La pulseada entre el gobierno y los sindicatos docentes se sacudió este lunes cuando el presidente Tabaré Vázquez decretó la esencialidad en la educación. Lejos de destrabar el conflicto, la medida lo profundizó y lo trasladó a la interna del oficialismo.
A los sectores del Frente Amplio que criticaron la medida, ayer se sumó el Mpp, que propuso al gobierno que levante la esencialidad. Pero también se desencadenaron problemas en el entorno institucional. El director de Trabajo, Juan Castillo, puso su cargo a disposición, los cinco consejeros docentes en la Anep tienen pronta su renuncia, y crece el malestar en la Torre Ejecutiva por la opinión contraria al decreto del coordinador general de la Opp, Pablo Álvarez. Las dudas en el interior del gabinete, la revitalización de la protesta, así como el desacato al decreto, han sido la tónica de esta semana.
El inédito decreto de esencialidad agravó el conflicto con los docentes y prendió luces de neón sobre varios alfiles del gabinete de Tabaré Vázquez. Con un abrigo oscuro coronado con un cuello de piel, la ministra de Educación, la epidemióloga María Julia Muñoz, fue la encargada de anunciar en conferencia de prensa el polémico decreto, nunca antes aplicado en Uruguay. Una de las lecturas que más circuló entre múltiples formadores de opinión pública fue que la ministra refrendaba así el rol combativo para el que había sido designada: trancar fuerte con los sindicatos y plantar bandera sobre la autonomía de la debilitada y burocrática Anep, que está al borde, ahora, de una crisis institucional en caso de que se efectivice la renuncia de los cinco delegados docentes.
Pero detrás de la fachada belicosa, Muñoz llegó a plantearle sus dudas al presidente Tabaré Vázquez acerca de la oportunidad del decreto, según confiaron en privado a Brecha jerarcas del gobierno. Tampoco estaba convencido el ministro de Trabajo, el ex maestro sindicalista Ernesto Murro, que al enterarse el lunes de mañana le pidió ocho horas a Vázquez para negociar con el Pit-Cnt. Sin embargo, las cartas estaban echadas y el mandatario le respondió que tenía la fundamentación del decreto en su cabeza. Los ministros acataron la decisión. Este miércoles se reunieron con el Secretariado del Frente Amplio (FA) –a cargo de la conducción partidaria desde la renuncia de Mónica Xavier–, que consideró que el gobierno se apresuró con la esencialidad y los sindicatos con las medidas. Los ministros admitieron en la reunión con las autoridades del Fa que no sabían cómo aplicar la esencialidad ante el desacato de los docentes. De hecho, ayer el Ejecutivo aplazó la entrada en vigor del decreto hasta el lunes. Al igual que el Pit-Cnt, la fuerza política compartió la propuesta del gobierno de que ambas partes levanten simultáneamente las medidas, pero los sindicatos docentes no negociarán con la esencialidad vigente.
LEÑA AL FUEGO. El decreto puso el dedo en la llaga no sólo de los docentes sino también de una parte de la izquierda movilizada contra lo que califican como “atropello pachequista”. Lejos de destrabar el conflicto educativo, la medida lo exacerbó. Si la estrategia del Ejecutivo era quebrar a los sindicatos, el tiro le salió por la culata: la asistencia a las asambleas de maestros y profesores se multiplicó. La ocupación de liceos también (más de 50 al cierre de esta edición). El conflicto, a todas luces, parece radicalizado. Precedida de un paro general parcial del Pit-Cnt, una multitudinaria manifestación marchó ayer por 18 de Julio.
La esencialidad mostró además una debilidad táctica allí donde Vázquez parecía más fuerte: en prever la jugada, calcular las consecuencias y jaquear al adversario. A juzgar por las consecuencias, esta vez no previó cómo responder al desacato de los docentes (la desafiliación masiva no parece una salida para un país con una preocupante matrícula deficitaria en los institutos de formación docente) y libró a su suerte a la dirigencia política de la Anep, que no disimula su desconcierto. Y pese a que Muñoz afirmó que no había más recursos para la educación, apenas un día después Vázquez sugirió en Florida que se podría echar mano a los recursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Los coletazos del decreto tensaron también los vínculos del gobierno –ya tirantes– con el movimiento sindical. A un Pit-Cnt que acaba de bajar a uno de los suyos, Joselo López, por haber sido procesado por complicidad en la tortura de adolescentes infractores recluidos en el fin del mundo, este decreto le cayó como una granada. La cúpula sindical, liderada por Fernando Pereira y Marcelo Abdala, se ha entrevistado con Murro desde el lunes (ese día hubo una reunión en la que participó telefónicamente el presidente), pero no logró impedir que el ministro firmara el decreto de esencialidad en la mismísima Noche de la Nostalgia. Por esas horas quedaba claro que la decisión del Poder Ejecutivo había opacado totalmente la “satisfacción” de la bancada frenteamplista con la presentación del presupuesto que realizó el ministro de Economía, Danilo Astori, y que, como novedad, fija incrementos para los dos primeros años (la educación se llevará el 39 por ciento del incremento y treparía al 4,8 por ciento del Pbi en los dos primeros años; tendiendo al 6 por ciento al final del período).
