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jueves, 21 de mayo de 2015

Desaparecidos: qué se busca en los legajos de la Justicia Militar



Una de las principales fuentes de información para conocer las circunstancias y los responsables de los desaparecidos en Uruguay durante el terrorismo de Estado son los legajos militares. La fuente de información existe y está en la órbita del Ministerio de Defensa, sin embargo no es fácil acceder a ella.

Actualizado: 21 de Mayo de 2015 | Por: Redacción 180

Desaparecidos: qué se busca en los legajos de la Justicia Militar 20a. Marcha del Silencio (Adhoc @Pablo Vignali)
Con base en un informe de Ricardo Leiva, de No toquen nada.
Así lo dijo a No toquen nada Faniana Larrobla, integrante del equipo de investigación de la Universidad de la República que trabajó en convenio con Presidencia en la investigación de las prácticas de terrorismo de Estado durante la dictadura.
“Los legajos son muy importantes y a veces no se accede a ellos o presentan dificultades. No tenemos conocimiento de que hayan sido destruidos porque tienen que estar para la jubilación y ese tipo de cosas. No conozco mucha la dinámica pero en los archivos administrativos hay mucho dato. Ahí hay un nudo evidentemente, por algo es una cosa de la que se habla todo el tiempo y hay dificultad. No hemos tenido dificultad con el Ministerio del Interior, por ejemplo”, afirmó a diferencia del Ministerio de Defensa.
La investigadora Fabiana Larrobla es parte del equipo de investigación de historiadores y antropólogos que en 2007 publicó el Libro Blanco que compila y sistematiza información sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La última actualización del trabajo fue publicada en 2011 donde se establece que hubo 175 casos entre personas desaparecidas en Uruguay y uruguayos desaparecidos en la región. De ellos hasta ese momento sólo 22 habían sido encontrados o identificados.
En los últimos años esos datos cambiaron. Hoy el equipo de investigación considera que los desaparecidos en dictadura fueron 192 (17 casos más). De ellos, 24 fueron encontrados o identificados (dos casos más).
La investigadora explicó por qué en los últimos años cambió el número de desaparecidos porque se incluyeron nuevas datos surgidos en Argentina y se corrigió algunos criterios de la Comisión para la Paz. Así se incorporaron nuevas denuncias recogidas en Argentina y el caso de Adriana Gatti cuyo cuerpo estuvo desaparecido seis años y finalmente apareció.
“Ese caso se había considerado entre los asesinados políticos y nosotros creemos que la desaparición forzada, más allá de que los cuerpos sean encontrados, no puede perderse como fenómeno”, explicó.
Galería de imágenes: Basta de impunidad. Vigésima Marcha del silencio.
De esos 192 casos que hoy se consideran detenidos desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en otros países de la región, la mayoría desaparecieron en Argentina. La historiadora Larrobla explicó que ese dato tiene lógica por los diseños represivos diferenciales que existieron en Uruguay y Argentina.
“(En Argentina) la apuesta represiva que se diseñó para llevar adelante los operativos fue el fenómeno de la desaparición forzada. No ocurría eso en Uruguay ni en otros países. En Uruguay, la tortura y la prisión política prolongada fueron la característica de la represión. También hubo asesinatos políticos. En Argentina hay desaparecidos a partir del año 1974 pero en los años 76, 77, 78 es cuando se da el mayor número de casos y está vinculado a operaciones contra organizaciones políticas uruguayas”, dijo Larrobla. “La gran mayoría de las desapariciones están vinculadas a operativos conjuntos de las fuerzas uruguayas y las argentinas contra esas organizaciones”, agregó.
Este dato (más de la mitad de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura fueron secuestrados o detenidos en Argentina) le da cierta lógica al hecho de que la mayoría de los 24 identificados hasta hoy sean casos de ese origen.
“Cuatro hallazgos en Uruguay y después identificación por ADN en algunos casos y en otros por huellas dactilares. Una cantidad considerable de detenidos desaparecidos eran dejados en la vía pública, la policía técnica de Argentina los encontraba, tomaba huellas dactilares y los enterraba como NN. Pasado el tiempo, los NN van a un osario común pero queda el registro de las huellas dactilares. Cuando comienza a funcionar la Comisión para la Paz se comienza a dar el tránsito de huellas dactilares y es cuando se empiezan a identificar”, explicó.
