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miércoles, 22 de agosto de 2018

ARATIRI CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA Y LOS RESPONSABLES NO DICEN !!! Sebastián Pintos, edil del Partido Nacional



COMUNICADO DE PRENSA

Me voy a referir a los últimos hechos públicos que, lamentablemente refiere a que nuestro país deberá enfrentar una demanda por más de 3.500 millones de dólares realizada por la empresa minera Aratirí, perteneciente al grupo minero Zamin Ferrous.

La empresa Aratiri se radicó en el país en el año 2007, cuando comenzó a realizar prospecciones y fue desde ese año que comenzaron las primeras negociaciones cuando era Presidente de la República el actual Presidente Tabaré Vázquez.

Desde el comienzo nos opusimos a lo que fue el proyecto de la mimería Aratiri por varios motivos; el primero y fundamental que la minería de gran porte como estaba previsto genera daños al medio ambiente que son irreparables e irreversibles. En segundo lugar el hecho que la minería a cielo abierto es excluyente, o sea donde hay minería no se desarrolla ninguna otra actividad, y en tercer lugar veíamos que el proyecto no era concordante con la actividad agrícola ganadera y forestal que se desarrolla en nuestros país, agravado por el hecho que en Uruguay, a diferencia de los países que existen mineras de este tipo, no tenemos cultura minera.

Debemos de recordar que en esa administración de Vázquez (2005-2010) teníamos como presidente de la Administración Nacional de Puertos al ingeniero Fernando Puntigliano, actual Director de Desarrollo Ambiental de la IMM, y como director en la ANP en ese mismo periodo al también ingeniero Santiago Sotuyo. Y estos profesionales que eran funcionarios de confianza del Presidente Vázquez en su primer Gobierno, en el año 2011 (Gobierno de Mujica) pasaron a ser dependientes de la empresa Aratiri y en el caso de Puntigliano era el representante de la empresa en nuestro país.

Pero no fueron los únicos Sr. Presidente, que primero estuvieron en cargos estatales y después se pasaron para la empresa que hoy nos demanda, también fue el caso de técnico de la DINAMA, el Ingeniero Químico Cyro Croce, técnico de la DINAMA.

Sería interesante Sr. Presidente que todas estas personas con actividad política partidaria nos dieran alguna explicación porque fueron ellos los que impulsaron, trabajaron y defendieron este proyecto, de la empresa que hoy demanda al Estado Uruguayo y que independientemente de los resultados del juicio los gastos los soportaremos todos. Es lamentable ninguno de los nombrados hace referencia esto y en esos años defendían a capa y espada a la empresa y no les importo nada, todo valía ¡!

Todo este proyecto que fue el buque insignia del Gobierno Mujica, el cual tuvo una actitud muy poco seria ya que lo primero que debería haber hecho es tener una posición neutral como representante de todos los uruguayos y no como hizo, que fue aliado de una empresa extranjera que tenía su sede en un paraíso fiscal y que no tenía antecedentes como empresa minera, también hicieron oídos sordos cuando se les advertía lo que había hecho esta empresa en Brasil que dejaron instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables con los trabajadores. Todas estas cosas sobre las empresas fueron advertidas no solo por nosotros desde la oposición sino también los movimientos sociales organizados que fueron muchos y de distintos orígenes.

Eran tan inocultable el relacionamiento del Gobierno con la empresa, que la DINAMIGE en junio de 2014 hizo lugar a lo solicitado por la empresa y el proyecto fue declarado confidencial o sea la gente, el pueblo uruguayo, no podía acceder a ver el expediente de Aratirí y fue necesario recurrir a la justicia amparados en la ley 18.381, de acceso a la información pública, para obtener la información, que el gobierno debería haber hecho pública desde el principio. También tenemos que recordar que en esa época la DINAMA, como reconoció el ex director Jorge Rucks sufría presiones de todo tipo, incluso intentaron y pretendieron trasladar la DINAMA A la Presidencia de la República para agilizar los tramites, o sea buscaron todos los medios para favorecerlos y ahora no dicen nada, se hacen los distraídos ! y todavía la empresa tienen el tupé de decir que les cambiaron las reglas de juego cuando en realidad las normas que se cambiaron por parte del Gobierno Frenteamplista fue para favorecer a la desconocida empresa Aritiri que hoy no demanda por nada más ni nada menos que 3.500 millones dólares.

En definitiva lo que estamos soportando hoy es una crónica de la muerte anunciada y responde a los errores cometidos por el Gobierno que no escuchó a nadie, que ocultó información, que participaron como empleados de la empresa destacados funcionarios Frenteamplistas e intentaron convencer a la gente que el proyecto era oportuno para el país, que generaría empleo para 1500 personas con una inversión de 2.000 millones de dólares y terminaron con un remate judicial de 3.000 hectáreas propiedad de la empresa sin pagar las liquidaciones a los empleados que se las deben hasta el día de hoy con una fractura social en la zonas donde iban a estar las minas, que hasta el día de hoy perdura y por si fuera poco con una demanda por más de 3.500 millones de dólares y el Frente Amplio no dicen nada .

lunes, 14 de diciembre de 2015

RECLAMAN CONOCER SITUACIÓN DEL JUICIO MILLONARIO DE PUNTA DEL DIABLO


EDIL DEL PARTIDO NACIONAL, SEBASTIÁN PINTOS


El edil del Partido Nacional, Sebastián Pintos, reiteró la necesidad de información acerca del proceso que ha continuado el juicio millonario de Punta del Diablo del empresario, Jesús Eduardo Beyhaut y la situación en que se encuentra la Intendencia de Rocha.

