ARGENTINA Preocupación en el Gobierno: Burzaco aseguró que detectaron argentinos formados en ISIS

Terrorismo

El secretario de Seguridad de la Nación aseguró  que detectaron ciudadanos que se formaron en el grupo yihadista de Siria e Irak. Preocupación oficial

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Preocupación en el Gobierno: Burzaco aseguró que detectaron argentinos formados en ISIS

El kirchnerismo cuestiona la imputación a Cristina y refuerza su convocatoria a Comodoro Py

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La Cámpora y otras organizaciones convocan a una manifestación el miércoles, cuando la ex presidenta tenga que declarar por otra causa en la que está acusada.

 La imputación de Cristina Kirchner por lavado de dinero reforzó aún más la convocatoria lanzado por el kirchnerismo para el próximo miércoles en Comodoro Py, cuando la ex presidenta tenga que declarar en otra causa en la que está imputada: la venta de dólar a futuro.

Cristina está citada para mediados de semana y La Cámpora, entre otras agrupaciones, ya convocan a una movilización de apoyo a partir de las 8.
Las redes sociales se hicieron eco de la convocatoria y más aún en las últimas horas, conocida la decisión del fiscal Guillermo Marijuan contra la ex jefa de Estado. En muchos tuits comenzó a circular el hashtag #13ATodosConCristina.

"Ni siquiera lo intenten", advirtió en un tuit el diputado nacional y responsable nacional de la JP Evita, Leonardo Grosso.
La legisladora Juliana Di Tullio apuntó contra el fiscal que imputó a Cristina. "Marijuan? El militante de Carrió? La independencia de la justicia? A mí no me van con ese cuento... No subestimen al pueblo Argentino", lanzó en un mensaje en las redes sociales.

"Van por Cristina presa, porque quieren destruir el proyecto de inclusión y distribución de la riqueza de estos 12 años!!", escribió Patricia Vaca Narvaja.
Detrás de la convocatoria para el miércoles a favor de Cristina está su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, como publicó LA NACION días atrás.
La intención del kirchnerimo es hacer una demostración de fuerza, justo en momentos en que se ubican en la oposición al gobierno de Mauricio Macri. También se busca transformar la citación judicial a Cristina, que consideran infundada y con motivaciones extrajudiciales, en un hecho político que coloque a la ex presidenta en el centro de la escena. Desde que asumió Macri, la ex mandataria permaneció en Santa Cruz.
A la manifestación del miércoles la convocan La Cámpora, Kolina -de Alicia Kirchner- y Nuevo Encuentro -de Martín Sabbatella-, intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Patricio Mussi (Berazategui), y un grupo de diputados y senadores nacionales aún incondicionales a Cristina Kirchner.

Imputan a Cristina Kirchner y Julio De Vido por lavado de dinero

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Tras la declaración explosiva de ayer de Fariña, la ex presidenta y el ex ministro quedaron involucrados en la causa por la que está preso el empresario patagónico Lázaro Báez

La ex presidenta Cristina Kirchner fue imputada en la Justicia por lavado de dinero. La medida contra la ex mandataria la decidió el fiscal Guillermo Marijuan y se conoció hoy, según supo LA NACION de fuentes judiciales, luego de la maratónica declaración de ayer del financista Leonardo Fariña en la causa que también investiga al empresario patagónico Lázaro Báez.

Acogido a la figura del "arrepentido", el valijero Fariña mencionó ayer a Néstor y Cristina Kirchner y vinculó a altos funcionarios del anterior gobierno maniobras de sobreprecios en la obra pública y lavado de dinero. Los dichos de Fariña también involucran al ex ministro Julio De Vido, quien también fue imputado.
La imputación contra Cristina Kirchner se conoce a cuatro días de que la ex presidenta declare en otra causa: en Comodoro Py ya se la investiga por la operatoria del Banco Central con dólar futuro.

