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lunes, 16 de mayo de 2016

EXONERACIONES Y SUBSIDIOS PARA UNA MINERÍA INSUSTENTABLE





+ Orosur es exonerada del canon, único pago por el oro que se lleva del país

+ Aratirí procura vender al estado información secreta del proyecto frustrado


Las recientes decisiones del Poder Ejecutivo por las cuales se exoneró del pago del canon de producción a la empresa Orosur, que habrían influido en la renuncia en el día de hoy de la geóloga Leda Sánchez de la Dirección de Minería y Geología (Dinamige), son nuevos hechos inquietantes en la minería uruguaya.
Aunque con el oro en el presente a 1300 dólares por onza, el valor más alto desde agosto de 2014, Orosur tiene una rentabilidad asegurada, la exoneración del único impuesto a la extracción de metal significa que la minera se lo lleva gratis y gana encima, dejando los daños ambientales a cargo de nuestra sociedad.


La minera informa en su página Web que desde el 29 de febrero fue exonerada de pagar 2.500.000 dólares correspondientes al canon del último año. Orosur había pedido ese beneficio para mantener su actividad, pero ha despedido a la mayoría de los trabajadores y no los ha retomado. El mayor yacimiento en Minas de Corrales y otros yacimientos menores están prácticamente agotados.


Mientras el gobierno mantiene a pura pérdida una explotación sin futuro, ¿qué pasará cuando Orosur abandone finalmente nuestro país, quede una población local sin trabajo, instalaciones obsoletas, varios cráteres, pilas de desechos y dos lagunas con cianuro que demorarán varias décadas para ser neutralizadas por la naturaleza, con riesgo de derrames como han ocurrido en otros países?


Al mismo tiempo, llevamos año y medio en una acción judicial por la Ley de Acceso a la Información Pública (ley 18.381) y, a pesar de sucesivos fallos intimando al MIEM a entregar lo solicitado, no hemos accedido a la información disponible en la Dinamige sobre elementos clave del proyecto de extracción de hierro de Aratirí.


El MIEM y la minera defienden la confidencialidad sobre aspectos fundamentales de los yacimientos de hierro de Valentines alegando que no se pueden revelar porque forman parte del "más reservado secreto comercial". El ministerio agrega a lo anterior que se trata de "una cuestión estratégica" para el estado uruguayo.


Los recursos minerales tienen, en efecto, un valor estratégico para el país, como lo tienen la tierra y el agua, pero esto no significa que deban ser un secreto de estado, como puede serlo un secreto diplomático o militar. Por el contrario, deben ser de conocimiento público porque integran el patrimonio de la nación; la minería opera bajo un régimen de concesión y esto no afecta los intereses comerciales.


No pretendemos conocer las perforaciones realizadas en detalle sino una información sustancial del proyecto que las mineras de todo el mundo hacen pública. Para esto se suelen utilizar las normas del Código JORC (Joint Ore Reserves Committee ), que el propio MIEM ha llegado a mencionar en sus escritos.

(A título de ejemplo, un reporte de un proyecto minero de acuerdo con JORC se encuentra disponible en nuestra web: www.uruguaylibre.org


Aratirí multiplicó en comunicados de prensa varias veces las reservas de mineral que habría descubierto y los costos para obtener esa información, pasando de 60 a 250 millones de dólares, pero nunca presentó un informe público de acuerdo con el Código JORC. La información que pretende venderle al estado, para la que no hubo interés de ningún privado, no tiene respaldo técnico suficiente ni valor comercial significativo.


Según el profesor del curso de posgrado en derecho minero de la UdelaR, Dr. Alfredo Caputo, por el Artículo 37 de la ley 19.126, la opción de prioridad de compra de esos datos por parte del estado vence 180 días después de la finalización del plazo para la firma del contrato con Aratirí, es decir, el próximo 22 de mayo.


Para Uruguay Libre, estos hechos destacan la inconveniencia de autorizar procesos extractivos de metales a cielo abierto que en lo fundamental no son adecuados para nuestro territorio -mucho menos cuando pretenden ocultar informaciones relevantes a la población- y que evidentemente no tienen posibilidades de operar más allá de coyunturas especulativas en los precios de algunas materias primas, sin generar en el proceso ni desarrollo ni beneficios económicos para el país.


