La República
Publicado el 7/10/2014 - 6:00
A
menos de veinte días de la elección nacional, el nombre del doctor
Alvaro Garcé como futuro ministro del Interior de un gobierno presidido
por Luis Lacalle volvió a sonar ayer por la tarde.
Desde
temprana hora, LA REPUBLICA procuró sin éxito consultar al Comisionado
en forma directa. De confirmarse esta versión, sería la tercera
nominación que anuncia Lacalle de su eventual gabinete. Anteriormente,
el candidato del Partido Nacional había anunciado a la economista
Azucena Arbeleche como futura ministra de Economía y al filósofo Pablo
da Silveira como futuro ministro de Educación y Cultura.Álvaro Garcé García Santos nació en Montevideo el 7 de agosto de 1967. Es abogado, profesor y tuvo destaque como periodista y escritor. De hecho ha publicado varios publicaciones sobre Derechos Humanos.
Como profesor se desempeñó como tal en Filosofía del Derecho y Evolución de las Instituciones Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Universidad Católica del Uruguay.
Accedió a la función pública en 1993, cuando, por concurso, fue nombrado Inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También ocupó el cargo de Director General del Registro de Estado Civil. Desde 1998, se desempeñó como Defensor de Oficio en lo Penal y desde julio de 2005 ocupa el cargo de Comisionado Parlamentario Penitenciario, la primera institución de defensoría del pueblo de Uruguay.
La situación era muy complicada y el tema carcelario prácticamente era un tema inexpugnable y con ciertas fallas en el sistema. Sin embargo sabiendo lo que le esperaba, Garcé ante la Comisión Especial encargada del proceso de selección del candidato a Comisionado, señaló como primera tarea la cooperación en el descongestionamiento de las prisiones y definió cuatro áreas de trabajo: Ante institucional (actualización de la ley penitenciaria, sanción de una Ley Orgánica de la Defensa Pública y creación del Instituto Nacional de Rehabilitación), impulso a programas de educación formal y no formal, promoción de la salud y disminución del ocio de los reclusos.
Su trabajo no fue sencillo ni en lo personal ni para quienes debían responder a una figura nueva en el sistema. Se encontró con innumerables problemas, con situaciones muy complicadas y si bien la administración penitenciaria se encuentra legalmente obligada a cooperar con el comisionado parlamentario (ley 17.684, artículo 5), se destaca el nivel de colaboración recibido por parte de las autoridades penitenciarias (Ministerio del Interior, I.N.R., Jefaturas de Policía, direcciones de establecimientos y personal subalterno) que facilitó el desarrollo de su actividad. Por resolución unánime de la Asamblea General del 3 de noviembre de 2010 su mandato le fue renovado hasta el 13 de julio de 2015.
