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jueves, 31 de marzo de 2016

Estudios por puerto de aguas profundas costaron 6,6 millones de dólares; presupuesto previsto era de dos millones.



Víctor Bacchetta, ayer, en la sala de conferencias de APU. Foto: Mauricio Kühne
 Según los datos que difundió ayer Uruguay Libre, en esos dos años y
medio la CIPAP gastó 6.620.176 dólares en la contratación de
consultorías de distinto tipo: internacionales y nacionales, privadas,estatales y personales. La más cara fue la de la empresa canadienseSeaforth Geosurveys, contratada por un total de 2.159.266 dólares para realizar estudios geotécnicos del lecho marino y ensayos de laboratorio





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Margen de error - la diaria

domingo, 14 de febrero de 2016

Enfático rechazo a una eventual fumigación masiva para combatir al Aedes aegypti


http://www.maldonadonoticias.com/

Una carta abierta impulsada desde el movimiento Uruguay Libre de Megaminería, fue enviada a las autoridades nacionales, expresando la preocupación ante la posibilidad de que se decida realizar fumigaciones masivas para combatir el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, el zika y la fiebre chikungunya.

La carta difundida este sábado, es apoyada por ciudadanos de distintos ámbitos académicos, políticos y sociales, así como también por vecinos preocupados por un tratamiento adecuado de temas tan complejos como la salud humana y de los ecosistemas.

La carta, está dirigida al Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, a todos los representantes de las cámaras de Senadores y de Diputados, así como a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de la Comisión de Medio Ambiente de Diputados.

El texto

“Los abajo firmantes, ciudadanos habitantes de la República Oriental del Uruguay nos dirigimos a Uds. para manifestarles nuestra total disconformidad con las medidas que, según trascendidos de prensa, el gobierno uruguayo estaría dispuesto a tomar para combatir los mosquitos del género Aedes, los cuales serían vectores de enfermedades como el Dengue y la fiebre amarilla y recientemente de una eventual epidemia por el virus Zika.

Estas medidas incluyen la fumigación masiva mediante avionetas, las cuales esparcirán productos muy tóxicos (aunque el gobierno reconoce que son solo de “baja toxicidad”), que caerán en cantidades incalculables y aumentarán la contaminación sobre cuerpos de agua, suelos, fauna y flora y sobre los seres humanos.

Esto se sumaría al hecho de que ya se está fumigando buena parte del territorio nacional donde se practica la siembra directa y se aplica el paquete tecnológico que acompaña a los monocultivos de transgénicos cerealeros y forrajeros.

Los señores representantes políticos, incluido el Sr. Presidente Vázquez, deben estar en conocimiento de que los antecedentes en la región sobre el combate de determinadas enfermedades epidemiológicas utilizando la práctica de fumigación masiva no han dado los resultados esperados, después de más de 30 años de uso consecutivo.

Por el contrario, han empeorado la salud de la franja más empobrecida de la población, demostrado por el hecho de que los peores casos de aparición de estas enfermedades se han observado justamente en mujeres embarazadas y niños recién nacidos de hogares muy humildes.

Existen reportes de médicos y profesionales de la salud de Brasil que reclaman mayores estudios epidemiológicos que prueben la veracidad de la información que se está difundiendo a la población acerca de la real virulencia de estos patógenos.

El virus del Zika data de 1947 y ha tenido poca incidencia en casos de gravedad. Por tanto, los médicos de Brasil no descartan que el aumento de su virulencia en los seres humanos sea debido a factores que tienen que ver con el entorno y la alimentación, léase en poblaciones que viven en ambientes con agua contaminada y alimentos de muy baja calidad, donde las fumigaciones con distintos tipos de pesticidas de alta toxicidad son usadas en agricultura al igual que las que se implementan cada año en un supuesto combate contra los mosquitos vectores.

Esta afirmación está basada en estudios de seguimiento de la salud de la población brasilera, encontrándose que, de 3983 casos de malformaciones constatadas en niños hasta el 20 de enero de 2016, 49 habrían fallecido y solo en 5 casos se pudo confirmar una infección con el virus del Zika.


Estamos en conocimiento que el asesoramiento que reciben los gobiernos proviene de distintos profesionales o técnicos que responden a las empresas que producen los compuestos usados en la fumigación y que se presentan como benignos, aunque varios estudios publicados en revistas arbitradas advierten sobre su toxicidad incluso en dosis bajas.