Reiteramos así la necesidad de una ley o una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en todo el territorio nacional.



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viernes, 8 de abril de 2016

Los gastos de la CIPAP UN COSTOSO PUERTO EN EL AIRE


 
Sin contar con las evaluaciones ni los acuerdos regionales requeridos, el ex presidente Mujica creyó que la inversión de Aratirí era suficiente para lanzar el puerto de aguas profundas en Rocha. El voluntarismo y la improvisación política hicieron fracasar la aventura, pero no fue gratuita para muchas personas ni para el erario público.

Por Víctor L. Bacchetta (Observatorio Minero del Uruguay)



La Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) fue creada el 15 de noviembre de 2011 por el ex presidente José Mujica con el fin de “analizar las opciones para la instalación de un puerto de aguas profundas” en la costa de Rocha. El 14 de junio de 2012, cuando el informe final de la CIPAP recomendó hacerlo en el sitio de El Palenque, Mujica aprobó sus conclusiones y extendió la actuación de esa comisión “por todo el plazo que dure la implementación” del PAP.

Tras haber pretendido imponerlo por decreto presidencial, la habilitación del puerto de aguas profundas fue aprobada por el Parlamento, como exige la Constitución, el 20 de diciembre de 2012. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo decidió la expropiación por “causa de utilidad pública” y declaró urgente la ocupación de centenares de predios en el área de emplazamiento del PAP. Desde entonces, la CIPAP desplegó una actividad febril de contrataciones, estudios y presentaciones de la obra.

Para sorpresa de muchos, no hubo realmente capitales ni países interesados en ese proyecto y la CIPAP no llegó a ningún resultado. En diciembre de 2014, durante la 47ª. Reunión Cumbre realizada en Paraná, el presidente Mujica propuso la construcción de “un puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur” (sic). Fue la manera elegante, si cabe, de reconocer el fracaso de lo que el ex mandatario definió como “la jugada de política exterior más importante” de su gobierno.

La transparencia en juego

Se había informado que la CIPAP disponía de 700.000 dólares para los estudios que pretendía realizar, pero existían indicios de que se habría pasado fácilmente de un millón de dólares. En marzo de 2015, al amparo de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), solicitamos la información de los gastos realizados por la comisión por concepto de contrataciones, viajes y viáticos, con el propósito de conocer los montos y hasta qué punto habían estado justificados.

Hicimos la solicitud a Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Presidencia entregó la información dentro del plazo fijado por la ley, pero la CND y el MTOP no lo hicieron alegando que un convenio firmado entre ambos organismos había dispuesto que la información referida era confidencial. Por esta vía, la administración actuaba como juez y parte en el ocultamiento de una información al público.

Además, la negativa no contenía una justificación de la confidencialidad como exige la ley 18.381. Con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo) a través del abogado Martín Prats, iniciamos una acción judicial al amparo de esa ley. El 21 de diciembre tuvo lugar una audiencia donde las partes solo reafirmaron su postura anterior. Al día siguiente, el juez Alejandro Martínez de las Heras falló dando un plazo de 15 días para que los demandados entregaran la información.

A comienzos de enero de 2016, el MTOP anunció que apelaría la decisión judicial, pero en febrero comunicó que cumpliría el fallo, lo que hizo efectivo el 15 de este mes. Saludamos este desenlace porque reafirma la transparencia que debe caracterizar a la administración del estado. El 31 de marzo, en una conferencia de prensa de Uruguay Libre, presentamos esa información al público. A continuación, resumiremos los aspectos centrales de la documentación entregada y nuestro análisis.

Lo primero son las cargas
La audiencia judicial del 21 de diciembre permitió conocer el convenio entre el MTOP y la CND, así como un decreto del presidente Mujica elevando a dos millones de dólares estadounidenses los recursos de la CIPAP. Pero la revisión final de las resoluciones y contrataciones realizadas por el gobierno más que triplicó esa cifra.

