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viernes, 9 de febrero de 2018

La verdad de lo ocurrido




 El impacto generado en la opinión pública por el hecho de que Rentas Generales debió destinar 550 millones de dólares para subvencionar a la caja militar, generó que en las “redes” y otros ámbitos se desatara una campaña de mentiras sobre las leyes reparatorias que se aprobaron por parte de diferentes gobiernos luego del regreso a la democracia. Hablan de pensiones para los exiliados absolutamente falsas y descomunales. De los 550 millones de dólares que se destinan a la Caja Militar, el doble de los que se gasta en políticas sociales, 100 millones se destinan, además, mayoritariamente, a cubrir las jubilaciones de 1.500 oficiales de la dictadura militar. Son jubilaciones con beneficios enmarcados en una ley que fuera aprobada en 1974 en pleno "proceso" dictatorial. Lo primero a señalar es que las diferentes leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado fueron aprobadas por los gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti, por el Dr. Jorge Batlle y por el Dr. Tabaré Vázquez durante su primer mandato. Las más avanzadas, sin lugar a dudas, durante 2006 y 2009. Durante la presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera no se aprobóninguna ley de ese tipo. Durante el mandato de José Mujica se desarchivaron las causas que diferentes gobiernos habían amparado a la Ley de Caducidad y se aprobó la Ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para las graves violaciones a los DDHH. Pero no se aprobó ninguna ley de reparación. Auténticas leyes de resarcimiento Quienes estuvieron del lado de la dictadura o no sufrieron en carne propia y directa los estragos del terrorismo cívico militar, minimizan el dolor, el sufrimiento, las secuelas y hablan de beneficios inmerecidos, incluso de prebendas, al referirse a las leyes reparatorias. Los despidos arbitrarios, por razones gremiales, sindicales, culturales y políticas, la necesidad de vivir en la clandestinidad o de emigrar para preservar la libertad, la seguridad, para sobrevivir y salvar la vida, al igual que la prisión, asociada en Uruguay a la tortura y a las condiciones inhumanas de reclusión, en muchos casos por períodos prolongados de tiempo, la “libertad vigilada” con la obligación de presentarse semanalmente a firmar en las dependencias militares y policiales, generaron sufrimiento, físico, moral y psicológico, con secuelas profundas a corto, mediano y largo plazo a quienes lo padecieron. Además, destruyeron totalmente los proyectos de vida. En el caso de quienes estuvieron recluidos, se ha comprobado, tienen una mayor tasa de morbimortalidad que el resto de los ciudadanos y una menor expectativa de vida que el resto de los ciudadanos. Las leyes aprobadas son leyes de resarcimiento por los daños ocasionados por el Estado, por sus agentes y sus funcionarios a los ciudadanos. No son medidas gubernamentales de recompensa, por haber luchado, por haber combatido. Son resarcimiento por el daño ocasionado, de acuerdo a las normas internacionales de DDHH que Uruguay suscribió y que forman parte de nuestro sistema legal. Una nueva ley de reparación es apremiante Las leyes aprobadas fueron un gran avance, muy especialmente aquellos que se aprobaron en la primera presidencia del Dr. Tabaré Vázquez, en el camino de demostrar de manera efectiva, por parte de las autoridades, la solidaridad con los luchadores sociales y políticos. La vida ha demostrado que ellas presentaron grandes carencias, insuficiencias y omisiones. Al asumir su segundo mandato, el Presidente de la República creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) con el cometido, entre otros, de evaluar las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento y formularlerecomendaciones. En abril del año pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación. En la actualidad, dicho informe está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente por el Consejo de Ministros. Todos los ministros deberían manifestar su apoyo a las recomendaciones formuladas y sugerir que se las implemente. Es de estricta justicia. Es parte de los compromisos con la realidad y la superación del pasado reciente. A 33 años de retorno a la institucionalidad democrática, ya es hora. Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad. Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010. El proyecto de ley de Crysol: una auténtica alternativa Para avanzar, Crysol ya presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya dos años, con la responsabilidad con que siempre ha actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental. La propuesta presentada simplemente reformula las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. El grueso del trabajo ya está realizado. Es hora de concretar. En este 2018 debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno, hacer justicia con este grupo social de edad avanzada. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse a cabalidad en la vida. Las normas de DDHH son una conquista de los trabajadores, de los pueblos, de la humanidad. Apuntan a democratizar las democracias, a dignificarlas y humanizarlas. Hay que implementarlas para seguir avanzando.

 CRYSOL
 ------ Opinando N° 2 – Año 7 – Viernes 9 de febrero de 2018

viernes, 7 de agosto de 2015

Repudio generalizado del FA y organizaciones civiles a golpiza de jóvenes

Varios grupos piden al PIT-CNT que le quite el respaldo a José Lorenzo López

El Observador


Varios sectores del Frente Amplio emitieron un comunicado en conjunto en repudio a los hechos ocurridos el pasado 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que se dieron a conocer a partir de la difusión de un video en el que se muestra a unos 30 funcionarios reduciendo de forma violenta a dos jóvenes recluidos que estaban haciendo disturbios.