ROMPEN FILAS. En filas oficialistas, cuando parecía que se asomaba una tregua luego del tiroteo que enfrentó a la dirigencia por la renuncia de Mónica Xavier, al menos medio Frente Amplio quedó con la boca abierta tras conocer el decreto de la esencialidad. Algunos integrantes de la “barra joven” del oficialismo en el Parlamento, tributarios de la lucha contra la reforma de Germán Rama en los noventa, se apuraron a desafiar la justificación del Ejecutivo y a lanzar en las redes sociales cuanto petardo pudieron.
Algunos jerarcas del Ejecutivo se llamaron a silencio o han dejado en manos de los ministros de Educación y Trabajo la defensa mediática de la decisión de Vázquez, con la excepción del coordinador general de la Opp, Pablo Álvarez, que declaró al Portal 180 que el decreto fue un “error” porque aumentó la movilización sindical. Las declaraciones generaron malestar en la Torre Ejecutiva –según supo Brecha–, y al cierre de esta edición se rumoreaba incluso con la destitución del jerarca, otro ex militante estudiantil durante las ocupaciones de 1996.
En otras arenas políticas, hasta ayer jueves ya el Pvp, el Pcu, Casa Grande y el Mpp (el sector más poderoso en el Parlamento) se habían expedido públicamente contra el decreto de esencialidad. En el Partido Socialista, al corte generacional se sumaron las diferencias entre las dos tendencias internas. Desde los autodenominados “removedores”, el diputado Gonzalo Civila dijo a Brecha que el decreto fue un “error profundo” porque en lugar de contribuir al acercamiento de las partes está “alimentando la radicalización” del conflicto y fracturando el “bloque social” que permitió al FA llegar al gobierno. Desde la otra punta del partido, mucho más cauto se mostró el secretario general, Yerú Pardiñas, para quien se deben “encontrar salidas y no juicios. No podemos emitir juicios sobre el Poder Ejecutivo y ni sobre la actitud de los sindicatos”.
Algo similar sucede en la interna del Mpp: mientras los más veteranos se mostraron ambiguos –pese a que ayer el sector propuso que se levantara la medida–, los más jóvenes marcaron la cancha desde el primer día: “No está ayudando a resolver el conflicto porque no se evaluó correctamente cuáles iban a ser las consecuencias. (…) Lo rechazo (al decreto) por razones filosóficas y tácticas –opinó el diputado emepepista Sebastián Sabini–. Está desatando una serie de consecuencias negativas, como la renuncia de los consejeros de la educación y está impidiendo que se discuta lo esencial”. En una línea similar opinó su compañero de sector, el diputado Alejandro Sánchez, para quien tanto el decreto como la huelga docente son “desmedidos” y “desproporcionados” para acercar a las partes.
Los sectores que integran el Frente Liber Seregni (Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y el Nuevo Espacio) están alineados detrás del presidente, aunque algún matiz se escapa. “Con el diario del lunes, creo que hubo un apresuramiento de ambas partes. Ahora hay que volver a convocarlas al diálogo”, declaró a Brecha la diputada astorista Daniela Payssé. Desde el Partido Comunista, el diputado Óscar Andrade señaló que el decreto es un “sapo difícil de tragar” porque erosiona los puentes con el “campo popular” y deja al Frente Amplio a merced del “tiroteo oportunista” de la derecha y de los sectores de la izquierda extra frenteamplista. Desde la 711, la lista del vicepresidente Raúl Sendic, tampoco comparten el momento en que Vázquez resolvió aplicar la esencialidad, pero prefirieron no expedirse.
Ayer fracasó nuevamente el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos de la educación y el conflicto se mantiene en todos sus términos. A la turbulencia que enfrenta el gobierno habrá que sumar en las próximas semanas la puja que se desatará en el Parlamento, donde la mayoría de la bancada frenteamplista luce menos dócil con Vázquez que hace diez años.
La oposición
Estampida en todas direcciones
El decreto dividió las aguas partidarias. No sólo en el progresismo, también en la oposición. Mientras desde el Partido Nacional el senador Jorge Larrañaga aplaudía la esencialidad (secundado luego por los intendentes Sergio Botana y Enrique Antía), un hábil Luis Lacalle Pou no ponía en cuestión el decreto sino la premura del gobierno al agotar su más valioso “comodín” (esta interpretación sería refrendada luego por el principal letrista de Todos, el filósofo Pablo da Silveira). Desde los pequeños partidos de la oposición hubo de todo: el Partido Independiente y la Unidad Popular cuestionaron la medida, mientras que los dispersos referentes del Partido Colorado, con pocas excepciones, la aplaudieron.