"Creemos que nos debemos de involucrar todos, sin lo político partidario, ya que si la Intendencia resulta perdidosa y obligada a pagar semejante suma el daño los soportaremos todos los ciudadanos y vecinos del Departamento", afirmó.
Sostuvo, que desde el comienzo de la legislatura realizó dos pedidos de informes referido al proceso judicial existente entre la Intendencia Departamental, y el empresario Jesús Eduardo Beyhaut.
Agregó, que la reiteración del pedido se hizo con apoyo del cuerpo, "pero lamentablemente, por razones que desconocemos, hasta día de la fecha no se nos ha contesta esos pedidos de informes, no han sido contestados por el Ejecutivo departamental".-
Por otro lado, manifestó, que "en declaraciones públicas referidas al asunto, el destacado profesor Dr. Enrique Sayagues Areco, quien en su momento representó al Sr. Beyhaut, expresó que desconoce el motivo por el cual la Intendencia no hace valer una transacción existente entre las partes". 
En mérito a estas declaraciones "y con la buena disposición de los funcionarios de esta Junta procedimos a revisar las actas a los efectos de poder conocer los términos de esa transacción, y luego de un extenso trabajo se pudo localizar el Acta 242 correspondiente a la sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1999, de la cual surge los términos de la transacción".
Señaló, que "la referida transacción  fue aprobada por unanimidad, (26 votos en 26), surgiendo de la misma que existía dos juicios promovidos por el Sr. Beyhaut contra la Intendencia: uno la Acción de Amparo iniciada en el año 1986 donde la Intendencia por la Sentencia Nº32 del 21 de febrero del año 1992 fue condenada y se le impuso una multa diaria (las  llamadas Astreites) de 20 Unidades Reajustables por cada finca que no fuera demolida".
Explicó, que las astreintes se adeudaban desde el año 1992, cuando se dictó la sentencia, hasta el año 1999, fecha en la que se arribó al acuerdo transaccional  y el otro juicio  fue promovido en el año 1995 reclamando por concepto de daños y perjuicios de la suma de (50)cincuenta millones de pesos.
Dijo, que "en el acuerdo transaccional que surge de la cláusula cuarta del documento consistía en que el empresario, Jesús Eduardo Beyhaut,  desiste de su pretensión tanto en la Acción de Amparo, en virtud de la cual la Intendencia debía una suma a esa fecha superior de 20 millones de dólares, como el juicio por daños y perjuicios donde la Intendencia debía 5 millones de dólares"
Pintos, expresó, que "hasta acá, es lo que surge del convenio transaccional enviado por el Ejecutivo y aprobado en  la Junta, el cual es muy claro respecto a que la transacción era por los dos juicios".
Cabe destacar, que "en sentido contrario, uno de los representantes  legales del  empresario Beyhaut, el abogado, Daniel Reyes, en una entrevista publicada en el Diario El Este, en la edición del 13 de mayo del corriente año, cuando se le pregunta si ¿Hubo un acuerdo entre su representado y el Gobierno Departamental?, lo niega rotundamente manifestando  (textualmente)
"Es evidente que si hubiera habido algún acuerdo transaccional el mismo debía haber sido presentado por ambas partes en el expediente y simultáneamente haber solicitado su aprobación por el Juez". "Para de esa forma dar por terminada la cuestión". "Eso nunca ocurrió, pero no nos sorprende que la IDR lo sostenga" dijo.-
En definitiva, "debido a la falta de información por parte del Ejecutivo Departamental  y a la contradicción entre los profesionales que han participado en el proceso, estamos en una situación de total desconociendo de la realidad en la que estamos", dijo el edil, Sebastián Pintos.
Sostuvo, que por un lado "tenemos la certeza que el gobierno departamental en el año 1999, con la anuencia de esta Junta, arribó a una transacción donde el Sr. Beyhaut desistía de las dos juicios pendientes contra la Intendencia y ésta la exoneraba del pago de los tributos inmobiliarios departamentales".
Pintos, precisó, que sin embargo, "el juicio donde se establecieron las Astreintes,(la multa diaria) no se detuvo, no fue archivado, y en el año 2004 la Intendencia fue intimada a que cumpliera tanto en lo relativo a la demolición de las viviendas, como al pago de las astreintes".
Dijo, que "al día de hoy ascienden a mas de 600.000 millones de dólares de acuerdo a la liquidación presentada por el Beyhaut en el juicio de ejecución de la sentencia, suma que materialmente es imposible que la Intendencia pueda pagar, pero lo que sí es posible, y es lo que seguramente se pretenda por parte de Beyhaut es volver realizar un acuerdo transaccional en similares términos que el anterior, en perjuicio claramente del Gobierno Departamental".