Joselo por Ombú
Brecha pudo confirmar que horas antes de la represión a los internos del CEPRILI, difundida en un video la semana pasada, un grupo de funcionarios abortó un intento de fuga de otros seis adolescentes con igual o más violencia que la que se vio luego en las imágenes. ¿Quiénes son los participantes del video y qué hay de fondo en la crisis desatada?
No hubo calma antes de la tormenta. Ese día el clima había estado
caldeado desde temprano y el fútbol se había interrumpido por los
grilletes que se imponen ante cualquier movimiento: estaba previsto que
se trasladara a unos cuarenta adolescentes del Centro de Ingreso,
Diagnóstico y Derivación (Ciedd) y del Centro de Privación de Libertad
(Ceprili), donde ese mismo día pero más tarde la patota de funcionarios reprimió a 13 adolescentes del módulo C.
Dentro de los mismos perimetrales que le hicieron ganar el apodo de “Guantanamito” a todo el circuito, además de esos dos “hogares” están el centro de reclusión de mujeres (Ciaf), el Cemec, actualmente cerrado, y el Cmc, que actualmente es utilizado para celdas de castigo de los adolescentes que son sancionados en el Ciedd. El Ceprili, entonces, queda en el medio de la manzana, rodeado de otros hogares. De la salida hacia la calle Cufré lo separa el centro de monitoreo, en donde se almacenaron las imágenes de las cámaras que lo grabaron todo.
Pero no todo se registró en el video. Esa misma tarde, luego de un intento de fuga de seis adolescentes, varios funcionarios ya habían desplegado la violencia. Fue luego de recapturar a los adolescentes del módulo B que le parten varios dientes a uno de ellos, hecho que constató la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), en una golpiza tanto o más dura que la que registran las cámaras y que también es investigada por la justicia (véase recuadro Más de uno). Por eso fue que se improvisó una asamblea en el Ceprili, que convocó a tal cantidad de funcionarios con cargos de responsabilidad institucional y sindical que a las ocho menos cuarto de la noche seguían aún reunidos. A esa altura, hacía tres horas que los adolescentes gritaban desde las celdas reclamando atención, en parte porque ya había pasado la hora de la comida (pactada a diario para las 19), y en parte porque les habían cortado todas las actividades y suministros. Los funcionarios que habían desaparecido de la acción –no había guardia gremial ni quien supervisara las cámaras de seguridad–, reaparecieron unos minutos después de que dos adolescentes lograran romper el candado que da al hall central de las celdas. En ese momento Alfredo Rivas, hasta ese día director del Ceprili, les habló desde la puerta y los indujo a que tiraran las piedras que todavía sostenían en sus manos. Cuando lo escucharon, recularon. Ahí fue que entró el malón.
A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, Brecha identificó dentro de la patota de funcionarios al director del Programa de Seguridad y Traslados, Henry Ponce, a su subdirector, Luis Escuarcia, y a los directores de sus diferentes unidades, Antonio Millán y Víctor Silva (al menos algunos de ellos habrían participado de la recaptura de los adolescentes y la posterior violencia). Puede verse también a Joselo López, presidente del Suinau y vicepresidente del Pit Cnt, a Jorge el “Boca” Muñoz, el suplente de López o, como él se hace llamar, “el dos del sindicato”, que además es el director del centro Ituzaingó de la Colonia Berro. También participó de los hechos Wilmar García, subdirector del Programa de Privación de Libertad y Semilibertad, para quien el Departamento de Sumarios del Sirpa pidió una investigación en 2014 por hechos ocurridos en el centro Ser. El dato consta en una lista de las investigaciones administrativas abiertas a la que accedió Brecha. Otros que se ven en el video son Gustavo Olivera, director de la Unidad de Monitoreo, Pablo di Mateo, hasta ese día subdirector de Ceprili, ahora director del centro, Piter García, ex subdirector del Cemec, y otros funcionarios como Gustavo Martínez, Enrique el “Bocha” Sarmiento y Artigas Rodríguez. También fueron captados por las cámaras la presidenta y el vicepresidente de la mesa sindical del Sirpa, Cristina Gioia y Víctor Mango. Todos los