Panchos, snacks, golosinas y chocolates son algunas de las comidas que el gobierno quiere saber si están a disposición de los alumnos que asisten a escuelas y liceos públicos y privados de todo el país . A mediados de mes, un cuestionario elaborado por el Ministerio de Salud Pública y ejecutado a través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), debió ser completado por los directores de los centros para saber si efectivamente cumplen con la Ley Nº 19.140 de Alimentación Saludable en los Centros Educativos, que intenta promocionar en los estudiantes hábitos alimenticios que prevengan diversas enfermedades.
“Esto tiene dos finalidades: por un lado recoger información de los actores para saber con claridad qué es lo que verdaderamente están haciendo; y por otro lado una forma de recordatorio de que esta ley está vigente y de que hay que cumplirla porque está en juego la salud de todos”, dijo a Búsqueda Celsa Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria. “Procuramos que la ley se cumpla: se quiere llamar la atención a los actores de la importancia de la aplicación de la norma”, añadió.
La Ley Nº 19.140 incorpora acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de niños para prevenir el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a las comidas y bebidas. Por eso establece que las cantinas y quioscos de los centros educativos tengan productos nutritivamente adecuados, definidos en un listado del Ministerio de Salud Pública.
Entre ellos se encuentran las frutas frescas, la leche preferentemente descremada o semidescremada, el agua envasada, los jugos 100% frutales, los refuerzos o sandwiches preferentemente elaborados con pan integral, y los bizcochuelos y tortas caseras cocinadas con aceite, sin manteca ni margarina.
Tras los primeros meses de la reglamentación de la ley, en 2014, la ANEP realizó charlas informativas a docentes y autoridades de escuelas y liceos, con la idea de difundir que en todos los centros educativos del país la ley se pudiera aplicar de la mejor manera posible. Muchas de esas instancias se desarrollaron vía videoconferencia e incluyeron la participación de técnicos de la División de Programación en Salud del Ministerio de Educación Pública.
Sin embargo, desde que la ley se reglamentó las autoridades desconocen con especificidad cuál es su verdadero grado de cumplimiento. En Secundaria, por ejemplo, cada liceo que tiene una cantina tiene también una Comisión Fiscal de Cantina formada por tres docentes de la institución, que se encarga del control de los productos que se venden a los alumnos. Pero no todas esas comisiones funcionan de igual forma y además sus responsabilidades van mucho más allá del control de los productos, e incluyen fiscalizar los precios, la higiene, las condiciones laborales, ciertos aspectos legales y la calidad del servicio.
“Los pedidos a nuestros inspectores es que tengan en cuenta la alimentación saludable y que esperamos que se aseguren que las Comisiones Fiscales de Cantina actúen como corresponde. Pero eso no quita que haya algunos liceos que no cumplan con la norma. Existe una distancia entre la norma y la práctica”, explicó Puente, para quien es un problema el hecho de que a las autoridades les falte información concreta sobre el acatamiento a la ley.
“Hoy por hoy un alto número de snacks han pasado a formar parte general de las meriendas. Está enquistado, y muchos chiquilines tienen exceso de consumo de sodio y dificultades de presión arterial alta debido a los snacks, especialmente en los alumnos de la franja de edad que va entre los 13 y los 15 años. Por eso nosotros estamos velando porque la norma se aplique”.
Celíacos y diabéticos.
El cuestionario enviado a directores de escuelas y liceos, denominado “Relevamiento sobre la Ley Nº 19.140”, pregunta si en la institución existen quioscos o cantinas, si estos están a cargo de la institución o de terceros, y quién es su responsable. También consulta si venden panchos, snacks, golosinas, chocolates, barquillos rellenos, alimentos cubiertos con caramelo o azúcar, tortas fritas y helados de crema, todos “ejemplos de productos no recomendados”, y si el acceso al agua se realiza mediante canilla, bebedero, dispensador de agua envasada o pozo.
Luego hace hincapié en el Artículo 4º de la ley, que prohíbe la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos alimentos y bebidas que no están incluidos en el listado del Ministerio de Salud Pública.
Pregunta si en los centros educativos se exhiben productos no recomendados a través de afiches, carteles publicitarios, logotipos y nombre de marcas en materiales escolares u otros objetos como mochilas y remeras; si se dan muestras gratis de productos no recomendados en las salidas didácticas y los paseos; si se distribuyen premios como juguetes y materiales didácticos con la venta de los productos; y si hay publicidad e inserción de anuncios de productos no recomendados en películas que se proyectan en clase, y en juegos y programas del Plan Ceibal.
Por último, averigua si al centro educativo asisten estudiantes celíacos o diabéticos y si se ofrecen alimentos adecuados para ellos, una de las mayores preocupaciones que tanto el Ministerio como la ANEP han manifestado desde 2014. “Hay que atender posibles enfermedades en los chiquilines, como la diabetes, el reumatismo, la celiaquía o la presión alta. Es un tema difícil que llevará su tiempo”, había anticipado en aquel momento el entonces consejero de Secundaria Daniel Guasco (Búsqueda Nº1.756).
“No va a ser fácil porque existe toda una cultura de las papas chips, los chupa chupa, los chicles, no solamente en los chiquilines sino incluso en sus padres, que prefieren darles $ 100 para que se compren algo en la cantina en lugar de cocinarles una tortilla o darles frutas y verduras”, argumentó.
