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jueves, 27 de agosto de 2015

Un necesario freno al desborde sindical. Editorial de Semanario Búsqueda



                    El gobierno del presidente Tabaré Vázquez decidió cruzar una raya que parecía prohibida. Y dispuso la esencialidad de los servicios de la enseñanza, con lo cual los funcionarios docentes y no docentes en paro deberán presentarse a sus trabajos, les guste o no, salvo que quieran desacatar la resolución del Poder Ejecutivo y exponerse a sanciones.

                    La decisión marcó un hito. Nunca antes un gobierno había resuelto que la enseñanza pública debía ser un servicio esencial. Ahora lo impone el tercer gobierno del Frente Amplio.

                    Hoy se discute si la medida corresponde desde el punto de vista legal, por cuanto la realización de un paro en la enseñanza no pone en peligro la vida de nadie. No se trata entonces, en un sentido estricto, de un servicio "esencial". Sin embargo, es innegable que la suspensión de clases por un período prolongado afecta seriamente a cientos de miles de niños y jóvenes (y no precisamente a los niños y jóvenes que siguen cursando en los colegios privados, sacándoles más ventaja aún a los menos favorecidos). Y también es indiscutible que, en materia educativa, el tiempo perdido no se recupera nunca más.

                    De manera que no será su vida "física" la que está en riesgo, pero las medidas sindicales desaforadas, que el Uruguay padece desde hace demasiado tiempo, sí dañan mucho las vidas presentes y futuras de los muchachos y muchachas que precisan ir a la escuela o al liceo como el pan de cada día, porque cada hora de clase perdida supone una pérdida equivalente de oportunidades y un perjuicio indiscutible que los afecta en el presente pero que, sobre todo, los afectará mucho más en el futuro.

                    Ayer miércoles 26, en el programa "Código País" de Canal 12, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, aportó datos elocuentes: a raíz de estos paros, han quedado sin alimento 250.000 niños en las escuelas de tiempo completo y en las que tienen comedor. Además, dijo, entre faltas de docentes, paros o dificultades para impartir clases, durante los tres primeros años de secundaria los estudiantes pierden ¡un año entero!

                    Los sindicatos y los gremios estudiantiles (que no son y nunca fueron lo mismo que "los trabajadores" y "los estudiantes") ya difundieron proclamas virulentas y comunicados incendiarios con los habituales eslóganes estigmatizantes y vacíos de la izquierda dinosáurica que pervive en el Uruguay.

                    Es verdad que el gobierno está cosechando lo que sembró. Ha descubierto, tarde, que algunas decisiones adoptadas en el pasado eran equivocadas, entre otras cosas porque —queriéndolo o no— habilitaron a la criatura a transformarse en un monstruo con poder. Pero, desde nuestro punto de vista, la situación es lo suficientemente delicada como para andar ahora pasando cuentas.

                    El presidente ha reaccionado ante lo que está ocurriendo y ha resuelto tomar medidas. Controvertidas para algunos, pero las ha tomado. Después de todo, para eso lo votó casi el 50% de la ciudadanía: para gobernar y no quedarse de brazos cruzados cuando hay problemas graves a encarar.

                    Las medidas, y el proceso que llevó a ellas, marcan un antes y un después. Cuando se decide un rumbo, no hay manera de cambiarlo y retroceder. El presidente parece tener eso muy claro, al punto que ha comprometido a otros ministros en esta decisión. La resolución de la esencialidad (que rige durante 30 días desde el lunes 24) fue adoptada por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, luego de recibir un pedido en ese sentido de la ministra de Educación. Murro, que es maestro, ha sido expulsado de su sindicato, como era de esperar.

                    Como se trata de una decisión fuerte, habrá duros debates en el gobernante Frente Amplio, donde ya hay sectores, dirigentes y militantes que lanzan severas críticas contra el presidente. Sin embargo, es probable que Vázquez obtenga mucho más apoyo entre la población común y corriente de todos los pelos políticos, que percibe, al fin, una respuesta firme ante el abuso de jefes sindicales únicamente preocupados en obtener mejoras salariales, aunque vendan toda la "lucha" bajo consignas según las cuales buscan el bien de la educación.

                    Digámoslo claramente: la gente está harta de escuchar tantos reclamos y ver ningún resultado. Tal vez sea razonable aumentar los sueldos de maestros y profesores, pero también es razonable evaluarlos en forma regular y rigurosa para lograr que solo sigan los que trabajan bien, los que se actualizan y los que se toman en serio su tarea. Hasta ahora ha habido una negativa a toda forma de evaluación (sea al docente como tal o sea a cada institución), quizás por temor a que, por esa vía, se confirme lo que la ciudadanía ya sabe: por más plata que se vuelque a la enseñanza pública, esta no satisface a nadie, ni siquiera mínimamente.

                    Los ciudadanos que pagan sus impuestos para financiar todo lo que se gasta en el Estado tienen derecho a reclamar por resultados, a pedir eficiencia, a que en ningún rincón del país haya ausentismo docente, a que se enseñe con seriedad y a que los alumnos aprendan e incorporen herramientas que serán fundamentales para sus vidas y, en los sectores más pobres, para salir de situaciones de marginalidad.

                    Llegó la hora de revertir la lógica. No debería invertirse más dinero hasta que no haya explícita voluntad de cambiar tanta cosa mal hecha. Hay demasiada plata de los ciudadanos destinada a este sector básico para cualquier sociedad, como para que todo siga igual.

                    En su lógica confrontativa, los sindicatos de la enseñanza han perdido contacto con la realidad. Y con la gente.

                    Creen que con hacer huelga el país se encolumnará detrás de ellos. Y no es así. De eso ya se dio cuenta el gobierno. Pero Vázquez sí debe rendir cuentas. Es responsable por una economía que empieza a crujir: debe cuidar las finanzas del Estado. Es responsable por la marcha de la educación: sabe que hasta ahora eso no ha funcionado. Es responsable por un Estado que debería ser eficiente y dar respuestas sin tragarse tanto dinero sin destino.

                    Por eso reaccionó con energía. Advirtió que no podía seguir siendo rehén de los caprichos sindicales. Ni él, como presidente, ni tampoco la sociedad en su conjunto.

                    Optó por asumir riesgos e incluso enfrentar la ira de algunos que lo votaron para llevarlo a la Presidencia. Antepuso el interés del país al de su partido. Y, ante una situación extrema, tomó una medida extrema. Pero no titubeó porque terminó de entender cuál era la situación y dónde estaba el sentir popular.

                    La única manera de salir de esta crisis es que los sindicatos entiendan que estaban sobregirados y que se habían dedicado a mirarse sus propios ombligos. Si lo entienden y recapacitan, el país estará mejor.

                    Y otra cosa deben recordar los jefes sindicales: en este conflicto el presidente no es el patrón sino tan solo el que actúa en nombre de la sociedad. El patrón es el contribuyente; el que paga los impuestos.