mencionados pertenecen a la lista 10 del sindicato, de la que Joselo López es la figura más representativa. Brecha identificó también al cocinero de Ceprili, Walter Barboza, que es quien descarga un bomberito sobre los adolescentes, y al funcionario al que el sindicato negó el patrocinio de su defensa, y al único que condena por toda la brutalidad, Ruben Gioia, del que sobran antecedentes: subdirector del Centro de Diagnóstico y Derivación Burgues, mientras estaba siendo investigado, luego de dos años, la instructora sumariante concluyó que quedó “fehacientemente probado” el “juego de manos” (así de genérica es la resolución) de Gioia hacia los adolescentes mientras era subdirector del Cemec, lo cual califica como “falta grave”. La instructora comprobó también que concurrió “en varias oportunidades al centro en estado de ebriedad”, según un documento al que accedió Brecha a través de un pedido de acceso a la información pública. Por esas faltas Gioia fue sancionado con 10 días de suspensión por la Comisión Delegada del Sirpa que presidía Ruben Villaverde en diciembre de 2014. La comisión no hizo lugar a los 15 días de sanción sugeridos por la sumariante “dado que entiende que no existe prueba suficiente del supuesto estado de ebriedad, ni que el juego de manos, si bien es reprochable, califique como falta grave”.
Esta investigación derivó de la iniciada por el caso Tomé, cuando Goia era subdirector del Cemec. Tomé fue un adolescente que denunció el abuso sexual que sufría de parte del funcionario José Albín, quien luego de reiteradas denuncias que intentaron ser frenadas por las autoridades, terminó preso (véase Brecha 7-IX-2012). El relato de este caso fue escuchado por los legisladores que integraban la comisión de Derechos Humanos en setiembre de 2012. Allí, la madre de un adolescente preso dijo, entre muchas otras cosas, que a Gioia “lo pasaron al Hogar de Mujeres. Este señor tiene un largo prontuario de denuncias hechas por las chiquilinas. Entonces, no se entiende con qué criterio el Inau pone a las autoridades al frente de los centros. ¿Qué medidas se usan? ¿La tortura? ¿La presión psicológica?”. Las madres también señalaron que Gioia entregaba “puntas” a los gurises, las que luego usaban para fugarse.
El día de la represión en el Ceprili, Gioia estaba encargado de la custodia de los patios pero ingresó a las instalaciones gracias al malón. En el video se lo ve pegando patadas a los jóvenes que están en el piso con las manos y pies atados. Su abogado defensor, Aníbal Martínez, sin dar su nombre, negó sus antecedentes. Él mismo los negó ante el juez.
DE FONDO. La crisis del Ceprili vino a develar otra más profunda: el sistema penal adolescente está nuevamente saturado, producto de una crítica situación edilicia.
En Ceprili urgía el traslado de alrededor de 20 adolescentes mayores de 18 años –la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) señala que fueron 30 los traslados–, que por disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia deben separarse de los más chicos. Además, en el Ciedd (donde se aloja a los chiquilines que aún no tienen procesamiento y aquellos que no han pasado al juez) había unos 25 gurises que ya habían sido procesados. Según supo Brecha, hasta que se efectuaron los traslados, el Centro de Ingreso albergaba, en total, cerca de cien chiquilines. Está estipulado que, una vez procesados, deben ser derivados a los lugares en donde les toca cumplir la pena. Pero no tenían adónde.
Los “centros modelo” y las grandes inversiones realizadas por la administración anterior del Sirpa tienen serios problemas de construcción. El Hogar Colibrí, erigido en el ex regimiento de caballería de la calle Belloni, sigue funcionando a la mitad de su capacidad. El Ceprili, que también tiene menos de un año, como puede apreciarse en las imágenes difundidas y según la información aportada por la Inddhh, que lo visitó el 28 de julio, “presenta un desgaste prematuro y un deterioro edilicio importante en varias áreas, principalmente las celdas”. El Cemec, mencionado al comienzo de esta nota, también está cerrado. Y la Colonia Berro, hasta el viernes 24 de julio, no recibía más presos. Las razones son edilicias, pero también son políticas.
