Columna de opinión.
La diaria
Fracasado el golpe
tan anunciado, resta explicar las razones de un hecho plagado de
contradicciones. Mientras la izquierda ortodoxa latinoamericana
pierde el rumbo justificando con leguleyerías un intento de golpe de
Estado, las derechas se rasgan las vestiduras en defensa del sistema
demoliberal, olvidando sus recientes aplausos a los golpes en
Honduras, Paraguay y Brasil. Llama la atención que ni la izquierda
dura ni sus antagonistas nombren siquiera las causas estratégicas y
económicas del golpe fallido, que fracasó por las divisiones
internas del gobierno venezolano y por las presiones internacionales.
El nombre mágico es
Arco Minero del Orinoco, una inmensa superficie de 220.000 kilómetros
cuadrados que se dio en concesión a empresas chinas y rusas, tal vez
a alguna estadounidense y, con certeza, a la canadiense Barrick
Corporation para la explotación del coltán y otros minerales. En
coordinación con esta operación, el gobierno, con el apoyo de
sectores de la oposición, está vendiendo los pasivos de PDVSA para
crear empresas de capitales públicos y privados. Y esa es la clave.
La sentencia
golpista redactada por los jueces bolivarianos presentaba como
justificativo la imposibilidad de crear empresas mixtas para la
gestión petrolera y minera. La oposición trancaba la aprobación de
una ley al respecto. Algunos legisladores seguramente lo hacían con
el objeto de hacerle la situación más difícil al gobierno, otros
simplemente no daban con el precio. Tanto en la oposición
conservadora como en el gobierno de Nicolás Maduro, todo era una
cuestión de porcentajes en la ganancia a repartir. Sin embargo, hay
un factor de poder en esta interna que no está dispuesto a perder su
tajada: las Fuerzas Armadas.
Desde hace tiempo
los militares controlan el Arco Minero del Orinoco y otros
yacimientos. Persiguiendo a los pueblos indígenas y desarrollando la
represión en zonas geoestratégicas, las Fuerzas Armadas no hacen
más que proteger sus intereses. En febrero de 2016 crearon la
Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de
Gas (Camimpeg), que empezaría a asumir toda actividad extractivista.
Son las Fuerzas Armadas y las empresas transnacionales que apuestan
al Arco del Orinoco las que se reparten el poder y la capacidad de
decisión en el país, pues quien controla los yacimientos controla
el Estado. La renta petrolera fue, es y será la base de las
decisiones de la política venezolana, y tanto la oposición como el
gobierno buscan conservar la parte del león. Y ahora, además, se
suman los minerales.
Los militares son el
poder detrás del trono que no avaló la aventura golpista. Así, la
intervención de la fiscal Luisa Ortega Díaz fue el detonante formal
para “desgolpear”. Chavista comprometida, al declarar la
inconstitucionalidad de la medida, Ortega Díaz fue la salvación
ante el bochorno internacional, al que no estaban dispuestos a
exponerse ni el ala democrática del gobernante Partido Socialista
Unido de Venezuela ni los militares. Efectivamente, fueron los
uniformados los que salieron a confirmar la elección de 2015 ganada
por la oposición con 75%, obligando así al presidente a acatar el
resultado. Hoy, controlando el petróleo, la minería y la estrategia
de explotación, las Fuerzas Armadas no quieren caer en el
desprestigio de la elite madurista, que parece tener los días
contados. Son los militares y su ministro de Defensa, el general
Vladimir Padrino, los que poco a poco ocuparán el espacio político
que el decadente gobierno es incapaz de sostener.
Ahora la realización
de las empresas es viable, pues la devolución de las atribuciones al
parlamento “desacatado” se hizo a cuenta de que el Poder
Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia mantienen la facultad de
legislar el marco de empresas mixtas. Y quien dice hoy Poder
Ejecutivo en Venezuela, dice Fuerzas Armadas. Así, el eje del poder
de la revolución bolivariana se puso uniforme y charreteras, tomando
el control de los minerales y del petróleo y transformando al
presidente en una marioneta a la que obligan a “desgolpear” y a
reconocer resultados electorales.
Como corolario del
golpe, el Partido Comunista de Venezuela fue el único en denunciar
el pacto gobierno-oposición a favor de la liberación de los
precios, privatizaciones y entrega de tierras recuperadas. La
represión en las calles responde a la crisis económica y social,
sin duda, pero el origen de los enfrentamientos reside en la
apropiación de la renta minero-petrolera por una elite, en la que
juegan gobierno, militares y oposición, que no tiene ningún
escrúpulo en liberalizar precios, privatizar y restituir el viejo
orden terrateniente. Mientras tanto, las balas y los palos los
reciben los que nada tienen en el país con las reservas petroleras
más grandes del mundo.
