El pasado 6 de diciembre de 2015 la
ciudadanía venezolana expresó, sin lugar a dudas, su apoyo al Movimiento de la
Unidad Democrática en la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Con un
56.22% (112 escaños) a favor de la MUD contra el 40.91% (55 escaños), la
ciudadanía le concedió a la oposición la mayoría calificada, lo que le asegura
los 2/3 de los votos en cualquier votación.
Este insoslayable apoyo popular es,
también, una señal muy clara que emite el pueblo venezolano a la comunidad
internacional. No se puede atribuir la actual mayoría en el Parlamento
venezolano a los medios de prensa ni a una conspiración promovida por el
imperialismo. Si en las condiciones adversas que se encuentra la ciudadanía de
nuestra hermana Venezuela el resultado electoral ha sido tan claro, no nos cabe
dudas que se debe a un rotundo rechazo a la política del gobierno que preside
Nicolás Maduro, que debería sentirse aludido por dicha decisión.
Pero no sólo el presidente Maduro ha
ignorado la voluntad popular que lo obligaría, en una democracia, a entablar un
diálogo franco y respetuoso con el Poder Legislativo sino que ha ignorado las
decisiones parlamentarias, como la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional votada
el pasado 29 de marzo, a la que se ha opuesto, derivando hacia el Tribunal
Supremo de Justicia la interpretación legal de dicha decisión.
Ante el inminente cambio de
autoridades en el Poder Legislativo, el gobierno de Maduro envió a la Asamblea
Nacional, una serie de nombramientos para la integración en distintas
instancias del Poder Judicial, de modo que no hubiese relevos que escapasen a
su control durante los próximos años. La Constitución de 1999 fijaba como
procedimiento para llenar las vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia que
los nombramientos fuesen propuestos por el Ejecutivo y refrendados por el
Legislativo. Los doce jueces nombrados por Maduro fueron autorizados por el
Parlamento en medio de las fiestas del pasado Fin de Año, cuando ya se conocía
el resultado electoral, a pocos días que se produjese la asunción de la nueva
mayoría parlamentaria. Son connotados militantes chavistas, de probada
fidelidad al régimen, aunque sin idoneidad, haciendo del Poder Judicial un mero
acompañante de las decisiones del gobierno.
El Partido Independiente sostiene que Venezuela viola el Protocolo de
Ushuaia, que obliga a los Estados miembros del Mercosur a respetar y promover
la vigencia de la democracia. El Protocolo de Montevideo, suscrito también por
Venezuela expresa claramente que
"la promoción, la defensa y protección del orden democrático, del estado
de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales” son condición indispensable para pertenecer al acuerdo regional.
La Comisión Interamericanas de Derechos Humanos insiste en que “uno de los
objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, es
la garantía de la independencia de los jueces”, condición que no se
observa en Venezuela.
En estos días, el Secretario General de la
OEA, nuestro compatriota Luis Almagro, estudia la posibilidad de invocar la
Carta Democrática para forzar a que los Estados miembros estudien la situación
en Venezuela.
Ante estos antecedentes, la bancada del
Partido Independiente exhorta a nuestro gobierno que asuma una posición
enérgica en defensa de la vigencia de los derechos humanos y la democracia en
Venezuela, reclamando la activación de la cláusula democrática en MERCOSUR y
UNASUR para suspender al gobierno venezolano en su participación de estos
ámbitos internacionales en caso de no cesar en sus acciones de hostigamiento y
persecución a los ciudadanos y a los legisladores legítimamente electos por la
voluntad popular.
Pablo
Mieres, Senador
Iván Posada, Diputado
Daniel Radío, Diputado Heriberto Sosa, Diputado
Daniel Radío, Diputado Heriberto Sosa, Diputado