El centro Ariel hoy alberga 32 adolescentes y está funcionando con su capacidad excedida. Eso, en buen criollo, significa que hay chiquilines que duermen en el piso. Además, tiene peligro de derrumbe, tal como reconoció Gabriela Fulco a este semanario (véase Brecha 26-VI-2015). El centro Hornero, que sobrevive sin agua corriente, alberga a 29.
Una semana antes de retirarse, la administración de Villaverde hizo dos movimientos importantes que contribuyeron con esta crisis. Cerró el centro Ser, siguiendo un pedido del sindicato, a pesar de ser una de las construcciones nuevas de su período. Y entregó en comodato el edificio en donde funcionó el hogar El Puente para utilizar como local sindical, donde hoy funciona la mesa del Sirpa.
El hogar La Casona está cerrado desde julio de 2011 –entonces se argumentó que era una especie de colador, por la cantidad de internos que una vez ahí conquistaban su libertad a las corridas–, pero Gabriela Fulco pretendía devolverlo al ruedo para amortiguar la presión que ahoga al sistema. La llave de La Casona estaba desde entonces –hace casi cuatro años–, en poder de Jorge Muñoz. Al cerrar La Casona, Muñoz había aceptado hacerse cargo de los gurises que estaban ahí detenidos, trasladándolos al Ituzaingó, que con ese engorde llegó a albergar, por momentos, casi cien internos. A cambio, se le prometía el control de La Casona una vez que fuera rehabilitado.
Dentro de los mismos perimetrales que le hicieron ganar el apodo de “Guantanamito” a todo el circuito, además de esos dos “hogares” están el centro de reclusión de mujeres (Ciaf), el Cemec, actualmente cerrado, y el Cmc, que actualmente es utilizado para celdas de castigo de los adolescentes que son sancionados en el Ciedd. El Ceprili, entonces, queda en el medio de la manzana, rodeado de otros hogares. De la salida hacia la calle Cufré lo separa el centro de monitoreo, en donde se almacenaron las imágenes de las cámaras que lo grabaron todo.
Pero no todo se registró en el video. Esa misma tarde, luego de un intento de fuga de seis adolescentes, varios funcionarios ya habían desplegado la violencia. Fue luego de recapturar a los adolescentes del módulo B que le parten varios dientes a uno de ellos, hecho que constató la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), en una golpiza tanto o más dura que la que registran las cámaras y que también es investigada por la justicia (véase recuadro Más de uno). Por eso fue que se improvisó una asamblea en el Ceprili, que convocó a tal cantidad de funcionarios con cargos de responsabilidad institucional y sindical que a las ocho menos cuarto de la noche seguían aún reunidos. A esa altura, hacía tres horas que los adolescentes gritaban desde las celdas reclamando atención, en parte porque ya había pasado la hora de la comida (pactada a diario para las 19), y en parte porque les habían cortado todas las actividades y suministros. Los funcionarios que habían desaparecido de la acción –no había guardia gremial ni quien supervisara las cámaras de seguridad–, reaparecieron unos minutos después de que dos adolescentes lograran romper el candado que da al hall central de las celdas. En ese momento Alfredo Rivas, hasta ese día director del Ceprili, les habló desde la puerta y los indujo a que tiraran las piedras que todavía sostenían en sus manos. Cuando lo escucharon, recularon. Ahí fue que entró el malón.
