premio y castigo. Esa es la lógica.
Con la empresa privada es lo mismo. Tenemos que generar una política de incentivos que desarrolle el interés de la empresa por sentirse beneficiada. Eso no es malo. No tenemos que pensar en el beneficio que obtiene la empresa, sino en el que obtiene la persona con discapacidad.
Nos preocupa que los beneficios se dejen librados a la reglamentación, porque el 80% de la Ley Nº 18.651 está todavía sin reglamentar. Entonces, se va a imponer una obligación que no tendrá una contrapartida, que es un conjunto de beneficios, como supuestamente es el espíritu de la ley. Esos beneficios deberían estar incorporados en la ley. Esto no es para ganancia de los empresarios ni de ningún otro que no sean las personas que sufren una discapacidad, a las que se les debe abrir una puerta, que al Estado poco le costará en términos económicos.
Estos son deberes para el Senado.
Hay que buscar políticas en el Inefop; hay millones de dólares allí. Debemos generar políticas laborales de educación para la inclusión de las personas con discapacidades. Por sobre todo, esta ley debe tener un mecanismo evaluatorio que deberá incorporarse en el Senado. No podemos irnos a dormir con la conciencia tranquila de que lo votamos; acá tiene que haber, por períodos anuales, por dependencias del Estado y por sectores de la esfera privada, una evaluación del cumplimiento para saber que realmente estamos empujando, con voluntad, para lograr los resultados que ponemos en el papel.
Nada más.
Muchas gracias.
