Crímenes de la dictadura
Nicolás Celaya/adhoc fotos.
Un grupo de 60 académicos de varias partes del
mundo piden que en Uruguay se siga trabajando para "investigar, juzgar y
reparar las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que ocurrieron
entre junio de 1973 y agosto de 1985", período de la dictadura
cívico-militar, según publican en un comunicado.
Por este motivo, los expertos enviaron una carta abierta a los candidatos presidenciables Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou.
El comunicado indica que "el país ha recorrido un largo camino desde la reinstalación de la democracia y ha sido elogiado por sus logros en materia de Derechos Humanos, tomando la iniciativa de legalizar el casamiento de personas del mismo género, garantizando a las mujeres el derecho al aborto legal y seguro, y legalizando y regulando la producción, venta y consumo de marihuana".
Sin embargo, remarcan que "el legado de la dictadura aun es una 'cuenta pendiente' para la sociedad uruguaya y el país ha recibido duras criticas por sus escasos esfuerzos para investigar, juzgar y reparar las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que ocurrieron entre junio del 1973 y agosto 1985 que incluyeron el uso de tortura, persecución política y desapariciones forzadas".
Según escribe la Magister Juris por la Universidad de Oxford Lucía Berro Pizzarossa, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff señaló que "el Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidos".
Ante la falta de discusión del tema y su ausencia en las agendas de la campaña presidencial, sesenta académicos de distintos países organizados por la doctora Francesca Lessa, de la Universidad de Oxford, presentaron la carta a los presidenciables. Allí se solicita que el candidato que resulte electo se comprometa a adoptar estas prioridades como urgentes en su mandato:
1) Remover todos los obstáculos que bloquean la denuncia de violaciones de derechos humanos y el avance de los procesos judiciales en los tribunales sin más demoras injustificadas e indebidas.
2) Establecer un mecanismo oficial para investigar todos los crímenes de la dictadura –desde las desapariciones forzadas y la tortura, incluidas la violencia de género y violaciones contra mujeres y niños y los crímenes sexuales, y las ejecuciones sumarias, a la violación de los derechos laborales y de la libertad de expresión y los delitos económicos- y que abarque un universo amplio de todas sus víctimas.
3) Continuar progresando con el diseño y la implementación de políticas públicas de reparación integral para las víctimas, con reparaciones simbólicas y materiales, dirigidas a todas las diferentes categorías de víctimas. La reparación, que comprende el derecho a la verdad, como dijera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abarca no solo a las víctimas directas y sus familiares sino a la sociedad toda, que "tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad sobre lo que ha ocurrido…con el propósito de evitar una repetición de hechos similares en el futuro"
"Más allá de quien sea el candidato electo este domingo, el próximo gobierno tiene una oportunidad única de romper finalmente con la impunidad y de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa, que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro" finaliza.
El comunicado indica que "el país ha recorrido un largo camino desde la reinstalación de la democracia y ha sido elogiado por sus logros en materia de Derechos Humanos, tomando la iniciativa de legalizar el casamiento de personas del mismo género, garantizando a las mujeres el derecho al aborto legal y seguro, y legalizando y regulando la producción, venta y consumo de marihuana".
Sin embargo, remarcan que "el legado de la dictadura aun es una 'cuenta pendiente' para la sociedad uruguaya y el país ha recibido duras criticas por sus escasos esfuerzos para investigar, juzgar y reparar las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que ocurrieron entre junio del 1973 y agosto 1985 que incluyeron el uso de tortura, persecución política y desapariciones forzadas".
Según escribe la Magister Juris por la Universidad de Oxford Lucía Berro Pizzarossa, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff señaló que "el Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidos".
Ante la falta de discusión del tema y su ausencia en las agendas de la campaña presidencial, sesenta académicos de distintos países organizados por la doctora Francesca Lessa, de la Universidad de Oxford, presentaron la carta a los presidenciables. Allí se solicita que el candidato que resulte electo se comprometa a adoptar estas prioridades como urgentes en su mandato:
1) Remover todos los obstáculos que bloquean la denuncia de violaciones de derechos humanos y el avance de los procesos judiciales en los tribunales sin más demoras injustificadas e indebidas.
2) Establecer un mecanismo oficial para investigar todos los crímenes de la dictadura –desde las desapariciones forzadas y la tortura, incluidas la violencia de género y violaciones contra mujeres y niños y los crímenes sexuales, y las ejecuciones sumarias, a la violación de los derechos laborales y de la libertad de expresión y los delitos económicos- y que abarque un universo amplio de todas sus víctimas.
3) Continuar progresando con el diseño y la implementación de políticas públicas de reparación integral para las víctimas, con reparaciones simbólicas y materiales, dirigidas a todas las diferentes categorías de víctimas. La reparación, que comprende el derecho a la verdad, como dijera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abarca no solo a las víctimas directas y sus familiares sino a la sociedad toda, que "tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad sobre lo que ha ocurrido…con el propósito de evitar una repetición de hechos similares en el futuro"
"Más allá de quien sea el candidato electo este domingo, el próximo gobierno tiene una oportunidad única de romper finalmente con la impunidad y de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa, que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro" finaliza.