A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, Brecha identificó dentro de la patota de funcionarios al director del Programa de Seguridad y Traslados, Henry Ponce, a su subdirector, Luis Escuarcia, y a los directores de sus diferentes unidades, Antonio Millán y Víctor Silva (al menos algunos de ellos habrían participado de la recaptura de los adolescentes y la posterior violencia). Puede verse también a Joselo López, presidente del Suinau y vicepresidente del Pit Cnt, a Jorge el “Boca” Muñoz, el suplente de López o, como él se hace llamar, “el dos del sindicato”, que además es el director del centro Ituzaingó de la Colonia Berro. También participó de los hechos Wilmar García, subdirector del Programa de Privación de Libertad y Semilibertad, para quien el Departamento de Sumarios del Sirpa pidió una investigación en 2014 por hechos ocurridos en el centro Ser. El dato consta en una lista de las investigaciones administrativas abiertas a la que accedió Brecha. Otros que se ven en el video son Gustavo Olivera, director de la Unidad de Monitoreo, Pablo di Mateo, hasta ese día subdirector de Ceprili, ahora director del centro, Piter García, ex subdirector del Cemec, y otros funcionarios como Gustavo Martínez, Enrique el “Bocha” Sarmiento y Artigas Rodríguez. También fueron captados por las cámaras la presidenta y el vicepresidente de la mesa sindical del Sirpa, Cristina Gioia y Víctor Mango. Todos los mencionados pertenecen a la lista 10 del sindicato, de la que Joselo López es la figura más representativa. Brecha identificó también al cocinero de Ceprili, Walter Barboza, que es quien descarga un bomberito sobre los adolescentes, y al funcionario al que el sindicato negó el patrocinio de su defensa, y al único que condena por toda la brutalidad, Ruben Gioia, del que sobran antecedentes: subdirector del Centro de Diagnóstico y Derivación Burgues, mientras estaba siendo investigado, luego de dos años, la instructora sumariante concluyó que quedó “fehacientemente probado” el “juego de manos” (así de genérica es la resolución) de Gioia hacia los adolescentes mientras era subdirector del Cemec, lo cual califica como “falta grave”. La instructora comprobó también que concurrió “en varias oportunidades al centro en estado de ebriedad”, según un documento al que accedió Brecha a través de un pedido de acceso a la información pública. Por esas faltas Gioia fue sancionado con 10 días de suspensión por la Comisión Delegada del Sirpa que presidía Ruben Villaverde en diciembre de 2014. La comisión no hizo lugar a los 15 días de sanción sugeridos por la sumariante “dado que entiende que no existe prueba suficiente del supuesto estado de ebriedad, ni que el juego de manos, si bien es reprochable, califique como falta grave”.
Esta investigación derivó de la iniciada por el caso Tomé, cuando Goia era subdirector del Cemec. Tomé fue un adolescente que denunció el abuso sexual que sufría de parte del funcionario José Albín, quien luego de reiteradas denuncias que intentaron ser frenadas por las autoridades, terminó preso (véase Brecha 7-IX-2012). El relato de este caso fue escuchado por los legisladores que integraban la comisión de Derechos Humanos en setiembre de 2012. Allí, la madre de un adolescente preso dijo, entre muchas otras cosas, que a Gioia “lo pasaron al Hogar de Mujeres. Este señor tiene un largo prontuario de denuncias hechas por las chiquilinas. Entonces, no se entiende con qué criterio el Inau pone a las autoridades al frente de los centros. ¿Qué medidas se usan? ¿La tortura? ¿La presión psicológica?”. Las madres también señalaron que Gioia entregaba “puntas” a los gurises, las que luego usaban para fugarse.
El día de la represión en el Ceprili, Gioia estaba encargado de la custodia de los patios pero ingresó a las instalaciones gracias al malón. En el video se lo ve pegando patadas a los jóvenes que están en el piso con las manos y pies atados. Su abogado defensor, Aníbal Martínez, sin dar su nombre, negó sus antecedentes. Él mismo los negó ante el juez.
DE FONDO. La crisis del Ceprili vino a develar otra más profunda: el sistema penal adolescente está nuevamente saturado, producto de una crítica situación edilicia.
En Ceprili urgía el traslado de alrededor de 20 adolescentes mayores de 18 años –la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) señala que fueron 30 los traslados–, que por disposición del Código de la Niñez y la Adolescencia deben separarse de los más chicos. Además, en el Ciedd (donde se aloja a los chiquilines que aún no tienen procesamiento y aquellos que no han pasado al juez) había unos 25 gurises que ya habían sido procesados. Según supo Brecha, hasta que se efectuaron los traslados, el Centro de Ingreso albergaba, en total, cerca de cien chiquilines. Está estipulado que, una vez procesados, deben ser derivados a los lugares en donde les toca cumplir la pena. Pero no tenían adónde.