La primera investigación impulsada por Presidencia de la República en convenio con la Universidad, que fue publicada en 2007, tiene cinco tomos y reúne información de diversas fuentes. Allí figuran desde testimonios de testigos de las circunstancias en que personas fueron asesinadas o desaparecidas, pasando por documentos judiciales, documentos de archivos oficiales y no oficiales. La última actualización publicada de esa investigación es del año 2011.
Este martes Presidencia informó que realizará un nuevo convenio con la Universidad de la República y en el decreto que formalizó la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se anuncia que se hará especial hincapié en el acceso a archivos que todavía no se pudieron incorporar a la investigación.
Es probable que los legajos de los militares se puedan considerar dentro de esos archivos con información valiosa.
Según explicó Larrobla en su conversación con No toquen nada ese tipo de documentos, así como los expedientes de la Justicia Militar, suelen aportar datos importantes ya que, en esos casos se señala con nombre y apellido a los responsables en distintos momentos de distintas reparticiones y operaciones, más allá que no refieran al caso de desaparición sino a otro tema de la misma época.
En los expedientes de la Justicia Militar, “se dan los nombres, las unidades, se habla incluso de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y los nombres de quienes integraban ese órgano. Eso a veces no sucede en los documentos, frente al juez militar sí aparecen”, explicó.
Los desaparecidos
De los 192 casos de desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en la región la mayoría se concentran entre 1976 y 1978. Los primeros desaparecidos fueron Abel Ayala y Héctor Castagneto a manos del Escuadrón de la Muerte en 1971, antes del comienzo de la dictadura. Pero también hubo desaparecidos en la recta final del proceso. Larrobla contó cuáles fueron los últimos casos registrados de personas desaparecidas, ya entrada la década del 80.
Miguel Ángel Mato Fagián desapareció el 21 de enero de 1982 en un operativo represivo contra el Partido Comunista iniciado en setiembre de 1981. Omar Paitta y Félix Ortiz también fueron detenidos en 1981. También está el caso de Urano Miranda Feleintor, que fue detenido a fines de 1981 pero no se ha podido precisar la fecha exacta de su desaparición.
De los casos que hasta hoy se consideran como desaparecidos, 149 son hombres y 43 mujeres. La mayoría tenía entre 20 y 30 años en el momento de su desaparición, otros tantos rondaban los 40 años. Muy pocos casos tenian la edad del maestro Julio Castro que desapareció a los 68 años.
Las fotos de los desaparecidos encabezando la marca de los 20 de Mayo desde hace 20 años, se convirtieron en la imagen emblemática de las víctimas de la dictadura.
Según Larrobla, existió en Uruguay en la década del 90 una construcción simbólica en torno a la figura de los desaparecidos que condensa la imagen de las víctimas pero también tiene por detrás a otros miles de víctimas directas de la represión de la dictadura que no tienen tanta visibilidad.
“El fenómeno de la desaparición forzada es tan terrible que casi no hay palabras para definirlo. El impacto es brutal sobre la sociedad y la familia y es aquello que casi no se puede describir. Me parece que se apela a eso porque además había niños. Estaba muy en boga la teoría de los dos demonios y los reclamos parecían ser censurados porque desde la otra parte no había nada de qué quejarse. Es una teoría que todavía continúa, a veces”, dijo.
Dentro de las víctimas directas de la dictadura están las decenas de asesinados políticos, pero también miles de procesados por la justicia militar y muchos miles más de personas que estuvieron detenidas por períodos más breves de tiempo sin ser juzgadas.
Un detalle importante es que, al igual que sucede con los desaparecidos, no se puede hablar de datos definitivos en el caso de los asesinados políticos.
“No había sistematización de los datos y hay algunos en los que no hemos podido tener todavía documentación que nos permita saber en qué circunstancias ocurrió la muerte. En principio entre 1973 y 1985 hubo 124. Y entre 1968 y 1973 hubo 85. Después, en cuanto a la prisión prolongada, hay aproximadamente 5.000 procesados por la Justicia Militar y sabemos por documentación oficial de la OCOA en algún momento hubo cerca de 25.000 personas que fueron en algún momento de su vida detenidas y luego liberadas sin pasar por la Justicia Militar. Esto quiere decir que pudo pasar un mes, dos meses, tres días, en los cuarteles, donde se aplicaba la misma lógica: detención, tortura, aislamiento”, afirmó.