En efecto, las contrataciones totalizaron 6:620.176 dólares. Empresas y consultores independientes, nacionales e internacionales, realizaron estudios económicos, de ingeniería, ambientales y de ordenamiento territorial, entre otros. Casi la mitad se gastó en cuatro empresas internacionales: Acciona, Planave, Esgemar y Seaforth. Diez empresas privadas nacionales recibieron U$S 1,5 millones, cinco estatales U$S 1,8 millones y los profesionales particulares U$S 235.000 (ver cuadro y listado adjuntos).

Naturalmente que esos estudios deben hacerse para emprender una obra como esta, pero primero es necesario saber si existen los fundamentos para tomar tal decisión. El ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, afirmó que incluso la definición del lugar no es tan relevante: “Primero, hay que saber qué se pretende, para qué, y luego buscar el lugar físico para el puerto de aguas profundas” (1). En el qué y para qué de un puerto lo fundamental son las cargas.

Los análisis de la CIPAP sobre la demanda proyectada del PAP sufrieron sucesivas alteraciones. En 2012, los técnicos del MTOP y el presidente de la comisión, Pedro Buonomo, proyectaban una demanda superior a 50 millones de toneladas anuales. En 2013, los cálculos del MTOP estimaron que el PAP en 10 años atendería a unos 87,5 millones de toneladas anuales. Curiosamente, un nuevo estudio del Equipo del MTOP en 2014 redujo la estimación a 40 millones de toneladas anuales.
 

Aunque el proyecto de Aratirí no estaba aprobado, los estudios de la CIPAP contaron desde el comienzo con el hierro uruguayo y la inversión de la minera en el PAP. Pero los 18 millones de toneladas previstos por Aratirí no eran suficientes para sustentar al puerto y, con el paso del tiempo, su aporte se hizo cada vez más inseguro. Mientras tanto, los cambios en las cifras de las cargas que provendrían de los países vecinos fortalecían la sospecha de que se trataba solo de especulaciones.
En 2014, la firma brasileña PLANAVE y la catalana Port Insight Consulting llamaron la atención sobre “una serie de incertidumbres” en el proyecto. Según estas consultoras, la posibilidad de atraer cargas de granos de Brasil era nula, no había una demanda concreta e inmediata de servicios portuarios, así como tampoco “ningún tipo de acuerdo o mecanismo participativo de los países de la región en relación al PAP”. A esa altura ya estaban hechas por la CIPAP todas las contrataciones.

Caro voluntarismo político

Al mismo tiempo que se especulaba con las cargas del PAP, desde la Presidencia de la República se anunciaba como seguro el interés en la obra de varios países. Un día era el “interés estratégico” de Brasil, otro día era el de los gobiernos de China, Rusia y Paraguay o de inversionistas españoles y empresas coreanas. En concordancia con esos anuncios, los integrantes de la CIPAP realizaron varios viajes a las capitales de estos países con el fin de presentar el proyecto uruguayo del PAP.

El ex subsecretario de Cancillería, Luis Porto, viajó a Seúl en 2012, a Brasilia y Río de Janeiro, a Asunción, Moscú y Beijing en 2014. El ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, viajó a Asunción en 2013. Su subsecretario, Pablo Genta, fue a Brasilia en 2013 y a Rio de Janeiro y Asunción en 2014. La ex subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Raquel Lejtreger, viajó a Río de Janeiro en 2013, funcionarios de Cancillería fueron con el mismo fin a Asunción y Moscú en 2014.

Los documentos también muestran que en esos viajes y viáticos se gastaron alrededor de 35.000 dólares estadounidenses (ver adjunto). Es una cifra menor comparada con las contrataciones a empresas y consultores independientes, pero igualmente inútil en la medida que partían de la decisión uruguaya como un hecho consumado. Al final de todas las gestiones, no se confirmó el compromiso de ninguno de los países aludidos ni el aporte de los inversionistas mencionados, incluido el de Aratirí.

El ofrecimiento del presidente Mujica, en la Reunión Cumbre de diciembre de 2014, de construir un PAP con los gobiernos del Mercosur debió ser, en todo caso, el comienzo y no el desenlace fatal de esta iniciativa, encubierto bajo una retórica integracionista. Conociendo la historia y la realidad política actual, nadie puede considerar seriamente que Uruguay posea el peso suficiente como para arrastrar a Argentina y Brasil a un proyecto portuario de esas dimensiones sin su consentimiento previo.
 

