Rocha, 8 de marzo
del 2016.
En la Sesión de la
Junta Departamental del 7/3/2017, se recibió por el Plenario y en
Comisión General, a funcionarios judiciales que vinieron a explicar
la situación originada por la cuantiosa deuda que mantiene el
Gobierno Nacional con dicho Poder, por el incremento ocurrido en las
retribuciones salariales.
Bueno es recordar
que esa deuda se originó en las siguientes circunstancias: en el año
2011 en pleno gobierno del Sr. José Mujica, se dispuso equiparar los
sueldos de los Ministros de Estado, con los sueldos de los Senadores
de la República. Esto se debió a que había aproximadamente 12 ó
13 Senadores que se les designaba como Ministros de Estado y
percibían un sueldo que era inferior al que tenían como
legisladores (por supuesto que la diferencia no era de tal entidad
que pudiera poner en riesgo la satisfacción de sus necesidades por
parte de los Sres. Ministros). Por supuesto, que al hacerse tal
equiparación, ese Gobierno de tan triste memoria en cuanto a la
dilapidación de los dineros públicos, no tuvo presente que ello
significaba también la equiparación de los sueldos de los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia (que perciben el mismo sueldo que un
Ministro de Estado), y consecuentemente, el aumento del sueldo en un
21% de todos los sueldos de los funcionarios judiciales, incluidos
Actuarios, Jueces, Defensores de Oficio, etc. En definitiva, por
querer “arreglar” la situación de 12 ó 13, se terminó
aumentándoles los sueldos A MAS DE CINCO MIL FUNCIONARIOS. Esto ha
determinado que haya habido un juicio por el incumplimiento, una
Sentencia que ha quedado firme, y por tanto se ha generado una deuda
que actualmente supera los 60 MILLONES DE DOLARES, y todo ello sin
perjuicio del fuerte incremento salarial que ello ha generado con las
consecuencias pertinentes sobre el Presupuesto Nacional.
El Gobierno Nacional
en vez de predicar con el ejemplo y cumplir la Sentencia, pretende
“negociar” pagando menos de lo que corresponde. El mensaje es que
las Sentencias no hay necesidad de cumplirlas, sino que uno lo hace
si quiere. Realmente a contrapelo de todo lo que es nuestra
organización Institucional y muy especialmente en lo que refiere a
la separación de poderes, y al carácter de pilar básico del
Gobierno Republicano Democrático que ha sido establecido en la
Constitución de la República, luego de muchas luchas y sacrificios
de la sociedad uruguaya.
Sugestivamente, en
esta lucha que mantienen los funcionarios judiciales, no se advierte
un apoyo eficaz del PITCNT tan proclive a las movilizaciones, medidas
de lucha y demás actividad (por demás conocidas), muchísimas veces
justificadas, fundadas y apoyables, y otras muchas veces sin reales
fundamentos y en contra de los intereses reales de la población. Lo
que pasa es que el PITCNT en estas cosas es “socio” del Gobierno,
es el padre o madre del Frente Amplio y por supuesto, no quiere
exponer públicamente la circunstancia de que se pueda haber llegado
a la condición de tan mal administrador que ha sido y sigue siendo
dicho Partido, para con los dineros públicos que pertenecen a todos
nosotros.
Y completando esta
situación, la mayoría del Frente Amplio en la Junta Departamental,
se negó a que el tema se incluyera en el orden del día, luego de
que se escucharon los informes de los funcionarios judiciales. La
lógica obvia indica que si se escuchó a los funcionarios, era a los
efectos de que -con los elementos que aportaron- la Junta pudiera
debatir y eventualmente llegar a alguna posibilidad de gestión o
disposición que ayudara a la resolución de la situación. Pero
también es obvio que no quería el Partido de Gobierno, que toda
esta situación se ventile ante la sociedad, porque pone de
manifiesto la incapacidad, las incoherencias, el doble discurso y el
“verso” que el Frente Amplio ha expandido en la comunidad. No
pueden quedar en evidencia de ser tan malos administradores, tal
falta de respeto al orden jurídico, y su desprecio hacia los
trabajadores a pesar de los discursos en contrario, y muy
especialmente las también incoherencias del PITCNT.
Como se negaron a
discutir el tema, con su miedo cuasi paranoico al debate de la ideas,
acostumbrados a imponer mayorías y voluntarismo a través del poder,
ejercido con desprecio de los contralores (los que en forma muy
especial, les molestan por su soberbia autoritaria), no nos queda
otra posibilidad que poner estos hechos en conocimiento de la opinión
pública: seguramente alguno saldrá a contestar, o guardarán
silencio (como lo han hecho con los temas del Camping de La Aguada, o
el accidente del obrero empleado del PITCNT ocurrido el 20/12/2016 en
dicha explotación comercial realizada por la central obrera bajo el
formalismo del Instituto Asesor Cuesta Duarte ejerciendo ilegalmente
el comercio) especialmente cuando no les conviene por haber faltado a
la legalidad, a la verdad, a la cristalinidad y a la transparencia.
Pero en definitiva
esta opinión pública, en un régimen republicano democrático de
gobierno, es importantísima como sistema de contralor de los
desbordes, de las ilegalidad, de la mala administración, del
despilfarro, de los voluntarismos, de los acomodos, de los
ocultamientos y barridas para debajo de la alfombra.
Seguiremos como
siempre trabajando en cuanta oportunidad tengamos, por el bien de la
sociedad, apoyando lo que corresponda venga de donde venga, pero
siendo fuertemente opositores a este tipo de corruptelas o
corrupciones, también vengan de donde vengan.
Ha costado mucho
construir este sistema democrático y republicano sobre el que está
edificado nuestro sistema constitucional y de vida, para permitir que
estas conductas lo sigan mancillando fuere por acción, o por omisión
(que tan grave es una como la otra).-
Dr. Humberto Alfaro Mendoza
Edil – Lista 84 – Partido Nacional
Agrupación Por el Camino de Wilson
