Barrios atribuye
responsabilidades compartidas entre el Estado y los productores por
la demora en soluciones para la zona de Rocha.
Montevideo /
TodoElCampo- Se estima que las precipitaciones del pasado mes de
abril en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres dejaron más de
300 mil hectáreas anegadas y millones de dólares en pérdidas.
Sin embargo, no es
una situación nueva y desde comienzos del siglo pasado se buscan
soluciones para la compleja realidad. Si bien existe un plan para
contrarrestar las dificultades, aún no se ha implementado.
Para profundizar en el tema, TodoElCampo dialogó
Artigas Barrios, quien además de ser ex intendente de Rocha por el
Frente Amplio (2005-2015), fue productor arrocero y gerente de la
empresa Comisaco S.A., la cual gestiona la represa India Muerta.
Barrios apuntó que el tema está de nuevo en el tapete y hay personas que tienen la concepción de que es un problema fácil de solucionar. Lejos de ello, él cree que existen muchos actores involucrados y con intereses diferentes.
En la actualidad existe un proyecto aprobado que incluye como última etapa la contención de las crecidas del río Cebollatí, con previa limpieza y profundización los drenajes del Canal Andreoni (número Dos) hasta la laguna Merín. El objetivo de ese proyecto es aliviar el caudal de agua que va hacia el balneario La Coronilla, donde desemboca el canal, y en segundo lugar que su transcurso sea rápido para evitar las inundaciones. La etapa final del plan implica la construcción de un albardón paralelo al río Cebollatí en determinado tramo del mismo, que volcaría luego las aguas hacia el Estero de Pelotas, el cual también debe ser drenado y profundizado.
Barrios entiende que se habla de hacer el muro sobre el Cebollatí como una obra “muy simple y muy sencilla”, pero duda que sólo esa acción alcance. “Hay muros que se hicieron cuando se construyó la represa de India Muerta, en 1983, y que ahora esta creciente los rompió”. “Es decir, se pueden hacer cosas quizás con poca inversión, pero no nos van a asegurar que no pasen las cosas que han pasado”, dijo y acotó “para realmente tener seguridad, las inversiones son importantes”.
El proyecto general fue creado en la década de 1970 por la Comisión de la Laguna Merín, la cual dispuso, entre otras cosas, crear una represa aguas arriba del Paso de Averías en el río Cebollatí.
Para Barrios esa obra, a pesar de ser cara, “es fundamental”. Ejemplificó con la represa de India Muerta, que antes de las últimas inundaciones se encontraba vacía y ello evitó que la crecida llegara rápidamente a la zona de Barrancas y San Luis.
TRANQUERAS ADENTRO
Durante años productores de la zona han ejecutado obras particulares que naturalmente tratan de defender el interés de cada uno de ellos, dijo Barrios. Allí encontró una falla muy grande por parte del Estado, quien al “haber estado ausente” hoy “hay una cantidad de obras privadas que terminan cambiando los cursos de las aguas”, dijo.
Para solucionar el problema Barrios insiste en la generación de un trabajo integral y subrayó que el único capacitado para ello es el propio Estado. Asimismo, si hay productores dispuestos a aportar porque se ven beneficiados por la misma, desde luego que deben ser aceptados, dijo.
Igualmente, descalificó la realización del muro paralelo al Cebollatí como único recurso, así como desmintió que con U$S 2 millones, como estiman algunos particulares, se solucione el problema. Recordó que durante el gobierno de Jorge Batlle se efectuó el último proyecto de Regulación Hídrica y se comenzó la ejecución de la obra, que finalmente no se terminó. Ya en esos años se calculaba un costo de U$S 10 millones para evitar que el agua fuese a La Coronilla y que se anegaran todos los campos de la ribera del Canal Andreoni.
CANAL ANDREONI
El canal Número Dos se creó en 1895 por el ingeniero Luis Andreoni, con la finalidad de desaguar los bañados de San Miguel y las lagunas Negra y Blanca.
Según el ex intendente, durante la dictadura cívico-militar un grupo de productores tuvieron la iniciativa de retomar algunos proyectos creados por Martínez Bulla en la década del 40,y el gobierno de facto dispuso la actualización. “Había una convicción popular de que el canal Número Dos arreglaba todos los problemas de ésta zona”, dijo.
No obstante, luego de un análisis del proyecto, Barrios llegó a la conclusión de que el mismo sólo era para sacar aguas residuales y que la obra fundamental consistía en la construcción de la represa India Muerta y una gemela sobre el arroyo Sarandí de los Amarales. A ello, se le anexaba un canal en la ladera del cerro Los Ajos que recolecta toda el agua y lo vuelca al San Miguel, para que el canal Número Dos se haga del agua excedente de los bañados luego de las precipitaciones.
Se hizo el Canal Número Dos y en vez de volcar el agua por el San Miguel hasta la laguna Merín, como quería Martínez Bulla, se volvió hacia La Coronilla. “Y los problemas siguieron igual, salvo que se le agregó el problema de La Coronilla”, manifestó.
Recordó que luego de la obra del Canal, los productores que se encuentran aguas abajo aprovecharon el material retirado para la construcción del mismo y efectuaron muros. Sin embargo, uno de los muros se rompió en las últimas inundaciones y se tapó de agua toda la zona de Barracas. Respecto a ello, aseguró que no era la finalidad del canal retener el agua proveniente desde las partes altas del departamento, sino sacar los residuos.