Víctor Hugo Morales Paranoia y cinismo de un soldado derrotado Por Julio Bárbaro

   
Lo de Víctor Hugo Morales no se entiende. Una radio de capitales españoles lo instala para recibir favores del gobierno de turno. Cambia el gobierno y, por lógica, esa radio necesita cambiar el oficialista. Entonces, el ayer beneficiado y hoy dejado de lado denuncia persecución. Aclaremos que Prisa —ahora desarticulado por sus deudas— fue invitado a venir al país en su momento por  Néstor Kirchner para que existieran voces diferentes a las que lo criticaban. Larga historia, tuvieron que encubrir la compra con una empresa norteamericana, pues sólo ellos pueden comprar medios en nuestro país. La ley de medios nunca se ocupó de modificar ese convenio; al kirchnerismo le era útil para determinadas situaciones.
Mantener el programa de Víctor Hugo no sólo no aportaba avisos oficiales, sino que además espantaba audiencia y avisadores privados. A nadie se le puede ocurrir que un medio privado que eligió un periodista por su relación con el gobierno lo sostenga después de una derrota electoral. Esas son las duras leyes del mercado, leyes en las cuales muchos de los que se rasgan las vestiduras se hicieron ricos. De sobra explotaron a su servicio la relación con el poderoso del momento. ¿Qué relación le asignan a este cambio de trabajo con la libertad de prensa?
Lo simpático del asunto está en que —al margen de su decadencia económica— el grupo Prisa, en su arribo al país, estuvo siempre enfrentado con el grupo Clarín. Parecería que existe una medida distinta según si persiguen ellos o si son perseguidos. Algo heredan del estalinismo, aprendieron a soportar la democracia, pero jamás se sentirán a gusto con ella.
La derecha siempre corre el riesgo de exagerar en la concentración económica, pero la izquierda agoniza por su absurda concepción de la libertad. Nunca un Estado tuvo tantos medios a su servicio como el de la presidente Cristina Kirchner, desde los oficiales hasta los privados comprados por amigos enriquecidos. Ejercían el oficialismo tanto Canal 7 como Canal 9 y Canal 11; de aire quedaba libre el 13, al que intentaban limitar. Luego tenían Encuentro y C5N, CN23, 360 y Crónica TV. Quedaban en libertad privada tanto América como América 24 y Canal 26. Están convencidos de que el relato era más importante que la misma realidad y si hubieran podido instalar definitivamente la ley de medios, no habría quedado un disidente con medio para expresarse.
La ley de medios no era sólo contra el grupo Clarín, era contra todos los que pensaban distinto y estaban dispuestos a luchar por expresarse. Usaron desmesuradamente el Estado a su servicio. Ahora les toca transitar por la llanura, esa es una ley de la democracia, cuesta entender de qué se quejan.
Estoy convencido de que si hubieran invertido la fortuna que gastaron en propaganda en obras para los necesitados, si hubieran hecho eso, no estarían llorando la derrota. El candidato fue Daniel Scioli por su capacidad de transitar por todos los espacios de la sociedad, por ser el menos sectario de ese grupo. La derrota los ha llevado a la dispersión y entonces aparecen estos adoradores de la ley de medios para convertir a Víctor Hugo, uno de los más alineados y agresivos del derrotado oficialismo, en la expresión del conjunto.
Al volver, el general Juan Domingo Perón supo decir: “Con todos los medios en mis manos me derrocaron, con todos los medios en contra fui electo presidente”. Sigue vigente en algún sector del kirchnerismo una visión estalinista de los medios de comunicación y la convicción de que necesitan resistir, una manera de no aceptar que ellos son los responsables del resultado. Cuando el peronismo perdió las elecciones, supo elegir el camino de la renovación, una manera de asumir la necesidad de transformar la derrota en autocrítica. El kirchnerismo es un ejército derrotado que no logra superar psicológicamente el golpe y en consecuencia soporta la deserción como el resultado de la dispersión de sus fuerzas. Los gobernadores y los intendentes están obligados a acordar con el poder de turno y no dudan en hacerlo. Otros, que eligen trabajar en su futuro político, se van organizando en torno al peronismo y, finalmente, los grupos surgidos de viejos izquierdismos no peronistas buscan sostener su lugar sin asumir que era sólo posible desde el Gobierno y se vuelve nostalgia sin este.
Los que se cansaron de perseguir a los disidentes —entre los que me incluyo— ahora se rasgan las vestiduras al primer roce con la realidad. Que alguien se ocupe de avisarles que no caigan en la paranoia, que no los persigue nadie, que simplemente perdieron la elección y lo que viene es tan sólo experiencia entre iguales. Cuestión de acostumbrarse.
Fuente: Infobae.com


Julio Bárbaro es Licenciado en Ciencias Políticas,referente histórico del Peronismo, escritor y pensador argentino. Su último cargo en la gestión pública fue entre 2003 y 2008 como titular del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), durante las presidencias de Nestor Kirchner y Cristina Fernández. A su vez, fue durante 1989 y 1991 Secretario de Cultura de la Nación Argentina.

La transición en Argentina: Macri liberaliza por decreto la telefonía y la televisión

 El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, echó por tierra este
miércoles uno de los emblemas de la política kirchnerista, la ley contra
la concentración de medios audiovisuales, la que obligaba a desinvertir al principal grupo de prensa del país, Clarín.
Por quinta vez en apenas tres semanas de gobierno, Macri recurrió a un
decreto de necesidad y urgencia, en lugar de buscar el consenso del
Congreso, donde su coalición, Cambiemos, se encuentra en franca minoría.
En este caso, su jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, anunció el
decreto por el que se liberalizarán y convergerán las telecomunicaciones y la televisión de pago en Argentina.