El documento fue impulsado por el sector Casa Grande y firmado también por Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, Nuevo Espacio, Juventud Socialista y por la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. En él se expresa que los trabajadores que participaron de las prácticas "violentas y abusivas" actuaron "por fuera del protocolo" y se exige que se atribuyan las responsabilidades que correspondan.

"Queremos respaldar la línea que se está siguiendo por parte de las autoridades del Mides, el INAU y el Sirpa para revertir esta grave situación de violencia institucionalizada. Dejando absolutamente en claro nuestra discrepancia con las acciones llevadas a cabo por Joselo López", recalca el comunicado.

Por otra parte, los sectores entienden que las reivindicaciones del PIT-CNT "mucho tienen que ver" con las aspiraciones de la fuerza política con respecto a una sociedad "integrada e igualitaria, sin la cual no habrá sociedad más segura". "Necesitamos un movimiento sindical que ayude a construir esa realidad y que se comprometa a terminar de una vez por todas con esas prácticas reñidas con los derechos humanos y con las lógicas corporativas de construir poder", agrega. Los firmantes concluyen que el proyecto de izquierda en cuando a la seguridad y la convivencia "debe estar sostenido por todas sus fuerzas populares y por principios sólidos de sensibilidad, ética y compromiso radical con los más vulnerables".

Por su parte, 45 legisladores frenteamplistas también decidieron repudiar las acciones "violentas" a internos, ya que las consideran que se llevaron a cabo de manera "totalmente injustificada". El grupo dio su respaldo al accionar de las autoridades, en particular a las denuncias presentadas ante la Justicia, y adelanta que también apoyará las decisiones que se tomen para "terminar con estas situaciones" en el Sirpa. "Estos hechos se tienen que terminar. La Justicia debe trabajar para juzgar a los
responsables", expresa el comunicado.

Los legisladores aseguran que acompañarán las medidas del gobierno para encontrar "mejores prácticas institucionales en las dependencias del Estado" así como también mejores condiciones de trabajo para que los funcionarios puedan desarrollar su tarea de forma "adecuada".

El texto fue firmado por Ernesto Agazzi, Óscar Andrade, Saul Aristimuño, Alfredo Asti, Patricia Ayala, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Andrés Berterreche, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Márcos Carambula, Felipe Carballo, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Catalina Correa, Leonardo De León, Darcy de los Santos, Óscar De Los Santos, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Luis E. Gallo, Macarena Gelman, Pablo González, Oscar Groba, Nelson Larzábal, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Ruben Martínez Huelmo, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Rafael Michelini, Sergio Mier, Orquídea Minetti, Constanza Moreira, Gonzalo Mujica, José Mujica, Manuela Mutti, Marcos Otheguy, Susana Pereyra, Darío Pérez, Daniel Placeres, Jorge Pozzi, Luis Puig, José Querejeta, Carlos Reutor, Silvio Ríos, Edgardo, Rodríguez, Carlos Rodríguez Galvez, Federico Ruiz, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Bertha Sanseverino, Mercedes Santalla, Víctor Semproni, Washington Silvera, Martín Tierno, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, y Stella Viel.

Al repudio se sumaron asimismo 15 organizaciones de la sociedad civil, que además condenaron la defensa de el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, a los funcionarios involucrados. Del mismo modo consideraron que la central sindical dio una "tibia respuesta" con respecto al hecho y le exigen a la central sindical que se posicione a favor de los derechos humanos y que le quite el respaldo a López.

"La violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión", describe, y luego agrega: "La mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e inadmisible. Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los delitos previstos en la ley penal (eso lo dirá la Justicia), pero no todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de conductas éticas se encuentran tipificadas como delitos".

Las organizaciones consideran que no fue justificable el hecho de que una "patota u horda de gente grande" se abalance contra dos jóvenes "que no oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie". "Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI es inaceptable éticamente. Una organización como el PIT-CNT no debería necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades, el dirigente Joselo López", enfatiza el texto, que fue firmado por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro cuidados, Accionar entre mujeres Guyunusa, Aire.uy, Agencia Voz y vos, Cire- Ciudadanías en Red, Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, El Paso, El Abrojo, Gurises Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana, MYSU, S A I - Arco Iris y Somos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, fue moderado al referirse al caso ayer luego del Consejo de Ministros: "Ojalá podamos superar situaciones de este tipo que no deberían ocurrir. Es una situación que obviamente todos los uruguayos vemos como negativa".

Por otra parte, la Institución de Derechos Humanos se unió a la decisión de la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, de radicar la denuncia ante la Justicia para que se investigue si hay o no ilicitudes en el modo de operar de los funcionarios.