El Poder Judicial se fractura ante la manifestación silenciosa convocada para el miércoles por la muerte del fiscal
Francisco Peregil
Buenos Aires
14 FEB 2015 - 22:59 CET
El País de España
Carteles en Buenos Aires que refieren al 'caso Nisman'. / R. A. (AP)
El cadáver del fiscal Alberto Nisman
ha dibujado un retrato demasiado fiel de la Argentina actual: una
sociedad tan habituada a los crímenes y operaciones criminales de los
servicios secretos al servicio de la Casa Rosada que casi nadie cree que
Nisman se haya suicidado; una presidenta que primero habla en Facebook
de suicidio o de ¿suicidio? entre interrogantes y tres días después
sostiene la tesis del asesinato; una presidenta que utiliza el poder de
su cargo para escrachar a un diario, a la jueza que investiga la muerte
de Nisman, al informático que le prestó la pistola, al espía que
colaboraba con él…
Rafecas habrá tenido tiempo estos días de leer la denuncia de Nisman. Tras la muerte del fiscal, el Gobierno decidió levantar el secreto del sumario y publicar en Internet las 290 páginas del escrito. Desde el Gobierno se tachó a la denuncia de inconsistente y delirante, como si no hubiese sido escrita por un fiscal. Varios juristas reconocieron al diario La Nación que a la acusación de Nisman le costaría probar el delito de encubrimiento. Algunos de los periodistas más críticos con el Gobierno reconocían en público que la denuncia era más floja de lo que habían pensado, que aportaba pruebas no muy contundentes y se basaba demasiado en recortes de diarios. Pero Gerardo Pollicita ha estimado que hay suficientes indicios para sospechar que Cristina Fernández y los otros cometieron un delito. La mayoría de los dirigentes de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” del momento y apelaron a que la justicia continúe su trabajo.
Desde la Casa Rosada se vinculó al fiscal Pollicita con el dirigente opositor Mauricio Macri,
porque tuvo cargos en el club de fútbol Boca cuando Macri fue
presidente de la entidad. Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge
Capitanich, advirtió que la imputación de Pollicita forma parte de “una
estrategia de golpismo judicial activo”. El Gobierno es consciente de
que el próximo 25 de octubre se celebran elecciones presidenciales, que
Fernández no puede concurrir a ellas en un tercer mandato consecutivo y
que solo le quedan diez meses en la Casa Rosada. Pero la mandataria y
sus ministros insisten en la teoría del golpe de Estado y la
desestabilización, a pesar del escaso tiempo que les queda para entregar
el mando.
La muerte está dibujando el retrato de una clase política y judicial dividida casi por una raya. La raya parece marcarla la manifestación silenciosa del próximo miércoles. La oposición se ha sumado a ella. La presidenta, el pasado miércoles, habló por todos los canales de televisión rodeada de ministros y militantes que la animaban con sus cánticos. No mencionó a Nisman y al final del discurso dijo: “¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ‘viva la Patria’. Y a ellos, a ellos les dejamos el silencio”.
Dos días después Fernández fue imputada por el fiscal Pollicita. Y su respuesta llegó por Facebook el sábado por la mañana: “¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos”. El mensaje, una vez más, pintaba una raya entre “ellos” y “nosotros”.
La jueza y exesposa del fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado, aclaró esta semana en una audiencia abierta en el Senado que no es oficialista ni opositora y pidió “no seguir politizando” la investigación de la muerte de Nisman. Pero su petición parece casi utópica en el ambiente electoral que se respira ante las presidenciales de octubre. Cualquier gesto estará cargado de contenido político. Ni siquiera Arroyo Salgado podrá evitarlo. Ella no ha dicho si acudirá a la marcha del próximo miércoles. Pero haga lo que haga la raya está marcada. A un lado, los del “silencio”, “el odio, el agravio, la infamia”. Y al otro lado, los del canto y la alegría. Malos tiempos para matices.
Una presidenta, decíamos, que se presenta como víctima de una
operación donde la muerte de Nisman solo fue un medio para
desestabilizar a su Gobierno y que nunca expresa sus condolencias a la familia del hombre que la denunció;
un Gobierno tan enfrentado al grupo Clarín que el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, rompe ante las cámaras un ejemplar del diario; un
Poder Ejecutivo tan agresivo con un sector del Poder Judicial que tacha
de “golpistas” a los cinco fiscales que convocaron una marcha en
silencio para homenajear a Nisman el próximo miércoles, cuando se cumple
un mes de su muerte.
En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita, en quien recayó la
denuncia de Nisman tras su muerte, recogió el guante de su antecesor y
acusó el viernes a la presidenta, a su ministro de Exteriores, Héctor
Timerman, y a otros cargos y dirigentes oficialistas del mismo delito que ya les había incriminado Nisman:
encubrimiento de supuestos terroristas iraníes, sobre los que pesaba
una orden de busca de Interpol por la supuesta participación en el
atentado de la AMIA, que en 1994 terminó con la vida de 85 personas en
Buenos Aires. Ahora, será el juez Daniel Rafecas quien decida si ha de
darle curso a la investigación que solicita el fiscal. Rafecas acortará
sus vacaciones de verano austral para regresar el próximo miércoles.Rafecas habrá tenido tiempo estos días de leer la denuncia de Nisman. Tras la muerte del fiscal, el Gobierno decidió levantar el secreto del sumario y publicar en Internet las 290 páginas del escrito. Desde el Gobierno se tachó a la denuncia de inconsistente y delirante, como si no hubiese sido escrita por un fiscal. Varios juristas reconocieron al diario La Nación que a la acusación de Nisman le costaría probar el delito de encubrimiento. Algunos de los periodistas más críticos con el Gobierno reconocían en público que la denuncia era más floja de lo que habían pensado, que aportaba pruebas no muy contundentes y se basaba demasiado en recortes de diarios. Pero Gerardo Pollicita ha estimado que hay suficientes indicios para sospechar que Cristina Fernández y los otros cometieron un delito. La mayoría de los dirigentes de la oposición hablaron de la “gravedad institucional” del momento y apelaron a que la justicia continúe su trabajo.
La muerte de Nisman está dibujando el retrato de una clase política y judicial dividida casi por una raya
La muerte está dibujando el retrato de una clase política y judicial dividida casi por una raya. La raya parece marcarla la manifestación silenciosa del próximo miércoles. La oposición se ha sumado a ella. La presidenta, el pasado miércoles, habló por todos los canales de televisión rodeada de ministros y militantes que la animaban con sus cánticos. No mencionó a Nisman y al final del discurso dijo: “¿Saben qué? Y nos quedamos con el canto, nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ‘viva la Patria’. Y a ellos, a ellos les dejamos el silencio”.
Dos días después Fernández fue imputada por el fiscal Pollicita. Y su respuesta llegó por Facebook el sábado por la mañana: “¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos”. El mensaje, una vez más, pintaba una raya entre “ellos” y “nosotros”.
La jueza y exesposa del fiscal Nisman, Sandra Arroyo Salgado, aclaró esta semana en una audiencia abierta en el Senado que no es oficialista ni opositora y pidió “no seguir politizando” la investigación de la muerte de Nisman. Pero su petición parece casi utópica en el ambiente electoral que se respira ante las presidenciales de octubre. Cualquier gesto estará cargado de contenido político. Ni siquiera Arroyo Salgado podrá evitarlo. Ella no ha dicho si acudirá a la marcha del próximo miércoles. Pero haga lo que haga la raya está marcada. A un lado, los del “silencio”, “el odio, el agravio, la infamia”. Y al otro lado, los del canto y la alegría. Malos tiempos para matices.
