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miércoles, 8 de marzo de 2017

INCAPACIDAD, AUTORITARISMO, OCULTAMIENTO, DOBLE DISCURSO, DILAPIDACION, ILEGALIDAD. Edil Humberto Alfaro




Rocha, 8 de marzo del 2016.



En la Sesión de la Junta Departamental del 7/3/2017, se recibió por el Plenario y en Comisión General, a funcionarios judiciales que vinieron a explicar la situación originada por la cuantiosa deuda que mantiene el Gobierno Nacional con dicho Poder, por el incremento ocurrido en las retribuciones salariales.

Bueno es recordar que esa deuda se originó en las siguientes circunstancias: en el año 2011 en pleno gobierno del Sr. José Mujica, se dispuso equiparar los sueldos de los Ministros de Estado, con los sueldos de los Senadores de la República. Esto se debió a que había aproximadamente 12 ó 13 Senadores que se les designaba como Ministros de Estado y percibían un sueldo que era inferior al que tenían como legisladores (por supuesto que la diferencia no era de tal entidad que pudiera poner en riesgo la satisfacción de sus necesidades por parte de los Sres. Ministros). Por supuesto, que al hacerse tal equiparación, ese Gobierno de tan triste memoria en cuanto a la dilapidación de los dineros públicos, no tuvo presente que ello significaba también la equiparación de los sueldos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (que perciben el mismo sueldo que un Ministro de Estado), y consecuentemente, el aumento del sueldo en un 21% de todos los sueldos de los funcionarios judiciales, incluidos Actuarios, Jueces, Defensores de Oficio, etc. En definitiva, por querer “arreglar” la situación de 12 ó 13, se terminó aumentándoles los sueldos A MAS DE CINCO MIL FUNCIONARIOS. Esto ha determinado que haya habido un juicio por el incumplimiento, una Sentencia que ha quedado firme, y por tanto se ha generado una deuda que actualmente supera los 60 MILLONES DE DOLARES, y todo ello sin perjuicio del fuerte incremento salarial que ello ha generado con las consecuencias pertinentes sobre el Presupuesto Nacional.

El Gobierno Nacional en vez de predicar con el ejemplo y cumplir la Sentencia, pretende “negociar” pagando menos de lo que corresponde. El mensaje es que las Sentencias no hay necesidad de cumplirlas, sino que uno lo hace si quiere. Realmente a contrapelo de todo lo que es nuestra organización Institucional y muy especialmente en lo que refiere a la separación de poderes, y al carácter de pilar básico del Gobierno Republicano Democrático que ha sido establecido en la Constitución de la República, luego de muchas luchas y sacrificios de la sociedad uruguaya.

Sugestivamente, en esta lucha que mantienen los funcionarios judiciales, no se advierte un apoyo eficaz del PITCNT tan proclive a las movilizaciones, medidas de lucha y demás actividad (por demás conocidas), muchísimas veces justificadas, fundadas y apoyables, y otras muchas veces sin reales fundamentos y en contra de los intereses reales de la población. Lo que pasa es que el PITCNT en estas cosas es “socio” del Gobierno, es el padre o madre del Frente Amplio y por supuesto, no quiere exponer públicamente la circunstancia de que se pueda haber llegado a la condición de tan mal administrador que ha sido y sigue siendo dicho Partido, para con los dineros públicos que pertenecen a todos nosotros.

Y completando esta situación, la mayoría del Frente Amplio en la Junta Departamental, se negó a que el tema se incluyera en el orden del día, luego de que se escucharon los informes de los funcionarios judiciales. La lógica obvia indica que si se escuchó a los funcionarios, era a los efectos de que -con los elementos que aportaron- la Junta pudiera debatir y eventualmente llegar a alguna posibilidad de gestión o disposición que ayudara a la resolución de la situación. Pero también es obvio que no quería el Partido de Gobierno, que toda esta situación se ventile ante la sociedad, porque pone de manifiesto la incapacidad, las incoherencias, el doble discurso y el “verso” que el Frente Amplio ha expandido en la comunidad. No pueden quedar en evidencia de ser tan malos administradores, tal falta de respeto al orden jurídico, y su desprecio hacia los trabajadores a pesar de los discursos en contrario, y muy especialmente las también incoherencias del PITCNT.