LA CORONILLA
“El agua dulce que se va al océano es bastante relativo, porque hoy es agua que nosotros volcaríamos a la laguna Merín y no la utilizaríamos en nada”, indicó, en el hipotético caso que se finalizara el proyecto de Martínez Bulla. Apuntó que se debería retener el agua, y en ese contexto parece más importante un programa de represas para utilizarlas en el riego, que mandarla a la laguna Merín o al Océano. En ese sentido, coincide con el enfoque que hace al tema el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre. “Eso si traería tranquilidad y estabilidad para todas las tierras de aguas abajo de esas represas, evitaría las inundaciones y aseguraría que cuando hay seca, hay agua”, enfatizó.
Por lo tanto, si se hace la obra que salvaría el balneario La Coronilla, pero se traslada hacia la laguna Merín, cuando se produzca una sequía, “todos los campos allá arriba, salvo los que están en la costa de la laguna, van a tener el mismo problema que ahora. Salvo lo que están cerca de la represa India Muerta”, comentó.
Para Barrios es un tema complejo que no se puede tomar a la ligera y decir “hay que hacer una u otra”. Además, “no hay una cosa que sea claramente la primera. A lo mejor, hay algunas que son más fáciles que hacer que otras”.
¿QUÉ ARGUMENTOS HAY PARA NO HABER REALIZADO LAS OBRAS?
“No hay ningún argumento” para no haber hecho las obras, y si no se ha hecho, entre otras cosas es por “cuestión de recursos”. También aclaró que existe multiplicidad de miradas y las obras prioritarias para el departamento dependen de qué rochense la mire.
EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA EXPROPIACIÓN
Otro factor que está en juego es la individualización tanto del problema como de los beneficiarios, dijo el ex intendente. “Si el beneficio es colectivo, es difícil de individualizar quién tiene que aportar. Hay algunas de estas obras, como el Cebollatí, que pueden generar beneficios directos a intereses individualizables y entonces podría lograrse que aporten por el valor que adquieren sus bienes por lo que dejan de perder”, reflexionó.
Una de las razones más fuertes por la cual no se lleva adelante el Plan de Regulación Hídrica en 2007, que pretendía volcar el agua del canal Número Dos a la laguna Merín, fue la oposición de algunos productores. Al momento de limpiar y canalizar en los predios privados, sólo se logró acuerdo con un productor. El resto, se negó. Debido a ello, el Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) se vio obligado expropiar en las franjas, y ese proceso culminó recientemente y ya se licitó para la primera canalización.
Para Barrios la negativa de los productores es parte de “el juego de interés” de quienes se ven beneficiados y quiénes no. Dijo que cuando aparece “la mano del hombre a modificar, se empiezan a afectar derechos”. Entonces, comienzan los miedos de los productores por las consecuencias de las obras y si se les iba a inundar los campos.
Consultado sobre la llamativa demora de la expropiación de tierras para la obra, en relación con rutas nacionales, por ejemplo, señaló que el carácter de la obra no es igual y el interés social por una ruta nacional puede trascender fronteras. En el caso de la canalización, hubo que constatar qué productores efectuaron muros en sus predios que modificaban el trayecto natural de las aguas, para recién ahí expropiar.
Barrios manifestó que las pérdidas son cuantiosas y tiene una reacción en cadena que afecta a trabajadores y consumidores. Esas pérdidas de ganado, soja y arroz, que se estiman en U$S 50 millones, afectó a productores que dijeron “por aquí no pasa el canal”. Estamos en un “régimen donde la propiedad privada es inviolable, y si el propietario te dice que por aquí no pase: no se pasa”.
POSIBLES SOLUCIONES
Recientemente afloró una posible solución por parte de privados, quienes aportarían maquinaria y dinero para elaborar un albardón sobre el Cebollatí. El estudio realizado para el mismo, arrojó un costo de U$S 2 millones.
Para Barrios, es positiva la iniciativa de aportar cuando uno es beneficiario de una obra. Pero por otro lado, dijo que los estudios realizados son equívocos. A su entender, en primer lugar, el estudio realizado es para proteger determinada área y deja en descubierta otras. Si no se le efectúan los drenajes correspondientes, puede implicar que el agua termine por tapar todo el pueblo Cebollatí. Señaló que todo el proyecto original de ese albardón prevé un vertedero de aguas arriba del Paso Averías. “Esta creciente de ahora habría superado ese vertedero y se habría inundado”. “Es para algunas crecientes y habría que hacer drenajes en el Estero de Pelotas”, dijo, donde un privado bloqueó varias salidas.
Por otro lado, no cree posible que inundaciones que provocan pérdidas de U$S 25 millones se solucionen con U$S 2 millones.
Reconoció que en ese gran juego de intereses el “Estado es responsable, pero los vecinos de las zonas también”.
Barrios indica que se debe encontrar una solución integral, donde si se hacen los muros, también se desarrollen los drenajes correspondientes para evitar que esa agua perjudique a otros productores. Por ello, insistió que la obra se debe efectuar por completo y no en partes. Y, lamentablemente, al día de hoy el gobierno acordó con un solo productor.
Asimismo, en el hipotético caso que se llegara a un acuerdo, Barrios sugiere que se deben estudiar los números y saber qué productores van a aportar maquinaria o divisas. Entonces, allí el Estado aporta lo que resta y se solicita el aval técnico sin pasar por demoras. Ejemplificó que mientras en Norteamérica se estudia nueve meses la construcción de una mega obra y se construye en tres, acá se estudia tres meses y se construye en dos años.
Producción: Horacio Jaume
Redacción: Damián Musso Sosa