Los “centros modelo” y las grandes inversiones realizadas por la administración anterior del Sirpa tienen serios problemas de construcción. El Hogar Colibrí, erigido en el ex regimiento de caballería de la calle Belloni, sigue funcionando a la mitad de su capacidad. El Ceprili, que también tiene menos de un año, como puede apreciarse en las imágenes difundidas y según la información aportada por la Inddhh, que lo visitó el 28 de julio, “presenta un desgaste prematuro y un deterioro edilicio importante en varias áreas, principalmente las celdas”. El Cemec, mencionado al comienzo de esta nota, también está cerrado. Y la Colonia Berro, hasta el viernes 24 de julio, no recibía más presos. Las razones son edilicias, pero también son políticas.
El centro Ariel hoy alberga 32 adolescentes y está funcionando con su capacidad excedida. Eso, en buen criollo, significa que hay chiquilines que duermen en el piso. Además, tiene peligro de derrumbe, tal como reconoció Gabriela Fulco a este semanario (véase Brecha 26-VI-2015). El centro Hornero, que sobrevive sin agua corriente, alberga a 29.
Una semana antes de retirarse, la administración de Villaverde hizo dos movimientos importantes que contribuyeron con esta crisis. Cerró el centro Ser, siguiendo un pedido del sindicato, a pesar de ser una de las construcciones nuevas de su período. Y entregó en comodato el edificio en donde funcionó el hogar El Puente para utilizar como local sindical, donde hoy funciona la mesa del Sirpa.
El hogar La Casona está cerrado desde julio de 2011 –entonces se argumentó que era una especie de colador, por la cantidad de internos que una vez ahí conquistaban su libertad a las corridas–, pero Gabriela Fulco pretendía devolverlo al ruedo para amortiguar la presión que ahoga al sistema. La llave de La Casona estaba desde entonces –hace casi cuatro años–, en poder de Jorge Muñoz. Al cerrar La Casona, Muñoz había aceptado hacerse cargo de los gurises que estaban ahí detenidos, trasladándolos al Ituzaingó, que con ese engorde llegó a albergar, por momentos, casi cien internos. A cambio, se le prometía el control de La Casona una vez que fuera rehabilitado.
El “Boca” Muñoz es uno de los funcionarios de la vieja guardia, un
decano en la dirección del Ituzaingó que hace gala de su fama de buen
gestor y de que “todos sus internos duermen en cuchetas”, las cuales
instaló de a tres por cuarto. Muñoz tiene una caja chica que alimenta
por dos vías y que le permite realizar obras por su propia cuenta. Una,
el servicio de catering de la Berro, armado a partir de un taller de
panadería, en el que trabajan los adolescentes presos y que vende sus
servicios para actividades institucionales. Otro ingreso es el criadero
de chanchos, de su propiedad, que mantiene dentro del predio del hogar, y
que pasa a cuchillo cuando necesita liquidez.
Muñoz también se hizo famoso por otra gestión, algo más cuestionable: la organización de un sistema de seguridad paralelo. A cambio de algunos beneficios, como dormir en el cuarto de los calefones, un par de chiquilines presos actuaban como delatores de cualquier actividad del resto de los internos y también administraban justicia. En 2006 comenzó una investigación conocida como “el caso boliviano”, porque involucraba a un adolescente de ese país y en el que llegó a intervenir la embajada, y que probó la existencia de esa forma de control que regía en el hogar. El chiquilín fue internado en el Ituzaingó y violado. Su defensora de oficio presentó la denuncia. La investigación se detuvo y fue reabierta durante el período de Nora Castro. Muñoz fue finalmente sancionado en mayo de 2012 y posteriormente ascendido en el escalafón funcional.
Hace menos de un mes, Gabriela Fulco reclamó las llaves de La Casona, desconociendo el trato anterior: la promesa de que él sería su administrador. Además, a través de una resolución del directorio, obligó a Muñoz a tomarse parte de la licencia que venía acumulando desde hace al menos tres años. Cuando el “dos del sindicato” estaba ausente del hogar, Fulco ordenó un “test psicológico” de los internos del Ituzaingó y, a su vez, constató la disponibilidad de camas en ese centro.