Gobierno y sindicatos docentes
Mutua desconfianza
Aunque el decreto no calza con la sensibilidad de una parte de la izquierda que en las últimas décadas se cansó de pisar las calles en reclamo de mejoras en la educación pública, no pocos repiten que Vázquez honró su promesa electoral de aplicar la esencialidad ante un conflicto educativo. También en filas oficialistas se extendió la idea de que el tercer gobierno frenteamplista debe atender la demanda insatisfecha de cambios estructurales en la educación (para unos a través del ejercicio de la autoridad, para otros del acercamiento real a los docentes), sobre todo después de que el ex presidente José Mujica admitiera con resignación que fracasó en propiciar una reforma educativa. Incluso algunos actores del oficialismo han abonado la tesis de que pese a que se incrementaron los recursos para la educación desde 2005, si no se han visto resultados es por culpa de los sindicatos y no de las cúpulas de gobierno. Un corte grueso que sumerge al sistema en el catastrofismo e impide rescatar las buenas prácticas. Al promediar su mandato Mujica ilustró sin anestesia este imaginario: “Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios (de la educación), no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino” (recogido del libro Una oveja negra al poder). Por otro lado, los docentes, que no forman un bloque sindical homogéneo y presentan matices en sus diferentes organizaciones, son acusados con frecuencia de centrar sus reclamos en mejoras salariales y de no apostar a la negociación.
Cómo se llegó al 4,5 por ciento del PBI para la educación
El primer hervor
El primer desafío que tuvo el Frente Amplio para llevar al plano real su compromiso con la educación pública se dio a poco de su bautismo de fuego, en 2005. La coalición no sólo llegaba con una nutrida bolsa de promesas a cumplir, sino que recibía un país aún golpeado por una de las peores crisis económicas de su historia, y tenía que enfrentarse a la necesidad de elaborar su primer presupuesto quinquenal.
Uno de los compromisos que habían sido enfatizados durante la campaña era que al cierre del período se destinaría a la educación el 4,5 por ciento del producto bruto interno (Pbi). Sin embargo, esa meta llevó a una breve pero intensa crisis en el fuero interno del oficialismo. Por un lado, el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, era proclive a mantener una política de austeridad, dadas las condiciones deficitarias imperantes y las limitaciones en cuanto a inversiones establecidas en el convenio con el Fondo Monetario Internacional (Fmi). Astori presentó un plan en el cual las asignaciones para la enseñanza ascenderían del 2,9 por ciento al 3,5 por ciento para fines de 2009, planteo que generó una intensa urticaria interna. El propio presidente Tabaré Vázquez debió oponerse, en virtud de la diferencia respecto a lo anunciado en la campaña. Astori argumentaba que el “4,5” era inviable dadas las circunstancias, por lo que una estrategia alternativa consistía en proponerse una meta menor para luego especular con el crecimiento económico del país y entonces recurrir a “cláusulas gatillo” que permitieran ajustar el porcentaje. No obstante, el 31 de agosto, durante una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, tanto Vázquez como los demás miembros del gabinete se resistieron a esa fórmula. Astori discrepó nuevamente y le comunicó a Vázquez durante una charla íntima su intención de renunciar. La situación trascendió a través de los medios y se generó un ambiente de especulación e incertidumbre acerca del clima interno del partido de gobierno.
Finalmente el conflicto se saldó mediante una reestructuración parcial del proyecto presupuestal, luego del trabajo de una comisión integrada con representantes del Ejecutivo y de organismos estatales de la enseñanza. Se desarrolló una fórmula que volvía a colocar la meta del 4,5 por ciento pero modificando las vías para alcanzarlo. Así, se proyectó un plan flexible que se reformularía de acuerdo al desarrollo de la economía, con presupuestos para la Anep y la Udelar que aumentarían cada año hasta alcanzar el umbral de los 3,5 puntos porcentuales. El monto restante, de unos 160 millones de dólares, sería cubierto en su mayor proporción por fuentes no estatales a través de préstamos del Bid. Esta financiación se distribuiría en dos tandas: una suma inicial de 100 millones, destinada a infraestructura y desarrollo institucional, y otra partida restante que cubriría los proyectos de inversión de la Anep y la Udelar (montos que dependerían directamente del crecimiento económico del país). Así fue como el humo se hizo blanco y todas las manos del FA se levantaron. La meta fue lograda y ahora el foco está puesto en llegar al 6 por ciento del Pbi, capítulo que algunos ya adelantan será otro parto.
MS
http://brecha.com.uy/olor-a-polvora/
