Diario El Este
Casi trescientos sucesores del propietario original de Las Arenas de Valizas se congregaron para firmar un poder y poner en marcha la reivindicación de esa franja costera que reclaman como suya.
Las fotografías ilustran sobre la impactante reunión de los descendientes de Manuel Álvarez Olivera que tuvo lugar el domingo seis de marzo pasado en la ciudad de Castillos.
Tienen profusa prueba documental de la titulación y de que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental de Rocha han reconocido reiteradamente esa titularidad. Y afirman que no hubo acto alguno que haya determinado la transferencia de la propiedad al Estado.
La expropiación del año 1972 quedó sin efecto. Y, además, nunca se había pagado el precio. Un juicio de prescripción promovido por el Gobierno tuvo firme oposición de numerosos herederos. Y fue, finalmente, también abandonado por el Estado. Y desde ese fecha hasta ahora no han transcurrido los treinta años indispensables para adquirir por vía de prescripción.
En consecuencia, afirman los integrantes de la familia Olivera, esas tierras nunca dejaron de ser de su propiedad. Y han resuelto reunirse y comenzar los trámites judiciales para su recuperación.
El emprendimiento puede llegar a generar situaciones muy complicadas. Ya que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Departamental, aun admitiendo que no tenían ni tienen título de propiedad, sino meramente la posesión de un inmueble ajeno, hicieron varios fraccionamientos y vendieron muchos de los terrenos resultantes.
Hubo una venta muy importante de varias fracciones costeras al norte de Aguas Dulces, y barrios enteros de esta localidad y de Valizas fueron instalados sobre tierras que, al parecer, son de propiedad de los Olivera. Y no de los organismos estatales que las vendieron.
Estas son las tierras costeras que, como recordarán los lectores de El Este, intentó vender hace dos o tres años el Presidente Mujica. Quien luego se llamó a silencio y no habló más de la venta. Seguramente por haber sido advertido de que ese inmueble no es propiedad legítima del Estado.
Lo paradójico del asunto es que el mismo Gobierno que continuamente se queja de los numerosos juicios de prescripción existentes en la costa de Rocha por personas que pretenden derechos posesorios sobre bienes ajenos, abandonados por sus dueños, hace exactamente lo mismo con los bienes de la familia Olivera. Claro está, con la salvedad de que el Gobierno no recurre a testigos complacientes o lisa y llanamente mendaces, como ha sucedido en algunos casos muy sonados.
En Valizas y Aguas Dulces se ha extendido la preocupación entre aquellos que compraron terrenos de esos a la Intendencia de Rocha. Ya que, por lo visto, están próximos a enfrentar un juicio de reivindicación que puede terminar con el reconocimiento del derecho de los Olivera a los terrenos que esta gente ocupa.
Por si algún lío faltaba en la costa de Rocha, ha aparecido el de la familia Olivera. Fuentes gubernamentales – que han pedido discreción – informan que el Gobierno dispuso de esas tierras en la plena convicción de que los sucesores de Manuel Álvarez Olivera (a quien reconocen como propietario original de esos inmuebles) nunca emprenderían accionamientos para recuperarlas. Y eso, porque se trata de varios cientos de personas, muchas de ellas desconectadas entre sí.
Pero lo que se pensaba que nunca ocurriría, ocurrió. Y los Olivera se han juntado y se han puesto en marcha.
Algo que dará tema para muchas discusiones en los tiempos venideros.