Se habilitó por el Parlamento un puerto de aguas profundas en Rocha, se anunció la expropiación de miles de hectáreas en la zona cambiándole la vida a centenares de ciudadanos y se gastaron ingentes recursos del erario público sin resultados acordes con tales decisiones.Inclusive la mayoría de la oposición partidaria, temerosa de aparecer enfrentada a una promesa de desarrollo extraordinario, se abstuvo de exigir los estudios de rigor necesarios para justificar esa propuesta.

Las autoridades ignoraron además a las comunidades de la costa rochense que, al conocer el proyecto del PAP y sus posibles impactos, pasaron a cuestionar la validez económica, social y ambiental de esa obra. En ese contexto, ciudadanos de varias localidades crearon la Confederación de los Pueblos Costeros, exigiendo el derecho a ser informados y a participar en las decisiones sobre sus formas de vida.
El 12 de mayo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez disolvió la CIPAP y, ya sin la calificación de prioridad absoluta dada por su predecesor, retornó la responsabilidad del proyecto de puerto de aguas profundas a la órbita del MTOP.
 

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(1) Noticias de Presidencia de la República, 17/2/2011 (www.presidencia.gub.uy).

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miércoles, 9 de marzo de 2016

CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE ARATIRÍ: "VICTORIA Y ALIVIO PARA EL PAÍS; CUESTIONES PENDIENTES"


Comunicado de prensa


Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí  y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.



Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.



La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.



El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.



A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos. Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.


El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero Dinamige admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño. 



La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.



Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por Dinamige han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.



La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.



Uruguay Libre de Megaminería

8 de marzo de 2016.

sábado, 15 de agosto de 2015

SE DESATÓ LA ESPECULACIÓN CON LOS TÍTULOS MINEROS DE ARATIRÍ

Comunicado de Uruguay Libre de Megaminería

 
La prensa de hoy informa que un fondo de inversión de la India, Aurum Ventures, se mostró interesado en comprarle al dueño de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, los derechos mineros en el centro-este del país que forman parte del proyecto Aratirí.
 
Era previsible que Aratirí no concretaría su propuesta ante el fin de la coyuntura especulativa que provocó un alza extraordinaria del precio de los metales (la tonelada de hierro rondó los 190 dólares en 2011, hoy en día se encuentra a 52 dólares). El derrumbe del precio del hierro hace inviable económicamente ese proyecto a corto y mediano plazo.
 
El artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que en caso de no firmarse el contrato en el plazo fijado por la ley, “se procederá a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.
 
La prórroga votada en el Parlamento el pasado 10 de febrero pasado, que fija el plazo para la negociación con Aratirí, vence el próximo 20 de noviembre y, si no se firma el contrato de inversión, la empresa debe entregar los títulos mineros del proyecto.
 
En esta situación, las mineras buscan retener los títulos – que no les resulta oneroso - a la espera de otra coyuntura favorable, tratan de revenderlos o se los compran a si mismas con otra firma. Este procedimiento viola disposiciones del Código de Minería que fijan los plazos y las superficies máximas que puede retener una empresa. La Dirección Nacional de Minería y Geología no lo fiscaliza y ha permitido que sea una práctica habitual.
 
La compra y venta de títulos mineros es propicia para acciones especulativas de diverso orden, inclusive el simple lavado de dinero de un fondo de inversión. Al alentar la especulación con nuestros recursos y privilegiar los intereses financieros, se sigue apostando a la posibilidad de realizar el proyecto de Aratirí o uno similar y se lesiona el desarrollo agropecuario.
 
Sea con Aratirí o con otra empresa, la minería metalífera a cielo abierto amenaza la integridad del territorio y de las culturas productivas del país por la destrucción definitiva del área de explotación y la grave afectación a los suelos y recursos hídricos. La única manera de evitarla es con una enmienda constitucional que prohíba esta actividad en todo el territorio nacional.
 
Ese es el objetivo de la campaña del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería para que se realice un plebiscito nacional con esa finalidad. Las 100.000 papeletas firmadas hasta ahora muestran la preocupación de la población al respecto y seguiremos recogiendo firmas.
 
Uruguay Libre de Megaminería
14 de agosto de 2015.