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sábado, 12 de noviembre de 2016

Instalaron placa de la memoria en la base Boiso Lanza - Caras y Caretas


Se trata de la décima placa de este tipo.

La Comisión Especial de Reconocimiento y Reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado instaló una placa conmemorativa en la Base Aérea Boiso Lanza, en avenida Pedro de Mendoza. Allí funcionó un centro de detención, tortura, asesinato y desaparición entre 1972 y 1985.

La instalación de la placa se realizó en el marco de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.


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Instalaron placa de la memoria en la base Boiso Lanza - Caras y Caretas

jueves, 29 de septiembre de 2016

Organizaciones de DDHH pidieron reparación integral para víctimas de la dictadura y sus familiares 10 años de la aprobación de la Ley 18.033


http://ladiaria.com.uy
 
Hace 31 años que terminó la dictadura en Uruguay y, sin embargo, nuestro Estado no termina de saldar su deuda con las víctimas.
Ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo y en el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Ley Nº 18.033, de recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios de los ciudadanos que no
pudieron acceder al trabajo entre 1973 y 1985, representantes de la sociedad civil y de reconocidos organismos internacionales reclamaron la
distinción en el Estado entre una reparación económica y los derechos pensionales, por la inclusión de los ignorados en la ley así como de sus
cónyuges e hijos.
Invitados a comentar sobre las normas que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia desde la perspectiva de las normas de derechos humanos, todos los integrantes del panel coincidieron en que la
reparación es la principal materia pendiente. “Durante mucho tiempo se estableció que si se buscaba la verdad, había que sacrificar la
justicia, y, de la misma manera, se intentó crear un clima adverso para el concepto de reparación, aun cuando la historia universal revela de manera muy clara que no es así”, consideró el profesor Gerardo Caetano.


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10 años de la aprobación de la Ley 18.033 - la diaria

jueves, 14 de abril de 2016

Robo en Humanidades: Gavazzo y "Pajarito" eran dueños de firma de seguridad





Se inició una investigación administrativa para comprobar las
circunstancias del robo de material sensible acerca de desaparecidos en dictadura.
Los exmilitares presos por violación a los derechos humanos, Jorge "Pajarito" Silveira y Jose Nino Gavazzo, son los fundadores de la
empresa de seguridad encargada de la Facultad de Humanidades, de donde se robó material sensible de la investigación de desaparecidos.

Los ladrones amenazaron al grupo de antropólogos dejando un mapa con la dirección de cada uno de ellos.
Según informa Búsqueda, la casa de estudios inicia una investigación para determinar su hubo responsabilidades internas en el robo a antropólogos.
También se investiga el papel de la empresa Grupo Gamma, fundada en 1995 por los militares retirados, procesados por delitos de lesa humanidad.
La fuente de información es el Ministerio del Interior, señala Búsqueda.


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Robo en Humanidades: Gavazzo y "Pajarito" eran dueños de firma de seguridad - Subrayado

sábado, 3 de octubre de 2015

Allanan casa de exmilitar y hallan material relevante sobre Derechos Humanos




Un allanamiento en la casa del excoronel Elmar Castiglioni,
recientemente fallecido, permitió obtener documentación que podría revelar las circunstancias de la muerte del militante comunista Fernando Miranda, asesinado en 1975.


Se trata de un hecho que no tiene precedentes en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos en dictadura. A tales efectos, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad para investigar estos casos.

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Allanan casa de exmilitar y hallan material relevante sobre Derechos Humanos - Subrayado

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Militares habrían aportado información del Batallón 13





La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa), ha recibido unas 100 denuncias en su campaña
pública buscando datos y varias refieren al Batallón 13, donde se espera que próximamente se reinicien las excavaciones por parte del equipo de antropólogos.


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Militares habrían aportado información del Batallón 13

jueves, 17 de septiembre de 2015

martes, 2 de junio de 2015

A Fernández Huidobro ahora lo comparan con Amodio

TRAIDORES  
 

Algunos recuerdan que el hoy ministro de Defensa se rindió a los militares y sugieren que tiene cosas ocultas