El 24 de julio, Berro volvió a recibir internos. Parte de los gurises que fueron trasladados ese día fuera del Ciedd, fueron a parar al Ituzaingó, mientras su director no estaba. Según supo Brecha, en estos movimientos se encuentra una de las chispas que encendió “la guerra” que el Suinau declaró a la directora.
Los traslados incluyeron también como destino al Hornero, aunque no tenga agua. La Casona no ha sido habilitada porque no tiene luz, pero se especula que la próxima semana, los chiquilines del Hornero serán trasladados allí. Los de más de 18 años que estaban en el Ceprili fueron trasladados recién al otro día, el sábado 25 de julio, a dos de los módulos del centro Ser, uno de los cuales aún no había sido reconstruido y que no está en condiciones óptimas de albergar presos. El director del Ceprili, Rivas, se fue con ellos y dirige el Ser desde entonces.
Puede sonar descabellada la autonomía de la que gozan los directores de los centros de reclusión, pero para ser fiel a lo que ocurre, esta no es pareja ni uniforme. No todas las direcciones tienen el mismo peso ni las mismas potestades. Sus posibilidades de acción, su poder de decisión –de aceptar o rechazar internos, por ejemplo–, está directamente imbricada con el lugar que ocupan en la escala vertical del sindicato.
Muñoz es, junto a Joselo López, el polo de poder del Suinau. La guerra desatada por el control de La Casona y el juego de poder que eso implica, mantiene a los gurises de rehenes. Lo mismo ocurre con el sistema de “encargaturas”, sobre el que se sostienen las cárceles de menores, que mantiene a los funcionarios atados a quienes detentan posiciones privilegiadas. Para los trabajadores no hay carrera funcional ni concursos que les permitan ascender. Lo que existe es un sistema clientelar,1 en el que la comisión delegada “encarga” determinada función a sus trabajadores de confianza. Es un formato pensado para ser excepción, que se volvió norma, y que se utiliza en un juego maniqueo de premios y castigos. Una encargatura es, por definición, precaria, interina y provisoria, por lo que quien la obtiene, queda necesariamente en relación de dependencia con quien se la da.
1-En julio, una comisión del Inau resolvió revisar la situación de casi mil trescientos trabajadores contratados como talleristas. Los directores, tanto del Sirpa como de los hogares de amparo del Inau, contrataban en forma directa a gente para ejercer las más variadas funciones: desde educadores a psicólogos, pasando por cocineros y serigrafistas. Sólo 500 de ellos continuarán hasta que se realice el llamado correspondiente.
Los implicados en la justicia
Más de uno
La justicia actuó con premura y no ha parado de tomar declaraciones. Hoy viernes se completan las audiencias con más de 50 personas: los denunciantes, Gabriela Fulco e integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, los acusados, 36 funcionarios del Sirpa, y las víctimas: 12 adolescentes privados de libertad. Según supo Brecha, hay cuestiones sobre las que se está profundizando particularmente: el uso del bomberito a manos de Walter Barboza, los golpes de Ruben Gioia y la precuela del video, esa represión ocurrida luego de un intento de fuga de seis adolescentes el 24 de julio y en la que habrían participado Henry Ponce, Wilmar García y Luis Escuarcia, entre otros.
http://brecha.com.uy/lo-indefendible/
Artículo de Eliana Gilet y Betania Nuñez. Brecha.
Muñoz también se hizo famoso por otra gestión, algo más cuestionable: la organización de un sistema de seguridad paralelo. A cambio de algunos beneficios, como dormir en el cuarto de los calefones, un par de chiquilines presos actuaban como delatores de cualquier actividad del resto de los internos y también administraban justicia. En 2006 comenzó una investigación conocida como “el caso boliviano”, porque involucraba a un adolescente de ese país y en el que llegó a intervenir la embajada, y que probó la existencia de esa forma de control que regía en el hogar. El chiquilín fue internado en el Ituzaingó y violado. Su defensora de oficio presentó la denuncia. La investigación se detuvo y fue reabierta durante el período de Nora Castro. Muñoz fue finalmente sancionado en mayo de 2012 y posteriormente ascendido en el escalafón funcional.
