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miércoles, 11 de mayo de 2016

Partido Independiente pide que Uruguay active "clausula democrática" contra gobierno de Venezuela

El pasado 6 de diciembre de 2015 la ciudadanía venezolana expresó, sin lugar a dudas, su apoyo al Movimiento de la Unidad Democrática en la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Con un 56.22% (112 escaños) a favor de la MUD contra el 40.91% (55 escaños), la ciudadanía le concedió a la oposición la mayoría calificada, lo que le asegura los 2/3 de los votos en cualquier votación.
Este insoslayable apoyo popular es, también, una señal muy clara que emite el pueblo venezolano a la comunidad internacional. No se puede atribuir la actual mayoría en el Parlamento venezolano a los medios de prensa ni a una conspiración promovida por el imperialismo. Si en las condiciones adversas que se encuentra la ciudadanía de nuestra hermana Venezuela el resultado electoral ha sido tan claro, no nos cabe dudas que se debe a un rotundo rechazo a la política del gobierno que preside Nicolás Maduro, que debería sentirse aludido por dicha decisión.
Pero no sólo el presidente Maduro ha ignorado la voluntad popular que lo obligaría, en una democracia, a entablar un diálogo franco y respetuoso con el Poder Legislativo sino que ha ignorado las decisiones parlamentarias, como la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional votada el pasado 29 de marzo, a la que se ha opuesto, derivando hacia el Tribunal Supremo de Justicia la interpretación legal de dicha decisión.
Ante el inminente cambio de autoridades en el Poder Legislativo, el gobierno de Maduro envió a la Asamblea Nacional, una serie de nombramientos para la integración en distintas instancias del Poder Judicial, de modo que no hubiese relevos que escapasen a su control durante los próximos años. La Constitución de 1999 fijaba como procedimiento para llenar las vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia que los nombramientos fuesen propuestos por el Ejecutivo y refrendados por el Legislativo. Los doce jueces nombrados por Maduro fueron autorizados por el Parlamento en medio de las fiestas del pasado Fin de Año, cuando ya se conocía el resultado electoral, a pocos días que se produjese la asunción de la nueva mayoría parlamentaria. Son connotados militantes chavistas, de probada fidelidad al régimen, aunque sin idoneidad, haciendo del Poder Judicial un mero acompañante de las decisiones del gobierno.
El Partido Independiente sostiene que Venezuela viola el Protocolo de Ushuaia, que obliga a los Estados miembros del Mercosur a respetar y promover la vigencia de la democracia. El Protocolo de Montevideo, suscrito también por Venezuela expresa claramente que "la promoción, la defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales” son condición indispensable para pertenecer al acuerdo regional. La Comisión Interamericanas de Derechos Humanos insiste en que “uno de los objetivos  principales que tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de  la independencia de los jueces”, condición que no se observa en Venezuela.
En estos días, el Secretario General de la OEA, nuestro compatriota Luis Almagro, estudia la posibilidad de invocar la Carta Democrática para forzar a que los Estados miembros estudien la situación en Venezuela.
Ante estos antecedentes, la bancada del Partido Independiente exhorta a nuestro gobierno que asuma una posición enérgica en defensa de la vigencia de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, reclamando la activación de la cláusula democrática en MERCOSUR y UNASUR para suspender al gobierno venezolano en su participación de estos ámbitos internacionales en caso de no cesar en sus acciones de hostigamiento y persecución a los ciudadanos y a los legisladores legítimamente electos por la voluntad popular.


Pablo Mieres, Senador  
                                Iván Posada, Diputado
Daniel Radío, Diputado                                 Heriberto Sosa, Diputado