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El ‘caso Nisman’ agrava la fuerte polarización política en Argentina

El Poder Judicial se fractura ante la manifestación silenciosa convocada para el miércoles por la muerte del fiscal

Francisco Peregil Buenos Aires 14 FEB 2015 - 22:59 CET

El País de España 

Carteles en Buenos Aires que refieren al 'caso Nisman'. / R. A. (AP)

El cadáver del fiscal Alberto Nisman ha dibujado un retrato demasiado fiel de la Argentina actual: una sociedad tan habituada a los crímenes y operaciones criminales de los servicios secretos al servicio de la Casa Rosada que casi nadie cree que Nisman se haya suicidado; una presidenta que primero habla en Facebook de suicidio o de ¿suicidio? entre interrogantes y tres días después sostiene la tesis del asesinato; una presidenta que utiliza el poder de su cargo para escrachar a un diario, a la jueza que investiga la muerte de Nisman, al informático que le prestó la pistola, al espía que colaboraba con él…

Una presidenta, decíamos, que se presenta como víctima de una operación donde la muerte de Nisman solo fue un medio para desestabilizar a su Gobierno y que nunca expresa sus condolencias a la familia del hombre que la denunció; un Gobierno tan enfrentado al grupo Clarín que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompe ante las cámaras un ejemplar del diario; un Poder Ejecutivo tan agresivo con un sector del Poder Judicial que tacha de “golpistas” a los cinco fiscales que convocaron una marcha en silencio para homenajear a Nisman el próximo miércoles, cuando se cumple un mes de su muerte.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita, en quien recayó la denuncia de Nisman tras su muerte, recogió el guante de su antecesor y acusó el viernes a la presidenta, a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otros cargos y dirigentes oficialistas del mismo delito que ya les había incriminado Nisman: encubrimiento de supuestos terroristas iraníes, sobre los que pesaba una orden de busca de Interpol por la supuesta participación en el atentado de la AMIA, que en 1994 terminó con la vida de 85 personas en Buenos Aires. Ahora, será el juez Daniel Rafecas quien decida si ha de darle curso a la investigación que solicita el fiscal. Rafecas acortará sus vacaciones de verano austral para regresar el próximo miércoles.
Rafecas habrá tenido tiempo estos días de leer la denuncia de Nisman. Tras la muerte del fiscal, el Gobierno decidió levantar el secreto del sumario y publicar en Internet las 290 páginas del escrito. Desde el Gobierno se tachó a la denuncia de inconsistente y delirante, como si no hubiese sido escrita por un fiscal. Varios juristas reconocieron al diario La Nación que a la acusación de Nisman le costaría probar el delito de encubrimiento. Algunos de los periodistas más críticos con el Gobierno reconocían en público que la denuncia era más floja de lo que habían pensado, que aportaba pruebas no muy contundentes y se basaba demasiado en recortes de diarios. Pero Gerardo Pollicita ha estimado que hay suficientes indicios para sospechar que Cristina Fernández y los otros cometieron un delito. La mayoría de los dirigentes de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” del momento y apelaron a que la justicia continúe su trabajo.

La muerte de Nisman está dibujando el retrato de una clase política y judicial dividida casi por una raya

Desde la Casa Rosada se vinculó al fiscal Pollicita con el dirigente opositor Mauricio Macri, porque tuvo cargos en el club de fútbol Boca cuando Macri fue presidente de la entidad. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que la imputación de Pollicita forma parte de “una estrategia de golpismo judicial activo”. El Gobierno es consciente de que el próximo 25 de octubre se celebran elecciones presidenciales, que Fernández no puede concurrir a ellas en un tercer mandato consecutivo y que solo le quedan diez meses en la Casa Rosada. Pero la mandataria y sus ministros insisten en la teoría del golpe de Estado y la desestabilización, a pesar del escaso tiempo que les queda para entregar el mando.
La muerte está dibujando el retrato de una clase política y judicial dividida casi por una raya. La raya parece marcarla la manifestación silenciosa del próximo miércoles. La oposición se ha sumado a ella. La presidenta, el pasado miércoles, habló por todos los canales de televisión rodeada de ministros y militantes que la animaban con sus cánticos. No mencionó a Nisman y al final del discurso dijo: “¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ‘viva la Patria’. Y a ellos, a ellos les dejamos el silencio”.
Dos días después Fernández fue imputada por el fiscal Pollicita. Y su respuesta llegó por Facebook el sábado por la mañana: “¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos”. El mensaje, una vez más, pintaba una raya entre “ellos” y “nosotros”.
La jueza y exesposa del fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado, aclaró esta semana en una audiencia abierta en el Senado que no es oficialista ni opositora y pidió “no seguir politizando” la investigación de la muerte de Nisman. Pero su petición parece casi utópica en el ambiente electoral que se respira ante las presidenciales de octubre. Cualquier gesto estará cargado de contenido político. Ni siquiera Arroyo Salgado podrá evitarlo. Ella no ha dicho si acudirá a la marcha del próximo miércoles. Pero haga lo que haga la raya está marcada. A un lado, los del “silencio”, “el odio, el agravio, la infamia”. Y al otro lado, los del canto y la alegría. Malos tiempos para matices.