Por tanto, serán contaminantes si se vierten sobre la población, el aire, el agua y el resto del ambiente. Es así que ejerciendo nuestro derecho precautorio, solicitamos al gobierno que se detenga la ejecución de esas medidas y se tome el tiempo necesario para llevar adelante estudios independientes que nos ofrezcan garantías de que no se está repitiendo un procedimiento que, no sólo no ha solucionado los problemas de salud de poblaciones deprimidas, sino que ha dejado una enorme interrogante acerca de las intenciones de quienes los promueven.

Por eso Sres. Gobernantes, los abajo firmantes, ciudadanos de este país ilustre, amparados en el derecho que nos da nuestra Constitución, le decimos NO A LAS FUMIGACIONES INNECESARIAS CON QUÍMICOS PELIGROSOS, apelando a su sensibilidad y criterio para detener esas prácticas y promover nuevas investigaciones sobre la temática y así tomar las decisiones correctas y que serán las mejores para el bienestar de nuestros compatriotas”.

viernes, 27 de noviembre de 2015

SIN CONTRATO CON ARATIRÍ, EL GOBIERNO INSISTE EN PROYECTOS SIMILARES

 
Declaración de Uruguay Libre

Tras el nuevo fracaso de la firma de un contrato de inversión con Aratirí, por la imposibilidad de la minera de cumplir con las condiciones básicas para concederle la explotación del hierro de Valentines, el gobierno nacional mantiene la expectativa en estos proyectos que implican, sin mínimas contrapartidas, altísimos riesgos para la integridad del territorio nacional. 
Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato. La Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido: tiene que estar la autorización”, dijo la ministra de Industria, Carolina Cosse. Sin embargo, informaciones de la prensa revelaron que el Poder Ejecutivo admitió hasta último momento la posibilidad de eludir ese requisito para firmar el contrato con Aratirí y no era el único aspecto legal pendiente para concederle a la minera la explotación solicitada.

Como proyecto de minería de gran porte, la empresa debe fijar la fecha y los plazos para el inicio y la realización de la actividad extractiva, presentar un plan de negocio viable y, como garantía del cumplimiento del contrato, efectuar un depósito del 5% de la inversión comprometida, unos 150 millones de dólares estadounidenses, si nos atenemos a los anuncios de Aratirí.  
 
El gobierno nacional no ha querido admitir que el proyecto de Aratirí es inviable económicamente porque fue concebido para una coyuntura de alza excepcional del precio del hierro que ya pasó.

Desde hace más de un año, Aratirí no paga la servidumbre minera o el canon a los propietarios de los campos afectados por sus actividades. Ahora se suma el conflicto porque no cumple tampoco con el pago del despido a un personal que mantuvo casi cuatro años en el Seguro de Paro, cuando el plazo para los trabajadores de cualquier actividad son seis meses. 
Uruguay Libre se solidariza con los trabajadores de Aratirí despedidos, que son víctimas no solo de la empresa sino también de las políticas de un gobierno que se desentiende de la generación de empleo genuino, de calidad y duradero, y la sustituye por falsas expectativas de ocupación en actividades meramente extractivas e inversiones extranjeras de carácter especulativo.

Es impensable que una empresa que prometió inversiones de miles de millones de dólares y que pretende firmar un contrato con el Estado, pero que no cumple con sus obligaciones más elementales, pueda ofrecer las mínimas garantías, y no solo económicas, necesarias para que se le conceda la explotación del yacimiento de Valentines.
Es preocupante que la ministra de Industria no haya hecho ninguna referencia a estos aspectos y no puede ser un simple olvido. En una entrevista de prensa, Cosse admitió que están evaluando la posibilidad de eximir del pago del canon a la empresa Orosur que explota el yacimiento de oro en Minas de Corrales. Sería regalar simplemente a un privado el patrimonio nacional.

La preocupación se refuerza cuando el mismo ministerio se ha resistido a cumplir con decisiones de la Justicia para transparentar a la población sus procedimientos y, acompañado por Aratirí, ha dilatado desde hace un año un fallo inapelable que le obliga a entregar esa información. 
Hemos demostrado, y nadie ha rebatido hasta hoy, que el proyecto de Aratirí no es viable, no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales.

La reciente catástrofe de un proyecto más chico en Brasil muestra los peligros a que se expondría Uruguay. El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas y sepultó a un poblado de 600 personas a 2,8 kilómetros del dique. El lodo mató flora y fauna en un área equivalente a medio Uruguay. En 15 días, el lodo recorrió 650 kilómetros de los ríos Piracicaba y Doce hasta llegar al Océano Atlántico, destruyendo la vida a su paso y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.
Uruguay Libre propone prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional por ser inapropiada para las características, las dimensiones y la preservación de nuestros bienes naturales, que hoy generan riqueza de forma sustentable. Por estas razones, hoy más que nunca, seguiremos recogiendo firmas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo quien decida si quiere o no estos proyectos de desarrollo en el país.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
26 de noviembre de 2015.
 