Resolución de Vázquez reabre el debate sobre gobierno de Pacheco

                                   Aroxta

Expresidente Batlle lo acusa  de “pretender cambiar la historia por decreto”

El decreto del presidente Tabaré Vázquez —que creó una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos a partir de 1968— reabrió un debate histórico sobre el nivel de democracia del gobierno de Jorge Pacheco Areco .
[source: imgur.com]


VALERIA GILjue may 21 2015

El País

El clima estaba enrarecido en 1968. A la violencia de la guerrilla tupamara, se sumaban las manifestaciones de estudiantes en la calle y una situación económica marcada por la suba de precios. "Se veía que el país venía en un declive importante", dijo a El País el historiador Benjamín Nahum.

"Pacheco Areco decidió gobernar con medidas prontas de seguridad, que alguna vez el Parlamento decidió levantar por ser su potestad; pero al día siguiente el presidente las volvía a implantar", dijo Nahum. Para el historiador, "el gobierno de Pacheco Areco tenía muy poco de democrático, a pesar de que hay gente que dice que la guerrilla se levantó contra un gobierno democrático".

En el Frente Amplio sostienen que el deterioro de la democracia se inició con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, en 1968. El expresidente Jorge Batlle y militares retirados salieron ayer a marcar sus discrepancias con el decreto de Vázquez.

El exsenador frenteamplista y abogado especializado en derechos humanos, Óscar López Goldaracena, dijo a El País que la "actuación ilegítima del terrorismo" comenzó a partir del 68 con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, y consignó que esto ya fue reconocido en la ley 18.596, de reparación a las víctimas de la acción ilegal del Estado.

En la misma línea, el diputado Luis Puig (PVP) señaló a El País que "la represión comenzó bastante antes de la disolución de las cámaras. Comenzó cuando se gobernaba por decreto", dijo, en referencia a las medidas prontas de seguridad aplicadas en 1968 por Pacheco Areco.

Para el presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, Gastón Grisoni, la decisión del gobierno de crear una comisión que investigue todas las violaciones de derechos humanos "es un paso válido, y la fecha que se toma para eso, es la fecha real en la que el Estado de Derecho se empezó a deteriorar".

Grisoni dijo que antes del golpe de Estado —del 27 de junio de 1973— hubo "persecución sindical y episodios de tortura". Por el decreto de Vázquez, indicó que se podría avanzar en la aclaración de la primera desaparición de un estudiante (Abel Ayala), registrada en 1971.

A su vez, señaló que se podría llegar a resolver el asesinato del estudiante de Agronomía, Héctor Castagneto, que fuera detenido el 17 de agosto de 1971, tal como fue denunciado penalmente por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
"Grave error".

Batlle dijo a El País que el decreto para investigar la violación de los derechos humanos —a partir del gobierno de Pacheco Areco— "señala una total desviación de poder de parte del presidente de la República".

"El gobierno de Pacheco Areco actuó dentro de la ley. Dentro de lo establecido por la Constitución de la República, contrariamente a lo que ha dicho el Frente Amplio, cuando sostuvo que lo político es más importante que lo jurídico. En el caso de este decreto, hay una violación del presidente Váz-quez de la categorización como un tiempo ilegal e ilegítimo del gobierno del señor Pacheco Areco", opinó.

El expresidente colorado sostuvo que se puede discre-par con las medidas prontas de seguridad, porque también desde el Partido Colorado se han cuestionado, pero afirmó que "son recursos constitucionales".

Batlle acusó a Vázquez de "pretender cambiar la historia por decreto" y aseguró que esa actitud de querer investigar desde 1968 "invalida" el discurso que brindó en su asunción el 1° de marzo frente a la Asamblea General.

A su vez, el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, manifestó su discrepancia con la fecha que establece Vázquez para iniciar las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos.

"Para averiguar, hay que averiguar todo, y esto empezó en 1962, con la actuación de la guerrilla tupamara. Acá lo primero es lo primero, y alguien lo empezó en el 62. Creo que como siempre, a mi juicio, falta un pedazo", dijo a El País.

Cedrez concluyó que "las cosas no terminan de aclararse, porque las partes no terminan de hacer su autocrítica".

Y en ese sentido, reclamó que la autocrítica sea realizada por el "poder político", ya que según afirmó, a los militares no les corresponde, porque fueron "servidores públicos mandados a combatir una organización delictiva".
"Son enfermitos y unos mentirosos"

El ministro de Defensa y ex guerrillero tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, es blanco de críticas en el Frente Amplio y las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura. Sin embargo, el gobierno no piensa removerlo, dijo el vicepresidente Raúl Sendic.

Ayer, justo en el día que se realizó la vigésima Marcha del Silencio por el centro de Montevideo, Fernández Huidobro tildó a las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos de "intoxicantes", "mentirosos" y "enfermitos".

"Están mintiendo descaradamente, porque nosotros hemos estado enviando información que nos han pedido. Son insultos lo que me dicen (...). Todos los que permanente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares son enfermitos y enfermitas", señaló Fernández Huidobro.

Además aclaró que pese a que el cargo de ministro "es el más perecedero", no tiene pensado dar ningún paso al costado. Asimismo, sostuvo que "el golpe de Estado en realidad fue civil. Lo dirigió una embajada extranjera con gente de trajes de alpaca y perfumería francesa, todos civiles recontra civiles".