El Observador

Conforme pasan los años, en el Frente Amplio se aceptó, y sobre todo lo propagó el Movimiento de Liberación Nacional–Tupamaros, que en su historia hubo dos traidores: Mario Píriz Budes y, sobre todo, Héctor Amodio Pérez. Ambos acusados de vender a sus compañeros a cambio de su libertad.
Pero el calificativo de “traidor” -en el caso de Amodio relativizado -luego de que este dio una entrevista a El Observador- por el expresidente José Mujica que dijo que no fue tan importante en la derrota del MLN) se volvió ahora contra uno de los líderes históricos de la guerrilla, señalado como un héroe en la década de los 80: el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. José Mujica, amigo y compañero en la guerrilla, confió en él para ocupar esa cartera y Tabaré Vázquez lo ratificó.
Pero en varias oportunidades las organizaciones de derechos humanos adviertieron que el ministro frenó investigaciones o colaboró poco en el esclarecimiento de crímenes ocurridos en dictadura (1973-1985).
No es la primera vez que desde la izquierda se le dice “traidor” a Fernández Huidobro, quien durante el periplo del MLN se distanció del líder histórico de la guerrilla, Raúl Sendic, que se negó a aceptar el planteo militar de una rendición incondicional que sedujo en los 70 al hoy ministro.
“¡Cómo será que a mí ya me decían traidor pero el que se mamaba o entraba y salía del cuartel libremente era Fernández Huidobro!”, comentó Amodio Pérez a El Observador cuando mencionó las posturas pro militares de Fernández Huidobro. "Sólo se sorprende quien no conoció al Ñato (apodo del ministro de Defensa) en sus años de guerrillero", explicó.
El jueves pasado, en un artículo del extupamaro Samuel Blixen titulado “La metamorfosis”, recordó en el semanario Brecha que Julio Marenales, otro histórico de los tupamaros, calificó de “traidor” a Fernández Huidobro cuando trascendió un informe militar donde aportó valoraciones sobre tupamaros refugiados en el exterior. Y remató su nota diciendo que la defensa de la teoría de los dos demonios “debe tener una explicación todavía oculta”.
La actuación de Fernández Huidobro en prisión; el hecho de que sus carceleros le permitieran salir de los cuarteles cuando estuvo detenido; su actual insistencia en defender a los uniformados; fijar la acusación en los civiles que actuaron en aquella época; y criticar a organismos que buscan saber qué paso con los desaparecidos, colocaron al ministro de la Defensa en medio de críticas de sectores del Frente Amplio que piden su renuncia.
El asesor del Ministerio de Economía, Alejandro Zavala, disparó nuevamente la polémica cuando el sábado escribió en su twitter que “Huidobro es el nuevo Amodio”, es decir, el nuevo traidor.
Entrevistado por El Observador TV, Zavala explicó que el ministro de Defensa no tiene derecho de insultar a militantes de izquierda y de Derechos Humanos que aún hoy reclaman por verdad y justicia y saber qué pasó con sus familiares.
“Hay personas que por su edad pueden dar causas por perdidas. Y eso le pudo haber pasado a muchos compañeros de la generación fundacional. Pelearon por muchas cosas y dieron otras batallas por perdidas. Uno lo puede entender. Pero eso es muy distinto a denostar a personas que reivindican la lucha y la causa. Ahí es cuando se pasa el límite. Pasamos de la discrepancia y opinar distinto; a pensar que el otro es un tarado y un infantil”.
Para Zavala, ahí está la traición de Fernández Huidobro, “no en abandonar la causa” sino “en descalificar, en denostar la movilización social del otro lado, en denostar las preocupaciones de  compañeros de izquierda. Él es un ministro de gobierno. Tiene que mantener cierto respeto con esos compañeros aunque tenga discrepancias, que yo no comparto, pero que obviamente puede tener. Eso, para el campo popular, es una sensación de traición”, afirmó.
El funcionario recordó que en 1989, cuando se sometió por primera vez a referéndum la ley de Caducidad, el hoy ministro de Vázquez “ponía granadas en las entrevistas de televisión”; luego el mismo Fernández Huidobro argumentó en el congreso del Frente Amplio en contra de incluir la derogación de la ley de Caducidad  porque se perderían y las elecciones; y ahora es el que “se enaltece de ser amado con los militares”, dijo Zavala.
Maria Topolansky, cuñada del presidente José Mujica, sin mencionar a nadie, también evocó “la traición” en filas tupamaras y lo hizo con un poema del exguerrillero Miguel Angel Olivera.
La posición actual del ministro llevó a las Redes Frenteamplistas, un grupo organizado demilitantes de izquierda, a manifestar ayer frente a la Torre Ejecutiva y presentarle una carta al presidente Vázquez pidiendo su remoción.
Mientras tanto, el ministro se defendió de sus detractores presentando números. Dijo que entre 2011 y 2015 se tramitaron en su cartera 237 oficios vinculados a causas de derechos humanos, de los cuales 211 tuvieron una respuesta y los restantes 26 están en trámite.

Cronología de enfrentamientos

2006

Extradición

El senador Eleuterio Fernández Huidobro se opuso a la extradición a Chile de tres militares investigados por el llamado caso Berríos, un químico de la dictadura de Pinochet que fue asesinado en Uruguay en 1995. Fue “un plan Cóndor al revés”, dijo.

2011

Renuncia

 Fernández Huidobro renunció a su banca en el Parlamento por estar en desacuerdo con el Frente Amplio en anular la ley de Caducidad que la población respaldó en un referéndum. Antes de renunciar, votó con el Frente por disciplina partidaria, dijo.

2013

Mariana Mota

La jueza Mariana Mota se enfrentó con Fernández Huidobro cuando se le impidió tomar fotos durante una inspección ocular en el Batallón de Infantería N° 13, y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Se denunció al ministro por desacato.

2014

Serpaj

El ministro de Defensa le dijo “imbéciles” a los miembros del Servicio Paz y Justicia (Serpaj)”. “Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”, afirmó el ministro al asegurar que no tiene datos sobre los desaparecidos.

2014

Cárceles

 Eleuterio Fernández apoyó la idea del expresidente José Mujica de sacar de las cárceles a los acusados de violaciones en la dictadura. Sacar a alguien de la carcel por edad o su estado de salud es algo que los abogados lo piden todos los días, afirmó.

2015

“Enfermitos”

Fernández Huidobro calificó de “enfermitos” a los integrantes de las organizaciones de derechos humanos que reclaman por los desaparecidos y afirmó que las Fuerzas Armadas son “estigmatizadas”. Algunos grupo del FA piden su remoción.

 

jueves, 21 de mayo de 2015

Desaparecidos: qué se busca en los legajos de la Justicia Militar



Una de las principales fuentes de información para conocer las circunstancias y los responsables de los desaparecidos en Uruguay durante el terrorismo de Estado son los legajos militares. La fuente de información existe y está en la órbita del Ministerio de Defensa, sin embargo no es fácil acceder a ella.

