A mitad del año pasado se informó que había una empresa que
contaba con la exclusividad de intermediar en todos los acuerdos
comerciales que nuestro país llevaba adelante con Venezuela. Según
la información difundida, la empresa Aire Fresco S.A. era la
comisionista que cobraba a las empresas uruguayas (todas sin
excepción) que establecían acuerdos de exportación o importación
hacia ese país su correspondiente comisión.
Hasta allí, la única suspicacia consistía en la interrogante sobre
la exclusividad. Cómo había hecho esa empresa para monopolizar la
intermediación comercial con ese país.
Pero, además, se indicaba que los directivos de Aire Fresco S.A.
eran conspicuos dirigentes o militantes del Movimiento de
Participación Popular y que alguno de ellos formaba parte del
círculo más cercano del ex Presidente, José Mujica.
Ya entonces las cosas comenzaban a tener otro color y otra
preocupación.
José Mujica salió presuroso a justificar la actividad de Aire
Fresco S.A. diciendo que la intermediación comercial y el cobro de
comisiones por tal concepto es una actividad lícita y legítima.
Sorprendió que el ex Presidente saliera tan rápidamente a explicar,
lo que de por sí daba por cierto que existía una efectiva
vinculación entre los empresarios y Mujica. Es más, el actual
diputado Placeres (que no lo era en el período anterior) tiene
contabilizados un verdadero record de visitas a Caracas en los
últimos años.
Lo que dijo Mujica sobre la legitimidad y licitud de la actividad de
intermediación comercial es correcto. Sí, es correcto siempre y
cuando no medie un vínculo político o gubernamental que direccione
indebidamente los negocios hacia esa empresa. Es decir, la actividad
es lícita en su contenido material, pero si se incorpora el elemento
subjetivo de que una autoridad gubernamental le entrega el negocio a
una empresa concreta, la licitud se convierte en ilicitud y esa
actividad de intermediación se convierte en un ejercicio evidente de
corrupción.
Para decirlo más claro, ya era sospechoso que una empresa dirigida
por dirigentes y militantes del sector del Presidente de la República
monopolizara los negocios con Venezuela. Pero si, además, el
Presidente había realizado alguna acción específica para
direccionar los negocios a favor de esa empresa, habría incurrido en
un delito. Ineludiblemente.
Pues bien, existe documentación fehaciente que indica la existencia
de esta vinculación espúrea y, a todas luces, ilegítima. En
efecto, las actas de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos
durante el mandato de José Mujica que son públicas y están
disponibles en Internet, incluyen con nombre propio a la empresa Aire
Fresco S.A. e, incluso, su principal directivo aparece firmando uno
de los convenios en los que se establecen vínculos comerciales entre
ambos países. Único convenio que no firma ninguna autoridad de
gobierno sino un empresario privado.
Esto es inédito en nuestra historia y es de una enorme gravedad. No
hay duda de que el Parlamento debe investigar estos manejos que ponen
un gran signo de interrogación sobre eventuales responsabilidades
penales que podrían alcanzar al propio ex Presidente.
Los negocios con Venezuela siempre tuvieron aspectos poco claros. De
eso no hay duda. Pero el otorgamiento “a dedo” de una actividad
empresarial de intermediación a un grupo de amigos políticos por la
que seguramente estos obtuvieron enormes ganancias, es un hecho que
tiene toda la apariencia de la peor corrupción.
No se puede dejar pasar. Nosotros apoyaremos una solicitud de
investigación parlamentaria que está muy lejos de ser un show. Al
contrario, lo que parece una “tomadura de pelo” a la ciudadanía
es el desborde del ejercicio abusivo del poder por parte de quien
gobernó en el período reciente.
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