El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a El País que el ministro de Defensa "ha sido un obstáculo permanente para las investigaciones. Ahora tendrá que cumplir con las órdenes que le imparta el presidente (Tabaré) Vázquez y de lo contrario tendrá que dar un paso al costado".

Consultado sobre los calificativos que usó Fernández Huidobro, Grisoni sostuvo que "el ministro habla demasiado. Como dijo el doctor (Jorge) Da Silveira en relación con un jugador de fútbol: creo que el ministro tiene un problema con el alcohol y se desboca".

Pese a la polémica instalada en torno a Fernández Huidobro no está planteada su remoción. "No comparto el planteo del ministro, pero no creo que se remueva, es una responsabilidad del presidente, pero no creo que lo vaya a hacer", dijo Sendic.
Información oficial: 85 muertos y asesinados desde 1968 y 192 desaparecidos desde 1971

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que depende de la Presidencia de la República, presenta información sobre distintos casos ocurridos desde 1968 y hasta el 27 de junio de 1973 y a partir de esa fecha y hasta el final de la dictadura, que incluyen 85 muertos y asesinados políticos, entre los que hay miembros del MLN-Tupamaros que cayeron en enfrentamientos.

La Secretaría también detalla una lista de 192 detenidos desaparecidos. Entre los casos hay algunos como los del maestro y periodista Julio Castro y del militante del Partido Comunista, Ubagesner Cháves Sosa, cuyos restos fueron en contrados. Julio Castro desapareció el 1° de agosto de 1977, en tanto la desaparición de Chaváves Sosa ocurrió el 28 de mayo de 1976.

Entre los detenidos desaparecidos la Secretaría enumera casos ocurridos, a partir de 1971, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de militantes del MLN-Tupamaros, PVP, Partido Comunista, GAU, Vanguardia Comunista, Montoneros, Tendencia Marxista Revolucionaria, Cristianos por la Liberación, Fidel, ERP-PRT, Resistencia Libertaria, Poder Obrero y militantes del ámbito sindical.

De los 192 casos de detenidos desaparecidos, 38 ocurrieron en Uruguay, en tanto la mayoría se produjo en Argentina. Los informes también se refieren a los casos de personas asesinadas que aparecieron flotando en las costas de Uruguay, en los años de la dictadura. Un listado menciona los restos que pudieron ser identificados y también los que permanecen como N.N. u Los informes de la Secretaría indican que en el periodo de la dictadura hubo 101 personas muertas como consecuencia de acciones represivas y puntualiza que el total de muertos llega a 124, ya que incluye a personas detenidas antes del Golpe de Estado. Señala que entre 1971 y antes del Golpe de Estado, hubo 23 muertos (uno en 1971, 20 en 1972 y 2 antes del 27 de junio de 1973.


MARCHA

Denuncian violación de laicidad en Udelar


El diputado nacionalista Jaime Trobo denunció que se violó la “laicidad” en la Facultad de Agronomía, cuando a iniciativa del gremio de esa institución educativa se interrumpió una clase para proyectar un spot convocando a participar de la vigésima Marcha del Silencio, realizada ayer.

“Esta mañana (por ayer) en la Facultad de Agronomía, el gremio interrumpió las clases y los profesores lo admitieron y proyectaron un video convocando a la marcha de esta noche. Me consta, porque estudiantes de allí me hicieron saber eso y además me trasmitieron que no se quejan porque después hay represalias”, dijo Trobo.

El legislador sostuvo que el hecho constituye “una violación a la laicidad”, al promocionar “un acto público que no tiene nada que ver con el curso al que asisten los estudiantes”.

“Cada estudiante hace lo que le parece y si quiere ir a a la marcha va. ¿Pero por qué hay que someter a un individuo a esta presión?”, preguntó el legislador. En ese sentido, aseguró que los estudiantes que le denunciaron el episodio “están indignados”.

El aviso al que hace referencia es un spot elaborado por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay FEUU).

En el spot, que fue difundido en redes sociales, participan los actores Gabriel Calderón, Tamara Couto, los comunicadores Álvaro Carballo y Rafael Cotelo, el músico Alejandro Balbis y el exrector de la Universidad, Rodrigo Arocena.

Ayer a la marcha concurrieron el cantante argentino León Gieco, el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, y el refugiado Abu Wael Dhiab, ex recluso de la cárcel de Guantánamo. Por primera vez y por razones de salud no asistió Luisa Cuesta, figura emblemática de las organizaciones que nuclean a madres y familiares.