En las últimas semanas ha tenido bastante repercusión el fenómeno que por comodidad llamaré “de los indignados” del Frente Amplio. Numerosas voces se alzaron para expresar su enojo, su decepción y su rabia ante lo que consideran un mal manejo de la política partidaria, y en ese despliegue pasan la cuenta por asuntos que van desde la mala gestión de los dineros públicos (el escandaloso déficit de ANCAP) hasta la indecencia de algunos dirigentes que dicen mentiras (el aun más escandaloso affaire de la licenciatura de Sendic y algún otro caso que se destapó después), pasando por la penosa exhibición de ambiciones personales, apego a los cargos e indiferencia a los reclamos de los independientes, sin olvidar el autoritarismo que impide la crítica y tanto corta cabezas como amputa dedos acusadores.
Como creo que es no sólo sano sino imprescindible ser crítico con quienes administran lo que es de todos (y ese derecho se transforma en deber cuando, además, se trata de los propios; los que uno eligió para hacerlo), quisiera hacer algunos aportes que creo que podrían servir para darles a tanto enojo y tanta decepción un marco político más concreto y menos pegado a las cuestiones personales o afectivas.
En 2011 fue promulgada la Ley 18.795, de promoción a la inversión en vivienda de interés social (Livis), que declara “de interés nacional las mejoras del acceso a la vivienda de interés social”, tal como esta era definida por el artículo 26 de la Ley 13.728, promulgada en 1968 y que creaba el Plan Nacional de Vivienda. Ese artículo describía como “de interés social” a “cualquier vivienda definida como Económica o Media [...] así como aquella designada como ‘Núcleo Básico Evolutivo’”, estos últimos destinados a “atender situaciones de carencias habitacionales graves que requieran proveer en forma urgente una solución habitacional inicial”. Un recomendable artículo publicado el viernes en Brecha y firmado por Benjamín Nahoum repasa los resultados de la ley de 2011 y confirma que, lejos de haber servido para facilitar el acceso a la vivienda de los sectores sociales más apremiados por la necesidad, la ley sirvió para beneficiar a especuladores inmobiliarios y grandes empresas constructoras (alguno dirá que con eso se benefició también el sector de trabajadores de la construcción y hasta los trabajadores en general, porque si se mueve la economía se mueve el mundo; la lógica perversa de ese razonamiento ameritaría otra columna, porque en esta no voy a tener espacio). Nahoum hace una cuenta que no parece tan complicada: aun con los precios topeados para 25% de las viviendas construidas bajo el beneficio de la ley, y tomando en cuenta las condiciones favorables de acceso previstas por el sistema (una entrega de 10% y el resto financiado hasta a 25 años con una tasa de interés de 7%, según lo que ofrece el Banco Hipotecario), la cuota mensual para el que compre una vivienda de 159.000 dólares (valor tope para las de tres dormitorios, aunque recordemos que el tope es aplicable sólo a 25% de las unidades) sería de poco más de 1.000 dólares. 1.000 dólares mensuales (unos 30.000 pesos) que, de acuerdo a la ley, deben constituir como máximo 20% del ingreso de ese hogar, lo que establece el ingreso mínimo familiar para cumplir con el sueño de la casa propia en unos 150.000 pesos. No me extenderé sobre este asunto, aunque insisto en recomendar el artículo de Nahoum.
la diaria ha venido publicando algunos datos que surgen de fuentes oficiales y que muestran que durante los gobiernos del Frente Amplio las exoneraciones fiscales en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones (16.906) han facilitado, mediante renuncia fiscal, los negocios para toda clase de empresas, desde gigantescas transnacionales, como Lakler SA (subsidiaria de MOL, constructora del barco regasificador que está en veremos, exonerada por 356.632.500 dólares) o Movistar (telefónica competidora del Estado y beneficiada en 340.499.198 dólares) hasta emprendimientos locales más modestos dedicados a actividades tan variadas como la producción de huevos, el comercio de juguetes o la cría de ganado vacuno. Eso sin olvidar a la empresa Claro (de telefonía) -que está en juicio con el Estado-, ni a Monte Paz -productora de tabaco, el enemigo jurado del presidente Vázquez-, ni a Fripur, cuyo cierre dejó en la calle a casi 1.000 trabajadores (ver la diaria del 02/11/2016 y del 22/11/2016).
A estos números pueden y deben adjuntarse otros, como los que dicen que 500.000 uruguayos cobran menos de 15.000 pesos por mes trabajando 44 horas semanales, y los que muestran que el precio promedio de alquiler de una vivienda mínimamente digna supera, por lo general, ese salario.
Basta recorrer un poco Montevideo para ver que hay barrios en los que pululan los locales de comida que ofrecen delicias al paso anunciadas en adorables pizarroncitos escritos con tizas de colores, las tiendas de ropa, los gimnasios, los negocios de decoración y de artículos electrónicos, y que los ómnibus promocionan créditos de diversos colores para que los pobres puedan, ya no digo soñar con el acceso a ese mundo Disney de los más pudientes, sino, por los menos, con algún celular, un par de championes para el nene y una pizza con cerveza el viernes de noche. Y claro, con tapar algún agujero, porque el consumo es lindo también para el pobre, pero tiene la contra de que lo hace acumular deudas.
Si nos vamos a indignar, y yo creo que hay que indignarse, tal vez podríamos empezar por revisar esos números y preguntarnos si la política económica que rige nuestras vidas se condice con la política a secas; con la que alguna vez pensamos que tenía que servir para hacer justicia, porque si no, no servía para nada.