Como se negaron a discutir el tema, con su miedo cuasi paranoico al debate de la ideas, acostumbrados a imponer mayorías y voluntarismo a través del poder, ejercido con desprecio de los contralores (los que en forma muy especial, les molestan por su soberbia autoritaria), no nos queda otra posibilidad que poner estos hechos en conocimiento de la opinión pública: seguramente alguno saldrá a contestar, o guardarán silencio (como lo han hecho con los temas del Camping de La Aguada, o el accidente del obrero empleado del PITCNT ocurrido el 20/12/2016 en dicha explotación comercial realizada por la central obrera bajo el formalismo del Instituto Asesor Cuesta Duarte ejerciendo ilegalmente el comercio) especialmente cuando no les conviene por haber faltado a la legalidad, a la verdad, a la cristalinidad y a la transparencia.

Pero en definitiva esta opinión pública, en un régimen republicano democrático de gobierno, es importantísima como sistema de contralor de los desbordes, de las ilegalidad, de la mala administración, del despilfarro, de los voluntarismos, de los acomodos, de los ocultamientos y barridas para debajo de la alfombra.

Seguiremos como siempre trabajando en cuanta oportunidad tengamos, por el bien de la sociedad, apoyando lo que corresponda venga de donde venga, pero siendo fuertemente opositores a este tipo de corruptelas o corrupciones, también vengan de donde vengan.

Ha costado mucho construir este sistema democrático y republicano sobre el que está edificado nuestro sistema constitucional y de vida, para permitir que estas conductas lo sigan mancillando fuere por acción, o por omisión (que tan grave es una como la otra).-


Dr. Humberto Alfaro Mendoza

Edil – Lista 84 – Partido Nacional

Agrupación Por el Camino de Wilson

jueves, 7 de abril de 2016

TODA LA CONCESIÓN DEL CAMPING DE LA AGUADA AL PIT CNT "ES ILEGAL"


Dr Humberto Alfaro
   "Lo jurídico está por encima de lo político"

Eduardo González.
El Este
El informe del Tribunal de Cuentas de la República, "es lapidario", dijo el edil y abogado, Humberto Alfaro Mendoza, con relación a la concesión del Camping de La Aguada al Instituto Cuesta Duarte por parte de la Intendencia de Rocha.



Desde que conoció la noticia a través del programa televisivo, Buscadores, dijo, Alfaro: "lo político no puede estar por encima de lo jurídico". Una clara alusión en cuanto a que cualquier decisión de un gobernante debe estar sujeta al derecho que rige la sociedad uruguaya.
La decisión de pasar dicho complejo turístico a la central de trabajadores desde su primera valoración estaba llena de irregularidades, y por lo tanto no se ajustó a derecho.
El Camping y Cabañas de La Aguada, ubicado estratégicamente al ingreso de La Paloma - principal centro de referencia turística del departamento de Rocha con frente al puerto oceánico - tuvo una primera dificultad. La misma estribó en que la central de trabajadores no tenía personería jurídica y los documentos fueron realizados con el Instituto Cuesta Duarte.
La moción votada 31 en 31 en la Junta Departamental de Rocha, fue un hecho inédito para una situación de estas características, donde la bancada del Frente Amplio asumió un error, lo que fue calificado como un acto de madurez política.
Después, de mucho tiempo, la bancada del Frente Amplio acompañó la iniciativa de la oposición. La moción obtenida va en el sentido que el Intendente, Aníbal Pereyra, pueda modificar su acto administrativo considerado "abiertamente ilegal" por el edil, Humberto Alfaro Mendoza, un experimentado abogado.
El propio edil del sector, Por El Camino de Wilson, dijo: "me sentí sorprendido por la decisión de la bancada del Frente Amplio, que tuvo un acto de madurez política frente a la situación".
Dejó, en evidencia que pesaron más los argumentos que dan la razón y el encuadre jurídico de una situación. "Nobleza, obliga, que fue un planteo correcto y no achaqué conductas ilícitas", dijo, nuestro entrevistado. Agregó, que "el Frente Amplio reconoció que se trató de un error y acompañó la moción".
La misma tiene dos partes: que se remita las actuaciones al Intendente de Rocha a los efectos que se sirva encuadrar el régimen de explotación del Camping de La Aguada en la normativa legal vigente y según lo que surge del informe del Tribunal de Cuentas, resolución 868/2016, del 16 de marzo del 2016.
El edil, Alfaro Mendoza, explicó, que ahora es resorte del Intendente solucionar la situación, a la que calificó como "arreglable", ajustándola a la legalidad, siempre refiriéndose a la explotación.
La segunda parte de la moción hace referencia a que pasen las actuaciones a estudio del abogado asesor de la Junta Departamental de Rocha, para que emita opinión respecto a las potestades jurídicas del cuerpo legislativo para una posible impugnación de la concesión y explotación del camping y cabaña del balneario La Aguada.
Todo esto, teniendo en consideración el informe del Tribunal de Cuentas de la República, estableciendo las vías procesales posibles: plazos, legitimación para una eventual impugnación y si la misma puede ser llevada como cuerpo legislativo e incluso a través de la acción individual de los ediles o cualquier otra variante.
También, alude a la posibilidad de requerir opiniones de especialistas y en caso afirmativo, expresar sugerencias al respecto.
Según, expresó, el ejecutivo departamental, "tiene la posibilidad de enmendar el error y colocar la explotación del Camping dentro del estuche de la legalidad".