Hace menos de un mes, Gabriela Fulco reclamó las llaves de La Casona, desconociendo el trato anterior: la promesa de que él sería su administrador. Además, a través de una resolución del directorio, obligó a Muñoz a tomarse parte de la licencia que venía acumulando desde hace al menos tres años. Cuando el “dos del sindicato” estaba ausente del hogar, Fulco ordenó un “test psicológico” de los internos del Ituzaingó y, a su vez, constató la disponibilidad de camas en ese centro.
El 24 de julio, Berro volvió a recibir internos. Parte de los gurises que fueron trasladados ese día fuera del Ciedd, fueron a parar al Ituzaingó, mientras su director no estaba. Según supo Brecha, en estos movimientos se encuentra una de las chispas que encendió “la guerra” que el Suinau declaró a la directora.
Los traslados incluyeron también como destino al Hornero, aunque no tenga agua. La Casona no ha sido habilitada porque no tiene luz, pero se especula que la próxima semana, los chiquilines del Hornero serán trasladados allí. Los de más de 18 años que estaban en el Ceprili fueron trasladados recién al otro día, el sábado 25 de julio, a dos de los módulos del centro Ser, uno de los cuales aún no había sido reconstruido y que no está en condiciones óptimas de albergar presos. El director del Ceprili, Rivas, se fue con ellos y dirige el Ser desde entonces.
Puede sonar descabellada la autonomía de la que gozan los directores de los centros de reclusión, pero para ser fiel a lo que ocurre, esta no es pareja ni uniforme. No todas las direcciones tienen el mismo peso ni las mismas potestades. Sus posibilidades de acción, su poder de decisión –de aceptar o rechazar internos, por ejemplo–, está directamente imbricada con el lugar que ocupan en la escala vertical del sindicato.
Muñoz es, junto a Joselo López, el polo de poder del Suinau. La guerra desatada por el control de La Casona y el juego de poder que eso implica, mantiene a los gurises de rehenes. Lo mismo ocurre con el sistema de “encargaturas”, sobre el que se sostienen las cárceles de menores, que mantiene a los funcionarios atados a quienes detentan posiciones privilegiadas. Para los trabajadores no hay carrera funcional ni concursos que les permitan ascender. Lo que existe es un sistema clientelar,1 en el que la comisión delegada “encarga” determinada función a sus trabajadores de confianza. Es un formato pensado para ser excepción, que se volvió norma, y que se utiliza en un juego maniqueo de premios y castigos. Una encargatura es, por definición, precaria, interina y provisoria, por lo que quien la obtiene, queda necesariamente en relación de dependencia con quien se la da.
1-En julio, una comisión del Inau resolvió revisar la situación de casi mil trescientos trabajadores contratados como talleristas. Los directores, tanto del Sirpa como de los hogares de amparo del Inau, contrataban en forma directa a gente para ejercer las más variadas funciones: desde educadores a psicólogos, pasando por cocineros y serigrafistas. Sólo 500 de ellos continuarán hasta que se realice el llamado correspondiente.
Los implicados en la justicia
Más de uno
La justicia actuó con premura y no ha parado de tomar declaraciones. Hoy viernes se completan las audiencias con más de 50 personas: los denunciantes, Gabriela Fulco e integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, los acusados, 36 funcionarios del Sirpa, y las víctimas: 12 adolescentes privados de libertad. Según supo Brecha, hay cuestiones sobre las que se está profundizando particularmente: el uso del bomberito a manos de Walter Barboza, los golpes de Ruben Gioia y la precuela del video, esa represión ocurrida luego de un intento de fuga de seis adolescentes el 24 de julio y en la que habrían participado Henry Ponce, Wilmar García y Luis Escuarcia, entre otros.
http://brecha.com.uy/lo-indefendible/
Artículo de Eliana Gilet y Betania Nuñez. Brecha.
