POR CONCESIÓN DEL CAMPING DE LA AGUADA
El Este
La bancada de la lista 71 del Partido Nacional continúa evaluando la posibilidad de un llamado a sala al Intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, luego de conocerse las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República sobre la concesión del Camping de la Aguada al Instituto Cuesta Duarte antes del pasado verano 2016.
La Junta Departamental de Rocha trató anoche un informe del Tribunal de Cuentas con respecto a la adjudicación del camping de La Aguada al PIT CNT por parte de la Intendencia. En el mes de setiembre de 2015 la Intendencia de Rocha llamó a licitación abreviada para la explotación del camping mencionado.
Entre los requisitos exigidos estaba el pago de un canon anual de 300 mil unidades indexadas y el acondicionamiento general del predio y las cabañas, incluyendo el equipamiento por el mal estado en que se encontraban las instalaciones finalizada la concesión otorgada por el Intendente Barrios en 2010.
En el mes de noviembre la Intendencia de Rocha declaró desierto el llamado y pocos días después se lo adjudicó directamente al PIT CNT, en condiciones muy diferentes a las exigidas en el llamado inicial. En esta oportunidad no se solicitó el cobro del canon y sólo se pidieron reparaciones menores que no implicaban erogaciones de dinero relevantes para la central sindical.
Debemos recordar que en su momento el Diputado por el Partido Nacional, Dr. Esc. Alejo Umpierrez cuestionó, en nota que realizáramos, esta adjudicación por entender que se le entregaba un bien de todos los rochenses al PIT CNT a cambio de nada.
Hace poco más de un mes el Partido Nacional a instancias del Dr. Humberto Alfaro Mendoza, solicitó en el seno de la Junta Departamental que se enviaran todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República para que este diera su informe sobre lo que se entendía era una adjudicación irregular que no se ajustaba a las normas, moción que fue aprobada por los ediles de la oposición y cinco ediles oficialistas, dándose el trámite correspondiente.
Tal como se presumía por parte del Partido Nacional el Tribunal de Cuentas elaboró un extenso informe en el que determina observar la adjudicación por varios incumplimientos y falencias jurídicas.
En esta sesión el edil Alfaro propuso una moción compuesta de dos partes que permitirán recorrer simultáneamente diferentes vías en pro de una solución al tema.
Por una parte la moción implica poner en conocimiento al ejecutivo para que en un plazo razonable encuentre la forma de adaptar esta concesión al marco jurídico correspondiente basándose en el informe del Tribunal de Cuentas y por otra parte solicitar al asesor jurídico de la Junta estudie el informe y se exprese sobre las diferentes posibilidades que puedan existir, si las hay, para regularizar la situación.
Durante la sesión los ediles del Frente Amplio reconocieron los incumplimientos observados por el Tribunal de Cuentas y apoyaron la moción, la que finalmente fue votada afirmativamente por los 31 ediles presentes en sala.
Consultada la edil Rosana Piñeiro, coordinadora de bancada del Partido Nacional, manifestó que la lista 71 había evaluado inicialmente llamar a sala al Intendente para que diera explicaciones sobre que camino tomaría luego de conocido el informe y que durante la reunión de la bancada se conoció la propuesta que haría el Dr. Alfaro, motivo por el cual la lista 71 decidió abrir un compás de espera, pero que no se descarta el llamado a sala del Intendente u otras acciones que se entiendan pertinentes.
También consultamos al edil de la lista 71 José Villagrán, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto quien nos dijo que los aspectos cuestionados en esta entrega del camping son muchos. “En primer término se han modificado sustancialmente la condiciones exigidas en el llamado a licitación con respecto a las que motivaron la entrega al PIT CNT, se renunció a cobrar 300,000 unidades indexadas a cambio de unas pocas reparaciones, entre otras cosas”, dijo Villagrán.
Agregó, estar satisfecho con la decisión tomada por la Junta Departamental porque la oposición señaló los incumplimientos y defectos que tenía la adjudicación y el Frente Amplio los aceptó, además al votar los 16 ediles oficialistas significa que han cambiado el concepto que tenían algunos sobre el Tribunal de Cuentas de la República, que manifestaron no importarles lo que el Tribunal dijera en oportunidad de discutirse el pasaje de este tema al mismo.