Actualizado: 21 de Mayo de 2015 | Por: Redacción 180

Desaparecidos: qué se busca en los legajos de la Justicia Militar 20a. Marcha del Silencio (Adhoc @Pablo Vignali)
Con base en un informe de Ricardo Leiva, de No toquen nada.
Así lo dijo a No toquen nada Faniana Larrobla, integrante del equipo de investigación de la Universidad de la República que trabajó en convenio con Presidencia en la investigación de las prácticas de terrorismo de Estado durante la dictadura.
“Los legajos son muy importantes y a veces no se accede a ellos o presentan dificultades. No tenemos conocimiento de que hayan sido destruidos porque tienen que estar para la jubilación y ese tipo de cosas. No conozco mucha la dinámica pero en los archivos administrativos hay mucho dato. Ahí hay un nudo evidentemente, por algo es una cosa de la que se habla todo el tiempo y hay dificultad. No hemos tenido dificultad con el Ministerio del Interior, por ejemplo”, afirmó a diferencia del Ministerio de Defensa.
La investigadora Fabiana Larrobla es parte del equipo de investigación de historiadores y antropólogos que en 2007 publicó el Libro Blanco que compila y sistematiza información sobre detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La última actualización del trabajo fue publicada en 2011 donde se establece que hubo 175 casos entre personas desaparecidas en Uruguay y uruguayos desaparecidos en la región. De ellos hasta ese momento sólo 22 habían sido encontrados o identificados.
En los últimos años esos datos cambiaron. Hoy el equipo de investigación considera que los desaparecidos en dictadura fueron 192 (17 casos más). De ellos, 24 fueron encontrados o identificados (dos casos más).
La investigadora explicó por qué en los últimos años cambió el número de desaparecidos porque se incluyeron nuevas datos surgidos en Argentina y se corrigió algunos criterios de la Comisión para la Paz. Así se incorporaron nuevas denuncias recogidas en Argentina y el caso de Adriana Gatti cuyo cuerpo estuvo desaparecido seis años y finalmente apareció.
“Ese caso se había considerado entre los asesinados políticos y nosotros creemos que la desaparición forzada, más allá de que los cuerpos sean encontrados, no puede perderse como fenómeno”, explicó.
Galería de imágenes: Basta de impunidad. Vigésima Marcha del silencio.
De esos 192 casos que hoy se consideran detenidos desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en otros países de la región, la mayoría desaparecieron en Argentina. La historiadora Larrobla explicó que ese dato tiene lógica por los diseños represivos diferenciales que existieron en Uruguay y Argentina.
“(En Argentina) la apuesta represiva que se diseñó para llevar adelante los operativos fue el fenómeno de la desaparición forzada. No ocurría eso en Uruguay ni en otros países. En Uruguay, la tortura y la prisión política prolongada fueron la característica de la represión. También hubo asesinatos políticos. En Argentina hay desaparecidos a partir del año 1974 pero en los años 76, 77, 78 es cuando se da el mayor número de casos y está vinculado a operaciones contra organizaciones políticas uruguayas”, dijo Larrobla. “La gran mayoría de las desapariciones están vinculadas a operativos conjuntos de las fuerzas uruguayas y las argentinas contra esas organizaciones”, agregó.
Este dato (más de la mitad de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura fueron secuestrados o detenidos en Argentina) le da cierta lógica al hecho de que la mayoría de los 24 identificados hasta hoy sean casos de ese origen.
“Cuatro hallazgos en Uruguay y después identificación por ADN en algunos casos y en otros por huellas dactilares. Una cantidad considerable de detenidos desaparecidos eran dejados en la vía pública, la policía técnica de Argentina los encontraba, tomaba huellas dactilares y los enterraba como NN. Pasado el tiempo, los NN van a un osario común pero queda el registro de las huellas dactilares. Cuando comienza a funcionar la Comisión para la Paz se comienza a dar el tránsito de huellas dactilares y es cuando se empiezan a identificar”, explicó.
La primera investigación impulsada por Presidencia de la República en convenio con la Universidad, que fue publicada en 2007, tiene cinco tomos y reúne información de diversas fuentes. Allí figuran desde testimonios de testigos de las circunstancias en que personas fueron asesinadas o desaparecidas, pasando por documentos judiciales, documentos de archivos oficiales y no oficiales. La última actualización publicada de esa investigación es del año 2011.
Este martes Presidencia informó que realizará un nuevo convenio con la Universidad de la República y en el decreto que formalizó la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia se anuncia que se hará especial hincapié en el acceso a archivos que todavía no se pudieron incorporar a la investigación.
Es probable que los legajos de los militares se puedan considerar dentro de esos archivos con información valiosa.
Según explicó Larrobla en su conversación con No toquen nada ese tipo de documentos, así como los expedientes de la Justicia Militar, suelen aportar datos importantes ya que, en esos casos se señala con nombre y apellido a los responsables en distintos momentos de distintas reparticiones y operaciones, más allá que no refieran al caso de desaparición sino a otro tema de la misma época.
En los expedientes de la Justicia Militar, “se dan los nombres, las unidades, se habla incluso de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) y los nombres de quienes integraban ese órgano. Eso a veces no sucede en los documentos, frente al juez militar sí aparecen”, explicó.
Los desaparecidos
De los 192 casos de desaparecidos en Uruguay y de uruguayos en la región la mayoría se concentran entre 1976 y 1978. Los primeros desaparecidos fueron Abel Ayala y Héctor Castagneto a manos del Escuadrón de la Muerte en 1971, antes del comienzo de la dictadura. Pero también hubo desaparecidos en la recta final del proceso. Larrobla contó cuáles fueron los últimos casos registrados de personas desaparecidas, ya entrada la década del 80.
Miguel Ángel Mato Fagián desapareció el 21 de enero de 1982 en un operativo represivo contra el Partido Comunista iniciado en setiembre de 1981. Omar Paitta y Félix Ortiz también fueron detenidos en 1981. También está el caso de Urano Miranda Feleintor, que fue detenido a fines de 1981 pero no se ha podido precisar la fecha exacta de su desaparición.
De los casos que hasta hoy se consideran como desaparecidos, 149 son hombres y 43 mujeres. La mayoría tenía entre 20 y 30 años en el momento de su desaparición, otros tantos rondaban los 40 años. Muy pocos casos tenian la edad del maestro Julio Castro que desapareció a los 68 años.
Las fotos de los desaparecidos encabezando la marca de los 20 de Mayo desde hace 20 años, se convirtieron en la imagen emblemática de las víctimas de la dictadura.
Según Larrobla, existió en Uruguay en la década del 90 una construcción simbólica en torno a la figura de los desaparecidos que condensa la imagen de las víctimas pero también tiene por detrás a otros miles de víctimas directas de la represión de la dictadura que no tienen tanta visibilidad.
“El fenómeno de la desaparición forzada es tan terrible que casi no hay palabras para definirlo. El impacto es brutal sobre la sociedad y la familia y es aquello que casi no se puede describir. Me parece que se apela a eso porque además había niños. Estaba muy en boga la teoría de los dos demonios y los reclamos parecían ser censurados porque desde la otra parte no había nada de qué quejarse. Es una teoría que todavía continúa, a veces”, dijo.
Dentro de las víctimas directas de la dictadura están las decenas de asesinados políticos, pero también miles de procesados por la justicia militar y muchos miles más de personas que estuvieron detenidas por períodos más breves de tiempo sin ser juzgadas.
Un detalle importante es que, al igual que sucede con los desaparecidos, no se puede hablar de datos definitivos en el caso de los asesinados políticos.
“No había sistematización de los datos y hay algunos en los que no hemos podido tener todavía documentación que nos permita saber en qué circunstancias ocurrió la muerte. En principio entre 1973 y 1985 hubo 124. Y entre 1968 y 1973 hubo 85. Después, en cuanto a la prisión prolongada, hay aproximadamente 5.000 procesados por la Justicia Militar y sabemos por documentación oficial de la OCOA en algún momento hubo cerca de 25.000 personas que fueron en algún momento de su vida detenidas y luego liberadas sin pasar por la Justicia Militar. Esto quiere decir que pudo pasar un mes, dos meses, tres días, en los cuarteles, donde se aplicaba la misma lógica: detención, tortura, aislamiento”, afirmó.

Resolución de Vázquez reabre el debate sobre gobierno de Pacheco

                                   Aroxta

Expresidente Batlle lo acusa  de “pretender cambiar la historia por decreto”

El decreto del presidente Tabaré Vázquez —que creó una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos a partir de 1968— reabrió un debate histórico sobre el nivel de democracia del gobierno de Jorge Pacheco Areco .
[source: imgur.com]


VALERIA GILjue may 21 2015

El País

El clima estaba enrarecido en 1968. A la violencia de la guerrilla tupamara, se sumaban las manifestaciones de estudiantes en la calle y una situación económica marcada por la suba de precios. "Se veía que el país venía en un declive importante", dijo a El País el historiador Benjamín Nahum.

"Pacheco Areco decidió gobernar con medidas prontas de seguridad, que alguna vez el Parlamento decidió levantar por ser su potestad; pero al día siguiente el presidente las volvía a implantar", dijo Nahum. Para el historiador, "el gobierno de Pacheco Areco tenía muy poco de democrático, a pesar de que hay gente que dice que la guerrilla se levantó contra un gobierno democrático".

En el Frente Amplio sostienen que el deterioro de la democracia se inició con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, en 1968. El expresidente Jorge Batlle y militares retirados salieron ayer a marcar sus discrepancias con el decreto de Vázquez.

El exsenador frenteamplista y abogado especializado en derechos humanos, Óscar López Goldaracena, dijo a El País que la "actuación ilegítima del terrorismo" comenzó a partir del 68 con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, y consignó que esto ya fue reconocido en la ley 18.596, de reparación a las víctimas de la acción ilegal del Estado.

En la misma línea, el diputado Luis Puig (PVP) señaló a El País que "la represión comenzó bastante antes de la disolución de las cámaras. Comenzó cuando se gobernaba por decreto", dijo, en referencia a las medidas prontas de seguridad aplicadas en 1968 por Pacheco Areco.

Para el presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, Gastón Grisoni, la decisión del gobierno de crear una comisión que investigue todas las violaciones de derechos humanos "es un paso válido, y la fecha que se toma para eso, es la fecha real en la que el Estado de Derecho se empezó a deteriorar".

Grisoni dijo que antes del golpe de Estado —del 27 de junio de 1973— hubo "persecución sindical y episodios de tortura". Por el decreto de Vázquez, indicó que se podría avanzar en la aclaración de la primera desaparición de un estudiante (Abel Ayala), registrada en 1971.

A su vez, señaló que se podría llegar a resolver el asesinato del estudiante de Agronomía, Héctor Castagneto, que fuera detenido el 17 de agosto de 1971, tal como fue denunciado penalmente por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
"Grave error".

Batlle dijo a El País que el decreto para investigar la violación de los derechos humanos —a partir del gobierno de Pacheco Areco— "señala una total desviación de poder de parte del presidente de la República".

"El gobierno de Pacheco Areco actuó dentro de la ley. Dentro de lo establecido por la Constitución de la República, contrariamente a lo que ha dicho el Frente Amplio, cuando sostuvo que lo político es más importante que lo jurídico. En el caso de este decreto, hay una violación del presidente Váz-quez de la categorización como un tiempo ilegal e ilegítimo del gobierno del señor Pacheco Areco", opinó.

El expresidente colorado sostuvo que se puede discre-par con las medidas prontas de seguridad, porque también desde el Partido Colorado se han cuestionado, pero afirmó que "son recursos constitucionales".

Batlle acusó a Vázquez de "pretender cambiar la historia por decreto" y aseguró que esa actitud de querer investigar desde 1968 "invalida" el discurso que brindó en su asunción el 1° de marzo frente a la Asamblea General.

A su vez, el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, manifestó su discrepancia con la fecha que establece Vázquez para iniciar las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos.

"Para averiguar, hay que averiguar todo, y esto empezó en 1962, con la actuación de la guerrilla tupamara. Acá lo primero es lo primero, y alguien lo empezó en el 62. Creo que como siempre, a mi juicio, falta un pedazo", dijo a El País.

Cedrez concluyó que "las cosas no terminan de aclararse, porque las partes no terminan de hacer su autocrítica".

Y en ese sentido, reclamó que la autocrítica sea realizada por el "poder político", ya que según afirmó, a los militares no les corresponde, porque fueron "servidores públicos mandados a combatir una organización delictiva".
"Son enfermitos y unos mentirosos"

El ministro de Defensa y ex guerrillero tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, es blanco de críticas en el Frente Amplio y las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura. Sin embargo, el gobierno no piensa removerlo, dijo el vicepresidente Raúl Sendic.

Ayer, justo en el día que se realizó la vigésima Marcha del Silencio por el centro de Montevideo, Fernández Huidobro tildó a las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos de "intoxicantes", "mentirosos" y "enfermitos".

"Están mintiendo descaradamente, porque nosotros hemos estado enviando información que nos han pedido. Son insultos lo que me dicen (...). Todos los que permanente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares son enfermitos y enfermitas", señaló Fernández Huidobro.

Además aclaró que pese a que el cargo de ministro "es el más perecedero", no tiene pensado dar ningún paso al costado. Asimismo, sostuvo que "el golpe de Estado en realidad fue civil. Lo dirigió una embajada extranjera con gente de trajes de alpaca y perfumería francesa, todos civiles recontra civiles".

El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a El País que el ministro de Defensa "ha sido un obstáculo permanente para las investigaciones. Ahora tendrá que cumplir con las órdenes que le imparta el presidente (Tabaré) Vázquez y de lo contrario tendrá que dar un paso al costado".

Consultado sobre los calificativos que usó Fernández Huidobro, Grisoni sostuvo que "el ministro habla demasiado. Como dijo el doctor (Jorge) Da Silveira en relación con un jugador de fútbol: creo que el ministro tiene un problema con el alcohol y se desboca".

Pese a la polémica instalada en torno a Fernández Huidobro no está planteada su remoción. "No comparto el planteo del ministro, pero no creo que se remueva, es una responsabilidad del presidente, pero no creo que lo vaya a hacer", dijo Sendic.
Información oficial: 85 muertos y asesinados desde 1968 y 192 desaparecidos desde 1971

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que depende de la Presidencia de la República, presenta información sobre distintos casos ocurridos desde 1968 y hasta el 27 de junio de 1973 y a partir de esa fecha y hasta el final de la dictadura, que incluyen 85 muertos y asesinados políticos, entre los que hay miembros del MLN-Tupamaros que cayeron en enfrentamientos.

La Secretaría también detalla una lista de 192 detenidos desaparecidos. Entre los casos hay algunos como los del maestro y periodista Julio Castro y del militante del Partido Comunista, Ubagesner Cháves Sosa, cuyos restos fueron en contrados. Julio Castro desapareció el 1° de agosto de 1977, en tanto la desaparición de Chaváves Sosa ocurrió el 28 de mayo de 1976.

Entre los detenidos desaparecidos la Secretaría enumera casos ocurridos, a partir de 1971, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de militantes del MLN-Tupamaros, PVP, Partido Comunista, GAU, Vanguardia Comunista, Montoneros, Tendencia Marxista Revolucionaria, Cristianos por la Liberación, Fidel, ERP-PRT, Resistencia Libertaria, Poder Obrero y militantes del ámbito sindical.

De los 192 casos de detenidos desaparecidos, 38 ocurrieron en Uruguay, en tanto la mayoría se produjo en Argentina. Los informes también se refieren a los casos de personas asesinadas que aparecieron flotando en las costas de Uruguay, en los años de la dictadura. Un listado menciona los restos que pudieron ser identificados y también los que permanecen como N.N. u Los informes de la Secretaría indican que en el periodo de la dictadura hubo 101 personas muertas como consecuencia de acciones represivas y puntualiza que el total de muertos llega a 124, ya que incluye a personas detenidas antes del Golpe de Estado. Señala que entre 1971 y antes del Golpe de Estado, hubo 23 muertos (uno en 1971, 20 en 1972 y 2 antes del 27 de junio de 1973.


MARCHA

Denuncian violación de laicidad en Udelar


El diputado nacionalista Jaime Trobo denunció que se violó la “laicidad” en la Facultad de Agronomía, cuando a iniciativa del gremio de esa institución educativa se interrumpió una clase para proyectar un spot convocando a participar de la vigésima Marcha del Silencio, realizada ayer.

“Esta mañana (por ayer) en la Facultad de Agronomía, el gremio interrumpió las clases y los profesores lo admitieron y proyectaron un video convocando a la marcha de esta noche. Me consta, porque estudiantes de allí me hicieron saber eso y además me trasmitieron que no se quejan porque después hay represalias”, dijo Trobo.

El legislador sostuvo que el hecho constituye “una violación a la laicidad”, al promocionar “un acto público que no tiene nada que ver con el curso al que asisten los estudiantes”.

“Cada estudiante hace lo que le parece y si quiere ir a a la marcha va. ¿Pero por qué hay que someter a un individuo a esta presión?”, preguntó el legislador. En ese sentido, aseguró que los estudiantes que le denunciaron el episodio “están indignados”.

El aviso al que hace referencia es un spot elaborado por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay FEUU).

En el spot, que fue difundido en redes sociales, participan los actores Gabriel Calderón, Tamara Couto, los comunicadores Álvaro Carballo y Rafael Cotelo, el músico Alejandro Balbis y el exrector de la Universidad, Rodrigo Arocena.

Ayer a la marcha concurrieron el cantante argentino León Gieco, el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, y el refugiado Abu Wael Dhiab, ex recluso de la cárcel de Guantánamo. Por primera vez y por razones de salud no asistió Luisa Cuesta, figura emblemática de las organizaciones que nuclean a madres y familiares.

lunes, 18 de mayo de 2015

Para Huidobro, el Frente Amplio participa de la "estigmatización" a los militares




En el acto conmemorativo del Día del Ejército y el 204° aniversario de la Batalla de las Piedras, el comandante del ejército, Guido Manini Ríos, dijo que los militares "piden que no se los humille" ni se los "desprecie con soberbia" por "prejuicios del pasado".

"En este país absolutamente nadie puede dudar de la total subordinación del Ejército Nacional al poder civil", puntualizó.

Asimismo, en conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, agregó que la "estigmatización" que sufren los miembros del cuerpo militar es "organizada", y advirtió que de eso participan tanto organizaciones sociales como sectores del Frente Amplio.

El acto se realizó este lunes en el estadio militar "Coronel Don Álvaro Gestido", el cual contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez.


domingo, 25 de enero de 2015

“Hay 240 causas” de la dictadura “paralizadas por inacción” oficial URUGUAY MIRADO CRÍTICAMENTE POR EL MUNDO JURÍDICO INTERNACIONAL.

  ENTREVISTA

Wilder Tyler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, considera que Defensa y la Suprema Corte frenan investigaciones

Lucía Núñez, especial para El Observador - 25.01.2015, 05:00hs.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que integra la ONU, publicó el lunes un informe sobre los pasos dados en la recuperación democrática y resolución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985), luego de que una misión de juristas estudió el caso uruguayo. Según el informe, Uruguay tiene un serio problema de derechos humanos “vista la forma como sus autoridades han abordado –sobre todo en el último período de gobierno–, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El secretario general de la CIJ, Wilder Tyler, habló con El Observador acerca de los resultados del informe.

¿Por qué estudiar el caso uruguayo?
Esta organización ha seguido el caso uruguayo por décadas. Hacía tiempo que no se hacía una misión, pero empezamos a recibir una serie de pedidos, sobre todo de familiares de desaparecidos y abogados en causas de este tipo, que nos dijeron que estaban pasando una serie de cosas raras. Después tuvimos las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que creó una conmoción porque estableció que no son crímenes de lesa humanidad los crímenes cometidos por la dictadura. Allí ya se empezó a generar un tanto de alarma. Este último episodio del ministro de Defensa (Eleuterio Fernández Huidobro) y las críticas a Serpaj, de alguna manera precipitó toda esta recepción sobre el tema.

¿Han tenido algún comentario sobre el informe por parte de las autoridades?
Aún no tuvimos respuesta del gobierno porque es muy reciente todo, pero nosotros vamos a tratar de seguir el diálogo. Yo creo que dentro de poco vamos a estar contactándonos con el gobierno del Frente Amplio para discutir, porque hay una legitimidad acá. Esta organización se preocupó durante muchísimos años por la suerte de las víctimas de la dictadura y nos parece importante ir ocupándonos ahora.

El informe trata de una nueva “tendencia de la inacción” a resolver los crímenes de la dictadura por parte del gobierno, ¿en qué consiste esta tendencia?
Se han notado cosas que vienen, sobre todo, de las autoridades más altas a nivel presidencial. Una cosa que yo presencié, fue que el presidente de la República (José Mujica) dijo en un reportaje televisivo que la Justicia tiene “un olor a venganza” al hablar sobre este tema. Cosa que también sorprendió mucho porque, básicamente, nosotros vemos que es necesaria la Justicia para que no haya venganza. También que no se pronuncien en absoluto sobre el tema de la verdad. Después de esfuerzos que se hicieron durante un tiempo, los resultados para saber lo que pasó con los desaparecidos han sido muy magros.

¿Cuáles son los principales obstáculos?
Por un lado, por el ministro de Defensa y la respuesta sistemática de que no existe información sobre ciertos temas, y que nos parece muy extraño porque las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo son bien conocidas por ser instituciones que registran todo. Esto aunado al tema de la SCJ que, enfrentada a situaciones de este tipo, toma opciones que son las más conservadoras posibles para cerrar estos casos. Tiene que quedar claro que, para este tema, cortes de Justicia de otros países muy cercanos al nuestro, como Argentina o Chile, hicieron opciones de justicia, no de impunidad. De alguna manera, esto pone a Uruguay en contravención de la normativa internacional, de la cual es parte.

¿Qué intereses podría tener el gobierno en la búsqueda de impunidad?
En primer lugar, hay una falsa apreciación del valor de este tema. Hay quienes dicen la impunidad trae o acarrea tranquilidad y armonía social, cosa que está probado que es incorrecto. La impunidad acarrea antagonismo a nivel social. Está clarísimo que este tema no se liquida por decreto. Si el tema sigue vigente es porque hay una necesidad de que algo no ha sido terminado. El tema de los desaparecidos es un tema que no se termina hasta que no se sabe lo que pasó. En segundo lugar, las personas que están a cargo de esto, el presidente y el ministro, quizá ven esto como un tema nada más entre aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado, digamos los tupamaros y las Fuerzas Armadas. Pero la verdad es que una enorme mayoría de las víctimas no estuvo involucrada en el conflicto armado, no fueron combatientes, sino que fueron víctimas civiles. Entonces, es incorrecto que se trate a todo el mundo como si hubieran sido combatientes. Los niños desaparecidos y las mujeres violadas, ¿de qué combatientes se nos habla? Es un tema en el que creo que hay una apreciación histórica muy equivocada de lo que fueron aquellos años.

Durante la investigación se habló con legisladores, ¿qué opiniones tienen al respecto?
Hubo diferentes versiones porque los investigadores hablaron con gente de todos los partidos políticos. No hablaron con la SCJ, no porque no quisieran, sino porque la corte no los recibió. A pesar de que se les pidió con anticipación, la corte dijo que estaba muy ocupada para hablar de estas cosas.

¿Se extrajo alguna cifra de la cantidad de casos resueltos y los que quedaron sin resolver?
Hay una veintena de militares procesados para miles y miles de casos de tortura. Hay alrededor de 240 causas judiciales que se han ido paralizando progresivamente en este último período como resultado de algunas de las sentencias de la SCJ, por inacción de los fiscales y también porque este tema necesita que haya cierta iniciativa política de parte del gobierno. Si el gobierno empieza a decir que “la Justicia tiene mal olor” está claro que se desalienta el fenómeno.

¿Considera paradójico que sea el Frente Amplio desde el gobierno y con Mujica de presidente quien realiza lo que ustedes denuncian?
No solo es paradójico porque Mujica está en el gobierno, sino también porque es un gobierno que ha hecho mucho en materia de derechos humanos en otros ámbitos: derechos de los niños, las mujeres, matrimonio igualitario. Hay una cantidad de aspectos en los que se han avanzado y, de alguna manera, rechina que sobre un tema tan pesado, tan cargado, tan enraizado en la conciencia del país y del debate nacional, adopten una posición de este tipo.

¿En qué sentido consideran la clemencia humanitaria (arresto domiciliario) como evidencia de la impunidad del gobierno?
Nos llama la atención que, justamente, sean los presos que están en mejores condiciones. Además, desde el Derecho Internacional, la clemencia incluso está considerando si el violador de derechos humanos ayuda a esclarecer el destino de la víctima. Pero está claro que en estos casos no se trata de gente que esté ayudando a esclarecer nada. Más bien que hay un acto mafioso de no decir qué fue lo que pasó. Suena muy raro este tema de pedido de clemencia para individuos que no tienen la más mínima consideración por sus propias víctimas.

¿Cómo es el vínculo del gobierno con las ONG involucradas?
El tema fue generado por el ataque contra Serpaj que tuvo un efecto conmovedor en mis colegas. Nos preocupó que no hubiera reprimenda pública sobre esto por parte del presidente porque el ministro de Defensa representa al Estado y al gobierno y además tiene bajo sus órdenes nada más y nada menos que la fuerza. La verdad, fue un exabrupto antidemocrático que nos dejó a todos muy perplejos.


¿Seguirán analizando el tema?
Nos interesa mucho hablar con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez porque su gobierno hizo muchos progresos en esta materia. Queremos alentarlos a retomar aquel espíritu de trabajo que fue tan importante en Uruguay.

martes, 30 de diciembre de 2014

Para Fernández Huidobro acusaciones fueron “un insulto

Eleuterio Fernández Huidobro y Roberto Caballero asisten a la reunión de ministros con Tabaré Vázquez. Foto: Pablo Vignali
Eleuterio Fernández Huidobro y Roberto Caballero asisten a la reunión de ministros con Tabaré Vázquez. Foto: Pablo Vignali

Como si nada

  Autoridades del FA conformes tras reunión. 

El equipo de Presidencia del Frente Amplio (FA) se reunió ayer con el titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Eleuterio Fernández Huidobro, para transmitirle el malestar que produjo en el ámbito del Secretariado de esa fuerza política las declaraciones que realizó sobre el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). El ministro había dicho que si Serpaj lo autorizaba a torturar, podría conseguir más información sobre los desaparecidos, y posteriormente calificó a los integrantes de la organización de derechos humanos como “imbéciles”, financiados por “fundaciones” de Estados Unidos cercanas a “grupos nazis”. También defendió la política de derechos humanos del gobierno y dijo que “todo lo que se encontró en Uruguay en materia de restos provino de información que se consiguió en las Fuerzas Armadas. Ninguna ONG de éstas consiguió nada”, comentó.
Al finalizar la reunión, que duró una hora y media y fue en la sede del MDN, la presidenta del FA, Mónica Xavier, manifestó que salió “muy conforme” con el resultado del encuentro, al que concurrió acompañada por los tres vicepresidentes de la fuerza política: Juan Castillo (Partido Comunista), Ivonne Passada (Movimiento de Participación Popular) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), y el secretario político del FA, Gerardo Rey. Si bien la reunión fue pedida al ministro, lo acompañaron el subsecretario Jorge Menéndez, el director general de Secretaría, Hernán Planchón, y el director de Asuntos Jurídicos-Notariales y Derechos Humanos, Roberto Caballero.

Reflexionar

En una carta divulgada ayer, más de 20 organizaciones sociales (entre ellas Serpaj, Familiares, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y Proderechos) y decenas de personas vuelven a cuestionar los dichos del ministro de Defensa. En la carta convocan al presidente electo, Tabaré Vázquez, “a reflexionar y volver a analizar su decisión de confirmar al actual ministro de Defensa en su cargo”. Sindicatos de la enseñanza pública convocaron a una manifestación hoy a las 19.00 frente al MDN, en reclamo de la renuncia de Fernández Huidobro.
“Queríamos trasladarle la preocupación y la crítica que había ocurrido en el Secretariado y el mensaje que varios frenteamplistas nos habían hecho llegar por el tono de la polémica”, informó Xavier. La presidenta del FA agregó que no cree que la polémica “no deba darse”, sino que “es bueno que en democracia” todos puedan expresarse y decir cómo ven “la interpretación de las políticas públicas”, pero “en un tema tan difícil como el de los derechos humanos”, la discusión “se estaba dando en un tono difícil”. Xavier dijo que Fernández Huidobro fue “muy claro” y que dijo sentirse “muy interpelado por las acusaciones”. También expresó que dialogaron sobre cómo el MDN trabaja “sin mayor prensa, porque la delicadeza de los casos hacen que se trabaje durante mucho tiempo confirmando pocas pistas y descartando muchísimas, y lo que se quiere preservar también es que esas fuentes puedan seguir dando información”.
Según contó Castillo, Fernández Huidobro dijo que fue “excelente” la iniciativa del FA de pedirle una reunión para “rendir cuentas, porque no todas las cosas se pueden hacer públicas porque entorpecen los avances”. Castillo agregó que el ministro “sintió como un insulto y un agravio al gobierno” las conclusiones del informe de Serpaj, y “reconoció que hizo declaraciones subidas de tono”.
Consultada sobre si se quería que el ministro pidiera perdón, Xavier respondió que “se trataba de dejar en claro que la fuerza política desea que este debate se realice en un tono de serenidad, respeto y de confrontación de ideas más que de calificativos”. En cuanto a la posibilidad de que Fernández Huidobro sea removido de su cargo, la presidenta del FA dijo que el titular del MDN “hoy es ministro de este gabinete, de esta administración” y que “lo que ocurra después del 1° de marzo será cuando haya otro presidente”. “Los hechos han ocurrido ahora, y lo mismo que le trasladamos a él se lo trasladados al presidente José Mujica y al presidente electo Tabaré Vázquez”, añadió. Pero aclaró que tanto al presidente actual como al futuro no les pidieron “ninguna revisión ni remoción”, sino que trasladaron “la preocupación por el tono con que se está dando la polémica sobre un tema tan delicado como el de los derechos humanos”.
Antes de la reunión, Fernández Huidobro utilizó su intervención en el Consejo de Ministros para realizar un “largo raconto de todas las acciones” llevadas adelante por el Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos. Así lo informó la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, luego de la instancia, quien además planteó la necesidad de respaldar al titular del MDN.

sábado, 27 de diciembre de 2014

" Fernández Huidobro y la mala memoria de la autodenominada izquierda" Escribe José Ariel Cardoso



Las tan controvertidas declaraciones de Fernández Huidobro dan para cortar mucha tela. El comentario inicial, una ironía, fuera de tono, quizá desubicada, inoportuna, pero ironía al fin, generó una bola de nieve que no para de crecer.
Da un poquito de asco el linchamiento al que mucha gente intenta aportar para sentirse un poco más defensor de los Derechos Humanos. Quien escribe, tiene buena memoria, y recuerda la lucha en contra de la impunidad que desde el semanario Mate amargo El Ñato llevó adelante desde sus brillantes artículos, sin jugar a la víctima, sin regodearse en el horror que sufrió. Aislamiento, torturas, y un encarcelamiento en las peores condiciones que se podían imaginar las estrechas mentes de los represores, fueron solo algunas de las atrocidades que sufrió El Ñato por sus acciones, que se medirán dependiendo del lado que se miren; pero solo personas sin alma y mal nacidas podrían justificar el sufrimiento al que se vio sometido, fuera de toda humanidad, de toda regla, de toda convención. Sin embargo nunca habló del horror sufrido, y al formar parte de la lucha que gran parte del pueblo uruguayo llevó adelante en contra de la impunidad, lo hizo con coraje, argumentos y una precisión que muy pocos lograban al argumentar.
Pero el voto verde fue derrotado por el miedo, por la complicidad de actores políticos que mucho tenían y tienen que perder si se conoce la verdad y con el apoyo incondicional de los medios de comunicación vinculados a los sectores de poder de este país.
Años más tarde, se volvió a consultar a la ciudadanía y ahí la fuerza mayoritaria, el FA, sopesó que no era conveniente unir la lucha por verdad y justicia con la continuidad en los sillones del poder, y la impunidad volvió a ganar, esta vez ayudada por la inoperancia, el desinterés y/o complicidad de gran parte de la dirigencia y votantes de la izquierda.
Y ahora qué patético, frente a la desafortunada ironía inicial del Ñato y las posteriores declaraciones, muchos de los que deliberadamente no hicieron campaña en contra de la impunidad salen a rasgar sus vestidos y a linchar al veterano, como si ellos fueran capaces de arriesgar siquiera una pequeña parte de todo lo que arriegó F.H. y pretenden convertirse en jueces.
Que no sean felices ni compartibles las manifestaciones del ministro, vale, pero quienes tenemos buena memoria recordamos que cuando la fuerza de izquierda pudo militar y decidir que el plebiscito en contra de la caducidad fuera abolida en las urnas, optó por no arriesgar la comodidad de las bancas y los privilegios que antes cuestionaban a los partidos tradicionales.
Qué triste que un torturador, en un remedo de defensa al ministro , utilice el hecho para justificar las atrocidades, que patético que salgan politicuchos del partido que promovió la impunidad a apuntar con el dedo al viejo luchador, pero mucho más triste que la autodenominada izquierda tenga tan poca memoria.

lunes, 22 de diciembre de 2014

SERPAJ a Fernández Huidobro: "..no seremos cómplices de silencios culpables"





 La organización no gubernamental. que ha desempeñado un papel considerado fundamental en la defensa de los derechos humanos en Uruguay en los  últimos 33 años, respondió al cuestionado ministro de Defensa Nacional.
Eleuterio Fernández Huidobro,confirmado en el cargo por el electo presidente Tabaré Vázquez, es hoy duramente cuestionado por militantes y organizaciones de defensa de los DDHH, militantes y dirigentes del Frente Amplio. En tal sentido se han expresado la senadora Constanza Moreira y el Partido Socialista.
Moreira aseguró que "las declaraciones del ministro no honran el compromiso del Frente Amplio con la causa de DDHH".
El comunicado del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) comienza con palabras del sacerdote fallecido "Perico" Pérez Aguirre,fundador de la institución e integrante de la denominada Comisión de la Paz convocada por el ex presidente Jorge Batlle cuando asumió su mandato.

“Pero si hemos vivido en un tiempo de silencios
culpables, no es bueno que nos volvamos
cómplices de ese espanto.”
Luis Pérez Aguirre


Lamentamos las declaraciones realizadas recientemente por el -actual y próximo- Ministro de Defensa Nacional, porque entendemos que las mismas desvían el eje de la discusión,
no dando respuesta a las exigencias de Verdad y mucho menos de Justicia. Además profundizan las interrogantes y preocupaciones sobre el contenido y forma de la política pública sobre verdad y justicia del próximo gobierno.

Promover y respetar las diferencias de opinión entre los actores de una sociedad es un bien propio de la cultura democrática; indispensable para promover la participación y consolidar una cultura de convivencia y tolerancia. Por eso desde el Servicio Paz y Justicia- SERPAJ celebramos todas aquellas instancias en que se promueve el intercambio respetuoso con los otros y las otras en espacios de articulación conjunta.

Desde sus inicios en 1981, nuestra institución impulsa los derechos humanos desde su dimensión ética y política. En sus treinta y tres años de historia hemos acompañado la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura
cívico-militar. Y lo hemos hecho con autonomía e independencia partidaria, señalando a cada uno de los gobiernos pos-dictadura sus obligaciones en la materia, pues es el Estado quien debe garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Reclamar avances es mantener la coherencia con la historia y el presente; como organización que trabaja por los derechos humanos.
Exigir verdad y justicia en el presente es continuar diciendo NO a la retórica y a la práctica del olvido, instaladas por el poder y el saber del terrorismo de Estado. Es desde la utopía
de una sociedad más justa que evocamos la memoria del horror, de la tortura y otras aberrantes formas de violencia estatal y por la que nuestra organización camina junto con otras, en la permanente búsqueda de la verdad.

SERPAJ agradece a todas las instituciones de la cooperación internacional** que han respaldado nuestra labor y nos han apoyado financieramente. La cooperación internacional llegó a nuestro país en los albores de la década de los ‘80, a través de
colectivos y personas militantes. Atribuir a estas instituciones y personas cometidos “imperiales” es desconocer que esos canales fueron los que permitieron que la solidaridad internacional se materializara en la colaboración con las víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado.

Por último, queremos agradecer el apoyo recibido en las últimas horas por sectores políticos, organizaciones, colectivos y personas.

Montevideo, 22 de diciembre de 2014.

**Agir Ensémble pour les droits de l'homme, Francia; A.J. Muste Memorial Institute, EEUU; Campaña de amigos y amigas de SERPAJ;
CIM- Centro Internacional para las Migraciones y el Desarrollo, Alemania; CMC - AMA, Holanda; Diakonia, Suecia; Emaús;Fundación Friedrich Ebert en Uruguay - FESUR;Fundación Mario Benedetti; Fundación Rosa Luxemburgo; Fondo Canadá para iniciativas locales, Embajada de Candadá en Uruguay; Fondo de Cooperación Británico, Embajada del Reino Unido en Uruguay; Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;Fondo de Cooperación de la Embajada de Suiza en Uruguay;Fondo de las Américas; Konrad Adenauer Stiftung - Oficina Uruguay, Alemania; Pan para el Mundo, Alemania; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina Uruguay; Solidarität mit SERPAJ, Austria; Tides Foundation, EEUU; Umverteilen Stiftung, Alemania; UNESCO París; Unión Europea, Delegación de la Unión Europea en Uruguay y Paraguay.