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jueves, 18 de diciembre de 2014

SCJ: solicitud del Ejecutivo sobre militares es una "injerencia indebida"

Polémica

El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, se reunió con un juez para solicitar que se establezca prisión domiciliaria a militares retirados. "Desde el retorno a la democracia no recordamos (algo así) Estos hechos sí habían ocurrido durante la dictadura militar", dijo Chediak.

Ministros de la Suprema Corte de Justicia en conferencia hoy. Foto: María Eugenia Lima.

El País


El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux, calificó de "injerencia indebida" la reunión que el secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero, tuvo con un juez al que le solicitó que se dé prisión domiciliaria a los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena.

"El relacionamiento de un un poder del Estado con un magistrado no se debe hacer directamente sino que debe pasar por el jerarca del servicio, el relacionamiento directo es inadecuado y compromete su independencia y su imparcialidad", agregó Larrieux en una conferencia de prensa esta mañana.

Según publica el semanario Búsqueda, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) envió ayer una carta al presidente José Mujica y al secretario de Presidencia, Homero Guerrero, expresando su disconformidad acerca del pedido del gobierno al juez penal de Ejecución, Martín Gesto, para que se establezca prisión domiciliaria a militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena.

Laurriex dijo a El País que la SCJ no recibió respuesta de la carta de parte del Poder Ejecutivo, pero que tampoco la esperan porque la intención de la Corte era únicamente manifestar su disconformidad con la situación.

En la carta, firmada por los cuatro ministros del máximo organismo (Jorge Larrieux, Jorge Ruibal, Jorge Chediak y Ricardo Pérez Manrique), piden a Guerrero " como profesional del derecho, reflexione sobre la inconveniencia de actitudes como la expuesta, que comprometen al necesario respeto institucional en el sistema democrático que, formalmente, requiere que pretensiones o comentarios del tipo, se canalicen a través de los órganos correspondientes".

"Como usted bien sabe, esta corporación ha estado -y estará- abierta a todo tipo de inquietudes  que contribuyan al mejor relacionamiento entre los poderes del Estado, pero al mismo tiempo entiende que el relacionamiento directo de otro poder con los magistrados, sobre cuestiones que están o pudieran estar en su órbita de conocimiento es inadecuada, inconveniente y roza su independencia e imparcialidad", dice la carta.

Esta situación comenzó la semana pasada cuando el juez Gesto recibió la llamada telefónica de Guerrero, quien lo citó en la Torre Ejecutiva. Gesto respondió que en ese momento no podía asistir, pero el secretario de Presidencia insistió en enviarle un auto oficial. Finalmente Gesto fue por sus propios medios y allí recibió el pedido.

Esta mañana, Jorge Chediak, uno de los ministros que firmó la carta, confirmó a radio Carve el envío de la misiva: "es absolutamente cierto, la Corte envío en el día de ayer la nota haciendo caudal de que el correcto relacionamiento de los poderes indica que la cabeza del Poder Ejecutivo tiene que comunicarse a través de la cabeza del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, por cualquier tema de su interés y no hacerlo directamente con ningún juez letrado o ministro del Tribunal de apelaciones".

"Desde el retorno a la democracia no recordamos que desde Presidencia de la República se haya hecho una comunicación directa a un juez de ninguna materia en el Uruguay. Estos hechos sí habían ocurrido durante la dictadura militar", concluyó Chediak.

Todo esto ocurre en el marco del conflicto salarial que abarca a los cuatro gremios del Poder Judicial (jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio), a los registrales (Registro Civil y Dirección de Registros) y al Ministerio Público (fiscales y funcionarios) que reclaman un aumento derivado del incremento salarial establecido en 2011 al igualar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia con los ministros de Estado, lo que redundó en un incremento en toda la escala salarial en el Poder Judicial y también en los demás órganos equiparados.

Luego de más de dos meses de negociación con todos los gremios implicados, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que plantea un aumento del 8% para los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, rechazada por los gremios, que continúan tomando medidas, siendo que la suba reclamada es del 26%.