 
 
 

viernes, 13 de noviembre de 2015

"PERSECUSIÓN PERSONAL Y POLÍTICA AL FISCAL ENRIQUE VIANA"

Declaración de Uruguay Libre

El traslado del fiscal Enrique Viana decidido recientemente por la Fiscalía de Corte configura, por los fundamentos explicitados en la resolución, una sanción arbitraria y un acto denigratorio hacia la persona de Viana que van mucho más allá de las causas defendidas por el afectado.

El pasado 20 de octubre, el Fiscal de Corte Jorge Díaz dispuso ahora un traslado del fiscal Viana y una nueva investigación administrativa sobre su desempeño donde, sin esperar el resultado de este proceso, en la misma resolución emite juicios condenatorios de la conducta del fiscal.

La resolución del Fiscal de Corte parte del reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia hacia una acción de Viana por inconstitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte, para señalar que sus acciones en diferentes juzgados han sido unánimemente rechazadas por los jueces.

Díaz enumera asimismo las acciones judiciales iniciadas por Viana para intimar “a diferentes organismos estatales la agregación de importantes volúmenes de información, resultando que en muchas ocasiones estas diligencias preparatorias no habrían sido seguidas del juicio principal".

Pero, junto con la orden de investigar, Díaz se adelanta a decir que la conducta de Viana "genera costos importantes" y "probablemente innecesarios" al Estado, "podría afectar la imagen de la institución" y es "indicativo de una posible falta de idoneidad para el ejercicio de la función”.

Enrique Viana tiene más de 24 años como fiscal, actuando muchas veces como fiscal subrogante en otras fiscalías. Presumir una falta de idoneidad para el cargo por el resultado de sus acciones judiciales no tiene fundamento en la ley que define la responsabilidad de los fiscales.

La Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal (Decreto ley 15.365) establece, en su artículo 2do. que este organismo “es independiente técnicamente en el ejercicio de sus funciones. Debe, en consecuencia, defender los intereses que le están encomendados como sus convicciones se lo dicten, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho”.

Según la misma ley, la competencia en el orden judicial de las Fiscalías Letradas de lo Civil es:“Representar y defender la causa pública en todos los asuntos en que pueda estar interesada”. En ningún lugar la ley dispone, ni podría hacerlo, el resultado de las acciones judiciales.

Es más grave aún la mención del Fiscal de Corte a los costos de las actuaciones de Viana, como si una fiscalía pudiera juzgarse por su “rentabilidad”. ¿Rentabilidad para quién? Este argumento atenta directamente contra el ejercicio independiente de los poderes del estado.

Por una decisión de la Fiscalía de Corte y el Ministerio de Educación y Cultura, Viana había sido sumariado el año pasado, con separación del cargo, por supuestas irregularidades. Al cabo de seis meses, sin ninguna conclusión proveniente del sumario, Viana fue restituido.

Más allá de coincidir o no con las acciones judiciales de Viana, la nueva resolución del Fiscal de Corte evidencia que se trata de una persecución personal y política inadmisible contra un fiscal y este acto, por su naturaleza, constituye una amenaza a la integridad de la República.

Como movimiento ciudadano independiente de cualquier postura ideológica o político partidaria, alertamos a la población ante una decisión del Fiscal de Corte que viola los principios de la institucionalidad democrática y expresamos nuestro apoyo a la íntegra actuación del fiscal Enrique Viana.

Movimiento Uruguay Libre de Megaminería
10 de noviembre de 2015.

domingo, 26 de abril de 2015

JONATHAN GAMENTHALER. “PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN EL CONGELADOR”. Por Julio Dornel.



