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miércoles, 8 de marzo de 2017

INCAPACIDAD, AUTORITARISMO, OCULTAMIENTO, DOBLE DISCURSO, DILAPIDACION, ILEGALIDAD. Edil Humberto Alfaro




Rocha, 8 de marzo del 2016.



En la Sesión de la Junta Departamental del 7/3/2017, se recibió por el Plenario y en Comisión General, a funcionarios judiciales que vinieron a explicar la situación originada por la cuantiosa deuda que mantiene el Gobierno Nacional con dicho Poder, por el incremento ocurrido en las retribuciones salariales.

Bueno es recordar que esa deuda se originó en las siguientes circunstancias: en el año 2011 en pleno gobierno del Sr. José Mujica, se dispuso equiparar los sueldos de los Ministros de Estado, con los sueldos de los Senadores de la República. Esto se debió a que había aproximadamente 12 ó 13 Senadores que se les designaba como Ministros de Estado y percibían un sueldo que era inferior al que tenían como legisladores (por supuesto que la diferencia no era de tal entidad que pudiera poner en riesgo la satisfacción de sus necesidades por parte de los Sres. Ministros). Por supuesto, que al hacerse tal equiparación, ese Gobierno de tan triste memoria en cuanto a la dilapidación de los dineros públicos, no tuvo presente que ello significaba también la equiparación de los sueldos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (que perciben el mismo sueldo que un Ministro de Estado), y consecuentemente, el aumento del sueldo en un 21% de todos los sueldos de los funcionarios judiciales, incluidos Actuarios, Jueces, Defensores de Oficio, etc. En definitiva, por querer “arreglar” la situación de 12 ó 13, se terminó aumentándoles los sueldos A MAS DE CINCO MIL FUNCIONARIOS. Esto ha determinado que haya habido un juicio por el incumplimiento, una Sentencia que ha quedado firme, y por tanto se ha generado una deuda que actualmente supera los 60 MILLONES DE DOLARES, y todo ello sin perjuicio del fuerte incremento salarial que ello ha generado con las consecuencias pertinentes sobre el Presupuesto Nacional.

El Gobierno Nacional en vez de predicar con el ejemplo y cumplir la Sentencia, pretende “negociar” pagando menos de lo que corresponde. El mensaje es que las Sentencias no hay necesidad de cumplirlas, sino que uno lo hace si quiere. Realmente a contrapelo de todo lo que es nuestra organización Institucional y muy especialmente en lo que refiere a la separación de poderes, y al carácter de pilar básico del Gobierno Republicano Democrático que ha sido establecido en la Constitución de la República, luego de muchas luchas y sacrificios de la sociedad uruguaya.

Sugestivamente, en esta lucha que mantienen los funcionarios judiciales, no se advierte un apoyo eficaz del PITCNT tan proclive a las movilizaciones, medidas de lucha y demás actividad (por demás conocidas), muchísimas veces justificadas, fundadas y apoyables, y otras muchas veces sin reales fundamentos y en contra de los intereses reales de la población. Lo que pasa es que el PITCNT en estas cosas es “socio” del Gobierno, es el padre o madre del Frente Amplio y por supuesto, no quiere exponer públicamente la circunstancia de que se pueda haber llegado a la condición de tan mal administrador que ha sido y sigue siendo dicho Partido, para con los dineros públicos que pertenecen a todos nosotros.

Y completando esta situación, la mayoría del Frente Amplio en la Junta Departamental, se negó a que el tema se incluyera en el orden del día, luego de que se escucharon los informes de los funcionarios judiciales. La lógica obvia indica que si se escuchó a los funcionarios, era a los efectos de que -con los elementos que aportaron- la Junta pudiera debatir y eventualmente llegar a alguna posibilidad de gestión o disposición que ayudara a la resolución de la situación. Pero también es obvio que no quería el Partido de Gobierno, que toda esta situación se ventile ante la sociedad, porque pone de manifiesto la incapacidad, las incoherencias, el doble discurso y el “verso” que el Frente Amplio ha expandido en la comunidad. No pueden quedar en evidencia de ser tan malos administradores, tal falta de respeto al orden jurídico, y su desprecio hacia los trabajadores a pesar de los discursos en contrario, y muy especialmente las también incoherencias del PITCNT.

Como se negaron a discutir el tema, con su miedo cuasi paranoico al debate de la ideas, acostumbrados a imponer mayorías y voluntarismo a través del poder, ejercido con desprecio de los contralores (los que en forma muy especial, les molestan por su soberbia autoritaria), no nos queda otra posibilidad que poner estos hechos en conocimiento de la opinión pública: seguramente alguno saldrá a contestar, o guardarán silencio (como lo han hecho con los temas del Camping de La Aguada, o el accidente del obrero empleado del PITCNT ocurrido el 20/12/2016 en dicha explotación comercial realizada por la central obrera bajo el formalismo del Instituto Asesor Cuesta Duarte ejerciendo ilegalmente el comercio) especialmente cuando no les conviene por haber faltado a la legalidad, a la verdad, a la cristalinidad y a la transparencia.

Pero en definitiva esta opinión pública, en un régimen republicano democrático de gobierno, es importantísima como sistema de contralor de los desbordes, de las ilegalidad, de la mala administración, del despilfarro, de los voluntarismos, de los acomodos, de los ocultamientos y barridas para debajo de la alfombra.

Seguiremos como siempre trabajando en cuanta oportunidad tengamos, por el bien de la sociedad, apoyando lo que corresponda venga de donde venga, pero siendo fuertemente opositores a este tipo de corruptelas o corrupciones, también vengan de donde vengan.

Ha costado mucho construir este sistema democrático y republicano sobre el que está edificado nuestro sistema constitucional y de vida, para permitir que estas conductas lo sigan mancillando fuere por acción, o por omisión (que tan grave es una como la otra).-


Dr. Humberto Alfaro Mendoza

Edil – Lista 84 – Partido Nacional

Agrupación Por el Camino de Wilson