EL ESTE ha informado reiteradamente sobre la movilización que vienen llevando a cabo los descendientes de Manuel Álvarez Olivera (o Manuel Olivera Álvarez, según se anteponga el apellido materno o el paterno, ya que era ciudadano brasileño) en procura de recuperar una extensa zona costera entre Valizas y Aguas Dulces. Que, sostienen ellos, es de su propiedad.
Pues, afirman, el Gobierno Nacional expropió ese inmueble (de casi 1.600 hectáreas) en el año 1942. Y tomó la posesión anticipada por vía judicial. Pero nunca pagó el precio, por lo que no llegó a adquirir la propiedad.
En lo que este asunto resulta idéntico a lo que pasó en Cabo Polonio con el predio de las familias Pertusso y Tisnés. También expropiado pero sin haberse pagado el precio. Por lo que el Estado debió reconocer que no era dueño y tuvo que comprar el predio.
En el año 1976, el Gobierno Nacional desistió de la expropiación. E intentó una acción de prescripción, la que fue iniciada en el año 1976. Durante diez años pleiteó con varios integrantes de la familia Olivera que se opusieron a la pretensión estatal. Con buen éxito, ya que en abril del año 1986 el Estado abandonó el juicio.
En consecuencia, tampoco llegó a adquirir la propiedad en ese juicio de prescripción. Desde entonces, comenzó un período de posesión pacífica y no discutida por parte del Estado. Pero no llegó a completar los treinta años necesarios, que culminaban el próximo 26 de abril, porque antes de eso una de las condóminas, Olga Olivera, promovió juicio de reivindicación. La notificación de la . demanda – que se hizo hace ya más de diez días – interrumpe la prescripción, por lo que el Estado tampoco ahora llegó a adquirir por prescripción. Debiendo reconocer la propiedad de los Olivera.
Destacó la accionante que – según una norma del Código Civil, y citó el artículo 1239 – el acto de interrupción realizado por un condómino aprovecha a todos los demás. Por lo que la interrupción promovida por la Sra. Olga Olivera favorece a todos los demás condóminos, o sea, a todos los sucesores de Manuel Álvarez Olivera.
EL ESTE tuvo acceso a varios de los numerosos expedientes relacionados con este complejo asunto y está en condiciones de ofrecer un facsímil de la parte de uno de ellos, en la cual el Estado admite que ese inmueble es de propiedad de los sucesores de Manuel Álvarez Olivera. Se trata del expediente de la expropiación fallida del año 1942.
Los Olivera afirman que si el Gobierno Nacional (y también el departamental lo ha hecho en numerosas ocasiones) admite que ellos son los propietarios, y tanto la expropiación (desistida) como la prescripción adquisitiva (interrumpida por la demanda de reivindicación) no fueron idóneas para que la propiedad pasara al Estado, no puede haber dudas en cuanto a que ellos siguen siendo los propietarios legítimos del inmueble.
Del cual hubo varias partes que fueron fraccionadas y vendidas a privados por el Instituto de Colonización y por la Intendencia Departamental. En los contratos de venta – a los que también tuvo acceso EL ESTE – ambos organismos públicos vendedores dejaron constancia de no ser propietarios. Lo que, al parecer, avala firmemente la tesis de los integrantes de la familia Olivera.