                         Escritor y periodista Julio Dornel
El tema relacionado con el puerto de aguas profundas en la costa rochense, continúa en el “congelador” mientras crece la expectativa sobre el destino final de este emprendimiento, cuya ejecución fue anunciada en varias oportunidades. Durante su visita a Rocha el ex presidente José Mujica señaló que “no estaban dadas las condiciones para considerar la realización del puerto de aguas profundas”. El integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y del Movimiento “Uruguay Libre de Mega minería”, Jonathan Gamenthaler, señaló a esta corresponsalía que “en los últimos años hemos mantenido diversos contactos con políticos del departamento de Rocha, el vicepresidente Sendic, Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga, Constanza Moreira, Pablo Mieres, Pablo Iturralde, Luis Lacalle y Daniel Martínez. También hemos participado con entusiasmo en el plebiscito para que la población informada decidiera si quiere que nuestro país transite el camino de la mega minería a cielo abierto. Hemos cuestionado e proyecto desde varias esferas, pasando por la social, ambiental, económica y política, como así también al gobierno y la empresa por haber ocultado información que debería ser de carácter pública por lo que representa para el futuro del país”. Haciendo referencia al puerto cuestión, Gamenthaler manifestó que “En estos tiempos es común ver cómo el tema en torno a la no concreción del Puerto de Aguas Profundas en Rocha genera confusión, frustración y enojo por parte de la población rochense en general.
Muchas personas creen que el Puerto de Aguas Profundas no depende directamente de Aratirí, aún observando las palabras del Presidente actual Dr. Tabaré Vázquez el cual afirma que sin el proyecto minero el puerto queda sólo en el papel. Mi indignación principal gira entorno de que se le mintió a la ciudadanía en general, afirmando que el puerto se concretaría independientemente de si era aprobado o no el proyecto minero de Aratirí.
La mentira era cuenta corriente, se llegó a afirmar que Argentina nos daría 20 millones de cargas en granos para la nueva terminal portuaria en Rocha, algo totalmente fuera de lo común y de cualquier lógica, sabiendo que Argentina (Gobierno) hace de todo para competir y perjudicar a los puertos uruguayos ya existentes.
Después se nombra a Brasil, la presidente Dilma Rousseff tuvo problemas con los operadores de los puertos de sur de Brasil, principalmente con los de el Estado de Rio Grande do Sul, los cuales le transmitieron a la presidente los problemas que un puerto uruguayo les podría causar a futuro como competencia, y también se cuestionó duramente que fuera Brasil quien ayudara a financiar dicho puerto.
Entonces, para tener en claro, un puerto de las características que se piensa (de aguas profundas) las cargas mínimas que debe de tener rondan las 58-60 millones de toneladas anuales, sin ese monto es injustificada la concreción de dicho emprendimiento.
Que el sistema político se prepare mejor y mienta menos, el pueblo agradece- dijo finalmente Gamenthaler.

martes, 7 de octubre de 2014

Declaración de Uruguay Libre ANTE UNA NUEVA MARCHA NACIONAL POR LA TIERRA Y LOS BIENES NATURALES


El próximo viernes 10 de octubre, a las 17 horas, desde el Obelisco de Montevideo, partirá una nueva Marcha en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, donde decenas de entidades sociales y
simples ciudadanos de todo el país expresarán el rechazo a estos proyectos. El Movimiento Uruguay Libre apoya esta movilización y convoca a participar en la misma.
En este momento, a través de diversas declaraciones oficiales parece haber cesado la urgencia del gobierno en firmar el contrato con la minera Aratirí, tal como propuso desde fines de 2013.
Sin embargo, sólo se hace referencia a “dificultades” económicas de la empresa, por la baja del precio del hierro, dejando en evidencia que no significa el abandono del proyecto.
En lo fundamental, el proyecto de Aratirí se fue postergando y se volvió inviable por los uruguayos que lo cuestionaron desde el ángulo social y ambiental, pero también desde el ángulo
económico y de la soberanía nacional, por ser un proyecto meramente extractivo y saqueador. Si no hubiera sido por esta actitud, el gobierno y la minera ya habrían firmado el contrato.
Innumerables actividades de esclarecimiento, marchas a pie y a caballo en la capital y el interior, recursos legales de todo tipo, decisiones de varios gobiernos departamentales, decenas de miles
de firmas a nivel local y nacional fueron generando una conciencia pública y el rechazo a Aratirí y a la megaminería en general en un amplio espectro de nuestra sociedad.
Desde Uruguay Libre impulsamos la realización de un plebiscito nacional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto en el país. Este no es un país apto para la minería metalífera en gran
escala, sus yacimientos de hierro, oro y otros metales son pobres. Explotarlos no genera una diversificación de la matriz productiva y destruye en cambio un rico ecosistema.
El plebiscito nacional es una herramienta más para el esclarecimiento de la población y la vía para erradicar definitivamente la megaminería del país. Más de 50.000 ciudadanos han firmado las papeletas. No sabemos aún cuándo llegaremos a las 280.000 firmas requeridas para presentar a la Corte Electoral, pero si podemos asegurar que esta lucha no se detendrá.
“No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.
“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”, José Artigas.
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA