Proclama: Denuncian a Aratirí, UPM y al puerto de Rocha
En la séptima marcha en defensa de la
tierra y el agua abundaron críticas a Aratirí, la regasificadora, las
plantas de celulosa y el gobierno. Tampoco se libraron ANCAP por sus
planes de búsqueda de hidrocarburos y el puerto de aguas profundas.
JUAN PABLO CORREA
sáb oct 11 2014
El País
La marcha, en la que participaron unas 1.000
personas, comenzó en el Obelisco sobre las 18 horas y evitó la zona
cercana a la Universidad de la República donde se preparaba un estrado
para un acto de la lista 1001 del Frente Amplio.
Organizada por la Asamblea Nacional Permanente en
Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, recibió también el apoyo de
la FEUU, el sindicato de OSE, trabajadores de la caña de azúcar, el
Partido Ecologista Radical Intransigente y de grupos de izquierda
radical como Unidad Popular.
De hecho, la conocida activista Irma Leites, manejaba
un auto que iba abriendo la marcha. La seguían una docena de jinetes
(entre los que estaba el ex futbolista de Nacional, Diego Jaume) que
portaban banderas artiguistas, activistas de grupos de descendientes de
indígenas, productores rurales y militantes ambientalistas que cantaban
"Pepe, la tierra no se vende, la tierra se defiende". Se escucharon
algunos gritos contra "el Fraude Amplio", "los falsos progresistas" y
"los amigotes de Obama y las transnacionales".
Tres jóvenes militantes leyeron la proclama que cerró
la marcha en Plaza Independencia en la que se advertía que Aratirí
afectará con el mineroducto que planea construir hasta la costa
atlántica 3 ríos y 20 arroyos. "¿Roberto Kreimerman? (ministro de
Industria) tiene algo para decir?", preguntaba la proclama.
Los ambientalistas consideran que por su presión todavía no se ha firmado el contrato con la minera que quiere extraer hierro.
También hubo críticas al gobierno por haber
autorizado los embarques de madera en el puerto de La Paloma y por
evaluar la posibilidad de realizar "fracking" (fractura hidráulica) para
buscar petróleo en el norte del país en asociación con la empresa
estadounidense Shuepbach Energy.
Los ambientalistas entienden que esa técnica produce
sismos y contamina el agua subterránea. También rechazaron la
forestación, los cultivos transgénicos, el uso de agrotóxicos y las
plantas de celulosa; e incluso saludaron la presencia de grupos
ambientalistas de Gualeguaychú que se oponen a la planta de UPM.
La asamblea denuncia que el 40% del territorio
uruguayo ya pertenece a empresas extranjeras y que han desaparecido
12.000 explotaciones pequeñas. También sostiene que las empresas
multinacionales como las accionistas de Montes del Plata (Stora Enso y
Arauco) se benefician de exenciones impositivas y de privilegios
derivados del régimen de zonas francas.
En cuanto a la regasificadora la proclama señala que
ha afectado la actividad de los pescadores artesanales del oeste de
Montevideo.