jueves, 19 de noviembre de 2015

Rocha EL SECRETO DE “LA TERMINAL” Edil Humberto Alfaro Mendoza



Desde hace mucho tiempo se habla en la ciudad de Rocha de la necesidad de existencia de una Terminal de transporte colectivo de pasajeros departamental e interdepartamental. Sobre la necesidad de su instalación no existen discrepancias, y obviamente no podía haberlas.
En diversas oportunidades y aún distanciadas en el tiempo, se han escuchado opiniones con distintos fundamentos, en cuento al lugar de su emplazamiento, y ello también es explicable, razonable y necesario que así sea.
Sin duda alguna que cuando se acomete una obra de estas características, tiene que analizarse la cuestión a varias puntas: el concepto urbanístico, es decir, qué ciudad queremos, hacia donde resulta de interés que se desarrolle la ciudad, hacia donde es más conveniente que ese desarrollo se lleve a cabo, y en esto, como en otras cosas, hay que pensar varias docenas de años hacia adelante; otro aspecto a considerar es, por supuesto, el interés y necesidad de los usuarios, teniendo en cuenta la distribución de la población en la ciudad y sus posibilidades económicas, de acceso, condiciones sociales y todas aquellas que deben analizarse al desarrollar el emprendimiento.
El aspecto del acceso a la misma, también debe tenerse en consideración y sin perjuicio de que el mismo ya puede estar efectivizado, o debe en su caso, acondicionarse vías para que el mismo se lleve a cabo en las mejores condiciones y teniendo en cuenta la conciliación con los demás aspectos señalados.
Escuchamos al señor Intendente expresarse al respecto en medios de prensa, cuando fue electo, al asumir el cargo y luego en alguna oportunidad posterior. Según sus expresiones parecería ser un hecho consumado la concreción de la obra y el lugar. En ningún momento hizo referencia a fecha en que se adoptó la Resolución, ni qué asesoramientos se requirieron (en forma muy especial con lo que tiene que ver con los aspectos urbanísticos, sociales, económicos, y de la diversa índole que como hemos expresado, requiere este tipo de obra). Tampoco se expresó concretamente cuál es el lugar específico en que se desarrollará la obra, quién es el propietario del padrón o padrones en que la misma estará asentada, si no fuere propiedad de la Intendencia en qué calidad se ocupará, si el emprendimiento se llevará a cabo mediante el sistema de licitación y si la contraprestación consistirá en un canon por explotación de empresa privada, o si la construcción de la obra y la administración de ésta se realizará directamente por la Intendencia. Cuál es el costo estimado de la obra y cómo se financiará. Qué consultas se han realizado con la sociedad civil o con organizaciones de la misma, ya que tanto se habla de participación, que en éste como en otros temas la hemos visto en el discurso pero no en los hechos (que son los que valen). Si ha habido consultas, cambio de ideas, acuerdos o de alguna forma participado en la idea todas las fuerzas políticas del Departamento.
Y así podríamos seguir efectuando preguntas sobre el tema, y seguramente otras muchas se le ocurrirían a los ciudadanos de la ciudad de Rocha.
Ante tantas dudas que teníamos, entendimos que como Edil Departamental debíamos preguntar oficialmente al señor Intendente, que evacuara las mismas. La vía obviamente, era la del pedido de informes, al tenor de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la República.
Hace ya más de tres meses que hicimos tal pedido. El mismo no fue evacuado en el tiempo establecido en la normativa correspondiente. En virtud de ello y en cumplimiento de la misma, requerimos la reiteración del pedido (con el apoyo de toda la Junta Departamental), así se cumplió, y de esto hace un mes y medio. Tampoco se ha tenido respuesta.
Ante tal silencio, caben diversas interpretaciones: una puede ser que el señor Intendente y su equipo estén ocupados en temas más importantes (aunque este es muy relevante) que atañen al ejercicio del Gobierno. Otra podría ser que no se entiende conveniente clarificar la situación ante la opinión pública, para no generar polémicas y jugar luego con los hechos ya concretados, donde en definitiva se podrán generar debates, pero serán totalmente inocuos ya que los dados estarán echados. Otra podría ser que no se han cumplido los extremos que se mencionan en lo que antecede y que fueron objeto del pedido de informes. Otra podría ser que nos encontramos ante una manifestación de voluntarismo, lanzada a los efectos de apreciar cuál es la reacción de la opinión pública. Y así podríamos seguir haciendo deducciones y cualquiera de ellas podría ser toda o parte de la verdad.
Lo cierto es que cuando se habla con habitantes de la ciudad de Rocha, todos tienen distintas opiniones sobre los temas que atañen a la instalación en la ciudad de la referida Terminal (tanto en lo que refiere al lugar, como a la forma de construirse y explotarse, la forma de acceso, el efecto que producirá en los usuarios y en la propia ciudad, como en tantos otros aspectos de la cuestión).
Hemos esperado un tiempo más que razonable para que se contestaran tantas interrogantes, en la vía oficial que resulta pertinente, y que se ha seguido. No era nuestro deseo instalar en esta oportunidad este tema en los medios de comunicación; en su caso, lo hubiéramos puesto de manifiesto una vez obtenida la respuesta del señor Intendente. Como la misma no se ha producido, no se ha agregado a un tema que viene oscuro, el único elemento que existe para terminar con esa situación, que es la información, ella es la luz, nos vemos obligados a adelantar esta incursión en los medios para informar a la opinión pública.
Nos llama poderosamente la atención este silencio, esta falta de información, esta actuación sin las consultas necesarias según todo lo que se expresó en lo que antecede.
En la actividad pública, en un sistema democrático republicano, no es admisible la actuación en temas tan relevantes, sin cumplir con los asesoramientos que corresponde, sin brindar la información a la opinión pública, y sin consultar a entidades que la representan. Inclusive ni siquiera se ha brindado información a la Junta Departamental (aunque ello no resulte preceptivo, pero allí está representada políticamente la sociedad en todos sus espectros).
Hemos tenido paciencia, hemos esperado más allá de lo razonable. Ante el silencio que nos genera muchas dudas y aumenta nuestras interrogantes, analizaremos otras vías si resulta necesario. De lo que si puede tenerse la seguridad, es que no acompañaremos el silencio. El tema es demasiado importante para la ciudad de Rocha, ya que después que los hechos se concreten, “cuando la liebre se ha ido, de poco vale dar palos en el echadero”.

Humberto Alfaro Mendoza
Ciudadano de Rocha y Edil Departamental


Lista 84 Por El Camino De Wilson